Resumen

Los depósitos privados de no-residentes están altamente correlacionados con los depósitos procedentes de  la evasión fiscal en paraísos fiscales offshore. Como parte de nuestro trabajo de medición de los flujos financieros ilícitos – de los cuales el dinero del fraude fiscal incluido es un componente significativo – Global Financial Integrity ha desarrollado un método para medir estos depósitos privados en los centros financieros offshore por año y sobre la base de centro a centro.

1. Conclusiones.

v     El total actual de los depósitos de no-residentes en las jurisdicciones del secretismo offshore están justo por debajo de los 10 billones $ (US $ trillion).
v    Los EEUU, el Reino Unido y las Islas Caimán encabezan la lista de jurisdicciones y  al frente se colocan los EEUU con una cifra total de 2 billones $.
v    Contrariamente a las expectativas por la disposición favorable a los depósitos, Asia solamente responde de un 6 % aproximadamente del total mundial de depósitos; aunque en este Informe Hong Kong es la décima jurisdicción del secretismo por depósitos.
v    El estudio de los casos seleccionados muestra las fluctuaciones medibles en los depósitos financieros correlacionados con los eventos por los cuales estaban amenazadas las jurisdicciones del secretismo o la solvencia del conjunto del mercado. Este estudio contempla específicamente  Suiza e Islandia, que han experimentado acontecimientos significativos en la serie de años analizados.
v    La tasa de crecimiento de los depósitos en offshore de las jurisdicciones del secretismo ha aumentado a una media del 9 % por año, sobrepasando el aumento de la riqueza mundial en la última década. Esto es probable que sea el resultado de los aumentos de los flujos financieros ilícitos desde los países en desarrollo y del fraude fiscal de los residentes en los países desarrollados.

Cuadro 5. (extracto)
Depósitos de no-residentes en las diez primeras
Jurisdicciones del secretismo.
(en miliones $)

Jurisdicción                    Junio 2008              Junio 2009

1. Estados Unidos           2,549,092               2,182,790
2. Islas Caimán               1,515,102               1,549,753
3. Reino Unido                1,795,558               1,533,574
4. Luxemburgo                  587,777                  435,425
5. Alemania                         494,497                   425,643
6. Jersey                               544,082                   393,221
7. Holanda                           413,026                    315,947
8. Irlanda                             273,390                    276,409
9. Suiza                                  289,407                    273,973
10.Hong Kong                    325,140                     267,993

(Fuentes de datos: BIS, FMI y Bancos centrales)

2. Introducción del Informe.

Durante los dos últimos años, la banca offshore  ha estado sometida  un escrutinio creciente por los medios de comunicación, los legisladores y el público en todo el mundo. Durante este período, el gigante de la banca suiza UBS resultó implicado en casos judiciales, civiles y penales, altamente visibles en los EEUU al permitir a ciudadanos estadounidenses el fraude en impuestos por un importe de 20,000 millones $ en cuentas offshore. En mayo 2008, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los EEUU (GAO, en siglas  inglesas) descubrió que de las 100 mayores multinacionales de EEUU, 83 tenían filiales en paraísos fiscales. Asimismo, el informe estimaba que, en 2004, estas multinacionales pagaron un tipo impositivo efectivo de solamente del 2,3 % sobre los 700,000 millones $ de ganancias activas.

Menos de un año más tarde, en abril 2009, el G-20 anunció una campaña de “nombrar y avergonzar”, que coloca a los países en categorías basadas en la aplicación por cada país de las leyes fiscales internacionales y en la publicación de una lista de paraísos fiscales (de la OCDE). A pesar de la intensa presión para una mayor transparencia internacional, combinada con críticas verbales de los líderes mundiales y el implacable foco de los medios internacionales, son pocas las estimaciones por países sobre los depósitos extranjeros en los centros financieros extraterritoriales existentes. Esto es sorprendente dado que una estimación de estos depósitos incluiría el grueso de los fondos ilícitos en offshore, comprendidos aquellos que proceden del fraude fiscal.

Dada la falta de datos integrales sobre los depósitos en centros financieros offshore, este INFORME intenta cuantificar esos depósitos de entidades privadas desglosados país por país. Luego, se examinan los cambios en esos depósitos en su contexto económico e histórico. Como no existen fuentes que nos proporcionen datos integrales sobre los depósitos privados de no-residentes, nuestro análisis utiliza una variedad de medidas representativas para estimar esas cifras por jurisdicción. Estos resultados se analizan en niveles individuales, regionales y globales.

El análisis se divide en tres secciones. En la primera estimamos los depósitos por país de los depósitos de no-residentes en cada año, utilizando una medición integral basada en una fuente primaria y en tres fuentes suplementarias. En la segunda estimamos los depósitos privados de no residentes por trimestres con un conjunto de datos limitados a una fuente. Asimismo, exponemos el seguimiento del crecimiento del mercado de offshore con una serie de datos de un período de 23 años, examinando los mayores receptores de depósitos privados extranjeros y analizamos la distribución regional de los mismos.  Finalmente, presentamos los dos casos estudiados de   Suiza e Islandia, en el contexto de la expansión del mercado offshore, la crisis financiera de 2008 y varios eventos económicos significativos y singulares para estos países.

El documento revela que los depósitos privados de no-residentes en las jurisdicciones del secretismo han ido creciendo claramente desde que iniciamos la recopilación de datos significativos en los años noventa, con un total que actualmente se sitúa justo bajo los 10 billones (trillion) de dólares estadounidenses. A lo largo de ese período, estos depósitos aumentaron a una tasa compuesta anual del 11,4 % en términos nominales y del 9 % en términos reales (ajustados a la inflación según el índice de precios al consumo de los EEUU). Incluso en la tasa ajustada, esta expansión  ha superado significativamente el crecimiento de la riqueza mundial, que durante ese período creció a una tasa compuesta del 5,3 % en términos reales. Este hallazgo quizás sea una prueba más del crecimiento de los flujos financieros ilícitos en los países desarrollados así como del fraude fiscal. Asimismo implicaría que el mercado offshore se está convirtiendo en un destino cada vez más popular para los activos de los ricos del mundo. Las tres jurisdicciones que tienen los mayores importes de depósitos de no residentes son los EEUU, el Reino Unido y las Islas Caimán, cada uno de los cuales dispone de más de un billón y medio de dólares (US $ 1.5 trillion) en depósitos privados extranjeros. Los EEUU es el mayor tenedor con más de 2 billones $.

Traducción del original por redtjn.

El Informe íntegro en inglés de puede descargar desde el sitio web de GFI pinchando aquí.

El resultado de esa reunión ha sido publicado en inglés el 7 enero 2010 en forma de la  DECLARACION  de NEW HAVEN que inicia un nuevo partenariado entre los grupos que abogan por los derechos humanos y por la transparencia financiera.

Hacemos pública abajo en castellano esta Declaración al mismo tiempo que dedicamos con tristeza un recuerdo a las víctimas inocentes de la desgracia, la miseria y la devastación que asolan Haití, la población más pobre de América.  ¿Devolverá por fin Suiza la fortuna que el clan familiar del dictador Duvalier robó al pueblo haitiano? ¿Habrá dinero pronto para alimentar y recuperar Haití como lo hubo para salvar Wall Street o la City de Londres?

El mensaje de esta DECLARACIÓN es simple y claro: “la integridad financiera y los derechos humanos están intimamente vinculados” y la pobreza aumenta cuando el dinero se escapa ilícitamente de los países en lugar de invertirse en las necesidades básicas de las poblaciones de esos países donde se genera. Aunque aparentemente sin relación entre sí, hay un hilo conductor que une los flujos de dinero generados por el crimen, la corrupción y la evasión y el fraude fiscal con la necesidad de un sistema financiero en la sombra que facilite tales transacciones.

Y ese sistema opaco  ha crecido hasta tener un inmenso alcance con unos 70 paraísos fiscales en el mundo, unas jurisdicciones del secretismo que permiten el establecimiento y la operativa de entidades con titulares beneficiarios desconocidos, corporaciones empresariales encubiertas en cuentas fiduciarias millonarias, falsas fundaciones benéficas, abusivas trasferencias de costes-precios en transaciones comerciales transnacionales, técnicas de lavado de dinero sucio y agujeros en las legislaciones de los paises occidentales que facilitan el flujo del dinero ilicito a través de ese sistema financiero en la sombra para acabar al final en las arcas de los paises occidntales.

Algunos analistas apuntan que la mitad del comercio y los movimientos de capitales globales pasan a través de paraísos fiscales y de jurisdicciones del secretismo, a mediocamino entre el lugar donde se iniciaron y donde se consumaron. El secretismo financiero no es solamente un problema fiscal o de aplicación de la legislación. Aun más importante es el problema de enormes proporciones de los derechos humanos y el desarrollo económico. La ONG con sede en Washington, Global Finance Integrity estima que un billón de dólares ($1 trillion) de dinero ilícito se esfuma desde los países en desarrollo cada año utilizando el sistema financiero global en la sombra.

Este flujo de salida drena las reservas en divisas, agudiza la inflación, disminuye la recaudación tributaria, cancela las inversiones, obstaculiza la ayuda exterior, socava el libre comercio, empeora la pobreza  y mina el crecimiento sostenible de miles de millones de personas. Mientras la ayuda oficial al desarrollo se sitúa recientemente en torno a los 100,000 millones de dólares al año, por cada dólar que les entrega generosamente por encima de la mesa Occidente recupera unos 10 dólares por debajo de la misma mesa. Son enormes los costes humanos de estos flujos financieros que salen de los países en desarrollo.

Se estima que 18 millones de personas mueren al año por las privaciones económicas cuyas causas radican directamente en esas privaciones. De ellos, unos 9 millones son niños menores de cinco años que mueren de enfermedades para las cuales están disponibles vacunas. Aminorar solo en una fracción del billón de dólares al año de los flujos de salida, proporcionaría recursos que podrían salvar millones de vidas. Human Rights Watch ha documentado cómo miles de millones de dólares de flujos de salida han perjudicado, por ejemplo, Angola, Guinea Ecuatorial e Indonesia, desviando al exterior fondos que podrían haber sido utilizados para la educación y los servicios de salud.

El derecho a un sistema financiero global equitativo hay que entenderlo como un componente integral de la defensa de los derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración de los derechos humanos adoptada en 1948, dice que todo el mundo tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su salud y su bienestar. Ninguna otra disposición  de esta declaración ha sido más masivamente ignorada que esa.
Hoy hay más gente viviendo en extrema pobreza que en toda la humanidad en 1948, año de esa Declaración de la ONU. En Haití tenemos un ejemplo terrible.
La Declaración de New Haven, que avala la trayectoria y el prestigio de las organizaciones firmantes relacionadas abajo, apela a  todos aquellas organizaciones y personas que dirigen o influyen en la marcha del mundo.

