Por Kevin Gallagher .

En 1942, cuando trabajaba para establecer el Fondo Monetario Internacional John Maynard Keynes dijo que “el control de los movimientos de capital, tanto dentro como fuera de un país, debería ser un rasgo permanente del sistema de la postguerra”.

En su nuevo libro “Ideas sobre el capital: el FMI y el resurgimiento de la liberalización financiera” (Capital Ideas: The IMF and the Rise of Financial Liberalization), Jeffrey Chwieroth argumenta que a pesar de que la profesión económica mantenia ampliamente el apoyo de la posición de Keynes, hacia finales de los años noventa el FMI fue modificando los articulos de sus acuerdos con el fin de desterrar los controles de capital en todo el mundo.

El giro en el pensamiento del FMI, según Chwieroth, se debió al cambio de posición de sus expertos. Y en otro nuevo giro, los expertos del FMI acaban de publicar un documento de posicionamiento donde se retractan de su rechazo de las ideas de Keynes. Ahora llega el momento de que practiquen lo que predican.

El movimiento para desterrar los controles de capital perdió fuerza tras la liberación prematura de la cuenta de capital causante en parte de la crisis asiática de 1997-98; y dado que países como Malasia utilizaron los controles de capital par evitar lo peor de aquella crisis. Sin embargo, entre bastidores, el FMI aún aconsejaba a los países que liberalizaran sus cuentas de capital y eliminaran sus controles de capital.

La verdad es que hasta fechas tan recientes como noviembre 2009, en respuesta al anuncio de Brasil de un impuesto temporal sobre los flujos de entrada de capital especulativo, Dominique Strauss-Kahn director general del FMI decia que “el problema es que la mayor parte de las veces eso no funciona”

Todo eso cambió el viernes 19 febrero 2010 cuando los mismos economistas de Strass-Kahn publicaron un documento sobre posición de los expertos demostrando empiricamente que los controles de capital no solamente funcionan sino que “estaban asociados al haber evitado algunos de los peores resultados del aumento” de la actual crisis económica. El documento concluye que “la utilización de los controles de capital- sumados a politicas tanto macroeconómica como prudencial- se justifica como parte de los instrumentos de politica”

El nuevo informe del FMI describe medidas tales como impuestos sobre deuda a corto plazo (como el caso de Brsil) o exigencias de que los flujos de entrada de deuda a corto plazo vayan acompañados de un depósito a colocar en el banco central durante un periodo de tiempo (como fue practicado por países como Chile,Colombia y Tailandia). La finalidad de tales medidas -que a menudo se introducen cuando los flujos de capital comienzan a recalentar la economía y se suprimen cuando se enfría – es impedir las entrada masiva de dinero caliente que pueda elevar el tipo de cambo y amenazar la estabilidad macroeconómica del país.

Los descubrimientos del FMI no podría haber llegado en mejor momento. La especulación con divisas distintas (carry trade) está de nuevo trayendo capital especulativo hacia los países en desarrollo que podrían perturbar su recuperación de la crisis. Sin embargo, para que sea efectivo el adecuado despliegue de los controles de capital, tiene que superar al menor tres obstaculos.

Primero, el capital especulativo aún puede causar estragos porque el dinero caliente centellea en paises que despliegan controles y en paises que no los aplican. Segundo, pasado un tiempo los inversores evaden creativamente controles de capital mediante derivados y otros instrumentos. Tercero, los acuerdos comerciales y de inversiones con los EEUU convierten en ilegales los controles de cambio.

El antiguo economista del FMI Arvind Subramanian propone una soluación para los primeros dos problemas. Primero, controles de capital completos coordinados entre todos las economías emergentes. Para resolver el problema del fraude en el control de capital, dice, el Fondo debe ayudar a los países en la regulación de los controles de capital y vigilar que no sean eludidos los controles.

El tercer porblema posiblemente sea el mayor obstáculo. Si un país tiene un acuerdo comercial con los EEUU, los controles de capital son ilegales. Son conocidas las medidas de Chile para erradicar entradas de capital pero en virtud del Acuerdo Chile-EEUU de Libre Comercio de la etapa Bush los EEUU forzaron con eficacia a Chile para que lieralmente pagara las consecuencias si volvía a intentar utilizar de nuevo los controles de capital.

El pendiente Acuerdo Colombia-EEUU sobre Libre Comercio,negociado también bajo Bush, excluye el uso de controles sobre el capital. Los Demócratas – que estaban en contra del rechazo por la Administración Bush de los controles de capital en los acuerdos comerciales – ha defendido un nuevo modelo de politica comercial. Se dice qu el representante del comercio de EEUU Ron Kirk va a desvelar próximamente un nuevo modelo de acuerdo comercial de los EEUU.

Es hora de practicar lo que los economistas han predicado al menos desde Keynes: los controles de capital deben ser una de las herramientas disponibles. Las economçias en desarrollo tendrían que contemplar controles de capital coordinados y el FMI prestarles su experiencia para garantizar que esos controles no son burlados. Próximamente, Kirk debería prestar atención a los nuevos descubrimientos del FMI y a la posición de su propio partido para permitir a los àises que desplieguen controles de capital para impedir y mitigar las crisis financieras bajo los acuerdos comerciales con los EEUU. En palabras de Keynes: “No seria descabellado contemplar la posibilidad de un progreso aún mucho mayor”.-

Traducido para Red por la Justicia Fiscal.

QUE SE APRUEBE UN IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS EN FAVOR DE LA GENTE Y EL PLANETA YA !

Introduce a financial transaction tax for people and the planet now!

Señores Miembros del G-20:

El sector financiero ha causado la actual crisis histórica, como ustedes han reconocido en sus documentos. El crecimiento exponencial del sector financiero basado únicamente en el beneficio de la especulación a corto plazo ha generado una economia de casino. Con el estallido de la burbuja más reciente, millones de hombres y mujeres han perdido sus empleos. Gentes de todo el mundo se han hundido aún más en la pobreza y hoy pasan hambre cien millones más de personas.

Ustedes han movilizado cientos de miles de dólares para salvar a los bancos y al sistema financiero. A mismo tiempo, ni la emergencia social ni la climática están siendo abordadas con la urgencia política que merecen y con los recursos necesarios para respaldarla.

Durante décadas las grandes entidades de servicios financieros se beneficiaron de la ausencia de regulación efectiva y son ampliamente responsables de la crisis. Creemos que es hora de que paguen la justa parte de los costes de la recuperación. El instrumento más efectivo para lograrlo sería un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, porque

• • Generaría los fondos que se necesitan para pagar los costes sociales de la crisis así como para combatir la pobreza global y el cambio climático.

  • Contribuiría a la mayor estabilidad del sistema financiero reduciendo la especulación y la excesiva liquidez.

Que sigan los negocios financieros como siempre no es una opción. Les apremiamos para que en la próxima cumbre del G-20 en Toronto (Canadá), los días 26-27 de junio de 2010, adopten el acuerdo de implantar un impuesto sobre las transacciones financieras; para que las palabras vayan respaldadas con accciones.

Atentamente,

(firma)

Nota bene.- Carta que propone el movimiento Attac para que sea firmada y remitida a la Oficina del gobierno de su país con el fin de que la remita al G-20. Sugerimos que se copie y pegue para su envío por correo electrónico.

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Introduce a financial transaction tax for people and the planet now!

Dear Members of the G20,

The financial sector has caused the current historic crisis. The exponential growth of the financial sector with a focus on short-term speculative gain has created a ‘casino economy’. With the bursting of the most recent bubble, millions of men and women have lost their jobs. People all over the world have been plunged further into poverty and a hundred million more people are hungry today.

You have mobilised hundreds of billions of dollars to save the banks and the financial system. At the same time, neither the social nor the climate emergency is being addressed with the political urgency it deserves and with the necessary financial resources to back it.

Financial services corporations benefited for decades from the absence of meaningful regulation and are largely responsible for the crisis. I believe it is time for them to pay their fair share of the costs of recovery. A Financial Transactions Tax would be the most effective instrument to secure this. It would:

· Generate funds needed to pay for the social costs of the crisis as well as to fight global poverty and climate change.

· Contribute to greater stability of the financial system by reducing speculation and excessive liquidity.

Business as usual is not an option. I urge you to decide at your next meeting inToronto, Canada (26-27 June 2010) to introduce a tax on financial transactions. Back your words with action.

Yours sincerely

(sign)

…………………………………..

N.B.- This Letter is proposed by Attac to be sent to the members of G-20. If you agree, please copy, paste and sign it and send an e mail to your government office to be sent to he G-20

2. Reafirmamos los propósitos de las Naciones Unidas…

(… )
Mejora de la reglamentación y la supervisión

37. La crisis actual ha puesto de manifiesto muchas deficiencias en la reglamentación y la
supervisión financieras nacionales e internacionales. Reconocemos la necesidad
fundamental de ampliar el alcance de la reglamentación y la supervisión y de hacerlo más
eficaz, en lo que respecta a los principales centros, instrumentos y agentes financieros, en
particular las instituciones financieras, los organismos de calificación crediticia y los
fondos de alto riesgo. También es necesaria una reglamentación más estricta y más
coordinada de los incentivos, los instrumentos financieros derivados y el comercio de
contratos normalizados. Rechazamos la imposición de requisitos reglamentarios
innecesariamente onerosos y pedimos una reglamentación eficaz, creíble y aplicable a
todos los niveles a fin de garantizar la transparencia y la supervisión necesarias del sistema
financiero. Todas las instituciones pertinentes deben estar sometidas a una vigilancia y una
reglamentación adecuada y proporcionada. Hacemos hincapié en que cada país debería
regular de manera adecuada sus mercados, instituciones e instrumentos financieros de
conformidad con sus prioridades de desarrollo y sus circunstancias, así como con sus
compromisos y obligaciones internacionales. Subrayamos la importancia del compromiso
político y del fomento de la capacidad para garantizar la plena aplicación de las medidas
adoptadas.

38. Destacamos la necesidad de garantizar que todas las jurisdicciones fiscales y los
centros financieros cumplan normas de transparencia y reglamentación. Reiteramos la
necesidad de impulsar en mayor medida la cooperación internacional en cuestiones
tributarias, en particular en el seno de las Naciones Unidas, entre otras cosas, mediante el
fomento de acuerdos sobre doble tributación. Debería haber marcos de cooperación de
carácter inclusivo que garanticen la participación y el trato en condiciones de igualdad de
todas las jurisdicciones. Pedimos la aplicación sistemática y sin discriminación de
requisitos de transparencia y de normas internacionales para el intercambio de
información.

39. Las corrientes financieras ilícitas, cuyo monto se estima en varias veces la AOD a
nivel mundial, tienen efectos negativos en la financiación para el desarrollo. Entre las
medidas destinadas a mejorar la reglamentación y la supervisión y la transparencia del
sistema financiero estructurado y no estructurado deberían figurar algunas encaminadas a
controlar las corrientes financieras ilícitas en todos los países. Un aumento de la
transparencia del sistema financiero mundial tendrá también un efecto disuasivo respecto
de las corrientes financieras ilícitas, en particular hacia los centros financieros
internacionales, y hará aumentar la capacidad para detectar actividades ilícitas.

40. Uno de los problemas en relación con la crisis actual es que al principio no se supo
calibrar el alcance total de los riesgos que se acumulaban en los mercados financieros y su
potencial para desestabilizar el sistema financiero internacional y la economía mundial.
Reconocemos la necesidad de que el FMI vigile con imparcialidad y eficacia los
principales centros financieros, las corrientes internacionales de capital y los mercados
financieros. En este contexto, celebramos la mejora de los sistemas de alerta temprana por
parte de las instituciones internacionales pertinentes a fin de detectar a tiempo los riesgos
macroeconómicos y financieros y determinar las medidas necesarias para hacerles frente.

41. La crisis actual ha revelado cuán integradas están nuestras economías, cuán
indivisible es nuestro bienestar colectivo y lo insostenible que resulta centrarse de forma
prioritaria en los beneficios a corto plazo. Reafirmamos los principios del desarrollo
sostenible y subrayamos la necesidad de alcanzar un consenso mundial sobre los valores y
los principios fundamentales en pro del desarrollo económico sostenible, justo y equitativo.
Creemos que la responsabilidad social y ambiental de las empresas es un componente
destacado de ese consenso. A este respecto, reconocemos la importancia de los 10
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Reforma del sistema financiero y económico internacional y su estructura

42. Esta crisis ha dado un nuevo impulso al debate internacional en curso sobre la
reforma de la estructura y el sistema financieros internacionales, en particular las
cuestiones relacionadas con el mandato, el alcance, la gobernanza, la capacidad de
respuesta y la orientación hacia el desarrollo, según corresponda. Existe consenso sobre la
necesidad de continuar la reforma y la modernización de las instituciones financieras
internacionales a fin….Véase DOCUMENTO íntegro.

¿Alguien recuerda que el presidente de la República francesa (Sarkozy) dijo que se iba a refundar el capitalismo? Tras la primera cumbre del G-20+ en Washington (con Bush) en noviembre 2008,en abril 2009 tenía lugar la segunda en Londres (con Obama) y la tercera  celebrada el 24-25 septiembre en Pittsburg-USA.

 ¿Para cuando la tan anunciada regulación y supervisión de los mercados financieros?

El análisis de esas medidas y sus efectos negativos en el Sur es el contenido de la ponencia que bajo el título indicado presentó Juan Hdez. Vigueras en el Seminario multidisciplinar sobre el Derecho a no emigrar-El codesarrollo en el mundo global, organizado por la Escuela Judicial del Consejo del Poder Judicial en Madrid los días 26-28 de Mayo de 2008.

Los movimientos migratorios de todo tipo afectan anualmente a casi 200 millones de personas según la OCDE; y estas migraciones tienen una relación estrecha con el empobrecimiento del Sur.

Hoy se reconocen el empobrecimiento y demás consecuencias negativas que ha tenido el modelo del consenso de Washington en gran número de países latinoamericanos y africanos. Sin embargo, se suele omitir la mención del papel jugado por la liberalización de los movimientos internacionales de capitales; que han generado un tremendo desarrollo de los centros financieros extraterritoriales en ciertos países y territorios; calificados luego como paraísos fiscales pero que han tenido un peso enorme en la descapitalización de los países del Sur y en su atraso económico y social.

Ciertamente, conforme al consenso que se logró en la conferencia de Monterrey, compete a cada país la responsabilidad de movilizar sus recursos propios para financiar su propio progreso económico y social. Pero el entorno internacional de descontrol de los movimientos financieros representa serios obstáculos, como se expone en este documento. Por eso, si realmente queremos acabar con las avalanchas migratorias hacia el Norte rico, habría que lograr lo que sugería un cartel expuesto durante la Semana de comercio justo organizada por la Universidad Complutense de Madrid en la primavera de 2004: “Sin modificar las reglas de juego no hay posibilidad de solucionar el problema del actual desequilibrio entre el Norte y el Sur” y “solo un nuevo orden internacional más justo podrá cambiar el desequilibrio entre el Norte y el Sur”.

El documento completo está disponible aquí.

EL SILENCIOSO GOLPE (DE ESTADO). Cómo los banqueros tomaron el poder y cómo están impidiendo la recuperación. 

                          Por Simon Johnson.  Profesor en la Sloan School of Management en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ex economista jefe del FMI.

 Una de las cosas que aprendes rápidamente cuando trabajas en el Fondo Monetario Internacional, es que nadie se alegra nunca de verte. Normalmente, tus “clientes” te llegan únicamente cuando ya les ha abandonado el capital privado, cuando los socios de su bloque comercial regional se han mostrado incapaces de echarles una mano firme para salvarles, cuando les han fallado los últimos intentos de obtener préstamos de poderosos amigos como China o la Unión Europea. Ya no están entre los primeros del carnet de baile de nadie.

 Por supuesto, la razón es que el FMI se especializa en decirle  a sus clientes lo que no quieren oír. Tengo razones para saberlo; porque presioné a muchos funcionarios extranjeros para lograr cambios dolorosos durante mi etapa como economista jefe en 2007 y 2008. Y sentí los efectos de la presión del FMI, al menos indirectamente, cuando trabajaba con los gobiernos de la Europa del Este mientras luchaban tras 1989; y con el sector privado en Asia y Latinoamérica durante las crisis de finales de los noventa y primeros años 2000. Durante ese tiempo y desde todos los puntos de vista, contemplé de primera mano la constante llegada de funcionarios de Ucrania, Rusia, Tailandia, Corea del Sur y otros países, que acudían cabizbajos al Fondo cuando las circunstancia eran duras y los otros recursos habían fallado.

        
 Desde luego, cada crisis es diferente. Ucrania afrontaba una hiperinflación en 1994; Rusia necesitaba ayuda desesperadamente cuando en el verano de 1998 le estalló su plan de refinanciación de la deuda a corto plazo; en 1997 la rupia de Indonesia se hundió arrasando la economía de las empresas; y ese mismo año,se frenaron en seco  los treinta años del milagro económico de Corea del Sur, cuando los bancos de repente se negaron a conceder nuevos créditos.

 Sin embargo, tengo que decir que todas esas crisis aparecían abrumadoramente similares para los funcionarios del FMI. Por supuesto que cada país necesitaba un préstamo; pero, más que eso, cada uno necesitaba hacer grandes cambios para que realmente funcionará el préstamo. Casi siempre, los países en crisis necesitan aprender a vivir con sus propios recursos tras un período  de excesos y deben aumentarse las                                                                                                                                      
exportaciones y deben recortarse las importaciones; y el objetivo es conseguirlo sin recesiones tremendas. Naturalmente, los economistas del Fondo dedican tiempo diseñando políticas – presupuesto, oferta monetaria y demás – que tengan sentido en ese contexto. Y sin embargo, rara vez resulta muy difícil elaborar la solución económica. No; casi invariablemente la verdadera preocupación de los expertos veteranos del FMI es la política de los países en crisis.