DECLARACIÓN de NEW HAVEN  sibre  DERECHOS HUMANOS e INTEGRIDAD FINANCIERA

Los derechos humanos y la integridad financiera están íntimamente ligados. Allí donde reina la pobreza se suelen incumplir también los derechos civiles, políticos y económicos. En la actualidad, en muchos países en desarrollo, estas situaciones de pobreza y opresión se ven sumamente agravadas por la existencia de enormes flujos de salida de capital ilícito –que exceden en varias veces el total de la ayuda al desarrollo.

El dinero ilícito sale de los países más pobres a través de un sistema financiero global paralelo compuesto por paraísos fiscales, jurisdicciones con secreto bancario, corporaciones fantasma, cuentas anónimas de inversión, fundaciones falsas, y prácticas como el lavado de dinero o la manipulación de precios para evasión fiscal. Gran parte de este dinero es transferido de modo permanente a las economías occidentales.

La reducción de estos flujos de salida ilícitos exige una mayor transparencia e integridad en el sistema financiero global. Lograr este objetivo es, a su vez, un prerrequisito para crear un marco económico abierto, responsable, justo y beneficioso para todos.

Por ello, exhortamos a las Naciones Unidas, al G8, al G20, a la Organización Mundial del Comercio, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a otros foros internacionales, así como a los gobiernos nacionales, grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil, a reconocer la estrecha relación existente entre los derechos humanos y la transparencia financiera. Asimismo, exhortamos a que se tomen medidas decisivas para asegurar que los países en vías de desarrollo puedan retener sus propios recursos para alcanzar un desarrollo sustentable y luchar contra la pobreza; algo que deben lograr para que se cumplan los derechos humanos de todas las personas.

Los individuos y las organizaciones abajo firmantes se comprometen a trabajar conjuntamente en los próximos meses para avanzar esta agenda y para intentar sumar nuevas voces a esta tarea.

Amnesty International
Human Rights Watch
Oxfam
Basel Institute on Governance
Global Financial Integrity
Center for Applied Philosophy and Public Ethics
Open Society Institute Justice Initiative
Asia Initiatives
Task Force on Financial Integrity and Economic Development
Tax Justice Network
Christian Aid
National Council of Churches
Harrington Investments, Inc.
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Thomas Pogge, Yale University
Robert Hockett, Cornell University
Frank Pasquale, Seton Hall

Con la intermediación de los paraísos fiscales, el dinero que sale de los países en desarrollo corresponde aproximadamente a diez veces la ayuda al desarrollo que se les concede. Es uno de los muchos datos que aporta el informe publicado el 18 junio 2009 por la Comisión sobre “Fuga de capital desde los países pobres”, que hace un año recibió tal encargo  del gobierno de Noruega.  Con abundante información rigurosa obtenida de fuentes solventes, llega a la conclusión del nefasto papel que desempeñan los paraísos fiscales en las relaciones comerciales y financieras con los países en desarrollo; con un significado adicional por su carácter de documento oficial de un país pequeño pero influyente y con cierta relevancia en las finanzas mundiales derivada de su riqueza petrolífera.

El sector petrolífero de Noruega alimenta unos fondos estatales de inversiones en el exterior, los llamados fondos soberanos, que canalizan el excedente de ingresos públicos y que se invierten en el extranjero siguiendo criterios políticos  legalmente establecidos. Entre estos se encuentra el  Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) que está legalmente destinado a facilitar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, mediante inversiones de capital riesgo en negocios rentables de países en desarrollo. Estas inversiones noruegas abarcan una gama muy variada que van desde una central hidroeléctrica en Chile, a un banco en Uganda, pasando por un hotel en Kabul; y  revisten modalidades también diversas, desde participaciones financieras en empresas gestoras o la gestión directa con empresas propias de referido Fondo soberano.  La crisis financiera global ha generado inquietud entre los políticos noruegos sobre la eficacia real de esas inversiones de dinero público para el logro de los objetivos de desarrollo.

Con el mandato de definir una nuevas directrices para el Norfund, en junio de 2008 el gobierno de Noruega nombraba por Real Decreto una comisión multidisciplinar, integrada por  reputados profesores de Escuelas de Negocios, un fiscal especializado en delincuencia y otros altos funcionarios entre los cuales estaba la  ex magistrada francesa y ciudadana noruega, Eva Joly, famosa desde su instrucción del caso de la petrolera francesa Total-Elf en años recientes y recientemente elegida presidenta de la comisión de desarrollo en el nuevo Parlamento europeo.

Esta comisión gubernamental recibió el mandato de examinar el papel de las “secrecy jurisdictions” en relación con la fuga de capitales desde los países en desarrollo; con el encargo de evaluar los efectos dañinos que los paraísos fiscales están causando en los países en desarrollo, documentando su alcance y asimismo se le pedía que presentara recomendaciones que pudieran aliviar los problemas de los países en desarrollo creados por los paraísos fiscales, proponiendo una guía para las operaciones del Norfund.

Después de un año de investigaciones y trabajos, el pasado 18 junio la Comisión designada entregó al gobierno noruego su informe, bajo el título Tax havens and development (Paraísos fiscales y desarrollo), disponible en inglés en Internet. Sus 217 páginas documentadas se apoyan en estudios solventes, informes de organismos internacionales, de ONGs y los documentos  de Tax Justice Network (La Red por la Justicia Fiscal, una coalición de organizaciones y expertos,  a la que pertenece Attac-España y  a la que está vinculado el autor de este articulo.

A modo de resumen incompleto del citado informe noruego, expondremos algunos de sus apartados más significativos a nuestro juicio, a la espera que el gobierno noruego o alguna ONG publique pronto su traducción íntegra al español.

La imprecisión de la expresión “paraísos fiscales”

Una muestra del rigor y la solvencia de este informe es que comience por subrayar que “paraíso fiscal” (tax haven) “no es un término preciso”  y que “no existen criterios generalmente aceptados que determinen los elementos que deberían pesar en la clasificación de paraísos fiscales. Por tanto, el concepto no tiene aplicación en el derecho internacional o en los textos legales nacionales, pero aparece en ciertas propuestas legislativas que buscan la autorización de medidas  contra las estructuras dañinas y la falta de intercambio de información fiscal en asuntos tributarios”.

Sin embargo, se reconoce que paraíso fiscal es una expresión muy conocida y usada frecuentemente en los medios de comunicación y en las conversaciones diarias, aplicándose con imprecisión a Estados caracterizados por la adopción de tipos impositivos inusualmente bajos, tanto para toda la economía como para las sociedades fantasma de propietarios extranjeros. A menudo paraíso fiscal tiene como sinónimo centro financiero extraterritorial u offshore y jurisdicción con secretismo (secrecy jurisdiction), pero no existe consenso sobre qué define esa condición.

Este grupo de trabajo muestra sin pretenderlo la falacia de las declaraciones de los gobiernos del G-20 cuando decían combatir los paraísos fiscales sin precisar previamente de que estaban hablando. Y cuando llegó la hora, el G-20 se acogió al falso criterio determinante de la suscripción de convenios bilaterales de intercambio de información fiscal a petición de parte, como se denuncia en nuestro libro Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20 (Icaria. Colección Más Madera, junio 2009)

En cualquier caso, dependiendo de la definición que se elija, aparecen entre 30 ó 70 paraísos fiscales, lo que supone que entre el 15 y el 30 % de los países del mundo podrían entrar en la catalogación de “paraísos fiscales” y las expresiones afines. De ahí que a la Comisión haya considerado oportuno no incluir ningún listado en su informe, aunque ofrece un cuadro comparativo con los listados de la OCDE, del FMI, del Senado estadounidense y de Tax Justice Network.  La Comisión gubernamental noruega considera que “los paraísos fiscales” se caracterizan por el modo en que se regula el secreto bancario y su protección, dentro de un sistema normativo construido de manera que pretende sortear los intereses públicos y privados  en otros Estados, es decir, aquellos Estados donde los propietarios de las compañías tienen su domicilio o están sometidos a sus obligaciones legales. Luego “el secretismo y la falta de transparencia son la principal característica”, se concluye en el informe.

Son particularmente interesantes las análisis de ciertas estructuras de los paraísos fiscales, como las regulaciones del secreto bancario, las ficticias sociedades instrumentales y los fideicomisos (trusts) así como sus efectos perjudiciales en general; incluso se dedica un apartado para exponer la interferencia de  los paraísos fiscales con los derechos humanos definidos por la Convención europea de 1950.

El significativo sector financiero de los paraísos fiscales

En un apartado especifico ilustrado con cuadros de datos reales, la Comisión noruega señala que el capital fluye a las “secrecy jurisdictions” de muchas maneras diferentes. En parte, los fondos entran como depósitos u otros tipos de cuentas bancarias; otra parte se vale de sociedades mercantiles instrumentales, fideicomisos (trusts) y otras entidades propias de los paraísos fiscales y luego ese dinero se coloca en bancos o en otras entidades financieras antes de que sea canalizado hacia países con actividades rentables financieramente.

Aunque sean importantes las inversiones directas hacia o desde los paraísos fiscales, son muchos mayores las inversiones financieras y es mucho mayor el sector financiero en esos países y territorios offshore. Y cita, entre los paraísos fiscales mas notorios (con pequeñas economías y grandes balances financieros), el caso de las Islas Caimán que disponen de la mayor cifra de depósitos bancarios con 1,67 billones $ (doce ceros); en comparación con los 150,000 millones $ de las Islas Vírgenes Británicas. Cierto número de paraísos fiscales, incluidos Hong Kong, Holanda y Suiza, reciben mayores inversiones  que las Islas Vírgenes, pero estos países tienen una actividad económica sustancial que no está asociada con el secreto bancario.

En un cuadro estadístico (Página 107) con las cifras de activos bancarios internacionales, Suiza aparece en segundo lugar y el enorme sector bancario de las Caimán dispone de unos activos internacionales que totalizan 700 veces su PIB; mientras los activos nacionales e internacionales de los bancos noruegos se corresponden con 1,3 veces el PIB y los de los bancos de la Eurozona alcanzan 2,5 veces el PIB conjunto.

Con datos de 2008 se recoge otro cuadro sobre la importancia de los sectores financieros en los paraísos fiscales. Por comparación, mientras los EEUU y el Reino Unido representan los dos centros financieros mayores del mundo, con una actividad financiera muy significativa, el sector financiero de la Isla de Jersey representa el 50 % de su PIB y muchos otros paraísos fiscales superan el 17 % del PIB.

La Comisión registra, asimismo, la importancia de las sociedades instrumentales o ficticias domiciliadas en paraísos fiscales que ejercen su actividad económica fuera de esa jurisdicción, en el plano internacional. Como ejemplos relevantes, el citado informe registra que el número de sociedades o compañías por cada 1000 habitantes es de 17.917 en las Islas Vírgenes Británicas; de 1815 en las Islas Caimán y de 213 en las Bermudas. Como comparación, Noruega tiene 40 sociedades mercantiles por 1000 habitantes.

Los flujos de capital desde y hacia los paraísos fiscales

El referido informe reconoce que no se puede determinar con precisión el alcance del dinero ilícito que fluye desde los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales; pero es indiscutible que excede con mucho, por ejemplo, a la ayuda al desarrollo o a las inversiones directas en esos países.  El Banco Mundial estimaba en 571,000 millones $ el volumen total registrado de capital que llegó a los países en desarrollo en 2006; mientras que la ayuda de los países donantes alcanzó los 70,000 millones $. Sobre el dinero ilegal que sale desde los países en desarrollo, la estimación mas solvente (Kar & Mamadoy, 2008) señala que el total de estos flujos de capital ilegal se sitúa entre los 641,000 y 979,000 millones $. Incluso la estimación menor sugiere que los flujos de salida de capitales exceden las entradas netas de  capital. Los fondos que salen corresponden grosso modo a diez veces la ayuda al desarrollo que se concede a los países en desarrollo.

Aunque no todo el dinero ilícito va a parar a los paraísos fiscales, el informe considera documentado que son enormes las inversiones en esas jurisdicciones y que gran parte de esos fondos colocado allí no se declaran para la tributación. Y el informe hace referencia a la estimación que hizo Tax Justice Network  para 2004, que cifraba entre 11 y 12 billones $ las fortunas personales colocadas en paraísos fiscales. Y las estadísticas oficiales indican que esas cifras se elevaron en años posteriores, aunque la crisis financiera ha llevado a su disminución desde 2007.

La justificación de la utilización de paraísos fiscales por Norfund.

El informe gubernamental referido deja constancia que en la información aportada por el propio fondo soberano Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) a la Comisión, se explica por qué los fondos de inversiones en los que invierte están a menudo localizados en paraísos fiscales. Los directivos del Fondo estatal argumentan que “no es el secretismo lo que hace a los paraísos fiscales atractivos para localizar los fondos sino el hecho de que estas jurisdicciones frecuentemente ofrecen lo siguiente:

•    La gestión segura y menores costes en las transacciones entre los países de origen de los inversores y las compañías en las que se invierten los fondos.
•    Un buen marco legal estable especialmente a la medida de las exigencias del sector financiero.
•    Disposiciones que evitan la tributación innecesaria en terceros países.
•    Y estabilidad política.”

Más aún, los directivos del Norfund aseguran que con frecuencia los paraísos fiscales donde se localizan los fondos disponen de sistemas avanzados para los pagos transfronterizos, destacando, por ejemplo, que los fondos en la Isla Mauricio en los que participa se benefician de las redes bancarias de que disponen en el continente africano los bancos que utilizan; en muchos casos con disposiciones legales muy apropiadas para los fondos porque permiten operaciones que no serían posibles bajo la legislación noruega. Otras argumentaciones abundan en esta defensa.

Es obvio – añadimos nosotros – que, como era de esperar, los argumentos presentados por los gestores son puramente funcionales, pero resultan muy ilustrativos de la filosofía neoliberal que fundamenta las practicas de las entidades financieras globales, privadas y públicas, y que subyace en la globalización de los mercados financieros sin control por los Estados.

Los efectos dañinos de los paraísos fiscales

La Comisión noruega ha identificado los conocidos efectos dañinos que genera la utilización de los paraísos fiscales. Puesto que estos centros financieros offshore o para no residentes contribuyen  a la pérdida de ingresos fiscales en los países en desarrollo;  asimismo contribuyen a su perpetuación al proporcionarles rentas y legitimación, al mismo tiempo que disminuyen el crecimiento en los países pobres; e igualmente contribuyen al blanqueo de dinero sucio y al fraude fiscal

Sin embargo, el citado informe apunta otros nuevos efectos dañinos menos divulgados, de los cuales tres merecen especial atención; como son el hecho de que los paraísos fiscales incrementen la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales; que socaven el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas; y que dañen la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo.

A)    Los paraísos fiscales incrementan la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales.

La crisis financiera ha revelado que muchas entidades financieras soportaban deudas extracontables que parcialmente estaban registradas en paraísos fiscales y, por tanto, eran opacas. Los ejemplos incluyen instrumentos de inversión y productos estructurados registrados en paraísos fiscales, que al final aumentaban los riesgos de la contraparte y al aumento de los costes de los préstamos  las primas de riesgo para todos los países. El informe referido alude a las consecuencias nefastas del funcionamiento financiero opaco que la crisis ha puesto de manifiesto;  y que por nuestra parte hemos desvelado con el análisis de casos de rescate bancarios significativos y del sistema bancario en la sombra analizados en nuestro reciente  libro ya citado sobre el rescate de los paraísos fiscales por la cumbre de Londres del G-20.

B) Los paraísos fiscales socavan el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas.

Al ofrecer normas de secreto bancario y domicilios ficticios combinados con regímenes de “cero impuestos” destinados a incentivar la llegada de fondos que dejan de tributar en sus países de origen, los paraísos fiscales  incrementan la competencia para atraer el capital volátil, haciendo difícil para los demás países mantener sus tipos impositivos sobre el capital y, por consiguiente, contribuyen a disminuir esta tributación. Los países en desarrollo tienen una base impositiva más estrecha que la de los países ricos y la mayor parte de sus ingresos fiscales procede de la tributación del capital. Según esto, menores impuestos sobre el capital significan bien una disminución en los ingresos y/o bien impuestos más elevados sobre una base mas estrecha. En definitiva, el resultado es que los paraísos fiscales contribuyen a elevar los costes socioeconómicos de la tributación y debilitan el crecimiento en los países en desarrollo.

C) Los paraísos fiscales  dañan la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo.

Las mayores consecuencias negativas  potenciales de los paraísos fiscales son su contribución a la debilitación de la calidad de las instituciones y del sistema político en los países en desarrollo. Esto se debe a que incentivan el propio interés de ciertos políticos y burócratas en que se debiliten esas instituciones propias. La falta de una efectiva vigencia de las organizaciones locales significa que los políticos pueden en mayor medida  aprovecharse de las oportunidades que los paraísos fiscales les ofrecen para ocultar los beneficios derivados de los delitos económicos, de la corrupción, de la búsqueda ilegal de ingresos provenientes del erario público o de la ayuda exterior. Al facilitar la ocultación de los beneficios de la delincuencia económica, los paraísos fiscales crean incentivos políticos para demoler en lugar de fortalecer las instituciones y/o debilitar en vez de reforzar los procesos de la gobernación democrática.

Apelando a la benevolencia del lector, hemos de expresar nuestra complacencia porque este Informe oficial del gobierno noruego corrobore  la  conclusión básica de nuestra primera investigación al respecto sintetizada en el subtítulo “cómo los centros offshore socavan las democracias”  de nuestro libro Los paraísos fiscales (AKAL, 2005).

RECOMENDACIONES DEL INFORME NORUEGO

La principal recomendación del Informe de la Comisión gubernamental atañe a la política de desarrollo de Noruega como país que, como es sabido, es muy activo internacionalmente. La Comisión señala que las autoridades noruegas deberían aumentar su compromiso para reforzar y mejorar los regímenes fiscales y las medidas anticorrupción en los países en desarrollo, trabajando para reforzar sus procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras cosas.

Pero, asimismo, el Informe de la comisión gubernamental presenta unas “guidelines for Norfund”, es decir una serie de pautas detalladas para las políticas de este Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo, que incluyen la preparación de unas directrices éticas sobre las opciones de la localización de esas inversiones y sobre cómo este Fondo estatal debería informar de sus operaciones.

“En opinión de la Comisión, Norfund debería gradualmente dejar de hacer nuevas inversiones financieras mediante paraísos fiscales en un período de tres años desde la aprobación del Informe de la Comisión. La Comisión ha notado que las consecuencias de eso probablemente serán que Norfund incremente las inversiones directas en compañías de países en desarrollo sin que necesariamente tenga un efecto negativo en los beneficios de las inversiones de la institución. Más aún, la Comisión es de la opinión que, como Norfund tiene objetivos relacionados con la creación de valor y los ingresos fiscales en países en desarrollo, la rentabilidad antes de impuestos de sus inversiones debería ser el parámetro de inversiones más importante. La gestión de conformidad con la rentabilidad post impuestos significa que Norfund dedicaría recursos para minimizar sus pagos tributarios en países en desarrollo. Esto no es reconciliable con el objetivo de la institución de contribuir al desarrollo en los países pobres. A la Comisión no le ha parecido apropiado recomendar que el gobierno pida a Norfund que se retire de los fondos existentes en paraísos fiscales.”

La Comisión dice haber optado, pues, por un período de transición que enviará una señal importante sobre el significado de la no utilización de los paraísos fiscales. Una conclusión final que no puede considerarse revolucionaria; pero que hemos de admitir que marca un camino para todos los gobernantes europeos, particularmente españoles, que han expresado públicamente su disposición a combatir los paraísos fiscales.-

• La opacidad del mundo financiero.
• El sistema bancario en la sombra.
• El fracaso de las políticas de los gobiernos del G-20.
• Avances posibles contra los paraísos fiscales.

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Conferencia pronunciada el 14 octubre 2009 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona dentro en el ciclo organizado por la Fundación Alfonso Comín bajo el lema “¿Es posible el cambio de sistema económico?”

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Para entrar directamente en el tema que nos convoca hoy, empezaré diciendo que en cierta medida las tres cumbres del G-20 han planteado el tema de la necesidad de regulación de los mercados financieros mundiales, reconociendo así el problema de la desregulación imperante en este campo, sin haberlo resuelto  hasta la fecha. Pero, sobre todo, han actualizado entre los ciudadanos el asunto de los paraísos fiscales aunque no lo hayan resuelto, contrariamente a lo que nos cuenta la prensa.

Antes y después de la segunda cumbre de abril último en Londres, nuestros gobernantes hablaron de suprimirlos, quizás porque era una manera de llegar a los electorados ante el desconcierto general frente a la prolongación y profundidad de la crisis financiera global y a los problemas económicos derivados.  Ahora, desde hace meses, la atención de los gobiernos sigue centrada en resolución de los graves efectos económicos de la crisis del sistema financiero en los países y los problemas que siguen sin resolverse, desde la escasez del crédito a las empresas y a los consumidores hasta el grave nivel de paro.

Y tras el reciente fracaso de la  cumbre en Pittsburgh, podemos prever que vamos a estar largo tiempo hablando de la crisis. PORQUE LOS GOBIERNOS DEL G-20 NO HAN TOCADO LAS CAUSAS DE FONDO QUE PROVOCARON LA  CRISIS DEL SISTEMA FINANCIERO GLOBALIZADO, entre las cuales se encuentran la opacidad representada por los llamados PARAÍSOS FISCALES, verdaderas ZONAS SIN LEY para la banca y el dinero sucio.