Normalmente, estos países están en una situación económica desesperada por una simple razón, como es que las poderosas élites en su interior se exceden en los buenos tiempos asumiendo demasiados riesgos. Los gobiernos de los mercados emergentes y sus aliados del sector privado forman generalmente una oligarquía compacta – y amable la mayor parte del tiempo – gestionando el país más bien como una compañía en busca de lucro, en la cual ellos son los accionistas que tienen el control. Cuando crece un país como Indonesia o Corea del Sur o Rusia, crecen  asimismo las ambiciones de sus capitanes de industria. Como dueños de su miniuniverso, estas gentes realizan algunas inversiones que benefician claramente el conjunto de la economía; pero también comienzan a hacer apuestas mayores y más arriesgadas. Consideran – correctamente en la mayoría de los casos – que sus conexiones políticas les permitirán trasladar al gobierno cualquier problema sustancial que surja.

Por ejemplo, en Rusia, el sector privado tiene ahora serios problemas, porque en los últimos cinco años más o menos recibió prestamos de la banca y de los inversores por un importe de 490,000 millones de dólares por lo menos, en la creencia de que el sector energético del país podría soportar un incremento permanente del consumo en toda su economía. Mientras los oligarcas rusos gastaban ese capital, adquiriendo otras compañías y embarcándose en ambiciosos planes de inversiones que generaban empleos, aumentaba su importancia para la élite política. El creciente apoyo político significaba mejor acceso a contratos lucrativos, exenciones fiscales y subvenciones. Y los inversores extranjeros no podían sentirse más contentos y, en paridad con las demás cosas, preferían prestar dinero a gentes que tenían el respaldo implícito de sus gobiernos nacionales, incluso a pesar de que ello desprendía el tufillo de la corrupción.

Sin embargo, inevitablemente los oligarcas de los mercados emergentes lograban salir adelante; derrochaban dinero y construían enormes imperios empresariales sobre montañas de deudas. Los bancos locales, presionados a menudo por el gobierno, estaban cada vez más dispuestos a extender el crédito a la élite y a todos aquellos bajo su dependencia. El sobreendeudamiento siempre termina mal, tanto si es personal, de una empresa o de un país. Tarde o temprano, se endurecen las condiciones del crédito y  nadie facilitará dinero en condiciones que puedan ser aceptables.

La espiral descendente que suele seguir, ofrece un declive tremendo. Grandes empresas se tambalean al borde de la quiebra y se colapsan los bancos locales que les han prestado dinero. Las “asociaciones empresariales privadas-publicas” son rebautizadas como “capitalismo de amiguetes”. A la restricción del crédito, sigue la paralización de la economía y las condiciones se ponen cada vez peores. El gobierno se ve forzado a echar mano de sus reservas en divisas para pagar las importaciones, el servicio de la deuda y cubrir deudas privadas. Pero estas reservas al final se agotan. Si no se endereza el país mismo antes de que eso suceda,  suspenderá el pago de su deuda pública convirtiéndose en un paria económico. En la carrera para detener la sangría, normalmente el gobierno necesita hacer desaparecer algunos de los campeones nacionales – convertidos en una hemorragia de dinero liquido – y por lo general reestructura un sistema bancario que se ha desequilibrado gravemente. En otras palabras, necesitará exprimir por lo menos a algunos de sus oligarcas.

Aunque exprimir a los oligarcas rara vez es una opción estratégica entre los gobiernos de mercados emergentes. Todo lo contrario: en los comienzos de la crisis, los oligarcas suelen estar entre los primeros en conseguir ayuda extraordinaria del gobierno, como acceso preferente a divisas o quizás a unas bonitas exenciones tributarias; o la asunción por el gobierno de obligaciones de deudas privadas, que es una clásica técnica de rescate del Kremlin. Bajo coacción, la generosidad hacia los viejos amigos adopta muchas formas innovadoras. Mientras tanto, ante la necesidad de exprimir a alguien, la mayoría de los gobiernos de mercados emergentes miran primero a la gente trabajadora corriente, por lo menos hasta  que los alborotos logran extenderse. 

De ahí que los expertos del FMI miren a los ojos de los ministros de finanzas y decidan si el gobierno es aún serio. Incluso a un país como Rusia, el Fondo le concederá al final un préstamo, pero primero necesitará asegurarse que el Primer Ministro Putin está dispuesto, deseoso y en condiciones de ser duro con algunos de sus amigos. Si no está dispuesto a arrojar a los antiguos amiguetes a los lobos, el Fondo optará por esperar. Y cuando esté dispuesto, al Fondo le complacerá presentar sugerencias que le ayuden, en particular para que arranque el control del sistema bancario de las manos de los más incompetentes y avariciosos “empresarios”.

Por supuesto, los ex amigos de Putin darán la batalla. Movilizarán aliados, harán funcionar el sistema y pondrá presión en otros lados del gobierno para conseguir más subvenciones. En casos extremos, incluso intentaran la subversión, incluyendo la apelación a sus contactos en los organismos de la política exterior estadounidense, como hicieron los ucranianos con cierto éxito a finales de los noventa.

Muchos programas del FMI “descarrilan” (es un eufemismo) precisamente porque el gobierno  es incapaz de mantenerse duro con los antiguos compinches; y las consecuencias son la inflación masiva y otros desastres. Un programa “se encarrila” una vez que prevalece el gobierno o aparecen de entre los poderosos oligarcas quienes gobernaran – y de este modo ganan o pierden – con el plan del FMI que apoyan. El combate real en la Tailandia e  Indonesia de 1997 fue sobre qué poderosa familia perdería sus bancos. En Tailandia, el asunto se resolvió con cierta suavidad. En Indonesia, llevó a la caída del Presidente Suharto y al caos económico.

Por los largos años de experiencia, los expertos del FMI  saben el programa que prevalecerá, estabilizando la economía y facilitando el crecimiento, únicamente si al menos se toman un respiro algunos de los poderosos oligarcas que tanto hicieron para crear los problemas subyacentes.
LA CONVERSIÓN EN UNA REPÚBLICA BANANERA 

Por su profundidad y por su carácter repentino, la crisis financiera y económica recuerda asombrosamente momentos que hemos visto recientemente en mercados emergentes (y solamente en mercados emergentes), como Corea del Sur (1997), Malasia (1998), Rusia y Argentina (una y otra vez). En cada uno de esos casos, los inversores globales repentinamente dejaron de prestarles, temerosos de que el país o el sector financiero no fuera capaz de pagar los montones de deuda. Y en cada caso, el miedo se iba autocumpliendo, a medida que los bancos que no podían refinanciar su deuda resultaban de hecho incapaces de pagar. Esto es precisamente lo que condujo a Lehman Brothers a la bancarrota el 15 septiembre 2008, haciendo que de la noche a la mañana se secaran  todas las fuentes de financiación del sector financiero estadounidense. Exactamente como en las crisis de los mercados emergentes, la fragilidad del sistema bancario se ha extendido rápidamente al resto de la economía, generando una grave contracción económica y penuria para millones de personas.

Pero hay similitudes más profundas y más perturbadoras:  los intereses de la élite de los negocios – financieros, en el caso de los EEUU – desempeñaron un papel central en la generación de la crisis, haciendo incluso mayores jugadas con el respaldo implícito del gobierno, hasta el inevitable colapso. Más alarmante todavía: están usando ahora su influencia para impedir precisamente el tipo de reformas que se necesitan urgentemente para sacar a la economía de su caída en picado. El gobierno parece impotente, o no está dispuesto, a actuar contra esos  intereses.

A los distinguidos  banqueros de inversiones y a los funcionarios del gobierno les encanta echar la culpa de la actual crisis, a la disminución de los tipos de interés en los EEUU tras quiebra de las puntocoms o, incluso más bien, al flujo de ahorro que sale de China, a modo de “la culpa no  es mía”. Algunos en la derecha les gusta quejarse de Fannie Mae y Freddie Mac o incluso de los esfuerzos de muchos años para promover ampliamente la propiedad de la vivienda. Y, por supuesto, es axiomático para todo el mundo que los reguladores responsables de “la seguridad y la solvencia” se habían dormido profundamente al volante.

Pero tenían algo en común esas diferentes políticas de una escasa regulación, el dinero barato, la alianza económica no escrita chino-americana o la promoción de la propiedad de la vivienda. Aunque algunas están asociadas a los demócratas y otras a los republicanos, todas ellas beneficiaron al sector financiero. Fueron ignorados o barridos a un lado los cambios políticos que podrían haber evitado la crisis pero que habrían limitado los beneficios del sector financiero, tales como los ahora famosos intentos de Brooksley Born en 1998 para que la Commodity Futures Trading Commission regulara los credit default swaps (seguros de crédito)

La industria financiera no siempre ha gozado tal trato de favor. Sin embargo, durante los últimos veinticinco años más o menos las finanzas han tenido un gran auge, haciéndose inclusive más poderosas. El auge llegó con los años de Reagan y adquirieron fortaleza con las políticas de desregulación de las administraciones de Clinton y George W. Bush. Otros varios factores contribuyeron a alimentar el ascenso de la industria financiera. La política monetaria de Paul  Volcker en los ochenta y la creciente volatilidad de los tipos de interés que la acompañó, hicieron más lucrativo el negocio de los bonos. La invención de la titulización, los interest swaps (derivados de permutas de tipos de interés), y el credit default swaps (derivados de seguros de créditos) aumentaron enormemente el volumen de las transacciones sobre las que podían hacer dinero los banqueros. Y una envejecida población crecientemente rica invertía cada vez más dinero en valores, con la ayuda del invento del IRA (Individual Retirement Account) y del plan 401(k) (planes de jubilación basados en títulos de valores). En su conjunto, estos avances incrementaron tremendamente las oportunidades de beneficios en los servicios financieros.

No sorprende que Wall Street sacara partido de esas oportunidades. De 1973 a 1985, el sector financiero nunca obtuvo más del 16 por ciento de los beneficios empresariales nacionales. En 1986, esa cifra alcanzó el 19 por ciento. En los noventa, oscilaba entre el 21  y el 30  por ciento, los beneficios más altos que nunca se habían obtenido en el periodo de la postguerra. En esta década alcanzó el 41 por ciento. Asimismo, se elevaron espectacularmente las retribuciones. De 1948 a 1982, la retribución media en el sector financiero se situaba entre el 99 y el 108 por ciento del promedio de todas las industrias privadas nacionales. Desde 1983 se disparó hacia arriba, alcanzando el 181 por ciento en 2007.

La enorme riqueza que generó y concentró el sector financiero dio un enorme peso político a los banqueros, un peso que no se había visto en los EEUU desde la época de J.P. Morgan (el hombre). En ese período, el pánico bancario de 1907 pudo ser detenido únicamente mediante la coordinación de los banqueros del sector privado, ninguna entidad gubernamental fue capaz de ofrecer una respuesta efectiva. Pero la primera época de los oligarcas banqueros terminó con la aprobación de la significativa regulación bancaria en respuesta a la Gran Depresión; la reaparición de una oligarquía financiera estadounidense es muy reciente.

EL PASILLO ENTRE WALL STREET Y WASHINGTON

Por supuesto que los EEUU son únicos. Y del mismo modo que tenemos la tecnología, el ejército y la economía más avanzada del mundo, también tenemos la más avanzada oligarquía.

En un sistema político primitivo, el poder se transmite mediante la violencia o la amenaza de violencia: los golpes militares, las milicias privadas u otras modalidades. En un sistema menos primitivo y más típico de los mercados emergentes, el poder se transmite por medio del dinero sean los sobornos, las comisiones ilegales y las cuentas bancarias en centros offshore. Aunque ciertamente las contribuciones a las campañas electorales y el lobbysmo juegan un  papel principal en el sistema político estadounidense, la corrupción al viejo estilo – con sobres repletos de billetes de cien dólares – es probablemente algo marginal hoy, a pesar de Jack Abramoff.

En su lugar, la industria financiera estadounidense ganó poder político acumulando una especie de capital cultural, un sistema de creencias.  En otro tiempo, lo que era bueno para la General Motors tal vez fuera bueno para el país. Pero a lo largo de la década pasada, predominaba la actitud de que lo que era bueno para Wall Street era bueno para el país. La industria de la banca y los títulos-valores se ha convertido en uno de los principales contribuyentes de las campañas políticas; sin embargo, en la cúspide de su influencia no tenía que comprar favores al modo, por ejemplo, en que puedan hacerlo las compañías tabaqueras o los contratistas militares. Por el contrario se beneficiaba del hecho de que las personas influyentes en Washington tenían la creencia que las grandes instituciones financieras y los mercados con libertad de movimientos del capital eran decisivos para la posición de los EEUU en el mundo.

Desde luego, un canal de influencia era el flujo de individuos entre Wall Street y Washington. Robert Rubin, en otro tiempo  copresidente de Goldman Sachs, sirvió en Washington como Secretario del Tesoro con Clinton y después se convirtió en presidente del comité ejecutivo de Citigroup.  Henry Paulson, consejero delegado de Goldman Sachs durante los largos años de bonanza, pasó a ser Secretario del Tesoro bajo George W. Bush.  Y John Snow, predecesor de Paulson, dejó el cargo para convertirse en presidente de Cerberus Capital Management, una gran firma de capital riesgo que cuenta con Dan Quayle entre sus ejecutivos. Y Alan Greenspan, tras dejar la Reserva Federal, pasó a ser consultor en Pimco, el mayor jugador en los mercados internacionales de bonos.

Estas conexiones personales se multiplicaban muchas y repetidas veces  en los niveles inferiores de las últimas tres administraciones presidenciales, reforzando los lazos entre Washington y Wall Street. Para los empleados de Goldman Sachs, incorporarse al servicio público cuando abandonan la firma ha pasado a ser algo así como una tradición . El flujo de ex alumnos de Goldman, incluidos John Corzine el actual gobernador de New Jersey junto con Rubin y Paulson, no solamente sitúa a la gente con una visión del mundo propia de Wall Street en los despachos del poder sino que también contribuye a crear la imagen de Goldman (al menos dentro del Beltway, el círculo de autopistas que rodea Washington) como una institución que es en si misma una forma de servicio público.

Wall Street  es una plaza muy seductora, imbuida de un aura de poder. Sus ejecutivos creen de verdad que controlan las palancas que hacen girar al mundo. Podemos perdonar que caiga bajo su influencia un funcionario de Washington cuando es invitado a una de sus salas de reuniones, aunque sea solo como mero asistente a una única reunión. A lo largo de mi etapa en el FMI, me impresionaba el fácil acceso de destacados financieros a los altos funcionarios del gobierno y el entrelazado de las dos carreras profesionales. Recuerdo vivamente una reunión a principios de 2008, a la que asistían altos dirigentes políticos de un puñado de países ricos, en la cual la presidencia casualmente proclamó, con la aprobación general de la sala, que la mejor preparación para convertirse en gobernador de banco central era trabajar primero como banquero de inversiones.

Toda una generación de políticos ha sido cautivada por Wall Street, convencidos siempre por completo que era verdad dijeran lo que dijeran los bancos. Son muy conocidos los pronunciamientos de Alan Greenspan en favor de los mercados financieros desregulados; pero Greenspan no estaba solo. Esto es lo que dijo Ben Bernanke, su sucesor, en 2006: “La gestión de los riesgos del mercado y de los riesgo del crédito se han hecho crecientemente sofisticados… Las organizaciones bancarias de todos los tamaños han dado pasos sustanciales en las pasadas dos décadas en su capacidad para medir y gestionar los riesgos”

Por supuesto, en la mayoría de los casos eso era un espejismo. Casi todos los reguladores, los legisladores y los académicos asumían que los gestores de estos bancos sabían lo que estaban haciendo. A l mirar hacia atrás, ahora sabemos que no. La división de productos financieros en AIG, por ejemplo, logró 2,500 millones de dólares de beneficios antes de impuestos en 2005, en gran medida vendiendo seguros infravalorados  en complejos títulos-valores que apenas se entendían.  Esta estrategia, que se describe a menudo como “recoger calderilla delante de una apisonadora”, resulta rentable en años normales pero catastrófica en años malos. Hacia el otoño de 2008, AIG tenía seguros pendientes de más de 400,000 millones de dólares en valores. Hasta la fecha, el gobierno de EEUU, en su esfuerzo por salvar la compañía, tiene comprometidos unos 180,000 millones de dólares en inversiones y préstamos para cubrir las pérdidas que el sofisticado modelo de gestión de riesgos de AIG decía que eran imposibles.

El poder seductor de Wall Street se extendía incluso, o especialmente, a los profesores de finanzas y de economía, históricamente confinados a los despachos de las universidades y a la consecución del Premio Nobel. A medida que para la práctica financiera se hicieron cada vez más esenciales las finanzas basadas en las matemáticas, los profesores fueron asumiendo cada vez más posiciones como consultores o socios en las instituciones financieras. Myron Scholes y Robert Merton, ambos laureados con el Nobel, fueron tal vez los más famosos; ocuparon puestos en el consejo de administración del Long Term Capital Management en 1994, antes de que el famoso hedge fund se quemara a finales de la década. Pero muchos otros siguieron caminos similares. La migración daba el sello de legitimidad académica (y el aura intimidatoria del rigor intelectual) al mundo en ebullición de la alta finanza.

A medida que más y más ricos hacían dinero en las finanzas, el culto de las finanzas se infiltraba en la cultura en sentido amplio. Obras como Los bárbaros en las puertas, Wall Street y La Hoguera de las Vanidades – todos con la intención de relatos cautelosos – sirvieron solamente para acrecentar la mística de Wall Street. Michel Lewis subrayaba en Portfolio  que cuando en 1989 escribió El póker del mentiroso,  un relato de las interioridades de la industria financiera, tenía la  esperanza que el libro provocara  indignación ante los excesos y la soberbia de Wall Street. Y fue al revés, se encontró “inmerso en cartas de estudiantes del Estado de Ohio que querían saber si tenía otros secretos que compartir…Habían leído mi libro como un manual práctico”.  Incluso  delincuentes de Wall Street, como Michael Milken y Ivan Boesky, se agrandaban sobre los personajes reales. En una sociedad que celebra la idea de hacer dinero, resultaba fácil inferir que los intereses de ese sector financiero eran los mismos que los intereses de país; y que los ganadores en el sector financiero conocían mejor lo que era bueno para los EEUU que los funcionarios civiles de carrera de Washington. La fe en los mercados financieros libres pasó a ser sabiduría convencional, proclamada en los editoriales de The Wall Street Journal y en los discursos del Congreso.

A partir de esta confluencia de ideología, contactos personales y finanzas en campaña, fluía durante la pasada década un río de políticas desreguladoras que, visto en retrospectiva, resulta asombroso:

insistencia en la libertad de movimientos transnacionales de capitales;
rechazo a las regulaciones de la era de la Gran Depresión que separaban la banca de inversiones y la banca comercial;
una prohibición por el Congreso sobre la regulación del credit default swaps;
aumentos sustanciales del apalancamiento permitido a las bancos de inversiones;
una mano suave ( y me atrevería a decir, invisible) de la SEC (la Comisión del Mercado Valores) en la aplicación de las normativas;
un acuerdo internacional para permitir a los bancos que se midieran su propia capacidad de riesgo;
y un fallo intencionado en la actualización de las normativas para mantenerse a tono con el tremendo ritmo de la innovación financiera.

El ánimo que acompañó a estas medidas oscilaba entre la indiferencia y la abierta satisfacción; porque se pensaba que dejando rienda suelta a las finanzas proseguiría el impulso de la economía hacia cumbres más altas.

LOS OLIGARCAS ESTADOUNIDENSES Y LA CRISIS FINANCIERA

La oligarquía y las políticas gubernamentales que la ayudaron, no fueron las únicas causas de la crisis financiera que explotó el pasado año. Contribuyeron muchos otros factores, incluídos el endeudamiento excesivo de los hogares y los relajados criterios de los préstamos fuera de los límites del mundo financiero. Pero los bancos comerciales y de inversiones, y los hedge funds que funcionaban a su lado, fueron los grandes beneficiarios de las burbujas gemelas inmobiliaria y del mercado de valores de esta década; y de sus beneficios alimentados por un continuo volumen de transacciones basadas en una base relativamente pequeña de activos financieros reales. Cada vez que se vendía un préstamo, se empaquetaba, se titulizaba y se revendía, los bancos percibían sus honorarios por las operaciones; y los hedge funds que compraban esos valores cosechaban aún mayores comisiones a medida que crecían sus carteras de títulos.

Comoquiera que todos se hacían más ricos y la salud de la economía nacional dependía fuertemente del crecimiento inmobiliario y financiero, nadie en Washington se sentía incentivado para cuestionar lo que estaba pasando. Todo lo contrario, el presidente de la Reserva Federal Greenspan y el presidente Bush insistían periódicamente  que la economía estaba fundamentalmente sana y que el tremendo crecimiento en títulos-valores complejos y derivados del crédito, eran una prueba de una economía saneada en la que el riesgo se repartía con seguridad.

En el verano de 2007 comenzaron a aparecer señales de tensiones. El boom había generado tanta deuda que incluso un pequeño tropiezo podía causar graves problemas como demostró el aumento de la delincuencia en las hipotecas subprimes. Desde entonces, el sector financiero y el gobierno federal han venido comportándose exactamente del modo que podríamos esperar que lo hicieran a la luz de las pasadas crisis de los mercados emergentes.

Por ahora, esta claro que los príncipes del mundo financiero han quedado desnudos como líderes y estrategas, al menos a los ojos de la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, a medida que han ido pasando los meses, las élites financieras han continuado asumiendo que su posición es segura como hijos favoritos de la economía, pese al naufragio que han causado.

En el momento álgido en los años 2005 y 2006, Stanley O´Neal, el consejero delegado de Merrill Lynch metió fuertemente a su firma en el mercado de los valores respaldados por hipotecas; en octubre de 2007, reconocía que “ el resultado es que nosotros – yo – nos equivocamos al sobreexponernos a las  subprimes y sufrimos las consecuencias de problemas de liquidez en ese mercado. Nadie está más disgustado que yo con ese resultado.” En 2006, O´Neal se llevó a casa 14 millones de dolares en bonus; en 2007, se marchó de Merrill con una indemnización por rescisión de contrato por valor de 162 millones de dólares, aunque es de suponer que vale menos hoy.

En octubre, según se ha sabido, John Thain, el último consejero delegado de Merrill Lynch estuvo presionando a su consejo de administración por un bonus de 30 millones de dólares o más, reduciendo su exigencia finalmente a 10 millones, en diciembre; y retiró su petición ante la tormenta de protestas tras una filtración al The Wall Street Journal. Merrill Lynch como entidad no lo hizo mejor: trasladó a diciembre los pagos del bonus, 4,000 millones de dólares en total, se supone que para evitar la posibilidad que fueran reducidos por el Bank of America, que el primero de enero iba ser el propietario de Merrill. El pasado año, Wall Street abonó a sus empleados de la ciudad de Nueva York, 18,000 millones de dólares en bonus de final de año, después de que el gobierno desembolsara 243,000 millones en ayuda de emergencia al sector financiero.

En una situación de pánico financiero, el gobierno tiene que responder tanto con rapidez como con una fuerza aplastante. La raíz del problema es la incertidumbre, que en nuestro caso es la incertidumbre sobre si los bancos principales tienen activos suficientes para cubrir sus pasivos. Las medidas a medias, combinadas con meros deseos y una actitud de esperar a ver qué pasa,  no pueden superar esa incertidumbre. Y cuanto más tarde sea la respuesta, durante más tiempo la incertidumbre bloqueará el flujo del crédito, socavará la confianza del los  consumidores y paralizará la economía, haciendo más difícil la solución del problema al final. Y sin embargo, la principal característica de la respuesta del gobierno a la crisis financiera ha sido la demora, la falta de transparencia y la renuencia a perturbar al sector financiero.

Hasta la fecha la respuesta quizás se describe mejor como “política mediante acuerdo”, es decir, cuando una importante entidad financiera se encuentra en apuros, el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal diseñan un rescate durante el fin de semana y el lunes  anuncian que todo es estupendo. En marzo 2008, Bear Stearns fue vendido a JP Morgan Chase en lo que a muchos le pareció un regalo para JP Morgan (Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan,tiene asiento en el consejo de administración del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que junto con el Departamento del Tesoro intermediaron en el acuerdo). En septiembre del mismo año, vimos la venta de Merrill Lynch al Bank of America, el primer rescate de AIG y la toma e inmediata venta de Washington Mutual a JP Morgan; todos ellos con la mediación del gobierno. En octubre, nueve grandes bancos fueron recapitalizados en el mismo día a puerta cerrada en Washington. Esto, a su vez, fue seguido por rescates adicionales para Citigroup. AIG, Bank of America, Citigroup (otra vez) y AIG (de nuevo)

Es posible que algunos de estos acuerdos hayan sido respuestas razonables ante a la situación inmediata. Pero nunca estuvo claro (y todavía no lo está) a qué combinación de intereses se estaba sirviendo y cómo. Ni el Tesoro ni la Fed actuaban de conformidad con ningunos principios expresados públicamente sino que se limitaron a gestionar una transacción y proclamaron que era la mejor que se podía lograr en esas circunstancias. Esto fue una negociación pura y simple, entre bastidores a altas horas de la noche.

A lo largo de la crisis, el gobierno ha puesto un cuidado extremo en no perturbar los intereses  de las instituciones financieras; sin cuestionar las líneas básicas del sistema que nos ha traído hasta aquí. En septiembre 2008, Henry Paulson pidió al Congreso 700,000 millones de dólares para comprar activos tóxicos a los bancos, sin añadir ninguna condición y sin revisión judicial de las decisiones de compra. Muchos observadores sospechaban que el propósito era pagar en exceso por esos activos y de ese modo liberar  a los bancos del problema; porque la verdad es que es la única manera en que la adquisición de activos tóxicos habría ayudado. Y ese plan fue arrinconado seguramente porque no había modo de hacer que ese descarado subsidio fuera políticamente aceptable.

En su lugar, el dinero se utilizó para recapitalizar a los bancos, comprándoles acciones en condiciones que eran groseramente favorables para los propios bancos. A medida que la crisis se ha profundizado y las entidades financieras han necesitado más ayudas, el gobierno se ha vuelto cada vez más creativo en la invención de modos de concederles subvenciones a los bancos, que son demasiados complejos para que los entienda el público en general. El primer rescate de AIG, que fue en condiciones relativamente buenas para el contribuyente, se complementó con otros tres rescates en condiciones más favorables para ese conglomerado asegurador. El segundo rescate de Citigroup y el rescate del Bank of America incluyeron unas garantías para activos complejos que dotaban al banco de un seguro a precios inferiores al mercado. El tercer rescate del Citigroup, a finales de febrero, convertía las acciones preferentes del gobierno en acciones ordinarias a un precio significativamente superior al precio de mercado, un subsidio del cual no se percatarían incluso la mayoría de los lectores del Wall Street Journal en primera lectura. Y las acciones preferentes convertibles que el Tesoro adquirirá al amparo del nuevo Financial Stability Plan otorgan la opción de la conversión (y de lo contrario) a los bancos, no al gobierno.

Este último plan ha estado fuertemente influenciado por el sector financiero y el Tesoro no lo ha ocultado. Y es probable que este plan proporcione préstamos baratos a los hedge funds y a otros fondos de inversiones para que puedan comprar activos de bancos en apuros a precios relativamente altos. En marzo 2009 contaba al Congreso Neel Kashkari, un alto funcionario del Tesoro con Henry Paulson y Tim Geitner (y ex discípulo de Goldman) que “habíamos recibido propuestas espontaneas de gente del sector privado diciendo **Tenemos capital apartado y queremos conseguir esos activos (del banco en apuros)** . Y el plan les deja hacer precisamente eso porque “con el matrimonio entre capital del gobierno – de los contribuyentes – y capital del sector privado y proporcionando financiación, se les permitirá luego a esos inversores conseguir aquellos activos a un precio que tiene sentido para los inversores y que tiene sentido para los bancos”  Kashkari no mencionó nada sobre lo que tiene sentido para el tercer grupo, los contribuyentes.

Aun dejando a un lado la equidad  hacia los contribuyentes, resulta profundamente inquietante el planteamiento con guante de terciopelo del gobierno por una sencilla razón. Y es que resulta inadecuado cambiar la conducta de un sector financiero acostumbrado a hacer negocios con sus propias condiciones, en unos momentos en que ese comportamiento tiene que cambiar. Como en otoño pasado decía un anónimo empleado de banca al New York Times: “No importa cuanto nos dé Hank Paulson porque nadie va prestar un céntimo hasta que se mueva la economía”. Pero ahí está el problema: la economía no se recupera hasta que los bancos estén saneados y dispuestos a dar préstamos.
LA  SALIDA DE LA CRISIS

Contemplando solo la crisis financiera y dejando a un lado los problemas de las grandes economías, nos enfrentamos al menos a dos principales problemas interrelacionados. El primero es un sector bancario desesperadamente enfermo que amenaza con ahogar cualquier recuperación incipiente que puedan generar los estímulos fiscales. El segundo es un equilibrio político de poderes  que concede al sector financiero un poder de veto sobre la política pública, aun cuando ese sector pierde apoyo popular.

Parece  que desde que comenzó la crisis solamente los grandes bancos han ganado fortaleza política. Y esto no es sorprendente. Estando el sistema financiero tan frágil ,el daño que pudiera causar el fracaso de un banco importante (Lehman era pequeño en relación con Citigroup o Bank of America) es mucho mayor que hubiera sido en épocas normales. La banca ha venido explotando este temor mientras arrancaba acuerdos favorables a Washington. En enero, Bank of America obtuvo su segundo paquete de rescate después de advertir al gobierno que podría ser incapaz de culminar la adquisición de Merrill Lynch, una posibilidad que no quería considerar el Tesoro.

Los retos con que se enfrentan los EEUU son un territorio familiar para la gente del FMI. Si usted oculta el nombre del país y solamente les muestra los números, no cabe duda que los veteranos del Fondo le dirían que se nacionalicen los bancos en apuros y que se fragmentaran del modo que fuera necesario.

Por supuesto, de alguna manera el gobierno ya ha tomado el control del sistema bancario. Esencialmente ha garantizado los pasivos de los mayores bancos y es la única fuente efectiva de capital hoy. Mientras tanto, la Reserva Federal ha asumido un papel principal en la provisión de crédito a la economía, una función que se supone debería realizar el sector bancario pero que no realiza. Y sin embargo, hay limites para lo que puede hacer la Fed por si misma; los consumidores y las empresas son aun dependientes de bancos que carecen de balances y de  incentivos para hacer los préstamos que la economía necesita; y el gobierno no tiene un control real sobre quienes gestionan los bancos o sobre lo que hacen.

En la raíz de los problemas de la banca están las grandes pérdidas que indudablemente les han ocasionado sus carteras de préstamos y valores. Pero no quieren reconocer la total amplitud de sus pérdidas, porque probablemente les expondrían como insolventes. De modo que minoran los problemas y demandan cuantías que son insuficientes para sanearlos (de nuevo no quieren revelar las cuantías reales que serian necesarias para ello) pero que bastan para mantenerlos de pie un poco tiempo más. Esta conducta es corrosiva porque los bancos insolventes o no prestan (atesorando dinero para sostener sus reservas) o hacen jugadas desesperadas con préstamos de alto riesgo e inversiones que podrían darles altos rendimientos pero que probablemente no les den ninguno. En ambos casos, la economía sigue sufriendo y , como esta sucediendo, los propios activos continúan deteriorándose, creando un circulo vicioso altamente destructivo.

Para romper ese circulo, el gobierno debe forzar a los bancos para que reconozcan el alcance de sus problemas. Tal y como entiende el FMI y el propio gobierno de los EEUU ha insistido en el pasado ante múltiples países con economías emergentes, el modo más directo de hacerlo es la nacionalización. En vez de eso, el Tesoro intenta negociar los rescates banco por banco y actúa como si los bancos tuvieran todas las cartas, retorciendo los términos de cada acuerdo para minimizar la propiedad gubernamental; mientras está renunciando a la influencia gubernamental sobre la estrategia o las operaciones del banco. En estas circunstancias resulta imposible limpiar los balances bancarios.

La nacionalización no implicaría la propiedad permanente del Estado. El consejo  del FMI sería esencialmente que se elevara el nivel de los procedimientos de la Federal Deposit Insurance Corporation. Una “intervención” de la FDIC es básicamente una bancarrota para bancos gestionada por el gobierno. Permitiría al gobierno barrer a los accionistas, limpiar el balance y luego vender los bancos de nuevo al sector privado. La principal ventaja es el reconocimiento inmediato del problema para que pueda resolverse antes de que empeore.

El gobierno necesita revisar los balances e identificar aquellos bancos que no podrán sobrevivir a una severa recesión. Estos bancos tendrían que afrontar una elección: o contabilizan sus activos por el verdadero valor y elevan sus capital privado en treinta días o pasan a poder del gobierno. El gobierno amortizaría los activos tóxicos de los bancos en suspensión de pagos (reconociendo así la realidad) con transferencia de esos activos a una entidad separada del gobierno que intentaría salvar todo lo que posiblemente tuviera valor para el contribuyente, como hizo la Resolution Trust Corporation tras la debacle de las cajas de ahorro en los ochenta. Y podrían ser vendidos luego los bancos depurados y limpios, capaces de prestar con seguridad porque habrían recuperado la confianza de nuevo de otros prestamistas e inversores.

La limpieza de los megabancos será compleja. Y será cara para el contribuyente; conforme a las últimas cifras del FMI, a largo plazo la limpieza del sistema bancario costaría probablemente 1,5 billones de dólares (o el 10 por ciento del PIB). Pero solo la acción decisiva del gobierno saneará al sector financiero en sus conjunto, exponiendo la total amplitud de la podredumbre financiera y restaurando a un cierto número de bancos con una solvencia verificable públicamente.  Es posible que esto parezca una fuerte medicina. Sin embargo, la realidad es que es insuficiente aunque sea necesaria.

El segundo problema al que se enfrentan los EEUU, el poder de la oligarquía, es justo tan importante como la inmediata crisis de los préstamos. Y en este frente, desde el FMI el consejo  nuevamente sería simple: romper la oligarquía.