LA OPACIDAD DEL MUNDO FINANCIERO

Antes de nada, tengo que anticipar que para entender  el asunto de los paraísos fiscales, tenemos que  situarlo en el marco de la globalización financiera y analizar someramente las TRES características básicas de los mercados financieros, origen de la crisis, como son la desregulación, la globalidad y la opacidad.

Primera.  LA DESREGULACIÓN o CARENCIA DE NORMAS ESTATALES O INTERNACIONALES, es decir, EL DESCONTROL DE LA BANCA GLOBAL,  que carece de supervisión de alguna autoridad pública sobre sus operaciones internacionales.  Uno de los logros de la llamada  revolución conservadora que se introdujo silenciosamente junto con las privatizaciones durante los años ochenta y se consolidó en los noventa.

Segunda. LA GLOBALIDAD de los mercados financieros, del crédito, de los seguros, de los valores, que  DERIVA DE LA LIBERTAD ABSOLUTA DE LOS MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE CAPITALES.

Tercera.  Sumadas las dos anteriores generan la OPACIDAD, o la falta de transparencia de los mercados financieros, como se dice en el lenguaje políticamente correcto. Es la causa profunda de la crisis, que otorga una ventaja competitiva a los centros financieros para no residentes u offshore,  conocidos como paraísos fiscales.

Lo que ofrecen y venden en los mercados, los países y territorios considerados paraísos fiscales, es que sitúan al negocio bancario y financiero fuera del control de las autoridades de los demás países y de los organismos internacionales, precisamente por esa opacidad. Es su ventaja competitiva que acentúa el descontrol del mundo financiero, donde impera el laissez faire más absoluto, la doctrina del fundamentalismo del mercado que dice el Premio Nobel Joseph Stiglitz, con las consecuencias que estamos viviendo.

Y para muchos críticos está claro que una consecuencia fundamental de esa doctrina política  del predominio del mercado sobre el Estado ha sido la crisis financiera con los tremendos efectos sobre las economías que padece medio mundo. Una crisis que nadie nos anunció ni predijo. Ni los expertos ortodoxos, ni las organizaciones internacionales ni los gobiernos ni los Bancos centrales.

En un libro reciente, nada crítico con el sistema, de la especialista en mercados del periódico Financial Times, Gillian Tett, se aportan datos muy significativos sobre cómo se gestó la crisis en Wall Street. Entre otros, se recogen declaraciones solemnes con unos pronósticos muy optimistas sobre la economía estadounidense, que hacía meses antes de estallar la crisis, un personaje ahora muy conocido, Ben Bernanke, que era entonces Presidente de consejo de expertos de la presidencia de EEUU. Y que luego, como gobernador de la Reserva Federal, el Banco central estadounidense, sería coautor de la guía política para la salvación del sistema financiero global y el mantenimiento de la libertad plena de los mercados que ahora se mantiene gracias al dinero de los contribuyentes, aunque dicen que ya se ha superado.

Otro ejemplo que recoge esta periodista económica se refiere a una reunión de alcance mundial que tuvo lugar aquí en Barcelona. Y que revela que tampoco se vio venir la crisis dentro del propio mundo de la banca y de los operadores financieros representado por la organización europea de titulización, The European Securitisation Forum.

En junio 2007 tuvo lugar en Barcelona la reunión anual de esta asociación que congregó a más de 5000 participantes de todo el mundo: expertos, banqueros  y negociantes  de un sector de las finanzas muy especulativo,  que se engloba bajo el término titulización. Su lema era “la titulización respaldada por activos globales”  Explicado brevemente, la TITULIZACIÓN es el arte bancario desarrollado en estos últimos tiempos de convertir los créditos concedidos, las deudas de sus clientes en activos financieros, en valores negociables. El ejemplo de titulización ahora más conocido, es la conversión de los créditos hipotecarios sin garantías, las famosas subprimes, en complejos productos financieros estadounidenses con los que especulaba la gran banca y que aún se guardan en algunas carteras bancarias, sin que se sepa cuanto valen porque ya no se venden ni se compran.

La clausura de esa reunión se produjo el día 11 junio de 2007 en un ambiente de euforia y de optimismo, porque todavía se vivía en medio de la abundancia del crédito y del dinero barato para la especulación.

Sin embargo, al día siguiente de esa clausura se abría ya la crisis financiera con la quiebra de uno de los dos fondos de alto riesgo (hedge funds) que el banco de inversiones Bear Stearns, entonces el quinto del mundo, disponía en las islas Caimán, que eran dos sociedades de buzón de correos; y mediante esos fondos de inversiones obtenía préstamos apalancados, con enormes préstamos sin apenas disponer de dinero propio, que se empleaba para especular con los valores subprimes. Y como sabemos, tras el fracaso del negocio, para evitar su quiebra fue luego el primer rescate bancario del gobierno Bush en marzo 2008.

En la crónica del evento de Barcelona, que tuvo lugar justo antes de que estallara la CRISIS, se evidencia que los propios protagonistas del negocio financiero no la vieron  venir. Y asimismo se revela  el altísimo grado alcanzado por la opacidad financiera, que juega como una baza de los operadores en el casino financiero mundial. Y para ver que se trata de un casino basta prestar atención al propio lenguaje y a la terminología que emplean los anglófonos.

Y es sabido que ese funcionamiento opaco ha permitido la libre “fabricación” de productos complejos e incomprensibles para los propios gestores, como han confesado los directivos del Citibank, a pesar de que eran refugio de gran parte del ahorro mundial además de ser objeto de especulación. Esta opacidad de los mercados financieros tiene, pues, unas causas concretas  y concede una ventaja a los paraísos fiscales  a nivel mundial. Las causas son las propias características de los mercados financieros que hemos apuntado, la misma globalización que tiene como ejemplos la quiebra de Lehman Brothers y el rescate del conglomerado asegurador de  AIG; y la deficiente regulación y supervisión estatal de bancos y operadores financieros como ejemplifica la Unión Europea que carece de supervisor comunitario para las transacciones internacionales.  La consecuencia es la opacidad de los centros financieros offshore, extraterritoriales o para no residentes, representados por el secreto bancario de Suiza  y de la isla Caimán que les otorga una gran ventaja para competir en los mercados mundiales del dinero.

Y ese oscurantismo de los centros offshore, de los llamados paraísos fiscales  les ha llevado a desempeñar un papel clave en la crisis financiera. Un papel que  la mayoría de los medios de comunicación nos han ocultado y que está en el origen de los problemas económicos que padece Europa y el resto del mundo. A esa conclusión llegamos al analizar  las operativas reveladas  por las amenazas de quiebras que generaron  rescates  bancarios llevados a cabo por los gobiernos en los EEUU, en el Reino Unido y en Europa. Un funcionamiento generalizado que se ha denominado

EL SISTEMA BANCARIO EN LA SOMBRA

Veamos el  caso significativo del Banco británico Northern Rock,  de cuya operativa tenemos muchos detalles gracias a los debates  en el Parlamento británico sobre su “nacionalización”, un rescate resuelto a costa del contribuyente británico.

Todos recordamos las colas de los ahorradores asustados ante las sucursales de ese Banco, a comienzos de 2008. Al fracasar el negocio que tenía montado con valores respaldados por las hipotecas subprimes, sin garantías, para no declararse en quiebra tuvo que obtener préstamos en dinero público. Y en febrero de 2008, el gobierno británico decidió su “nacionalización”, incluida su filial en el paraíso fiscal de la isla de Guernesey, en el Canal. Pues bien, el debate parlamentario en el que se aprobó esa nacionalización, que daba la propiedad de la mayoría de las acciones al gobierno sin intervenir en la gestión, pudo conocerse el trasfondo del negocio bancario que dependía de la especulación financiera. Y tuvieron que decidir que se hacía con los 50,000 millones de libras en bonos emitidos por una entidad denominada Granite, domiciliada en la Isla de Jersey; porque sus bonos habían sido respaldados por el Banco aunque no era formalmente el propietario de esa entidad, que era una fundación registrada en ese mismo paraíso fiscal. Y que cuando llegaron los periodistas a Jersey buscando el domicilio, se encontraron que era un simple buzón de correos y no tenía ni un solo empleado. Los parlamentarios no se pusieron de acuerdo sobre si el Banco era o no el propietario legal, pero el gobierno decidió afrontar  el pago de los intereses y reembolsar el capital de esos bonos con dinero de los contribuyentes británicos.

Actualmente los grandes grupos de comunicación intentan que nos olvidemos, pero tenemos que recordar que a finales de 2007 y en la primavera de 2008, además de la serie de bancos estadounidenses que recibieron cuantiosas ayudas públicas, hubo varios bancos públicos regionales en Alemania que estuvieron al borde de la quiebra y fueron rescatados con dinero de los contribuyentes. Y muchos otros grandes bancos del Eurogrupo, como  los del Benelux, Fortis y Dexia, y los bancos irlandeses. Todos ellos afectados por la crisis de las subprimes y   la subsiguiente  restricción del crédito que desencadenó unas amenazas de quiebras en los bancos que más se habían arriesgado y que los gobiernos resolvieron con dinero público para salvar el sistema. Y así se produjeron una serie de rescates bancarios en Alemania y algunos otros países del Eurogrupo, que al igual que en los casos de la City, revelaron el importante papel jugado por los mecanismos de los paraísos fiscales, aunque se les ha mantenido funcionando por los propios gobiernos. Y que fueron revelando la existencia de una banca en la sombra apoyada en paraísos fiscales.

En Mayo 2008, en una reunión de gobernadores de bancos centrales, el subdirector del Banco Internacional de Basilea presentaba un informe denunciando la existencia de una “Banca en la sombra“, descontrolada, que había impedido a los bancos centrales controlar la solvencia de los bancos y, por tanto, evitar la crisis. Y otros analistas críticos anglófonos han corroborado este descontrol que han denominado con la expresión de “SHADOW BANKING SYSTEM”, con la cual se que identifica a una banca paralela, oculta, basada en los centros offshore o paraísos fiscales, que aún sigue todavía funcionando.

Las raíces de estos tinglados están en la transformación producida en los mismos bancos durante las dos últimas décadas, que pasaron de ser instituciones para el depósito del ahorro de los ciudadanos, a convertirse en operadores de los mercados financieros, donde recaudan fondos mediante emisiones de bonos y títulos bursátiles y obtienen préstamos desorbitados, el llamado apalancamiento; y asimismo negocian con sus pasivo, con las deudas de las cuales son acreedores, vendiendo los créditos concedidos convertidos en valores. El máximo beneficio se  logra con la máxima opacidad frente a las autoridades, burlando la escasa legislación en vigor y diseminando los riesgos.