El desproporcionado sobredimensionamiento de las entidades tiene influencia sobre la política pública; los principales bancos que tenemos hoy obtienen gran parte de su poder por ser demasiado grandes para fallar. Y eso no lo modificaría la nacionalización y la reprivatización; y aunque sería justa y sensata la sustitución de los ejecutivos que nos llevaron a esta crisis, en última instancia el reemplazo de un conjunto de poderosos gestores por otro solamente cambiaría el nombre de los oligarcas.

Lo ideal sería  vender los grandes bancos en trozos de tamaño mediano, divididos por regiones o por tipos de negocios. Donde esto resultara impracticable porque su venta tendría que ser rápida, podrían venderse íntegros pero con la condición de que fueran fragmentados dentro de un plazo corto. Los bancos que permanecieran en manos privadas estarían también sujetos a limitaciones de tamaño.

Esto puede parecer un paso burdo  y arbitrario, pero es la mejor manera de limitar el poder de las entidades individuales en un sector que es esencial para el conjunto de la economía. Por supuesto que alguna gente alegará los “costes de eficiencia” de un sistema bancario más fragmentado; y esos costes son reales. Pero también son reales los costes cuando explota un banco demasiado grande para fallar, un arma financiera de destrucción masiva. Algo que es demasiado grande para fallar es demasiado grande para existir.

Asimismo es necesario revisar la legislación anti-trust para garantizar la fragmentación sistemática de la banca evitando que la futura reaparición de los peligrosos colosos. Una legislación que se puso en marcha hace más de cien años para combatir los monopolios industriales, no estaba prevista para abordar el problema que afrontamos ahora. Actualmente el problema en el sector financiero no es que una determinada firma tenga una cuota de mercado suficiente para influir en los precios; sino que una firma o un pequeño conjunto de firmas interconectadas, al quebrar puedan derribar la economía. Los estímulos fiscales de la Administración Obama evocan a Franklin D. Roosevelt (el presidente que superó la Gran Depresión) pero lo que necesitamos imitar es la legislación sobre bancarrota de los trusts de Teddy Roosevelt.

Aunque rezume populismo, los topes en la retribución de los ejecutivos pueden contribuir a restaurar el equilibrio político de poder e impedir la emergencia de una nueva oligarquía. Para la gente que trabaja en Wall Street y para los funcionarios gubernamentales que se sienten felices de disfrutar de la gloria que proyecta, la principal atracción de Wall Street ha sido la asombrosa cantidad de dinero que permitía lograr. La limitación de ese dinero reduciría el encanto del sector financiero y lo asemejaría más a cualquier otra industria.

Sin embargo, los topes rotundos en las remuneraciones son burdos, especialmente a largo plazo. Y actualmente la mayor parte del dinero se hace en las grandes firmas de capital riesgo y en los hedge funds; por lo que sería complicado la reducción de las retribuciones. La fiscalidad y la regulación tienen que ser parte de la solución. Aunque con el tiempo es posible que los cambios que supongan más transparencia y competencia, harían disminuir las comisiones de la industria financiera. Para quienes dicen que esto desplazaría las actividades financieras a otros países, podríamos replicarles ahora, pues qué bien.
DOS CAMINOS
Parafraseando a Joseph Schumpeter, el economista de principios del siglo XX, todo país tiene una élite; lo importante es cambiarla de vez en cuando.  Si los EEUU fueran solo cualquier otro país que llega al FMI con el sombrero en las manos, yo podría ser bastante optimista respecto a su futuro. La mayoría de las crisis de los mercados emergentes que he mencionado terminaron relativamente pronto, y en su mayor parte, dejaron paso a recuperaciones relativamente fuertes. Pero esto desgraciadamente nos ofrece los límites de la analogía entre los EEUU y los mercados emergentes.

Los países con mercados emergentes tienen solamente un dominio precario de la riqueza y son frágiles en el plano global. Cuando se encuentran en apuros, se quedan literalmente sin dinero o al menos sin divisas, sin las cuales no pueden sobrevivir. Tienen que tomar decisiones difíciles; y a la larga se introducen medidas drásticas. Desde luego, los EEUU son la nación más poderosa del mundo, ricos sea cual sea medida de referencia y han sido bendecidos  con el privilegio exorbitante de pagar sus deudas extranjeras en su propia moneda que ellos mismo imprimen. Como resultado, podrían muy bien ir dando tumbos durante años como ocurrió con Japón durante su década perdida, sin disposición de ánimo para hacer lo que necesitan hacer y sin recuperarse nunca. En estos momentos, no parece cosa segura que se produzca una ruptura tajante con el pasado que suponga la toma y limpieza de los principales bancos. Desde luego nadie en el FMI les forzará a ello.

En mi opinión, los EEUU se enfrenta a dos escenarios posibles.  El primero implica acuerdos banco por banco y la continuada repetición de ruidosos rescates, como los que vimos en febrero con Citigroup y AIG. La Administración intentará salir adelante y reinará la confusión.

Boris Fyodorov, el desaparecido ministro de finanzas de Rusia, combatió durante gran parte de los últimos veinte años a los oligarcas, a la corrupción y a los abusos de autoridad en todas sus manifestaciones. Gustaba decir que la confusión y el caos servían a los intereses de los poderosos, permitiendoles que se apoderaran de cosas, legal e ilegalmente, con impunidad. Con una inflación alta ¿quien puede decir lo que vale realmente una determinada propiedad? Cuando el sistema de crédito se apoya en disposiciones gubernamentales bizantinas y en acuerdos en la trastienda, ¿cómo se puede saber  de cuanto nos han desplumado?

Nuestro futuro podría basarse en el continuo tumulto que alimenta el saqueo del sistema financiero; mientras hablamos cada vez más sobre cómo nuestros oligarcas se convierten en bandidos y cómo la economía no acaba de arrancar.

El segundo escenario comienza de modo más sombrío y podría terminar también de esa manera. Pero al menos proporciona alguna esperanza que sacudiría nuestro letargo. Consiste en esto: la economía global sigue deteriorándose, se colapsa el sistema bancario del centro y este de Europa y se extiende por el continente el temor justificado a la insolvencia gubernamental; porque los bancos de Europa del Este son en su mayoría propiedad de los bancos occidentales. Los acreedores sufren más golpes y la confianza se deteriora aún más. Resultan devastadas las economías asiáticas que exportan bienes manufacturados y también los productores de materias primas de Latinoamérica y África se encuentran por el estilo. Un empeoramiento tremendo del entorno global pondría de rodillas a la ya vacilante economía estadounidense. Los índices de crecimiento utilizados como base del presupuesto actual de la Administración estadounidense  son considerados cada vez menos realistas y “el escenario color rosa” que el Tesoro de los EEUU está usando actualmente para evaluar los balances de los bancos, se convierte en fuente de un gran bochorno.

Bajo este tipo de presiones y enfrentados a la perspectiva de un colapso nacional y global, es posible que la mentes se concentren más.

Todavía la sabiduría convencional entre la élite sostiene que la actual depresión “no será tan mala como la Gran Depresión”. Y esa visión es errónea. La realidad es que lo que nos enfrentamos podría ser peor que la Gran Depresión, porque el mundo está  ahora mucho más interconectado y el sector bancario es mucho más grande actualmente. Nos enfrentamos a una disminución sincronizada de la actividad económica en casi todos los países, a la debilitación de la confianza de personas y países y a problemas importantes en las finanzas de los gobiernos. Si nuestro liderazgo hace frente a las consecuencias potenciales, es posible que todavía veamos la adopción de acciones espectaculares en el sistema bancario y la ruptura de la vieja élite. Esperemos que no sea demasiado tarde.-

…………………………………………………………………………………………………………

Ensayo publicado en los EEUU por la revista The Atlantic Monthly en su número de mayo 2009 bajo el título The Quiet Coup .
Presentación y traducción de Juan Hdez. Vigueras.-

Rafael Correa, Presidente de Ecuador en la Asamblea extraordinaria de la ONU

1
Señor Presidente de la Asamblea General y apreciado amigo
Señoras y señores Jefes de Estado y de Gobierno,
Señoras y señores Ministros,
Señoras y señores Jefes de Delegación,
Señoras y Señores
En la Carta del Atlántico, que sirvió de base para la Declaración de las Naciones Unidas,
Roosevelt y Churchill afirmaron que “después de la destrucción final de la tiranía nazi, esperan
que se establezca una paz que permita a todas las naciones vivir seguras dentro de sus propias fronteras y que garantice que todas las personas de todos los países puedan desarrollar sus vidas libres del miedo y de la miseria”.
Sin embargo tras varias décadas de existencia de las Naciones Unidas, se ha vuelto evidente la falta de convicción, voluntad y generosidad política, La carencia de un proyecto humanista, de equidad y solidaridad; la preponderancia del egoísmo y utilitarismo del sistema capitalista.
Quienes asumimos nuestra condición de ser ciudadanos del mundo no podemos entender
esquemas que siempre terminan avasallando a los más pobres, esquemas que incluso
contradicen sus propios postulados. Cómo entender una pretendida globalización que no busca
crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores? Que no busca crear una sociedad
global sino tan solo un mercado global? Que busca cada día mayor movilidad para capitales y
mercancías, pero criminaliza la movilidad de los seres humanos? Tiene todo esto algún
sentido?
Una especie de clan de los poderosos, que se ufana del respeto y la igualdad, pero que usó para
sus fines a los propios organismos internacionales, y jamás trató a los otros con equidad. No
hablamos de tolerancia, porque la misma se deriva de la dominación, sino de esas palabras que
en todas las religiones y culturas han sido la fuente de toda lucha, de toda aspiración: la justicia
y la igualdad.
Sin embargo, la igualdad fue manoseada, utilizada desde la retórica o vilipendiada desde el
poder, como ya lo decía el poeta Juan Ramón Jiménez al escribir:
Lo querían matar
los iguales,
porque era distinto.
Entonces, estamos precisamente aquí los distintos, y hemos venido ante el G-192, a demandar
democracia y a subrayar el otro mundo posible, el otro mundo urgente que requerimos, el
mundo de la paz y la justicia, que se construye a través del respeto a la soberanía de los pueblos
y al equilibrio entre seres humanos, países, naciones, pueblos y continentes.
Estamos aquí los distintos, y llegamos desde todos los rincones: están los hermanos africanos,
que han superado la opresión vergonzosa del apartheid, pero que continuan con la lacra de la
inequidad, del desdén y la indiferencia. Si los tambores, la magia y la insobornable lucha
rompieron maleficios y temores, hoy el mundo entero debe sanar las heridas del pueblo
africano, y como diría Nelson Mandela, “Que haya paz para todos. Que haya trabajo, pan,
agua y sal para todos”.
2
Están aquí los pueblos de Oriente, milenarios y sabios, pero ocultos para nosotros, porque la
repartición del planeta los escondió de nuestra mirada, seguramente porque habríamos
descubierto mucho antes la vida consagrada a la paz, o aquella sentencia de Confucio: “Con los
corruptos no se puede hacer nada. Es como intentar construir en un pantano”.
Están aquí musulmanes de diverso origen, pero unidos y enraizados religiosa y humanamente,
aunque cierto Occidente, con su potestad de cacique, haya evitado nuestra hermandad de
prójimos.
Están aquí representadas civilizaciones milenarias, culturas construidas con el talento, la
necesidad, la pluralidad, y ejemplo vivo de ello es el pueblo palestino, con su arena huidiza, su
memoria y sus mártires.
Los distintos llegamos también desde América Latina, continente postergado y humillado, pero
hoy más que nunca, insurgente y rebelde, consciente de su responsabilidad histórica. De
América Latina llegó a este mismo foro, hace casi 45 años, el 11 de diciembre de 1964, el
Comandante Ernesto CHE Guevara para decirle al mundo: “Ahora sí la historia tendrá que
contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados, que han decidido
empezar a escribir ellos mismos, para siempre, su historia”.
Los distintos, los explotados y vilipendiados, que somos la inmensa mayoría, exigimos
transparencia y verdad a la hora de develar quienes originaron la crisis de hoy, quienes
expoliaron a los pueblos, quienes se beneficiaron con sus políticas de ajuste, con sus deudas
ilegítimas, golpes de Estado, subterfugios e ilegalidades institucionalizadas, como el Consenso
de Washington, paradójico y cínico acuerdo, realizado a espaldas de pueblos y gobiernos y
circunscrito a los cónclaves del poder dominante y colonialista.
Vamos a hablar entonces de temas que, al parecer, están ausentes en otros foros exclusivos y
excluyentes como el G8 o el G20, ajenos a quienes se consideran iguales, porque nuestro
manifiesto se basa en el respeto mutuo, la solidaridad, la justicia, la sustentabilidad ambiental y
la preeminencia de los seres humanos sobre el capital.
Ha sido la constante trasgresión de estos principios lo que originó la crisis que aún se propaga
amenazadora, con fuertes efectos destructivos en los países del Sur.
Luego del atentado del 11 de septiembre de 2001, EEUU decidió bajar al límite las tasas de
interés para reactivar el consumo y la producción. Esta decisión, en un ambiente desregulado,
exacerbó el crecimiento de los créditos subprime, o subpréstamos de segunda categoría de
altísimo riesgo.
En 2004 se optó por subir las tasas de interés para contrarrestar los brotes inflacionarios. Esta
decisión no detuvo a los banqueros, que recurrieron a titularizar sus activos para tener más
liquidez. Pero cuando creció la morosidad y se supo que los bancos más grandes tenían
comprometidos buena parte de sus activos en subprime, se desató el pánico. La desconfianza
redujo la cantidad de dinero, se disparó la volatilidad y cayeron las bolsas de valores.
Todos lo sabemos: esta crisis se originó en los mercados financieros norteamericanos, pero ya
no es solo financiera y ha sido contagiada a todo el mundo. El Sur que no ha tenido ninguna
responsabilidad en la crisis, resulta ahora su víctima principal. Durante años, EEUU mantuvo
gigantescos déficits comercial y fiscal, con la connivencia del Fondo Monetario Internacional.
Cualquier otro país hubiera sido obligado a devaluar y a “corregir” sus desequilibrios.
3
Pero en este caso, la doble moral que ha imperado en la gobernanza del FMI le hizo optar por
una complicidad que nos ha conducido al desquiciamiento del capitalismo. Y ahora el G-20
pretende que se lo recapitalice sin más, ¡sin ni siquiera mover una silla de su directorio!
La debacle financiera mundial es apenas un síntoma de la crisis de un sistema que privilegió la
economía especulativo-financiera sobre la economía real -que es donde realmente se genera
bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los seres humanos-. Ojalá nunca olvidemos
esto: la Economía es una ciencia de variables reales, básicamente capacidad de producción, que
a su vez depende de la disponibilidad, asignación y eficiencia en el uso de recursos productivos.
En los últimos años todo se desquició, y se pretendió que el dinero genere por sí mismo más
dinero.
Durante el primer trimestre de 2009, la economía estadounidense cayó 6,1% anual y su
inversión se redujo 38%. En 2009 Japón espera una recesión de 3,1% y la Eurozona prevé una
caída del 4% del PIB. Como estos mercados demandan menos bienes producidos en América
Latina y el Caribe, en este año podríamos perder entre 2,3 y 3,2 millones de empleos, según
estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Desde octubre de 2007, se ha destinado inmensas sumas de dinero para “rescatar” al sector
financiero privado. Se estima que solo en 2008 esos desembolsos sumaron unos nueve billones
de dólares (un 9 con 12 ceros para los latinos), sin mecanismos de veeduría y control, y sin que
se sepa con certeza dónde han ido a parar o cómo han sido utilizados.
Algo debe estar funcionando mal, o al menos en forma incompleta, en este gigantesco rescate.
En este año que transcurre el PIB de América Latina y el Caribe decrecerá entre 1,5% y 2%. La
Organización Mundial de Comercio estima que en el 2009 el comercio mundial se contraerá en
un 9%, lo que supone la mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial. Y como siempre
los poderosos recargan el mayor peso en los más vulnerables, las drásticas medidas en contra de
nuestros migrantes, junto a la contracción de las actividades productivas en los países del Norte,
provocarán una reducción de 5% en los envíos de remesas sin contrapartida.
Nos encontramos frente a una crisis que no es como las que recurrentemente provoca el
capitalismo. Se la ha querido comparar con la Gran Depresión de los años treinta del siglo
pasado, pero es mucho más: el cambio climático ligado a la crisis energética global y los graves
riesgos de una crisis alimentaria de alcance mundial, nos sitúan frente a un auténtico problema
civilizatorio.
Debemos actuar de acuerdo a los retos que nos impone la historia. La gravedad de esta crisis
requiere tratarla en el ámbito de las Naciones Unidas, organismo que agrupa a todos los
gobiernos del Mundo y que debe enfrentar, por su propia credibilidad y vigencia, una
transformación integral del orden económico mundial.
Reformar Bretton Woods sería un parche insuficiente; hace tiempo sus instituciones solo sirven
para hacer marketing ideológico en beneficio del neoliberalismo y del “Consenso de
Washington”. Si los mercados especulativos del núcleo capitalista son los responsables directos
de esta crisis mundial, sería absurdo e irresponsable dejar que las soluciones sean planteadas,
programadas y ejecutadas por el mismo sistema que las provocó.
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Pero toda crisis también ofrece oportunidades y ésta no es la excepción. La noción ortodoxa de
estabilidad macroeconómica y el propio rol del Estado neoliberal, se han mostrado obsoletos en
menos de un año y en medio de la crisis. Tenemos la responsabilidad histórica de buscar el
resurgimiento de nuestros pueblos, de marchar con nuestras propias fuerzas, comenzando por
redefinir el sistema financiero global, liberándonos de los chantajes a los que nos han sometido
los países ricos.
La acogida a los planteamientos ecuatorianos para una nueva arquitectura financiera regional y
global por quienes conforman la Comisión de Expertos nombrada por el Presidente de la
Asamblea General, presidida por el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, avala la
pertinencia de la propuesta que deseo compartir con ustedes.
Proponemos, simultánea y paralelamente, conforme a las realidades políticas y económicas de
cada región, profundizar la integración de espacios de soberanía monetario-financiera
supranacionales, capaces de reducir los efectos perversos que sufren nuestras economías por su
vinculación con el sistema financiero internacional.
Esta propuesta comenzó a fraguarse en foros regionales latinoamericanos como la Declaración
de Quito de mayo de 2007, la Cumbre Unión Europea-América Latina de Lima de mayo de
2008 y la Cumbre Iberoamericana de San Salvador de octubre de 2008.
Estamos ya trabajando en nuestra región en crear un Banco de desarrollo para el Sur,
capitalizado por los países de la región. Su objetivo será financiar proyectos de desarrollo, en
especial multinacionales, para mejorar nuestra competitividad sistémica y la conectividad entre
nuestros países, desde nuestras prioridades y dando espacio a las monedas locales y regionales.
Ligado a esto, es necesario constituir un fondo de reservas común para América Latina. Esto
evitaría que más de 200 mil millones de dólares de nuestros países sean depositados en bancos
del Norte. Resulta paradójico que, en plena crisis, permitamos que nuestro dinero financie a los
países ricos, a cambio de unos pocos dólares recibidos por intereses. Aquí una de las trampas
heredadas de la larga y triste noche neoliberal. En la primera mitad de la década de los noventa,
y basado en estudios que avergonzarían a un estudiante de primer año de Economía, el Banco
Mundial impuso en toda Latinoamérica las autonomías de los Bancos Centrales. Estas
burocracias, autónomas de sus países pero bastante dependientes de las burocracias
internacionales, a su vez manejan nuestras reservas, y por supuestas prudencias las invierten en
el primer mundo. Es decir, insisto, nuestro ahorro financiando a los ricos. Esta irracionalidad
tiene que terminar, empezando porque los gobiernos vuelvan a tener el dominio de sus bancos
centrales.
Si unimos nuestras reservas en un fondo común, el monto necesario para enfrentar
contingencias y crisis regionales será menor, y el dinero sobrante serviría para capitalizar el
Banco del Sur. Este fondo podría complementarse con un sistema de pagos regional, que sería el
preámbulo de un banco central regional que nos daría más autonomía respecto de los circuitos
financieros del Norte.
En tercer lugar proponemos consolidar un sistema monetario común, que puede empezar como
una divisa electrónica capaz de facilitar nuestros intercambios regionales. Tener un sistema de
pagos regional electrónico puede hacerse de inmediato. Solo es cuestión de coordinación y
decisión política. En el seno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), foro democrático al que mi país acaba de ingresar formalmente hace 24 horas, ya se ha
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adelantado significativamente en este propósito, pues está próximo a operar el Sistema Único
de Compensación Regional (SUCRE). Sin embargo, en el mediano plazo, la idea es tener una
moneda física regional.
Debo señalar además que durante las negociaciones de esta Conferencia el Grupo de los 77 y
China valoró y acogió estas iniciativas regionales como ejemplos concretos de cooperación
financiera a nivel regional, que facilitará a los países miembros de la región atender de una
manera alternativa sus eventuales problemas de balanza de pagos y promover el comercio entre
ellos, al margen de la férula marcada por el dólar.
El sistema financiero internacional vigente nos obliga, contra toda justicia, a proveer
financiamiento barato para el Norte y, al mismo tiempo, a buscar financiamiento caro en el
Norte. Esto no puede continuar en el Siglo XXI. ¿Qué sentido tiene utilizar una moneda extra
regional para nuestros intercambios, si con ello solo mantenemos nuestra dependencia y,
además, pagamos señoreaje?
Pero dado que la crisis avanza incontenible, ayudada por la pasividad del Fondo Monetario y
del Banco Mundial, necesitamos medidas más urgentes. No podemos incurrir en el error
histórico de caer en una guerra de depreciaciones en la que perderá valor nuestra producción y,
al final del día, solo se beneficiarán los países del Norte, que comprarán nuestros bienes a
precios más baratos. Requerimos, de inmediato, negociar un acuerdo monetario regional para
coordinar nuestras políticas monetarias y evitar ahondar la crisis en nuestra región, en beneficio
de terceros países. Esta propuesta se enmarca en un concepto más amplio que desafía al
paradigma dominante: la competencia entre países pobres es un absurdo, y debemos ir hacia la
cooperación e integración.
Concretar esto solo depende de la decisión política de nuestros Estados y gobiernos. La
coordinación monetaria regional puede tener varios niveles. El más acabado, insistimos, es
contar con un instrumento monetario único, a la manera de la Unión Europea, pero sabemos
que la heterogeneidad de visiones, de gobiernos y de estructuras productivas hace que esto sea
poco probable, al menos en el corto plazo.
Sin embargo es perfectamente posible adoptar acuerdos para que las oscilaciones monetarias se
realicen solo dentro de determinados márgenes o bandas cambiarias, que nos permitan predecir
la evolución de las monedas de nuestros socios comerciales, evitar una guerra de devaluaciones
y calmar a los mercados financieros. Esto contrarrestará, al mismo tiempo, la incertidumbre
provocada por los países que supuestamente daban el ejemplo de institucionalidad y buenas
políticas.
Parchar el sistema de Bretton Woods, que no controlamos, no tiene sentido para los países del
Sur. Esta es nuestra oportunidad para consolidar una presencia y un poder de deliberación y de
una mayor decisión en el concierto internacional para, por fin, ser dueños de nuestros propios
destinos. Pero este objetivo será imposible sin que contemos con nuestras propias arquitecturas
financieras internacionales. La estructura que estamos promoviendo para América Latina puede
perfectamente, replicarse en otras regiones del mundo, desde otras condiciones y prioridades.
Todos tenemos las condiciones para hacerlo, y ya no tenemos por qué depender de lo que hagan
o dejen de hacer los países del Norte. Esto implica, por supuesto, vigorizar y fortalecer los
espacios de integración regional como la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR- y la
Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe –ALBA-.
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Sin embargo, en el ámbito global debemos promover la creación de una coordinación de
dimensión planetaria basada en un consejo monetario constituido con criterios claros de
representación y rendición de cuentas que respalde con una emisión de Derechos Especiales de
Giro (DEG) los nuevos compromisos cambiarios y arreglos institucionales regionales.
Esta emisión de DEG, postergada durante décadas por las grandes potencias del Norte,
contribuirá a romper el monopolio de provisión de liquidez que garantiza la unipolaridad del
dólar estadounidense y el accionar asimétrico del Fondo Monetario Internacional.
Más todavía, si logramos que estos Derechos Especiales de Giro, con los cambios
institucionales necesarios, se canalicen a través de organismos multilaterales regionales o
entidades encargadas de tareas urgentes, como la FAO, el PNUD y el PNUMA, evitaremos que
el FMI reedite la relación de asimetría que le ha permitido imponer condiciones a nuestros
países, lo que será inevitable si se deja que la recapitalización propuesta por el G-20 no esté
acompañada de un cambio total en la gobernanza de esa entidad.
En este escenario, mientras se decide una gobernanza alternativa, todos los recursos nuevos que
entreguen al FMI deben integrar a una nueva facilidad de emergencia, ágil y sin las
condicionalidades del ajuste tradicional. La administración de esta facilidad debe
responsabilizarse a un directorio diferente, como el que ya tiene el Fondo Global del Ambiente
dentro del Banco Mundial.
Debemos intensificar nuestra presión para exigir que la capitalización mediante Derechos
Especiales de Giro de esas entidades del sistema de Naciones Unidas, sirva para atacar con más
recursos los problemas alimentarios, de cambio climático y del desarrollo en los países del
SUR.
La emisión de estos Derechos Especiales de Giro debe ser inmediata, y el 60% de ella que
corresponde a los países desarrollados, puede destinarse a cumplir, aunque sea parcialmente, ese
0,7% del PIB que ofrecieron desde los años 70 dedicar como ayuda al desarrollo, políticas
contra-cíclicas y políticas de lucha contra la pobreza. De paso, esto también nos ayudará a
escapar de las restricciones de liquidez impuestas por la unipolaridad financiera.
El imperativo de redefinir el orden financiero mundial, desquiciado por la especulación y el
privilegio, también se justifica desde una visión de derechos humanos. En el nivel global, los
seres humanos tenemos menos derechos que el capital, gracias a los tratados bilaterales de
inversiones, a sistemas de arbitraje internacional regulados en el CIADI por el Banco Mundial y
la Organización Mundial de Comercio.
El derecho a la vida, a la salud, a la educación de nuestros pueblos, al buen vivir, al Sumac
Kausay, como dicen los pueblos ancestrales de mi Patria, está por sobre el interés de los
especuladores internacionales de Wall Street. Si este principio mínimo se considera
insubordinación, que así sea. Ecuador ha logrado anular su deuda comercial ilegítima. Con una
inversión cercana a los 900 millones de dólares, hemos evitado un pago de capital más intereses
de casi 9.000 millones de dólares, de aquí al 2030.
La historia del subdesarrollo, la dependencia y dominación del Ecuador y América Latina,
también es la historia de la deuda externa. Los bonos, las renegociaciones, las políticas
condicionadas, los contratos de deuda, han sido los modernos mecanismos de dominación
personal mediante el endeudamiento forzado y hereditario, que en América Latina recibió el
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nombre de concertaje. Tales mecanismos han sido también, en nuestro tiempo, los instrumentos
con los que los centros financieros del capitalismo industrializado han sojuzgado a nuestros
pueblos; y, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Bolsas de Valores sin
controles, son los modernos encomenderos, verdaderos traficantes insaciables de riqueza a
costa de la educación, la salud, el alimento de nuestros niños que, en un 26% padecen de
desnutrición crónica; a costa de la paz, el bienestar y la propia vida de millones de compatriotas,
de hombres y mujeres nacidos esclavos de una deuda ajena.
En mi país, el Gobierno de la Revolución Ciudadana se propuso, desde el primer momento,
solucionar definitivamente el dogal de la deuda externa; y, coherente con su promesa y su
propuesta, con una convicción profunda lo hizo y ahora puede declarar al Ecuador libre de
deuda comercial externa ilegítima, y esta declaratoria será un homenaje al Bicentenario de la
Independencia, y una manera de honrar la memoria de nuestros héroes: Bolívar, Alfaro, Sucre y
Manuela.
Cómo lo hicimos? Por primera vez en la historia un gobierno organiza una comisión auditora
de la deuda. El informe de dicha comisión, sirvió para declarar ilegítima la deuda por todos los
dolos, fraudes y estafas que en su origen y desarrollo se encontraron. En base a esto, se decidió
unilateralmente la suspensión de pagos, y luego, un inteligente mecanismo y propuesta de
recompra con un importante descuento que eliminara la principal fuente de ilegitimidad de
dicha deuda: los sucesivos sobreprecios a los que se había renegociado. Usar mecanismos de
mercado para renegociar? No seamos ingenuos, detrás de esa deuda hay poderes explícitos, y
eso fue precisamente lo que contrapuso Ecuador a esos poderes perversos: el poder popular de
todo un pueblo que quiere ser libre.
Las auditorias de deuda deben ser una norma, y no casos de excepción. Incluso el G20 propuso,
en noviembre de 2008, como un tema prioritario la recuperación de la ética y la transparencia en
las finanzas internacionales.
No nos cansaremos de reivindicar el derecho de todo ser humano a la libre movilidad en todo el
Planeta. La reducción de las remesas solo es la expresión monetaria de la discriminación social
y de las restricciones al empleo de los trabajadores migrantes. Exigimos, una vez más, la
eliminación de toda medida discriminatoria en su contra, y el goce pleno del derecho a la
ciudadanía universal, reconocido en nuestra Constitución Política, porque, como lo hemos
expresado en otros foros, para nosotros no existen seres humanos ilegales; lo que existe es
prácticas ilegales e inmorales, como el racismo, la xenofobia, y, de otro lado, el coyoterismo y
la explotación.
Todo esto para superar patrones de producción y consumo depredadores. Proponemos tratar el
cambio climático de una manera diferente. Ya no tenemos tiempo para seguirlo haciendo en el
nivel meramente declarativo. Ya es hora de enfrentar el problema en forma técnica, y,
sobretodo, en forma política, inaugurando nuevas lógicas económicas que compensen la
generación de valor y no solamente la generación de mercancías. En realidad, esto inaugurará
la justicia económica, promoverá nuevos mecanismos de redistribución de la riqueza en los
patrones de producción y consumo y un verdadero cambio en la correlación de fuerzas a nivel
mundial.
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La semana pasada presentamos en Europa, más concretamente en el Parlamento alemán, nuestra
Iniciativa Yasuní-ITT, que nos obligará a no explotar reservas de petróleo cercanas a los 850
millones de barriles para evitar emisiones de CO2 y la contaminación asociada en una de las
regiones de más alta biodiversidad del mundo y en donde habitan dos pueblos en aislamiento
voluntario, a cambio de una compensación del resto del Planeta. Este es un primer paso para
convertir a mi país de exportador de petróleo, en un país exportador de servicios ambientales, lo
que podría inaugurar una nueva era en la política energética global.
La experiencia europea en este campo, el del mercado de carbono, es muy alentadora, pero
insuficiente. La iniciativa Yasuní-ITT es un concepto mucho más completo: compensar por la
contaminación evitada, esto es, por la conservación de valores de uso, como el medio ambiente.
Luego de la crisis de 1929, la mayoría de países de América Latina emergieron con aparatos
públicos más activos y fuertes, que les ayudaron a mantener tasas de crecimiento estables hasta
la década de los años setenta del siglo pasado. No debemos repetir el error cometido luego de
1982, cuando desde el Centro se nos obligó a responder a la crisis de la deuda paralizando
nuestros aparatos públicos para, supuestamente, cumplir una política fiscal óptima, suficiente
para honrar una deuda externa manipulada por ellos mismos.
En América Latina y en general en el mundo en desarrollo tenemos la plena capacidad creativa,
técnica y política para promover nuestras propias respuestas, sin necesidad de apoyarlas o
impulsarlas en propuestas extrañas a nuestras regiones, como sucedió, con el supuesto Consenso
de Washington, al que no sé por qué le llamaron consenso, si jamás le consultaron nada a
América Latina.
Nuestros pueblos no merecen menos que lo que están exigiendo los electores de los países ricos.
Estas exigencias ya se han expresado en drásticos cambios de sus políticas públicas: (1) una
regulación financiera con más controles para los fondos de inversión y mayor coordinación
internacional; (2) regulación de los mercados internacionales de bienes y de la subcontratación;
(3) una nueva política industrial comprometida con el fomento de industrias ambientalmente
más amigables; y (4) políticas sociales universales, es decir cobertura para todos los ciudadanos
y desarrollo de programas públicos de aseguramiento.
Esta Conferencia debe ser el punto de inflexión hacia el fortalecimiento del papel de las
Naciones Unidas en la gobernanza mundial, para avanzar hacia una verdadera democratización
de las relaciones internacionales, empezando por cambios sustanciales de las instituciones
financieras.
Estimados jefes de Estado, de Gobierno, Ministros, y representantes aquí presentes el resultado
final de esta conferencia histórica no acoge todas las expectativas que tenían nuestros países.
Hemos enfrentado una gran resistencia a traer este tema al seno de este Parlamento de la
Humanidad que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, foro universal y democrático.
Sin embargo, es mérito de la misma haber marcado el inicio de un proceso de acuerdo político
para reformar integralmente el sistema financiero internacional vigente, gracias al compromiso
que todos los países están asumiendo aquí y ahora. Es indispensable ahora definir los cauces
institucionales de concertación, de diálogo y monitoreo de lo que aquí se decida.
Es en el entorno y arbitrio de este G-192 donde debemos discutir las soluciones integrales,
equitativas y democráticas a esta crisis originada, como casi siempre, en la codicia y el desdén.
Somos los distintos quienes debemos orientar el mundo convulsionado de hoy.
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El tiempo apremia, tenemos que avanzar hacia modelos de sociedad que pongan por delante el
bienestar humano por sobre los intereses del capital y que respeten los límites que nos impone la
naturaleza. Eso solo se hace con la necesaria voluntad política, con una nueva ética de
convivencia planetaria, y con un profundo proceso de descolonización del pensamiento
Y también con la irrestricta defensa de la soberanía. Nuestra respuesta colectiva a los coletazos
imperiales es, una vez más, la solidaridad, y nuestra fuerza inagotable se basa en la unidad de
los pueblos, la unidad de los pobres, la unidad de los distintos.
¡Hasta la victoria siempre!
RAFAEL CORREA DELGADO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
NEY YORK, JUNIO 25 DE 2009

Por Juan Hdez. Vigueras
Miembro del comité europeo de Tax Justice Network

Los ciudadanos menos afortunados se ven amenazados por una reducción de su nivel de vida, mientras los gobiernos anuncian medidas contra la recesión económica desatendiendo las causas originarias.  Y de este modo los problemas de la economía real, con su secuela de paro y expedientes de regulación de empleo, tapan con frecuencia la crisis financiera, que incluso la olvidan aquellos que han perdido parte de sus ahorros en bolsa o han visto devaluado su fondo privado de pensiones. Y es que la realidad y profundidad de esta crisis financiera se ha venido ocultando bajo los sustantivos turbulencia, tormenta, terremoto, tsunami, marejada u otros aplicados a la volatilidad e inestabilidad de las bolsas desencadenada por los impagos de las hipotecas sin garantías (subprime mortgages) en los EEUU; unos sustantivos que no resultan inocuos ni inocentes sino que nos trasladan la idea soterrada de la imposibilidad de su control y, por tanto, de cualquier responsabilidad política en su gestación, como si  de un fenómeno de la naturaleza se tratara.