Las funciones de esta banca en la sombra se resumen en tres rasgos:

1.-  Logran la máxima opacidad para las entidades gestoras con nombres enigmáticos (SPV, SIV, conduits, hedge funds, etc.) domiciliadas en paraísos fiscales pero dependientes de los grandes grupos bancarios y para sus productos complejos resultado de la innovación financiera descontrolada.

2.- Escapan de la supervisión de los Bancos Centrales, porque esas entidades opacas consiguen desvincular la propiedad de esos activos financieros de la banca matriz, apoyadas en los resquicio de una regulación deficiente y la benevolencia intencionada de los supervisores impregnados de la doctrina neoliberal.

3.-  Diseminan los riesgos de pérdidas en el negocio por todo el sistema financiero mundial. Y esta dispersión mundial de los riesgos del negocio financiero ha sido posible porque la red mundial de los centros offshore contribuye decisivamente a ocultar los flujos de dinero que se encadenan gracias a los sistemas telemáticos y electrónicos desde hace años.

Veamos el caso de Vanuatu que sigue estando catalogada como paraíso fiscal por la OCDE desde el año 2000. La República de Vanuatu, las antiguas Nuevas Hébridas, es un archipiélago en el corazón del mar de Coral  al Sur del Pacífico. En su promoción del centro offshore en su sitio web sintetizaba en inglés las ventajas de su situación geográfica para realizar transacciones en tiempo real entre los mercados financieros mundiales, porque el centro offshore se solapa con media hora con Nueva York y tres horas con Singapur y Hong Kong y empalma con Londres. En esa web se podía leer en 2005 lo siguiente:

“Vanuatu está situada en un huso horario singularmente ventajoso por su localización como centro  financiero, cuyo día comercial estándar  comienza a las 7:30 a.m. igual que en la capital Port Vila.  Esto  supone unos treinta minutos de solape con Nueva York,  de modo que al cierre de los mercados neoyorquinos se  dispone (de sus cotizaciones)  en Port Vila a primeras horas de la jornada laboral.

Además, como el horario local de oficina va  tres horas por delante de Singapur  y de Hong Kong, Vanuatu  cubre una posición importante entre los mercados mundiales.  Las operaciones financieras, que puedan negociarse  en Singapur y Hong Kong durante el día, pueden domiciliarse en Vanuatu en tiempo real. Port Vila permanece abierto hasta que abren Londres y los mercados europeos,  completándose  de este modo el tiempo-puente  desde Nueva York  hasta Londres.”

He ahí  expuesta con total claridad la realidad  de la globalización de los mercados financieros y la interconexión de los centros financieros offshore con sus características propias,  como redes que circundan el planeta. Es su dimensión financiera al amparo de la desregulación de los mercados mundiales del dinero.

Ciertamente, como tratamos de subrayar hoy los paraísos fiscales tienen una dimensión financiera como indica su nombre técnico de “Centros financieros extraterritoriales”, que es la traducción del vocablo inglés offshore, en el sentido de “no residentes”. Y esa dimensión financiera genera el descontrol de la gran banca y de las grandes Cajas de ahorro y de sus operaciones internacionales.

Para estas operaciones de alcance internacional, además de la opacidad, ofrecen el atractivo del “bajo coste fiscal”  tanto para las transferencias legales de dinero o ilegales con fraude y evasión fiscal. El caso es que esa dimensión fiscal, que es la más conocida por la ciudadanía, produce una disminución de  los ingresos públicos y hace que los paraísos fiscales de modo soterrado condicionen y coarten las políticas fiscales de los gobiernos. Por eso, son un problema político; es la consecuencia política que generalmente se intenta ignorar.  Los centros offshore socavan las democracias porque  fomentan y acentúan la competencia fiscal entre los países permitiéndoles una competencia desleal. Y además condicionan las políticas de los gobiernos a favor de rebajas de impuestos para el capital y subidas para los impuestos sobre el consumo y el trabajo. Con el agravante de que en la UE, tras las privatizaciones los impuestos representan el 90 % ingresos públicos.

A lo cual tenemos que añadir que incentivan el blanqueo de dinero sucio consiguiendo la obstrucción y demora de los procesos judiciales por delitos económicos; por tanto, degradando la justicia para la corrupción y los delitos económicos. Por colmo, las informaciones de prensa sobre el caso Gurtel, como de muchos otros casos más recientes, nos han ilustrado una vez más sobre cómo  los paraísos fiscales facilitan la ocultación del dinero de la corrupción y el blanqueo de dinero sucio.

Porque  sirven como plataformas para que las grandes operaciones bancarias y empresariales, legales o ilegales, se aprovechen de las diferencias entre las legislaciones de los países, lo que se denomina arbitraje regulatorio o legislativo; unas prácticas que hacen ineficaces las legislaciones avanzadas o rigurosas porque, dada la libertad de los movimientos de capitales, siempre habrá una país que tenga menos control y menos impuestos específicos, si las operaciones se planifican a escala global. Y las informaciones de los medios convencionales nos tapan otro efecto nocivo para la seguridad jurídica de los países y es que obstaculizan y demoran los procesos judiciales sobre delincuencia económica.  Por eso hace años que hemos documentado que, al final, los llamados paraísos fiscales van socavando las democracias contribuyendo a derechizar las políticas de TODOS los gobiernos. Algo que ya se documenta en nuestro primer libro sobre Los paraísos fiscales, subtitulado “Cómo los centros offshore socavan las democracias”.

EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS DEL G-20

Tras más de dos años del comienzo de la crisis financiera, es evidente el fracaso de los gobiernos y de la tercera cumbre del G-20 en Pittsburgh para afrontar las reformas del sistema financiero global. PORQUE NO SE HAN TOCADO LAS BASES DEL SISTEMA que hemos señalado; y que son  la GLOBALIDAD de los mercados financieros derivada de LA LIBERTAD ABSOLUTA DE LOS MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE CAPITALES, acompañada por LA DESREGULACIÓN, que trajeron la carencia de supervisión para las operaciones bancarias y financieras internacionales. Y en consecuencia persiste la OPACIDAD DE LAS FINANZAS, que sigue en vigor y no se ha visto afectada por la política de rescates y ayudas a la banca. Por consiguiente, salta a la vista que tampoco han tocado a los centros financieros offshore con los rescates y las ayudas a los bancos en apuros, que se les han concedido sin condiciones a pesar de financiarse con dinero de los contribuyentes.

Para evitar la quiebra cierta de todo el sistema bancario y financiero globalizado, los gobiernos han prestado ayuda financiera y/o han adquirido bancos de Wall Street, de la City y del Eurogrupo manteniendo sus filiales en paraísos fiscales. Unas ayudas y rescates bancarios con cargo los contribuyentes que han generado un aumento del déficit público que amenaza los sistemas de protección social en los países donde existen y que tendrán que se cubren incremento de impuestos indirectos; es decir, sistema tributarios más injustos, en lugar de combatir la evasión fiscal y reformas las bases del sistema bancario globalizado. Porque para colmo, actualmente el sistema financiero mundial se mantiene sostenido por el dinero público; y la banca en la sombra sigue funcionando ya que los gobiernos han prestado ayuda financiera y/o han adquirido las acciones de los bancos de Wall Street, de la City londinense y del Eurogrupo manteniendo sus “filiales” en paraísos fiscales que sabemos para que se utilizan: para defraudar al propio Estado que les sostiene.

Por eso en nuestro último libro de divulgación denunciamos que  la mediática lucha contra los paraísos fiscales, antes y después de la cumbre  del G-20 de abril en Londres, ha funcionado como una CORTINA DE HUMO para esconder que no ha habido acuerdos serios para reformar el sistema bancario y financiero global; solamente se ha programado una serie de retoques “técnicos” para la supervisión de la banca. El anuncio de reformas del sistema con aquella sonora frase de “se acabó el secreto  bancario”  ha escondido que los acuerdos del G-20 en Londres contra los paraísos fiscales han sido simplemente un remedo de las medidas que YA FUERON ACORDADAS POR EL G-7 en Okinawa (Japón) tras la crisis asiática y rusa a finales de los noventa; que era todo un plan de actuaciones que no se llevaron a cabo.

Uno de los resultados CONCRETOS de la cumbre del G-20 en Londres  es que las Islas del Canal y de Man han dejado de ser consideradas oficialmente como paraísos fiscales, quedando equiparadas a Alemania, Francia o España. Y la efímera lista de la OCDE al amparo del G-20 tuvo que ser modificada cuatros días después. Y se suceden desde abril último en las ediciones posteriores de la compleja lista (como puede comprobarse en el sitio web de esa Organización o en uno de mis blogs ) han quedado reducidos a 20 o menos el número de los países y territorios que siguen catalogados como paraísos fiscales (tax havens), que no incluyen ya a las Caimán, ni a Mónaco, ni a Suiza.

Y es que, si ustedes me permiten contarlo para que todo el mundo lo entienda, se puede decir que  la gran jugada mediática del G-20 ha sido amparar a la OCDE para que rebajara la anterior catalogación de paraíso fiscal que era más rigurosa. Para catalogar a un país o territorio como paraíso fiscal, la OCDE estableció en el año 2000 que debía cumplir cuatro condiciones técnicas:

- que en la jurisdicción haya cero impuestos o casi;

- que hubiera falta de transparencia respecto al origen de los fondos;

- que no intercambie información con otros países;

-  y que se reserven esos privilegios fiscales para entidades que no tuvieran actividad económica en esa jurisdicción.

Características que mantienen hoy muchos centros financieros offshore en la práctica. Aquel proyecto de la OCDE pretendía acabar con los paraísos fiscales antes de 2006. ALGO QUE ES EVIDENTE QUE NO SE CUMPLIÓ.

Ahora los llama  jurisdicciones que no cumplen los estándares internacionales, si no han firmado 12 convenios bilaterales para el intercambio de información fiscal con la otra parte. La OCDE ha simplificado y desvirtuado la definición de “paraíso fiscal” para borrarla como el FMI había ya borrado la denominación de “centro financiero offshore” que designaba la misma realidad financiera. Y  al bajar el listón de medida todos se han apresurado a suscribir esos 12 convenios entre sí y con los países con los que les resulta más fácil acordarlos. Y oficialmente está disminuyendo velozmente el número de paraísos fiscales.

En la reciente cumbre del G-20 en Pittsburgh, que se ha mantenido lo aprobado en Londres, los gobiernos se han limitado a fijar plazos para que se cumpla EL NUEVO CRITERIO sin definir siquiera las posibles sanciones. Por eso, la realidad es que sigue viva su actividad bancaria y financiera OPACA, que se apoya en la carencia de regulaciones y de supervisión y en la opacidad, que es realmente lo que venden en perjuicio de los demás Estados.  Porque no se dice que esos convenios fiscales según el modelo de la OCDE respetan el secreto bancario que les caracterizan.

Hace unas semanas se hacía público que EL BANCO BRITÁNICO BARCLAYS había creado un fondo de inversiones domiciliado en las Caimán. Para The Times de Londres  y El País se trataba de una operación para favorecer a unos ejecutivos del Banco ante la posibilidad de que sean limitadas sus retribuciones variables o bonos. Pero la verdad es que este Banco intenta  sacar de su contabilidad oficial y esconder los valores tóxicos que posee todavía en su cartera y no logra colocar en el mercado. Es decir, seguir con el sistema bancario en la sombra, causa de la crisis. Según el Financial Times y el periódico Expansión, este Banco intenta descargar en ese nuevo fondo de inversiones, la cartera de valores tóxicos que no tienen mercado y reducen su solvencia. Sigue, pues, el descontrol de la banca internacional.

AVANCES POSIBLES CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES

Sin embargo, quienes aspiramos a una mayor justicia y equidad  en democracia creemos que SON POSIBLES LOS AVANCES PARA LA ERRADICACIÓN DE LOS LLAMADOS PARAÍSOS FISCALES y la superación del dominio de las finanzas sobre la economía real o productiva, que  es la que genera  empleos y riqueza. Porque la crisis financiera no ha terminado: hace días nos contaban que la falta de crédito hace que haya disminuido la venta de camiones, aunque existe demanda. Y la solución se encuentra en serias reformas del sistema bancario y financiero que garanticen el servicio a la economía y combatir la evasión fiscal que facilitan los centros offshore.

Para finalizar esta conferencia, permítanme que me limite al ENUNCIADO DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS CONCRETAS que podemos considerar que son políticamente posibles, si lográramos entre todos llevarlas al debate político.

En primer lugar, tengo que destacar que en 2005 los grupos de Attac-España elevamos al gobierno español un documento avalado por unas cuatro mil firmas de ciudadanos con su DNI, solicitando el no reconocimiento legal en territorio español de filiales y sociedades offshore, en países y territorios sin actividad económica local.

En segundo lugar, hay que tener presente que la Unión Europea a la que pertenecemos, nunca  ha planteado  ningún plan de acciones contra los perjuicios que a sus Estados miembros le genera Suiza, Liechtenstein, Andorra y demás paraísos fiscales sino que ha concertado tratados de asociación de libre comercio con cada uno de ellos y la Unión. Una asociación que habría que revisar.

Entendemos que, con y sin Tratado de Lisboa, son precisas unas reformas en la UE; es especial, dos de fondo:

1ª.- La regulación del “espacio financiero europeo” dotándolo de una supervisión pública comunitaria controlada por el Parlamento europeo. Nuestros políticos suelen ignorar que la Unión se define como “espacio financiero europeo” SIN supervisor comunitario para la banca y sin fronteras para el capital.

2ª.- Hay que lograr la modificación del art. 56 del TCE, trasladado al art. III-156 del Tratado de Lisboa, que prohíbe a los Estados miembros establecer restricciones a los movimientos de capitales entre los países miembros y con terceros países, extracomunitarios. Este artículo ha sido denunciado como un obstáculo para el combate contra la evasión y el fraude fiscal por la Asociación profesional de los inspectores de Hacienda en sus Congresos.

Y desde hace años tenemos empantanadas dos revisiones legislativas europeas que no cambian el marco actual pero pueden ser un avance. Es urgente la revisión de la directiva sobre el ahorro que obliga al intercambio de información fiscal entre los socios europeos y con los países y territorios del entorno europeo, considerados paraísos fiscales, con los que los que se han sucrito acuerdos, para hacer extensiva la obligación de información fiscal no solo sobre los titulares de cuentas bancarias de depósito sino sobre fondos de inversiones, fideicomisos y demás entidades de inversión financiera. Y es un escándalo del que nadie habla que siga sin ratificar por España y otros socios europeos la tercera directiva sobre el blanqueo de capitales que tenía que haber entrado en vigor a comienzos de 2008 y que incluye medidas defensivas y de control sobre supuestas filiales bancarias en paraísos fiscales.

Y desde luego, vendría muy bien que el Consejo europeo estableciera una penalización del lobbismo de los 15,000 profesionales dedicados a influir sobre la tecnocracia de Bruselas que prepara  propuestas y reglamentos que luego son aprobados en reuniones maratonianas por nuestros ministros de turno, con  vuelos de ida y vuelto el mismo día.

TODOS ESTOS SERÍAN VERDADEROS AVANCES,  MODESTOS PERO REALES, HACIA EL CONTROL DEL CAPITAL FINANCIERO Y EL AVANCE HACIA LA ERRADICACIÓN DE LOS LLAMADOS PARAÍSOS FISCALES porque combaten la desregulación y la opacidad de las finanzas.

MUCHAS GRACIAS.-

***

En este  ciclo de conferencias organizado por la Fundación Alfonso Comín en Barcelona bajo el lema “¿Es posible el cambio de sistema económico?”, intervinieron asimismo como ponentes Ignacio Ramonet, Director de Le Monde diplomatique; François Houtart, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina y fundador del Centro tricontinental; Pedro M. Sasia, Director del Proyecto Fiare del Aula de Ética de la Universidad de Deusto y Toni Comín, diputado del Parlamento de Cataluña y profesor de Ciencias sociales de ESADE.

No hacen falta sofisticados estudios o encuestas para conocer la magnitud del fraude fiscal existente en España porque a diario se puede comprobar la alegría con la que se ofrecen en el mercado servicios u operaciones sin factura, facturas sin IVA, u operaciones con una parte en negro. Esta situación pone de manifiesto el poco miedo que tiene el defraudador a ser pillado, la falta de repudio social ante el fraude fiscal y el fracaso de la administración en sus planes de lucha contra el fraude.
Amparándose en la dificultad de su realización, ningún gobierno ha querido elaborar hasta ahora un estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España.
Hay que esperar que esta situación cambie, ya que la propia Unión Europea está tomando conciencia de la gravedad del fraude. Así, el Parlamento Europeo, en un informe de 17 de julio de 2008, se lamenta de que no se disponga de cifras precisas. Debido a que las normas nacionales para la presentación de información varían considerablemente, reclama una recopilación unitaria de datos en todos los Estados miembros que ofrezca transparencia y sirva de base a las medidas nacionales contra el fraude fiscal, y pide a la Comisión que se plantee la creación de un sistema europeo uniforme de recogida de datos y de producción estadística sobre el fraude fiscal, con objeto de evaluar de la manera más precisa posible la magnitud real de este fenómeno. El informe reconoce que las estimaciones sobre las pérdidas globales (directas e indirectas) de ingresos fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan en Europa entre los 200.000 y los 250.000 millones de euros anuales.
A pesar de que en España no existe un estudio oficial sobre el fraude fiscal, existen otros informes, estudios o datos que ponen de manifiesto la magnitud del problema y que, en términos porcentuales, cuantifican el fraude en España entre el 20% y 25%, el doble que la media de la UE.
Esta situación se corrobora por otros datos adicionales. El primero se refiere al dinero en metálico en España, que supone el 10% del PIB, frente al 5% de la zona euro y el 6% de EE UU, y ello a pesar de que España dispone de una de las redes de cajeros automáticos y sucursales bancarias más utilizadas de Europa. El segundo es el enorme volumen de billetes de 500 euros que circula por España: actualmente circulan en el país 111 millones de euros en billetes de 500 euros, un 30% del total emitido en la UE y el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles. La cifra de este tipo de billetes se ha multiplicado por siete respecto a 2002, año de puesta en circulación del euro.
Podemos señalar que el fraude fiscal no es un fenómeno nuevo, sino que ha supuesto un problema importante en la sociedad española en las últimas décadas. Respecto de su cuantificación en euros, si entre un 20% y un 25% del PIB español no paga los impuestos que les corresponde, el PIB de España alcanzó en 2007 el billón de euros, y la presión fiscal media se sitúa en el 36%; la cifra de cuotas no ingresadas supera los 70.000 millones de euros cada año como mínimo. De acuerdo con los datos anteriores, y teniendo en cuenta que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, se puede cuantificar en una cifra aproximada de 280.000 millones de euros las cuotas tributarias no ingresadas, y que con una actuación decidida del gobierno, aprobando las medidas adecuadas, podrían ingresar en las arcas públicas.
Estos datos ponen de manifiesto la magnitud del problema, y no se entiende la autocomplacencia de las autoridades tributarias con los resultados obtenidos, basada en la obtención de una determinada deuda tributaria de las liquidaciones efectuadas por la administración o de las declaraciones complementarias como efecto inducido. Como resultado de las actuaciones realizadas entre 2005 y 2008, se ha cuantificado la deuda recuperada en unos 28.000 millones de euros. Comparada dicha cifra con la de fraude existente, el importe recuperado no llega al 10%, por lo que no se puede hablar de resultados satisfactorios. Por otro lado, en la calle no se percibe una especial persecución a los defraudadores, salvo en algunos supuestos de fraude de carácter organizado, y si preguntamos a los ciudadanos, sus respuestas confirman la situación de fracaso, como se expone a continuación.
Según los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2008, la mayoría de los españoles, un 82%, considera que en España hay mucho o bastante fraude fiscal, el mismo porcentaje que piensa que si la gente no engaña más es por miedo a una inspección. Además, un 52,1% considera que “casi todo el mundo” engaña algo al pagar sus impuestos y la administración ya cuenta con ello. Si examinamos la misma encuesta realizada en julio de 2002, podemos verificar que la situación no ha variado significativamente, ya que entonces el 79,6% creía que existía mucho o bastante fraude.
En el informe 21/07, “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2006” del Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del ministerio de Economía y Hacienda, se refleja que el 58% de los ciudadanos opina que el fraude fiscal ha aumentado en la última década, frente a un 42% que opina lo contrario.