De ahí que las medidas gubernamentales europeas de reactivación económica comenzaran con ayudas a la banca que tenían como finalidad primordial impedir el colapso del sistema; y que ningún gobierno  haya adoptado todavía medidas que se enfrenten al dominio de los mercados financieros sobre la economía real.

LA OPACIDAD DE LOS PARAÍSOS FISCALES,  CAUSA DE LA CRISIS FINANCIERA

Ya en Agosto 2007, tras el colapso de los títulos respaldados por las hipotecas subprimes, como una de las causas de la crisis financiera y económica surgía la utilización de la opacidad de los centros offshore, con la quiebra de los dos hedge funds propiedad del banco Bear Stearns, rescatado luego en Marzo 2008 por Wall Street. Esos dos fondos del entonces quinto banco de inversiones del mundo, que estaban registrados en las Caimán, eran simplemente dos “letterbox companies”, dos compañías materializadas por un simple buzón de correos; y a estos fondos de alto riesgo se les concedían préstamos apalancados, es decir, con un endeudamiento superior a su capital, para que especularan con valores respaldados por hipotecas de alto riesgo.

Y el pasado Abril, la Comisión del Tesoro del Parlamento británico abría una encuesta sobre el papel de los centros offshore, los llamados paraísos fiscales, en la actual crisis de los mercados financieros globales. Exactamente diez años después de aquellas investigaciones sobre la regulación financiera de los centros offshore, promovidas por el primer gobierno Blair y de cual era  entonces Ministro de Hacienda George Brown, el actual primer ministro, cuyas conclusiones fue incapaz de aplicar ese mismo gobierno.

Para Julio, la investigación parlamentaria había recogido las aportaciones de 27 entidades, entre ellas Tax Justice Network, pero la mayoría eran de representantes de los intereses de los paraísos fiscales offshore.  Del lado del negocio offshore, la posición está resumida por la agencia Jersey Finance Limited  al sostener que “no hay ninguna prueba teórica o práctica que sugiera que los centros offshore amenazan la estabilidad financiera. Jersey cumple o excede todos los estándares internacionales pertinentes para la estabilidad y la transparencia esperadas por los principales centros financieros del mundo”   Muy al contrario, los informes de Universidades, ONGs y asociaciones (una parte importante del volumen digital de 626 páginas disponibles en Internet) destacan los procedimientos y mecanismos opacos bancarios en los centros offshore.

En primer lugar, las sociedades y fundaciones registradas en los centros financieros para no residentes conocidos como paraísos fiscales, se utilizan fácilmente para desvincular la propiedad de los instrumentos financieros offshore de sus entidades matrices en el país de origen, situando activos financieros fuera de su contabilidad y obteniendo calificaciones del crédito más elevadas. Es la principal conclusión del estudio presentado por los profesores Palan y Nesvetailova de la Universidad de Birmingham, que ilustran con el estudio de la quiebra del banco británico Northern Rock, nacionalizado por el gobierno con su entidad Granite domiciliada en Jersey de tal manera que nadie sabía con seguridad si Northern Rock tenía que asumir la responsabilidad de los 50,000 millones de libras en deudas de esta “filial” porque legalmente era un ente independiente.

En segundo lugar, aseguran que esta opacidad del negocio offshore genera un problema de proporciones sistémicas, dado que esa relación tan particular se repite en miles y miles de los llamados “conduits” (conductos) o SPVs (instrumentos con fines específicos), una diversidad de entidades instrumentales establecidas en centros financieros extraterritoriales que han permitido realizar operaciones bancarias y financieras segregadas de la contabilidad oficial y, por tanto, no sometidas al control de ninguna autoridad. Es el denominado “sistema bancario en la sombra” (the Shadow Banking System) que identifica todo un sector bancario subalterno de la gran banca, surgido de la desregulación, que abarca una variedad de operadores, instituciones e instrumentos todos ellos opacos, como los hedge funds o fondos especulativos de alto riesgo, que se han desarrollado a lo largo de la última década en el sistema financiero internacional con apoyo en los paraísos fiscales. Precisamente a esta banca oculta y descontrolada hacía una amplia referencia en Julio 2008 el representante de la Asociación Española de Banca, en un Encuentro organizado por Caja Madrid bajo el título “Crisis Subprime: Externa y Extraña al Sistema Bancario Español”, para negar que la crisis subprime hubiera afectado a los bancos españoles, aunque por supuesto ni se mencionó ni se negó que la banca española hiciera uso de filiales y sociedad registradas en paraísos fiscales donde no tiene actividad bancaria, como es notorio.

EL DEBATE SE REAVIVA  EN EUROPA

Desde luego la crisis financiera ha reavivado el asunto de los paraísos fiscales en Europa. El pasado octubre ante el Parlamento europeo en Estrasburgo, el presidente semestral de la Unión, Nicolás Sarkozy decía que contaba “con el apoyo de Luxemburgo para que la arquitectura financiera sea profundamente reconsiderada en el exterior y en el interior de nuestro continente”, invitando al Gran Ducado, conocido por su secretismo, a dar ejemplo en materia de reforma del sistema financiero y de transparencia. Sin embargo, Luxemburgo como pilar  básico del poder fáctico del “offshore” en la UE no parece estar por la labor. Para empezar, no acudió a la reunión  de ministros y representantes de 18 países de la OCDE en Paris el 21 de octubre, convocada por Francia y Alemania para debatir el problema de los paraísos fiscales; como tampoco acudieron Austria, Suiza ni los EEUU u otros relevantes miembros. Aunque los asistentes produjeron un comunicado conjunto afirmando que todos ellos “favorecen la acción contra las jurisdicciones cuyo marco legal y administrativo facilita el fraude y la evasión fiscal”

Ciertamente, para salvar la cara ante los electores,  algunos líderes europeos pretenden reactivar el proyecto de la OCDE contra los paraísos fiscales, un proyecto que estaba muerto y olvidado hace años. Y al mismo tiempo pretenden ignorar que, además de Luxemburgo, también Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Jersey o la isla de Man están profundamente insertados en la estructura jurídica y financiera de la UE aunque no sean miembros de pleno derecho, con las consecuencias que hemos analizado en nuestro libro La Europa opaca de las finanzas (Icaria, 2008) Dicho de otro modo, los gobiernos europeos de derecha e izquierda no solamente toleran las filiales y las sociedades offshore, como en el caso de los bancos y cajas de ahorro españolas, sino que las medidas para rescatar a los bancos están actualmente financiando mecanismos bancarios que  defraudan las Haciendas nacionales, además de amparar vías para el blanqueo de dinero sucio y para las grandes operaciones financieras transnacionales sin transparencia.

LA FALACIA DE LA REGULACIÓN FINANCIERA

Un ejemplo de la política oficial dominante ha sido la confusión que alimentó la frase  tan mediática de Sarkozy de “refundar el capitalismo” (transformada luego en “reforma del sistema financiero internacional”) sobre el alcance de la cumbre del 15 de Noviembre en Washington. Pese al lenguaje poco inteligible para muchos ciudadanos, la declaración final se resume en tres enunciados como son la regulación de los mercados financieros; la supervisión y la transparencia financieras; que implicarían la total desaparición del negocio offshore y de la banca en la sombra. Pero esos enunciados de Washington que siguen vírgenes ya estaban en el olvidado programa de la presidencia francesa para la UE en este semestre: “Las turbulencias actuales, que comenzaron en el verano de 2007, – decía el documento francés de julio pasado  – han puesto de relieve la imperiosa necesidad de reforzar la estabilidad y la transparencia del sistema financiero y corregir sus disfuncionamientos (…), y  la instauración de una supervisión adecuada de los grupos financieros transeuropeos”

Y la reunión informal del Consejo europeo, previa a la de Washington, aprobó un primer principio diciendo que “ninguna institución financiera, ningún segmento del mercado, ninguna jurisdicción debe escapar a una regulación proporcionada y apropiada o, al menos, a la vigilancia”  Lo de “jurisdicción” aludía a los paraísos fiscales que no quedaban mencionados por escrito; aunque tanto Sarkozy como luego Zapatero proclamaran su disposición a combatirlos. Pero tampoco se les menciona en la declaración de Washington, a los que se alude entre las medidas a medio plazo que han de “proteger el sistema financiero global de las jurisdicciones con falta de cooperación y la falta de transparencia que plantean riesgos o actividades financieras ilícitas”. Son muestras de mera retórica que oculta la ausencia de voluntad política para acabar con la desregulación financiera y el subproducto de los paraísos fiscales.

Porque las referencias en el documento de Washington al compromiso de mejorar la supervisión financiera  tampoco cuestionan los presupuestos de un sistema globalizado, que permite que el impago de una hipoteca en Michigan haya significado la pérdida de los ahorros de un pequeño comerciante gallego. Porque no se trata únicamente de la laxitud del supervisor estadounidense que no controló los activos financieros ligados a las hipotecas sin garantías sino de reconsiderar la globalización financiera que, al desmantelar los controles bancarios de los Estados durante la década de los noventa, ha generalizado la libre movilidad internacional del capital como principio organizativo. Y la UE es  el caso extremo porque frente a las operaciones financieras transnacionales, la supervisión bancaria y de las bolsas solamente existe en cada país; y a los Estados miembros se les prohíbe introducir cualquier restricción en los movimientos de fondos extracomunitarios.  Por tanto, la Unión tendría que  empezar por replantearse su autodefinición como ”espacio financiero “ sin fronteras para el capital y sin supervisor para operaciones bancarias extracomunitarias.

LOS RESCATES BANCARIOS MANTIENEN LAS REDES OFFSHORE

Hasta la fecha ninguna medida gubernamental anticrisis ha cuestionado el funcionamiento actual del crédito bancario y de los mercados financieros. El rescate de bancos y entidades inyectándoles dinero público, prestándoles la garantía del Estado o nacionalizándolos, sea en los EEUU o en la UE, pretende ser solo un remedio de emergencia para evitar el colapso de un sistema que carece del control de los Estados; pero que socializa las pérdidas aunque no haya servido para desbloquear la paralización del mercado interbancario del crédito o para reactivar la economía real.

Más aún, todos los casos conocidos de bancos recatados de alguna manera con dinero publico tienen filiales en paraísos fiscales. Además de los bancos mencionados Bear Stearns y Northern Rock, el banco alemán IKB tenia una filial en el Estado de Delaware, paraíso fiscal que no figura en la lista de la OCDE y otra filial en la Isla de Jersey; y  de modo similar el West LB, el Sachsen LB, el Hypo Real Estate; el ING holandés; el franco belga Dexia o el conglomerado asegurador AIG de los EEUU y demás casos documentados en www.laeuropacadelasfinanzas.como y asimismo en www.redjusticiafiscal.org

Pero lo más significativo de esta política compartida en la UE es que los gobiernos mantienen las redes offshore de los bancos rescatados con dinero público sin exigirles que desmantelen unas filiales en paraísos fiscales destinadas a la evasión y al fraude fiscal, aparte de que violan el cacareado principio regulador de la competencia leal entre los operadores del mercado. Veamos, si no, brevemente tres casos relatados en los sitios webs referenciados, y que denuncian las políticas gubernamentales que pretenden superar la crisis sin abandonar el paradigma del casino financiero donde ningún jugador conoce las bazas del contrario:

1 ) El pasado 13 de Octubre el Royal Bank of Scotland (RBS) fue incluido en la operación de rescate de la City por el gobierno laborista de Gordon Brown, que asumió parte de su recapitalización en forma de adquisición de acciones preferentes (sin derecho a voto) Y por su relevancia institucional, una investigación del periódico escocés Sunday Herald revelaba que tras la nacionalización “el RBS Group, una de las llamadas `joyas` de la economía de Escocia, tiene sociedades de cartera beneficiarias con al menos 128 sociedades registradas en paraísos fiscales, según su informe anual; incluidas en esos holdings están 62 sociedades de las isla Caimán, 29 en Jersey, 11 en Guernesey, 7 en las islas Vírgenes Británicas y 4 en las Bahamas”   Y además de subrayar la vinculación de la crisis financiera con los paraísos fiscales,  denunciaba que “ aunque ha tomado una cuota accionarial importante en los principales bancos, el Reino Unido no ha cuestionado la utilización de los paraísos fiscales offshore que han jugado un papel tan importante en la turbo-alimentación de la burbuja crediticia”  y que “ la red de operaciones bancarias offshore que han hecho perder millones de contribuyentes, si no miles de millones de ingresos tremendamente necesarios, está aún en activo, ahora financiada por el contribuyente británico” añadiendo: “Sí; estamos pagando a los bancos para que dejen de pagar impuestos  en el Reino Unido”

2) El banco belga-holandés FORTIS, número veinte del mundo en 2007, es un ejemplo típico, además, de la ignorancia con que se gestan los rescates por los gobiernos europeos ante la crisis bancaria junto con la impotencia comunitaria. Tras una primera inyección financiera, cinco días más tarde se adoptaba un nuevo acuerdo de rescate consistente en el reparto de la propiedad del banco entre Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el banco francés BNP Paribas que se quedaba con otra parte.

Pero en este como en otros casos no se ha perturbado a la llamada banca privada o de gestión de grandes fortunas que es una de las actividades bancarias florecientes en Europa. En Septiembre de 2008 cerca de doscientas compañías integraban la organización bancaria y de seguros de Fortis, según una de sus numerosas webs. Como organización global, casi todas bajo la denominación de Fortis Bank o Fortis Investment domiciliadas en diversos países, que además de Luxemburgo, incluyen Suiza, la Isla de Man, Mónaco, Curaçao (Antillas holandesas) y Guernesey, paraísos fiscales notorios por su secretismo. Más aún,  el periódico holandés Volskrant (7/10/2008) comentaba los dossieres acumulados por el Ministro de Finanzas con la adquisición de Fortis Bank Netherland  y ABN Amro Bank Netherland , propiedad de Fortis, que registran cuentas de dinero negro de holandeses en la filiales de ABN Amro en Suiza y Luxemburgo.

3 ) Finalmente, el Fondo de adquisición de activos financieros constituye otro ejemplo de cómo se ayuda a la banca sin exigirle transparencia y lealtad a las normas  legales que garantizan el mercado. El Gobierno español ha recurrido a transferir dinero público a la banca, comprándole sus activos financieros, confiando en que sea el mercado quien reactive con créditos una economía en recesión, victima del dominio de las finanzas y de la especulación inmobiliaria, porque en la pasada década España se quedó sin banca pública que fue privatizada.

Y en la primera subasta del pasado 20 de Noviembre se repartieron 2,115 millones de euros entre los bancos y cajas de ahorro no identificados públicamente que vendieron instrumentos financieros como cédulas hipotecarias y bonos de titulización que tenían su poder. Y gracias a la prensa sabemos que el Banco de Sabadell recibió 150 millones de euros por la venta al gobierno de un buen lote de sus activos financieros, que pudieran provenir de las 56 sociedades del Grupo Banco Sabadell que, según su Memoria de 2007, incluye 11 bancos y sociedades domiciliadas en paraísos fiscales de la lista de la OCDE como Andorra (4), las Bahamas (1), Mónaco (1), Las Caimán (2) y también en Luxemburgo (3) El más popular dentro de este Grupo quizás sea el BancSabadell de Andorra que ofrece servicios a sus clientes para la gestión de grandes fortunas, además de una selección de fondos internacionales de inversión, como informa su web oficial.

Por tanto, como la mayoría de estas entidades financieras del complejo grupo bancario emiten valores bajo la marca Banco Sabadell, surgen serias dudas de que el gobierno español haya comprado activos financieros del Banco Sabadell de Andorra, Sabadell d´Andorra Borsa,  Sabadell d´Andorra Inversiones Sociedad Gestora, S.A, Banco Atlántico Bahamas Bank & Trust Ltd, Sabadell International Capital de las Caimán u otros registrados en notorios paraísos fiscales.

En resumen, podemos afirmar que los actuales rescates bancarios europeos ofrecen dos conclusiones.

La primera, ya demostrada aquí, es que esos planes gubernamentales no han intentado siquiera la modificación de la operativa financiera  que utiliza “el sistema bancario en la sombra” para centrifugar riesgos apoyado en los paraísos fiscales y permitiendo el funcionamiento opaco de bancos y hedge funds. Más aún, las inyecciones financieras, las nacionalizaciones y los rescates bancarios conocidos han mantenido sus filiales en Jersey u otros centros offshore, a través de las cuales operan con ignorancia de las autoridades supervisoras nacionales e incluso de sus propietarios, a veces. Y todas las declaraciones gubernamentales contra los paraísos fiscales se ven desmentidas por los hechos.