Planes de actuación de la administración tributaria
En los últimos años hemos asistido a la aprobación de diferentes medidas de lucha contra el fraude fiscal, que a pesar del bombo mediático del que iban acompañadas, lograban poca efectividad en sus objetivos, quizá porque no existía una auténtica voluntad política de atacar el fondo del problema.
Desde su creación, la Agencia Tributaria ha elaborado diversos documentos de planificación estratégica en 1994, 1996, 1998 y 2000, que pueden citarse como antecedentes del Plan de Prevención del Fraude aprobado en febrero de 2005 y que todavía está ejecutándose.
En el análisis del plan lo primero que resaltaba era su nombre. El anuncio que hizo el gobierno se refería a la aprobación de un Plan de Lucha Contra el Fraude, y finalmente se aprobó un Plan de Prevención. Evidentemente, no es lo mismo, ya que prevenir supone adoptar medidas para evitar que no se produzca fraude en el futuro, mientras que luchar supone actuar contra el que se ha producido y se está produciendo en el momento actual. Ese cambio de nombre no fue casualidad, ya que en el transcurso de elaboración del plan se tuvo conocimiento de que algunas medidas que los responsables habían reflejado en sus informes, acertadas en orden a luchar contra el fraude, finalmente no constaban en el plan aprobado por decisión del responsable político. Así ocurrió con la creación de la policía fiscal, asunto que quedó en la firma de un convenio de colaboración con la policía; medidas encaminadas al reforzamiento del servicio jurídico del Estado, o el refuerzo del reconocimiento legal de la competencia de la Agencia Tributaria para investigar el fraude fiscal de carácter criminal, los delitos de contrabando, el blanqueo de capitales y los delitos conexos, en funciones de auxilio a la justicia.
Entre las carencias y deficiencias detectadas en el plan adoptado destacaban dos: la necesidad de mayores medios materiales y humanos para llevarlo a cabo, y la ausencia de medidas normativas.
En cuanto a la Ley de Medidas aprobada, siendo una norma que pretende luchar contra el fraude, uno de los aspectos que se echan en falta es la ausencia de una definición del concepto de fraude fiscal, sus características, su cuantificación y el objetivo que persiguen las medidas desarrolladas en dicha norma. La ley refleja una serie de medidas dispersas que no conforman un cuerpo conjunto y armonizado para la lucha contra el fraude, incluyéndose, además, medidas que poco o nada tienen que ver con ese objetivo, como la posibilidad de aplazar o fraccionar el pago de sanciones sin que ello suponga perder automáticamente la reducción del 25%, la reducción que experimenta el recargo por declaración extemporánea cuando se ingrese en periodo voluntario, o los anticipos de tesorería a favor de las entidades locales.

Decálogo de medidas para combatir el fraude
A mi juicio, el decálogo de las más medidas más importantes para luchar contra el fraude fiscal sería el siguiente:
Reforma del delito fiscal. Diversos colectivos e instituciones reiteran desde hace años la necesidad de reformar la figura del delito fiscal como una pieza básica en la estrategia de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
En varias ocasiones se ha llamado la atención sobre la probada ineficacia que por diferentes razones presenta en la actualidad el delito fiscal. En este sentido, puede afirmarse que el delito fiscal o de defraudación tributaria se ha convertido hoy en un adorno casi inoperante en nuestro sistema jurídico-tributario. En ello inciden fundamentalmente factores como la aparición de nuevas modalidades de fraude, la lentitud de los procesos judiciales, la ausencia de penas que supongan en la práctica la privación efectiva de libertad, la ausencia de una adecuada tipificación penal de las tramas de fraude, la dificultad de adoptar medidas de prisión preventiva de los inculpados, la falta de una formación penal suficiente en el ámbito tributario o la falta de una adecuada formación y sensibilidad fiscal en los órganos judiciales.
A pesar de todos estos obstáculos, resulta de la máxima importancia la existencia de un delito fiscal creíble y eficaz que comporte, para los responsables, beneficiarios y colaboradores de las manifestaciones más graves del fraude fiscal, un castigo adecuado, al tiempo que se garantice la reparación del daño causado al conjunto de los ciudadanos. En la reforma se tendrían que contemplar medidas como aumentar la pena de prisión de cuatro a seis años para los casos más graves; incrementar el plazo de prescripción penal para perseguir los delitos fiscales de cinco a 10 años; eliminar la excusa absolutoria para el delito fiscal; considerar como circunstancia agravante la comisión del fraude mediante la utilización de países o territorios calificados como paraísos fiscales; establecer la pena de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de cualesquiera entidades mercantiles durante el periodo de seis meses a seis años; tipificar un nuevo delito consistente en el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para la defraudación tributaria y considerar a los funcionarios de la Inspección de Hacienda (la policía fiscal) como policía judicial.
Creación de la policía fiscal. La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria en la cual se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera. Tales unidades mantendrían su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina de Lucha contra el Fraude. La creación de una policía fiscal es un elemento clave en la lucha contra el fraude, especialmente el fraude organizado. Existen modelos internacionales de eficacia contrastada como EE UU e Italia.
Creación de una oficina natural antifraude. La contemplación unitaria de la delincuencia fiscal hace imprescindible la creación de un organismo multidisciplinar que, bajo la dependencia funcional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, integre, entre otros, a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del ministerio Fiscal. Un organismo de tal naturaleza estaría en condiciones de abordar con garantías de éxito la lucha contra las grandes tramas de fraude que tan relevantes perjuicios causan al conjunto de los ciudadanos, al tiempo que constituiría un órgano especializado de apoyo y colaboración permanente con los órganos del poder judicial.
Especialización en materia fiscal de jueces y fiscales. La complejidad creciente que adopta el fraude fiscal en la actualidad, y la complejidad técnica propia de las normas fiscales, hacen imprescindible la adopción de medidas tendentes a garantizar que los jueces y fiscales dispongan de la formación específica necesaria para abordar con garantías de éxito la investigación, el descubrimiento y el castigo del fraude fiscal.
Reforma del régimen sancionador de la Ley General Tributaria. Resulta necesario reformar el régimen sancionador de la Ley General Tributaria con el objetivo de agravar las sanciones en algunos supuestos de resistencia a la inspección y de no aportación de información ante un requerimiento efectuado por la inspección, tipificar como infracción tributaria el ofrecimiento de productos y servicios sin factura, o sin incluir el IVA, o tipificar como infracción tributaria la conducta de las personas o instituciones que colaboren habitualmente en la comisión de fraudes.
Reforma de los procedimientos de la Ley General Tributaria. Esta ley y los procedimientos que se regulan en la misma están destinados a las comprobaciones tributarias tradicionales, resultando insuficientes para luchar contra los fraudes de carácter organizado, como las tramas del IVA o los relacionados con todo tipo de corrupción, incluida la urbanística. Para que los resultados contra este tipo de fraudes sean satisfactorios, se ha de reformar la Ley General Tributaria, creando un procedimiento especial para la lucha contra el fraude tributario delictivo y organizado, en el que se contemplen medidas referidas a la regulación de los plazos de duración de las actuaciones, otorgar a la inspección la facultad de investigar cuentas bancarias sin notificación previa al interesado o regular las actuaciones sin necesidad de identificación (actuaciones de incógnito).
Reforma del régimen de módulos. Creo que con la medida regulada en la Ley de Medidas contra el fraude, consistente en practicar una retención, no se corregirá el fraude relativo a la emisión de facturas falsas por contribuyentes que tributan en este régimen.
Se propone modificar la normativa del IRPF para que la estimación  objetiva se aplique a los contribuyentes que realicen actividades agrícolas o actividades económicas cuando, en el periodo en curso o en alguno de los tres anteriores, al menos el 80% del valor de sus bienes entregados o servicios prestados se destinen a contribuyentes sin derecho a ninguna deducción o beneficio tributario por tales adquisiciones.
Responsabilidad solidaria de despachos e instituciones en fraudes de ingeniería fiscal. Se propone como medida el establecimiento de una responsabilidad solidaria entre los despachos e instituciones que comercializan productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal.
Utilización de los paraísos fiscales. Se proponen las siguientes medidas para acabar con la utilización de los paraísos fiscales:
– No reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español.
– Establecer un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales.
– Realizar un plan especial de comprobación de artistas y deportistas para verificar su residencia real en paraísos fiscales.
– Prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios.
– Establecer penas agravadas en los delitos fiscales cuando el fraude fiscal se comete a través de la utilización de paraísos fiscales.
Aprobación del estatuto de la AEAT. Se considera imprescindible y prioritaria la aprobación del Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria, pendiente desde la creación de la AEAT, que regule un marco jurídico para garantizar la máxima independencia a la hora de aplicar el sistema tributario, independencia que solo se logrará si el director general es designado por el Parlamento y por un periodo determinado de tiempo. El estatuto tendría que regular otros aspectos, como la participación efectiva de las Comunidades Autónomas en sus objetivos; las fuentes de financiación que la doten de autonomía financiera; el régimen jurídico de los funcionarios, carrera profesional, régimen de incompatibilidades y retribuciones; los medios humanos necesarios para luchar contra el fraude fiscal, adoptando las medidas necesarias de planificación de recursos humanos para incrementar los dedicados a dicha función.

Conclusiones
A pesar de que el actual gobierno, como los anteriores, anunciara que una de sus líneas de actuación prioritaria iba a ser la lucha contra el fraude fiscal, la realidad ha sido otra diferente. Las medidas aprobadas, un Plan de Prevención sin la dotación de los medios necesarios, y una Ley de Medidas que no refleja las más necesarias y significativas, se han demostrado insuficientes para combatir el fraude fiscal con la intensidad necesaria.
Ninguna de las medidas aprobadas hasta ahora ha producido un cambio sustancial en la situación global de fraude fiscal en España, independientemente de que el gobierno esté satisfecho con los resultados cuantitativos obtenidos, como lo estaban también anteriores gobiernos de distinto signo político. Medidas efectivas para cambiar la situación las hay. Sólo hace falta la voluntad política del gobierno para llevarlas a cabo.

¿Alguien recuerda que el presidente de la República francesa (Sarkozy) dijo que se iba a refundar el capitalismo? Tras la primera cumbre del G-20+ en Washington (con Bush) en noviembre 2008,en abril 2009 tenía lugar la segunda en Londres (con Obama) y la tercera  celebrada el 24-25 septiembre en Pittsburg-USA.

 ¿Para cuando la tan anunciada regulación y supervisión de los mercados financieros?

El análisis de esas medidas y sus efectos negativos en el Sur es el contenido de la ponencia que bajo el título indicado presentó Juan Hdez. Vigueras en el Seminario multidisciplinar sobre el Derecho a no emigrar-El codesarrollo en el mundo global, organizado por la Escuela Judicial del Consejo del Poder Judicial en Madrid los días 26-28 de Mayo de 2008.

Los movimientos migratorios de todo tipo afectan anualmente a casi 200 millones de personas según la OCDE; y estas migraciones tienen una relación estrecha con el empobrecimiento del Sur.

Hoy se reconocen el empobrecimiento y demás consecuencias negativas que ha tenido el modelo del consenso de Washington en gran número de países latinoamericanos y africanos. Sin embargo, se suele omitir la mención del papel jugado por la liberalización de los movimientos internacionales de capitales; que han generado un tremendo desarrollo de los centros financieros extraterritoriales en ciertos países y territorios; calificados luego como paraísos fiscales pero que han tenido un peso enorme en la descapitalización de los países del Sur y en su atraso económico y social.

Ciertamente, conforme al consenso que se logró en la conferencia de Monterrey, compete a cada país la responsabilidad de movilizar sus recursos propios para financiar su propio progreso económico y social. Pero el entorno internacional de descontrol de los movimientos financieros representa serios obstáculos, como se expone en este documento. Por eso, si realmente queremos acabar con las avalanchas migratorias hacia el Norte rico, habría que lograr lo que sugería un cartel expuesto durante la Semana de comercio justo organizada por la Universidad Complutense de Madrid en la primavera de 2004: “Sin modificar las reglas de juego no hay posibilidad de solucionar el problema del actual desequilibrio entre el Norte y el Sur” y “solo un nuevo orden internacional más justo podrá cambiar el desequilibrio entre el Norte y el Sur”.