La segunda es que la intervención de los gobiernos europeos y los planes de avales estatales para el endeudamiento bancario no han logrado restablecer la confianza en el funcionamiento del sistema bancario, que era su propósito político declarado. La libertad de movimientos extracomunitarios de fondos y valores en mercados globalizados ha permitido la penetración en la Unión de los valores llamados ahora tóxicos, devaluados, que contaminan y generan desconfianza entre los bancos y entidades por la imposibilidad de conocer la realidad de su solvencia. Porque fuentes bien informadas aseguran que solamente se han contabilizado un tercio del total de pérdidas contables (writedowns)  ligadas a las hipotecas subprimes quedando aún el resto por amortizar en las carteras de los bancos (Eric Daniels, el primer ejecutivo del banco británico Lloyds TSB en el Financial Times, 2/12/2008)

De ahí que los gobiernos hayan optado en los últimos meses por hacer pública una garantía global sobre el sistema bancario sin introducir medidas correctoras que garanticen la fluidez del crédito a empresas productivas y particulares. Lo que significa el reestablecimiento de un principio básico de las finanzas globales como es el llamado riesgo moral o inducido que permite que la gran banca asuma riesgos desmesurados en el bien entendido que el dinero público estará siempre disponible para su salvación. Es el significado del reciente rescate del Citigroup tras  el “error” de haber permitido la quiebra de Lehman Brothers.

Por tanto, algunos pensamos que la superación de la crisis financiera pasa necesariamente por el desmontaje de ese sistema bancario paralelo y opaco para mercados financieros globales y desregulados, que incluye la desaparición del negocio offshore. Lo que significaría la recuperación del control de la situación por parte de las autoridades estatales y la introducción de regulaciones que pongan orden en los mercados del dinero y permitan a los gobiernos un control real de sus políticas económicas.-

Durante los años en que el capitalismo neoliberal estuvo en auge se transmitió la idea de que el concepto de “clase social” había perdido ya su significado político y, por lo tanto, su capacidad de movilización social y de reglamentación jurídica. Este argumento se basaba en la pérdida de la centralidad social que el trabajo y los derechos a él asociados habían tenido en la anterior fase del capitalismo productivo como medio de estructuración social. Esto condujo, por una parte, a un proceso de fragmentación, desarticulación y pérdida de la conciencia ideo- lógica de la clase trabajadora y, por otra, a la ruptura del sistema institucional de las relaciones sociales de producción.

NADA MÁS lejos de la realidad. La actual crisis del capitalismo financiero está desmintiendo todos estos argumentos. El proceso de la globalización del capitalismo neoliberal que hemos vivido en las tres últimas décadas, lejos de consolidar una pretendida “sociedad de propietarios libres”, ha ido incrementando hasta límites insoportables la desigualdad social, el empobrecimiento económico, social y cultural, la precariedad laboral, la reducción salarial, los despidos masivos y, en definitiva, el descontento social y la insatisfacción económica de las clases bajas, pero también y cada vez en mayor medida de las clases medias asalariadas.
En este contexto y a pesar o, incluso, en contra de las medidas adoptadas por los gobiernos europeos para paliar los efectos de la crisis, esta puede desencadenar una importante ola de conflictividad social que encuentra un caldo de cultivo apropiado, más allá de las tradicionales reivindicaciones sindicales, en los olvidados o los perdedores de la globalización económica y financiera que, aunque tengan un carácter difuso, son muchos frente a las élites ganadoras.

Lo estamos viendo ya en las movilizaciones sociales, las protestas, las huelgas o las revueltas antisistema que se están produciendo en algunos países europeos (y que previsiblemente se extenderán a otros durante los próximos meses) como Grecia, con fuertes disturbios sociales de carácter libertario; Francia, que ha vivido la primera huelga general de los asalariados y parados frente la crisis global del capitalismo; Gran Bretaña, aunque en este caso con un peligroso sesgo de “nacionalismo económico” que se traduce en rechazo a los trabajadores de otros países de la Unión Europea, o los antiguos países del Este, como Bulgaria, Hungría, Letonia y Lituania, donde ha habido fuertes protestas contra la situación social y económica que sufren sus habitantes, protestas que pueden amenazar la estabilidad política de sus gobiernos.

Los ciudadanos de clases bajas y medias, profesionales asalariados, de los países europeos llevan varios años sometidos a diferentes procesos de exclusión social. No es de extrañar que, ahora, con la explosión de la crisis en todas sus dimensiones y con la ola despidos masivos, sientan la necesidad de expresar su malestar por los agravios a los que se ven sometidos en un contexto que frustra cada vez más sus expectativas. Se empieza hablar, incluso, del renacer de la “lucha de clases”.

ASISTIMOS a una mezcla de insatisfacción y temor ante una perspectiva social, laboral, económica, energética y climática cada vez más insegura, y de frustración de las legítimas ambiciones de ascenso social de la población. Esta mezcla no solo se manifiesta en un nuevo tipo de conflictividad social difusa en manos de nuevos movimientos sociales y obreros de base libertaria –junto con los sindicatos clásicos y partidos de izquierda o extrema izquierda que están resurgiendo en algunos países–, sino también en un nuevo tipo de regresión identitaria que pueden ser más fuerte que la vivida en los últimos años o, incluso, en otro tipo de regresiones sociales como el nacionalismo polí- tico y económico o la xenofobia institucional.

El riesgo último está en el peligro de ruptura de la cohesión social y de los vínculos de la integración de consecuencias hasta ahora imprevisibles. Por ello, la solución no está únicamente en más regulación, ni siquiera en preservar los logros de un Estado del bienestar que solo existe en algunos países europeos, sino también en buscar alternativas, en reformas profundas del actual modelo económico y social.

NO SE TRATA tampoco de que el Estado acuda al rescate, como defiende el liberalismo, lo cual no supone ningún triunfo de la tesis socialdemócrata, como dicen algunos, ya que a lo largo de la historia siempre el Estado ha respaldado y rescatado, cuando ha sido preciso, al sistema económico: no en balde fue el liberalismo eco- nómico y político el que fundó el Estado moderno como un “Estado de propietarios libres”, tal y como lo teorizó John Locke.
El retorno de la conflictividad social en los países europeos puede ayudar a constatar una realidad que es preciso cambiar. Ahora que agoniza el neoliberalismo, tenemos el deber ético de transformar el sistema que nos ha conducido al colapso actual.-

Nota de la Santa Sede sobre un nuevo sistema financiero mundial
Ante la próxima conferencia de las Naciones Unidas de Doha

CIUDAD DEL VATICANO, lunes 24 de noviembre de 2008 (ZENIT.org).- Ofrecemos a continuación la traducción al español de la Nota de la Santa Sede sobre finanzas y desarrollo, en la vigilia de la Conferencia promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Doha, elaborada por el Consejo Pontificio “Justicia y Paz” y aprobada por la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

* * *

Un nuevo pacto para refundar el sistema financiero internacional

La presente Nota, elaborada por el Consejo Pontificio “Justicia y Paz”, aprobada por la Secretaría de Estado, quiere ofrecer algunos puntos de reflexión sobre la actual crisis financiera mundial y sobre sus repercusiones en la financiación al desarrollo. La Santa Sede es consciente de que muchas de las cuestiones aquí señaladas son susceptibles de ser afrontadas por medios técnicos muy diversos. El documento, por tanto, quiere sobre todo promover y animar a los Gobiernos y al resto de agentes económicos a buscar soluciones duraderas y solidarias.

Financiación y Desarrollo. Importancia de la Conferencia

1. La próxima conferencia internacional sobre “Financing for Development to review the Implementation of the Monterrey Consensus”, que tendrá lugar en Doha del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2008, representa el punto de llegada de un proceso de revisión, promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la participación de la sociedad civil, de los contenidos y de la actualización del Documento sobre Financiación al Desarrollo, aprobado en 2002 en Monterrey -el llamado “Monterrey Consensus”. Aquel documento incluía seis capítulos sobre las grandes cuestiones esenciales para financiar el desarrollo: la movilización de los recursos internos; los flujos de capitales privados; el comercio internacional; la cuestión de la deuda externa; y última pero no menos importante, la cuestión sistémica sobre los modos de dar fuerza y coherencia al sistema monetario, financiero y comercial global en apoyo del desarrollo.

Según los procedimientos de las Naciones Unidas, los trabajos de revisión han llevado, durante los primeros años del 2008, a la redacción del esbozo de un nuevo documento (el “Doha Draft Outcome Document”), que ha sido poco a poco discutido y enmendado, con el objetivo de poder concluir la Conferencia de Doha con un texto que recoja el consenso de todos los participantes.

A este laborioso proceso negociador se ha superpuesto, en los últimos meses, la precipitación de la crisis financiera global que se ha originado en el mercado de las hipotecas “subprime” en Estados Unidos. A pesar de su larga gestación, a principios de septiembre la crisis se ha extendido hasta afectar a otros sectores del sistema financiero y a poner en dificultad un número creciente de países, cuya situación financiera, en ausencia del choque externo, no parecía presentar problemas de sostenibilidad.

A la subida de los precios agrícolas y energéticos que tuvo lugar en los primeros meses del 2008, por tanto, se ha añadido una crisis financiera en ciertos aspectos dramática, con consecuencias muy negativas: sobre todo, el tema de la financiación al desarrollo corre el riesgo de ser puesto en segundo lugar.

2. En esta situación, resulta indispensable que los Gobiernos y las instituciones financieras actúen para contrastar la ulterior difusión de la crisis financiera actual: de hecho, muchos países han introducido decisiones radicalmente opuestas a la tendencia, preferida hasta un pasado reciente, de confiar el funcionamiento del mercado financiero a su capacidad de autorregulación. Sustancialmente, los Gobiernos de los países afectados por al crisis han adoptado una variedad de disposiciones que comportan un retorno masivo del sector público en los mismos mercados financieros que, en las últimas décadas, habían sido desregularizados, privatizados y liberalizados.

Dado que una acción política de este género tiene mayores probabilidades de éxito si los países no proceden de forma dispersa, sino que se coordinan sus iniciativas, para el 15 de noviembre se convocó una cumbre de urgencia de los grandes países, el llamado G-20, con la participación de significativos países emergentes. Desde el momento en que el G-20 ha tenido lugar dos semanas antes de la Conferencia de Doha promovida por las Naciones Unidas, los muchísimos países que no han participado en la cumbre temen, no sin cierta razón, que el primer acontecimiento, que ha implicado solo a un número restringido de países, pero que ha atraído la atención de la opinión pública internacional, prive de impacto político a la Conferencia de Doha.

Hay por tanto dos grandes citas mundiales, muy cercanas, con un objeto similar -las finanzas y su crisis, las finanzas y el desarrollo-, aunque caracterizadas por significados políticos y funciones muy distintas. Ambos encuentros tienen importancia.

El deseo de todos es que con todo los países que se han reunido en Washington el 15 de noviembre tengan en debida cuenta la Conferencia de Doha y favorezcan su éxito. Esta tiene, de hecho, no solo el objetivo de llegar a un consenso formal intergubernamental sobre los seis grandes temas ya presentes en el “Monterrey Consensus”, sino también el de madurar progresivamente un sentimiento común, una valoración compartida sobre aquellas que se identifican como cuestiones emergentes en materia de financiación al desarrollo.

Si es indispensable hacer frente, también en el plano político, a las emergencias financieras que se presentan, es también importante mirar con atención al cuadro en su conjunto y a las conexiones entre los problemas, no sólo desde el punto de vista de los países económicamente importantes, sino dentro de una perspectiva tendencialmente global. No siempre lo más urgente es también lo más importante. Al contrario, reordenar las prioridades es más necesario en cuanto la situación se ha hecho difícil.

No hay duda de que se ha llegado a la emergencia financiera de hoy tras un largo periodo en el cual, presionados por el objetivo inmediato de perseguir resultados en breve, se han dejado de lado las dimensiones propias de las finanzas: su “verdadera” naturaleza, en efecto, consiste en favorecer el empleo de los recursos ahorrados allí donde favorecen la economía real, el bienestar, el desarrollo de todo hombre y de todos los hombres (Pablo VI, “Populorum progressio”, 14). La Conferencia de Doha es por tanto una ocasión que la comunidad internacional no debe perder para volver a poner en el centro cuestiones de fondo importantísimas para el bien común de la humanidad: la financiación al desarrollo es una de estas.

Las grandes cuestiones abordadas por el ” borrador de documento (Draft Document)

3. En referencia al “Draft Document”, parece oportuno considerarlo teniendo en cuenta las dos caras de la crisis financiera actual, es decir, la emergencia que se ha originado en los mercados por una parte, y la situación de crónica inadecuación de los recursos destinados a apoyar el desarrollo por otro: ambas ponen de manifiesto una ineludible cuestión moral.

En un momento de crisis, como el actual, es apropiado hacerse preguntas que, cuando las cosas van bien, habrían sido dejadas de lado u obviadas. ¿Cómo se ha llegado a esta desastrosa situación, tras un decenio en que se han multiplicado los discursos sobre la ética de los negocios y de la finanza, y en el que se ha difundido la adopción de códigos éticos? ¿Cómo no se ha dado suficiente peso a la verificación de episodios que deberían haber hecho reflexionar?

La respuesta a estas preguntas no puede no poner en evidencia que la dimensión ética de la economía y la finanza no es algo accesorio, sino esencial y debe ser constantemente tenido en consideración e incidir realmente si se quieren llevar a cabo dinámicas económicas y financieras correctas, a largo plazo y fecundas en progreso.

En esta perspectiva, la doctrina social de la Iglesia, con la rica variedad de sus principios morales, puede y debe dar una contribución de realismo y esperanza tanto a las cuestiones que hoy se discuten, como la crisis financiera, sea a las cuestiones que, aun siendo de importancia vital para gran parte del mundo, no reciben la atención que merecen. Se trata de la necesidad de un nuevo pacto para refundar el sistema financiero internacional; de la cuestión de los centros financieros “offshore” y del nexo entre financiación al desarrollo y fiscalidad; del mercado financiero y de las normas; del papel de la sociedad civil en la financiación al desarrollo.

Un nuevo pacto financiero internacional

3. La actual crisis financiera es esencialmente una crisis de confianza. Hoy se reconocen entre las causas de la crisis tanto el excesivo uso de la “leva” financiera por parte de los operadores, sea la inadecuada consideración de los elementos de riesgo que ésta comporta. Sobre todo, se reconoce la relación entre la necesidad de que las finanzas cumplan su función “real” de puente entre el presente y el futuro, y el horizonte temporal de referencia de los operadores, sustancialmente empequeñecido en el presente. En otras palabras, la crisis financiera global ha hecho urgente la reflexión y la acción sobre el 6 punto del “Draft Document”, es decir, sobre las cuestiones de sistema.

¿Estamos ante la necesidad de una simple revisión, o de una verdadera y propia refundación del sistema de las instituciones económicas y financieras internacionales? Muchos sujetos, públicos y privados, nacionales e internacionales, piden una especie de Bretton Woods. Más allá de la expresión utilizada, la crisis ha traído indudablemente a primer plano la urgencia de encontrar nuevas formas de coordinación internacional en materia monetaria, financiera y comercial.

Hoy parece claro que la soberanía nacional es insuficiente, incluso los grandes países son conscientes del hecho de que no es posible alcanzar los objetivos nacionales contando únicamente con las políticas internas: acuerdos, reglas e instituciones internacionales son absolutamente necesarias. Es necesario evitar que se comience la cadena del proteccionismo recíproco; más bien se deben reforzar las prácticas de cooperación en materia de transparencia y de vigilancia del sistema financiero. Es incluso posible alcanzar soluciones de “soberanía compartida”, como demuestra la historia de la integración europea, a partir de problemas concretos, dentro de una visión de paz y prosperidad, enraizada en los valores compartidos.

También en el rediseño de las políticas y las instituciones internacionales se abre por tanto una cuestión moral de gran relevancia. En particular, es importante que el incluso necesario contraste político entre los países “más ricos” no lleve a soluciones basadas en acuerdos exclusivos, sino que relanza un espacio de cooperación abierto y tendencialmente inclusivo. Este espacio es especialmente relevante en materia de financiación al desarrollo.

Los flujos financieros que conectan a los países desarrollados con los países de renta baja presentan al menos dos elementos paradójicos, el primero lo representa el hecho de que en el sistema global, son los países pobres los que financian a los países ricos, que reciben recursos procedentes sea de las fugas de capital privado, sea de las decisiones gubernamentales de arrinconar reservas financieras bajo la forma de actividades financieras “seguras” colocadas en los mercados financieramente evolucionados o en los mercados “offshore”. La segunda paradoja es que la remesas de los emigrados -es decir, de la componente menos “liberalizada” de los procesos de globalización- comportan una afluencia de recursos que, a nivel macro, superan grandemente los flujos de ayuda públcia al desarrollo. Es como decir que los pobres del Sur financian a los ricos del Norte, y los mismos pobres del Sur tienen que emigrar y trabajar en el Norte para sostener a sus familias en el Sur.

Los centros financieros “offshore”

3.b. Para llevar a cabo este nuevo pacto financiero internacional, un primer paso necesario es el de considerar atentamente el papel, oculto pero crucial, del sistema financiero “offshore” en las dos caras de la problemática financiera global antes descrita: la emergencia de la crisis global y la inadecuación de las finanzas al desarrollo.

Los mercados “offshore” han sido un nudo importante, tanto en la transmisión de la actual crisis financiera, como en haber mantenido una trama de prácticas económicas y financieras alocadas: fugas de capitales de proporciones gigantescas, flujos “legales” motivados por objetivos de evasión fiscal y canalizados también a través de la sobre o infrafacturación de los flujos comerciales internacionales, reciclaje de los procedentes de actividades ilegales. La estimación de la cantidad de riqueza detenida en los centros “offshore” son difícilmente evaluables, pero bastante impresionantes si se confirmaran las informaciones en circulación: se dice que una amplia gama de grupos e individuos detentarían aplicaciones financieras en los centros “offshore” que podrían rendir cerca de 860.000 millones de dólares al año, y que corresponderían a una falta de entrada fiscal de casi 255.000 millones de dólares: más de tres veces el monto entero de la ayuda pública al desarrollo por parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OSCE).

Dado que la financiación pública al desarrollo sólo puede proceder de las detracciones fiscales, esto se convierte como mínimo en crítico en la época de la globalización. De hecho, los procesos de globalización han cambiado el tipo de composición de la tasación, no sólo de directo a indirecto (con la probable consecuencia de una menor “progresividad” d ellos impuestos, es decir, de una menor capacidad de pesar porcentualmente más sobre aquellos que disponen de rentas más elevadas), sino sobre todo han comportado una traslación de la tasación del capital a la tasación del trabajo.

Se erosiona la detracción fiscal sobre las actividades empresariales más grandes y más móviles en el campo internacional, o que pueden fácilmente recurrir a los centros “offshore”. Se tasan en cambio mayormente los factores productivos menos “móviles” y que difícilmente pueden escapar al gravamen fiscal, es decir, a los trabajadores y las pequeñas empresas.

Estos puntos son políticamente muy complejos. Afrontarlos significa incidir directamente en la esfera de la soberanía fiscal nacional. El “Draft Document” habla de ello y, en el punto 10, propone reforzar la cooperación internacional en materia fiscal, sobre todo en vista de una drástica redimensión de las prácticas financieras “offshore”.

Reglamentación del mercado financiero

3.c. La crisis actual ha madurado en un contexto de toma de decisiones en el que el horizonte temporal de los operadores financieros era extremadamente breve y en el que la confianza -ingrediente esencial del crédito- se ponía más en los mecanismos del mercado que en las relaciones entre socios. No por casualidad, la confianza ha descendido en el intercambio que era “seguro” por antonomasia, es decir, las transacciones interbancarias; pero sin esta confianza se bloquea todo, incluida la posibilidad del normal funcionamiento de las empresas productivas. Las crisis financieras y sus consecuencias tiene, de hecho, como componente la expectativa de que el clima financiero empeore. Todo esto induce a los operadores a comportarse de forma que hace más probable el efectivo empeoramiento de la situación con un previsible efecto acumulativo. Con la crisis, ha caído la confianza fideísta puesta en el mercado, entendido como mecanismo capaz de autorregularse y de generar desarrollo para todos.

La situación actual es de emergencia, porque se ha evitado afrontar algunas cuestiones importantes: la trazabilidad de los movimientos financieros, el rendir cuentas adecuadamente de las operaciones en los nuevos instrumentos financieros, la cuidadosa valoración del riesgo. Muchas autoridades, especialmente en los países financieramente más evolucionados, han pospuesto elecciones puntuales, movidos por los beneficios económicos que derivan de hospedar una fuerte industria financiera, beneficios que duran lo que dura la fase de euforia financiera.

Las mismas instituciones financieras internacionales no están dotadas del mandato y de los instrumentos necesarios para afrontar con decisión estas cuestiones. En general se pensaba que el mercado bastaba para dar precio justo al riesgo.

Los mercados financieros no pueden operar sin confianza; y sin transparencia y sin reglas no puede haber confianza. El buen funcionamiento del mercado requiere por tanto un importante papel del Estado y, donde es apropiado, de la comunidad internacional para fijar y hacer respetar reglas de transparencia y de prudencia. Debe recordarse, sin embargo, que ninguna intervención de regulación puede “garantizar” su eficacia prescindiendo de la conciencia moral bien formada y de la responsabilidad cotidiana de los operadores del mercado, especialmente d ellos empresarios y de los grandes operadores financieros.

Las reglas de hoy, diseñadas sobre la experiencia de ayer, no necesariamente preservan de los riesgos del mañana, Así, aunque existan buenas estructuras y buenas reglas que ayuden, es necesario recordar que por sí solas no bastan. El hombre nunca puede ser cambiado o redimido sencillamente desde el exterior.

Es necesario llegar al ser moral más profundo de las personas, es necesaria una educación real en el ejercicio de la responsabilidad hacia el bien de todos, de parte de todos los sujetos, a todos los niveles: operadores financieros, familias, empresas, instituciones financieras, autoridades públicas, sociedad civil.

Esta educación a la responsabilidad puede encontrar un fundamento sólido en algunos principios indicados por la doctrina social, que son patrimonio de todos y base de toda la vida social: el bien común universal, el destino universal de los bienes, la prioridad del trabajo sobre el capital.

En el fondo, la crisis financiera es e resultado de una praxis cotidiana que tenía como punto de referencia la absoluta “prioridad del capital” respecto al trabajo -incluso del trabajo, alienado, de los mismos operadores financieros (horas de trabajo larguísimas y estresantes, horizonte temporal cortísimo de referencia para las decisiones). Es también el resultado de una praxis errónea por la que se presta con más facilidad a quien “es demasiado grande para fallar” que a quien asume el riesgo de crear ocasiones reales de desarrollo.

Papel de la sociedad civil en la financiación al desarrollo

3.d. La financiación al desarrollo requiere poner en discusión sea la ayuda pública al desarrollo, sea el papel de los demás actores: personas, empresas, organizaciones. En particular, la sociedad civil no solo lleva a cabo un importante papel activo en la cooperación al desarrollo, sino que también reviste un papel significativo en la financiación al desarrollo. Lo hace, ante todo, a través de la contribución voluntaria de persona a persona, como las remesas de los inmigrantes, o a través de formas organizativas relativamente sencillas (piénsese en la adopción a distancia). Después están los recursos para el desarrollo puestos en marcha por las empresas, en el ejercicio activo de su propia responsabilidad social; y aquellas a veces demasiados conspicuas, que proporcionan importantes Fundaciones.

También la adopción de comportamientos responsables en materia de consumo y de inversión constituye un importante recurso para el desarrollo. La difusión de estos comportamientos responsables, desde el punto de vista de los efectos materiales, puede dar la diferencia entre el funcionamiento de ciertos mercados particulares; pero su importancia reside sobre todo en el hecho que expresan una participación concreta por parte de las personas -en cuanto consumidoras, en cuanto inversoras del ahorro familiar o en cuanto decisivas para las estrategias empresariales- a la posibilidad de que los más pobres salgan de su condición de pobreza.

Crisis financiera y ayudas públicas al desarrollo

4. La preocupación por la emergencia financiera que se ha originado en los mercados maduros efectivamente puede ofuscar la necesidad de financiar el desarrollo. Es razonable pensar que la ayuda pública al desarrollo, que procede de asignaciones del presupuesto que cada país establece de año en año, sufrirá a causa de los ingentes recursos públicos necesarios para tapar la emergencia de la crisis financiera. Y esto es un mal, indiscutiblemente. Una financiación al desarrollo adecuada requiere un horizonte de largo plazo: es necesario que los recursos afluyan de modo previsible, en condiciones favorables, para financiar obras que quizás requieren mucho tiempo antes de producir beneficios a la población local.

Sin embargo, la emergencia financiera ligada al periodo breve y la “normalidad” de la financiación a largo plazo están estrechamente conectadas, en negativo, pero también en positivo: existe, y debe buscarse tenazmente, la posibilidad de contribuir a una salida sostenible de la crisis financiera, también construyendo las condiciones para que los ahorros que se generan se dediquen verdaderamente al desarrollo, es decir, a la creación de ocasiones de trabajo. Basta pensar en cuantas necesidades insatisfechas existen, especialmente en los países de renta baja: esas necesidades son la otra cara de las ocasiones de trabajo que es posible, y por tanto obligado, crear.

Para dar otros elementos que pueden sostener la razonabilidad de esta vía “real” de salida de la crisis financiera, podemos recordar que las tres crisis del 2008 -la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis financiera- están estrechamente unidas entre sí. La expectativa de precios crecientes de los productos agrícolas y energéticos (expectativa en cierto sentido fisiológica, piénsese en la mayor demanda de alimentos y carburante en países como China e India) ha producido una carrera al aprovisionamiento y a la compra de “futuros”, es decir, de promesas de entrega futura a un precio determinado. Este comportamiento a su vez ha alimentado una subida de los precios que ha atraído no solo a los futuros utilizadores de los productos primarios, sino también a los operadores financieros que, desde una óptica puramente especulativa, han apostado sobre la posibilidad de una subida ulterior de los precios.

Ahora, estos comportamientos arriesgados tienden a florecer sin control cuando en los mercados financieros existe mucha -demasiada- disponibilidad de crédito. No es casual que la crisis financiera actual, que se manifiesta sobre todo en la extrema dificultad de obtener un crédito, haya traído consigo una bajada de los precios de los productos primarios, y sobre todo del petróleo. Se entiende que, si es necesario afrontar los problemas “uno a uno”, es peligroso hacerlo sin mirar con lucidez al cuadro completo y a las conexiones entre los propios problemas. La crisis financiera probablemente “quitará” recursos a la ayuda pública al desarrollo; sin embargo, sólo destinando recursos -públicos pero también privados- al desarrollo “real” se podrá reconstruir un sisteema financiero sano, capaz de rendir de verdad, porque los recursos han sostenido realmente el trabajo y la economía.

Las actuales inversiones directas en los países pobres

5. En general, la gran parte de las inversiones extranjeras directas sigue afectando a los países avanzados, tanto como procedencia como destino, aunque en los últimos años se han observado dos fenómenos decididamente nuevos. El primero es la afirmación de inversiones extranjeras directas surgidas de los países “emergentes”, a menudo motivadas por el objetivo de reforzar la presencia de la empresa investigadora en su misma macrorregión -y por tanto, son inversiones Sur-Sur, destinadas a países de renta media y baja. El segundo tiene que ver con el crecimiento significativo de los flujos de inversión transcontinentales destinados a ciertos países de renta baja, normalmente dotados de importantes recursos mineros o energéticos; algunos de estos se efectúan de los llamados “fondos soberanos”, y por tanto presentan en doble valor de inversión económica y de importante vínculo sociopolítico.

Cómo actuar para incrementar las inversiones extranjeras directas es el objeto del segundo capítulo del “Draft Document”, que muy oportunamente subraya que es necesario considerar atentamente también los aspectos cualitativos de la inversión. Es necesaria de hecho cautela antes de interpretar los flujos de capital hacia los países como una señal inequívocamente positiva, y por tanto incrementar sencillamente la cantidad. En muchos casos, se trata efectivamente de importantes ocasiones de crecimiento económico y de desarrollo social; en otros, no es así. Hay, de hecho, inversiones que comportan la implicación y la formación de los trabajadores locales, la transferencia de tecnología, la difusión de prácticas de management responsable; pero hay también inversiones que se limitan a valorar los recursos mineros en beneficio de pocos -de la élite política o económica local- además, naturalmente, del inversor extranjero.

Cooperación financiera al desarrollo

6. A continuación de la Conferencia de Monterrey, se han dado algunos pasos adelante significativos, en la dirección indicada por el “Monterrey consensus”. En la “Action against Hunger and Poverty”, inicialmente promovida por algunos países desarrollados y países en vías de desarrollo y sucesivamente hecha propia por otros muchos Estados, se han identificado distintas posibles fuentes innovadoras de financiación: un impuesto solidario sobre las tarifas aéreas; la reducción de la evasión fiscal hecha posible por la existencia de paraísos fiscales; la movilización de las remesas de los emigrantes para el desarrollo local de los países de destino con iniciativas, por ejemplo, de microcrédito; la tasación de las transacciones en valor y /o del comercio de armas; la creación de instrumentos innovadores de préstamo como la “International Financial Facility”; la emisión por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de derechos especiales de retiro; la contribución voluntaria asociada al uso de tarjetas de crédito; la inversión financiera en “fondos éticos”; la recogida a través de loterías solidarias.

Algunas de estas propuestas se han llevado a cabo parcialmente. Es el caso del proyecto piloto de la tasa solidaria en las tarifas aéreas, ya en ejecución en algunos Estados y destinada a un fondo para la compra de fármacos contra la malaria, tuberculosis y Hiv/Aids, gestionado directamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También en el 2006, la propuesta de cear una International Financial Facility se tradujo en la activación de la Iffi (Iff for immunization) a la que se ha adherido cierto número de países. Sustancialmente, se trataba de la emisión de títulos públicos internacionales que se han colocado en los mercados financieros y que han permitido recoger recursos privados para la financiación de programas de vacunación. Los países que han emitido los títulos se hacen cargo de los recargos por intereses y para la restitución futura de los fondos recibidos, empeñándose recíprocamente en proporcionar recursos al desarrollo; este empeño es efectivamente creíble, en cuanto que su eventual disminución expondría a los países a una pérdida de reputación en los mercados financieros internacionales de los que dependen para la financiación de sus desequilibrios en las cuentas. Todas estas iniciativas tienen en común el hecho de desvincular la recogida de los recursos financieros al desarrollo mediante impuestos, de las decisiones de presupuesto público de cada país.

7. A pesar de los progresos, sin embargo, la cooperación financiera al desarrollo sigue siendo un problema. Además, muchos otros ámbitos de acción incluidos en el “Monterrey consensus” no han visto progresos; esto vale sobre todo a propósito de las cuestiones de sistema y en particular, de la coherencia de las políticas económicas internacionales. Piénsese por ejemplo en el nexo entre las políticas de ayuda al desarrollo y las políticas comerciales de los países avanzados: las diversas formas de proteccionismo manifiesto o escondido, así como als persistentes limitaciones al acceso de las exportaciones de los países pobres en los mercados de los países ricos, son un obstáculo enorme al desarrollo. Las políticas nacionales siguen siendo fuertemente incoherentes: con una mano se da y con otra se quita.

Una última pero importante cautela: es necesario estar atentos a no confundir los medios (los recursos financieros) y el fin, es decir, el desarrollo. No basta predisponer una cantidad adecuada de financiación para pensar en obtener, de forma mecánica, el desarrollo. Éste no es tanto el “resultado” que se encontrará al final, sino el camino que día a día es trazado por las elecciones concretas de múltiples actores: Gobiernos donadores y receptores, organizaciones no gubernamentales, comunidades locales. Por lo que respecta a la ayuda pública al desarrollo -el objeto principal de la Conferencia de Doha, que implicará en primer lugar a los Estados- se debe recordar que la comunidad internacional ha afrontado recientemente, en la Conferencia de Accra, la cuestión de la eficacia de la ayuda (“aid effectiveness”).

Hoy la tendencia preponderante es la de considerar el canal “de Estado a Estado”, el llamado “budget support”, como la vía más eficaz para hacer llegar los recursos a países de renta baja. Esta tendencia es vista con cierta preocupación, porque lleva consigo el riesgo de una “burocratización” de las políticas nacionales de lucha contra la pobreza y de un redimensionamiento de los recursos disponibles por las diversas formas de iniciativa social local, tanto por parte de las organizaciones de la sociedad civil, como por parte de realidades locales radicadas en el territorio como las “faith based organizations”. Si embargo, estas realidades son las verdaderas protagonistas del desarrollo entendido como recorrido que llevar a cabo día a día.

África y financiación al desarrollo

8. Una atención particular al Continente africano, en el que el mapa del desarrollo registra fuertes disparidades, es necesaria. En áfrica la situación es distinta en cada país; es más, se nota una tendencia a la polarización entre las situaciones de éxito al conseguir recursos y hacerlos fructificar, y situaciones de total marginalidad. Por ejemplo, sólo pocos países africanos atraen inversiones extranjeras directas no interesadas exclusivamente en explotar los recursos minerales o energéticos. Depende mucho de la situación interna de cada país; en los términos del “Monterrey Consensus”: por la capacidad de movilizar recursos internos y de luchar contra las fugas de capitales, evasión fiscal y corrupción.

Además, es evidente que en situaciones de conflicto armado -numerosas, por desgracia, en África- la dimensión económica del desarrollo se convierte sencillamente en improponible.

En cuanto a la condonación de la deuda externa, ha habido progresos; sin embargo, los recursos para la cancelación de la deuda raramente han sido adicionales respecto a los flujos de ayuda y esto ha comportado efectos de recomposición de los presupuestos públicos sin un incremento real de los recursos disponibles para las acciones de lucha contra la pobreza.

Dos puntos deben subrayarse oportunamente. Uno tiene que ver con las elecciones en política internacional de los Gobiernos africanos: debe apoyarse la creciente voluntad de cooperación internacional Sur-Sur, en un continente donde adquirir una cierta costumbre a la cooperación internacional podría contribuir a canalizar preventivamente los conflictos en un espacio de negociación incruento. La segunda tiene que ver con las elecciones en política interna, en materia de lucha contra la pobreza y el desarrollo: es necesario apoyar con convicción la solución subsidiaria, que valore y refuerce las formas de respuesta a las necesidades que nacen “desde dentro” de la sociedad africana, la cual posee un gran patrimonio de cultura solidaria que sabe expresarse con una extraordinaria fuerza testimonial.

La experiencia de cooperación internacional al desarrollo es hoy suficientemente amplia para permitir concluir que las políticas y los recursos “llegados de lo alto” pueden producir efectos benéficos inmediatos, pero por sí solos no proporcionan respuestas adecuadas a cómo salir, de forma sostenible, de la pobreza. Los principios de subsidiariedad y solidaridad, tan queridos a la doctrina social de la Iglesia, pueden inspirar un auténtico desarrollo en el signo de un humanismo integral y solidario.

Vaticano, 18 de noviembre de 2008

[Traducción no oficial del original italiano por Inma Álvarez. ZS08112408 - 24-11-2008]