El documento completo está disponible aquí.

y profesor emérito de la Universidad británica de Lancaster.

Articulo publicado en Financial Times (5 mayo 2009)

Los bancos emplean extensos equipos de gente con elevadas retribuciones para diseñar transacciones, principalmente con la finalidad de evadir impuestos. Estas actividades parece que son mucho más productivas que el rutinario negocio de gestionar pagos y canalizar ahorros hacia inversiones. ¿Por qué?

La respuesta revela la estrecha ligazón entre evasión fiscal y especulación que ha alimentado la inestabilidad financiera durante 30 años. Está claro que ha habido otras causas de la actual crisis, pero han contribuido en gran medida los fallos del sistema fiscal internacional.

La coordinación fiscal internacional depende de tratados basados en un modelo ideado hace 80 años. Para evitar la doble imposición, en general los tratados otorgan a los gobiernos el derecho sobre las rentas de una inversión en el país de residencia del inversor. Mientras que los beneficios empresariales tributan en el país “de la fuente”, donde tienen lugar las actividades.

Sin embargo, durante la mayor parte del siglo pasado, la inversión internacional estuvo dominada por las corporaciones internacionales, que podían escoger el emplazamiento de sus fuentes de fondos y organizar las estructuras de capital de sus filiales. Esto les permitía idear técnicas para asegurarse que no  tributaban injustamente según los criterios referidos, explotando las ambigüedades en los conceptos de residencia y de fuente y utilizando entidades legales constituidas en jurisdicciones convenientes.  Asimismo, tales métodos fueron explotados, con menos legitimidad, por gentes ricas resentidas con los impuestos sobre las rentas altas.

La relajación y el abandono final de los controles de cambio en los años setenta llevaron al florecimiento de las finanzas “offshore” y a un auge de los paraísos fiscales. Estos dependen tanto del fraude fiscal declarado como de la explotación de las zonas grises de la evasión fiscal. Comoquiera que las grandes multinacionales son por igual entidades financieras y empresariales, disponen de libertad para idear estructuras financieras complejas; e incluso mucho más las entidades financieras como los bancos. Según dos encuestas separadas de la US Government Accountability Office y de Tax Justice Network, era un banco el mayor usuario de paraísos fiscales en cada país de la encuesta. Las autoridades fiscales tienen enormes problemas para descifrar esas estructuras. Si pueden lograrlo, a menudo les resulta difícil caracterizarlas como ficticias.

Los principales países inclusive albergan también a los principales centros financieros, desde los cuales se dirigen estas actividades. Las autoridades tributarias en estos países, no menos en los EEUU y en el Reino Unido, se han visto intimidadas aceptando estas actividades por miedo a perder los negocios financieros.

Tomemos, por ejemplo, los fondos de alto riesgo (hedge funds). Las autoridades fiscales de los EEUU y del Reino Unido han aceptado una interpretación laxa de las normas de la residencia y de la fuente, al aceptar que estos fondos son residentes y que sus beneficios tienen como fuentes los centros offshore (la mayoría en las Islas Caimán), incluso aunque estén realmente gestionados desde Londres y Nueva York. No solamente son tratadas las ganancias  de estos fondos como obtenidas en las Caimán, y por tanto, no imponibles sino que su distribución no está sujeta a la retención fiscal, para  gran beneficio de sus inversores. El emplazamiento de estos fondos en una jurisdicción con secretismo facilita la evasión  fiscal y es una invitación abierta al fraude.

Para las multinacionales y los inversores ricos  los puntos son los mismos: las rentas de las transacciones financieras tributan al final a un tipo cero o bajo, haciéndolas mucho más rentables que los auténticos esfuerzos empresariales. Esta distorsión del sistema fiscal en gran medida ha alimentado los excesos de liquidez canalizados hacia las transacciones financieras especulativas. El sistema del secretismo offshore ha sido un elemento principal de opacidad que ha socavado la regulación financiera y corporativa
Los remedios radican en reformas fundamentales de la cooperación para la regulación internacional fiscal y financiera y en su coordinación. La cooperación fiscal internacional requiere un sistema multilateral e integral para la obtención y el intercambio de información para todos los fines tributarios, con salvaguardas apropiadas para los contribuyentes. El requerimiento a las multinacionales para que desglosen su información contable por cada país en el que hacen negocios, inyectaría al sistema la tan necesitada transparencia. La reforma debería incluir un giro hacia la tributación unitaria, que la mayoría de los especialistas internacionales en materia fiscal reconocen que debería haber se adoptado ya. Esto sería preferible a las nuevas propuestas de la Administración Obama para retocar las normas estadounidenses sobre pagos diferidos de impuestos.

Estas reformas harían más efectivo y justo al sistema tributario internacional y eliminaría una de las pretendidas justificaciones para los paraísos fiscales. Generarían amplias reducciones de costes e incluso la supresión de los departamentos bancarios que se ingenian planes distorsionadores y despilfarradores con fines fiscales.-

Por Juan Hdez. Vigueras
Miembro del comité europeo de Tax Justice Network

Los ciudadanos menos afortunados se ven amenazados por una reducción de su nivel de vida, mientras los gobiernos anuncian medidas contra la recesión económica desatendiendo las causas originarias.  Y de este modo los problemas de la economía real, con su secuela de paro y expedientes de regulación de empleo, tapan con frecuencia la crisis financiera, que incluso la olvidan aquellos que han perdido parte de sus ahorros en bolsa o han visto devaluado su fondo privado de pensiones. Y es que la realidad y profundidad de esta crisis financiera se ha venido ocultando bajo los sustantivos turbulencia, tormenta, terremoto, tsunami, marejada u otros aplicados a la volatilidad e inestabilidad de las bolsas desencadenada por los impagos de las hipotecas sin garantías (subprime mortgages) en los EEUU; unos sustantivos que no resultan inocuos ni inocentes sino que nos trasladan la idea soterrada de la imposibilidad de su control y, por tanto, de cualquier responsabilidad política en su gestación, como si  de un fenómeno de la naturaleza se tratara.

De ahí que las medidas gubernamentales europeas de reactivación económica comenzaran con ayudas a la banca que tenían como finalidad primordial impedir el colapso del sistema; y que ningún gobierno  haya adoptado todavía medidas que se enfrenten al dominio de los mercados financieros sobre la economía real.

LA OPACIDAD DE LOS PARAÍSOS FISCALES,  CAUSA DE LA CRISIS FINANCIERA

Ya en Agosto 2007, tras el colapso de los títulos respaldados por las hipotecas subprimes, como una de las causas de la crisis financiera y económica surgía la utilización de la opacidad de los centros offshore, con la quiebra de los dos hedge funds propiedad del banco Bear Stearns, rescatado luego en Marzo 2008 por Wall Street. Esos dos fondos del entonces quinto banco de inversiones del mundo, que estaban registrados en las Caimán, eran simplemente dos “letterbox companies”, dos compañías materializadas por un simple buzón de correos; y a estos fondos de alto riesgo se les concedían préstamos apalancados, es decir, con un endeudamiento superior a su capital, para que especularan con valores respaldados por hipotecas de alto riesgo.

Y el pasado Abril, la Comisión del Tesoro del Parlamento británico abría una encuesta sobre el papel de los centros offshore, los llamados paraísos fiscales, en la actual crisis de los mercados financieros globales. Exactamente diez años después de aquellas investigaciones sobre la regulación financiera de los centros offshore, promovidas por el primer gobierno Blair y de cual era  entonces Ministro de Hacienda George Brown, el actual primer ministro, cuyas conclusiones fue incapaz de aplicar ese mismo gobierno.

Para Julio, la investigación parlamentaria había recogido las aportaciones de 27 entidades, entre ellas Tax Justice Network, pero la mayoría eran de representantes de los intereses de los paraísos fiscales offshore.  Del lado del negocio offshore, la posición está resumida por la agencia Jersey Finance Limited  al sostener que “no hay ninguna prueba teórica o práctica que sugiera que los centros offshore amenazan la estabilidad financiera. Jersey cumple o excede todos los estándares internacionales pertinentes para la estabilidad y la transparencia esperadas por los principales centros financieros del mundo”   Muy al contrario, los informes de Universidades, ONGs y asociaciones (una parte importante del volumen digital de 626 páginas disponibles en Internet) destacan los procedimientos y mecanismos opacos bancarios en los centros offshore.

En primer lugar, las sociedades y fundaciones registradas en los centros financieros para no residentes conocidos como paraísos fiscales, se utilizan fácilmente para desvincular la propiedad de los instrumentos financieros offshore de sus entidades matrices en el país de origen, situando activos financieros fuera de su contabilidad y obteniendo calificaciones del crédito más elevadas. Es la principal conclusión del estudio presentado por los profesores Palan y Nesvetailova de la Universidad de Birmingham, que ilustran con el estudio de la quiebra del banco británico Northern Rock, nacionalizado por el gobierno con su entidad Granite domiciliada en Jersey de tal manera que nadie sabía con seguridad si Northern Rock tenía que asumir la responsabilidad de los 50,000 millones de libras en deudas de esta “filial” porque legalmente era un ente independiente.

En segundo lugar, aseguran que esta opacidad del negocio offshore genera un problema de proporciones sistémicas, dado que esa relación tan particular se repite en miles y miles de los llamados “conduits” (conductos) o SPVs (instrumentos con fines específicos), una diversidad de entidades instrumentales establecidas en centros financieros extraterritoriales que han permitido realizar operaciones bancarias y financieras segregadas de la contabilidad oficial y, por tanto, no sometidas al control de ninguna autoridad. Es el denominado “sistema bancario en la sombra” (the Shadow Banking System) que identifica todo un sector bancario subalterno de la gran banca, surgido de la desregulación, que abarca una variedad de operadores, instituciones e instrumentos todos ellos opacos, como los hedge funds o fondos especulativos de alto riesgo, que se han desarrollado a lo largo de la última década en el sistema financiero internacional con apoyo en los paraísos fiscales. Precisamente a esta banca oculta y descontrolada hacía una amplia referencia en Julio 2008 el representante de la Asociación Española de Banca, en un Encuentro organizado por Caja Madrid bajo el título “Crisis Subprime: Externa y Extraña al Sistema Bancario Español”, para negar que la crisis subprime hubiera afectado a los bancos españoles, aunque por supuesto ni se mencionó ni se negó que la banca española hiciera uso de filiales y sociedad registradas en paraísos fiscales donde no tiene actividad bancaria, como es notorio.

EL DEBATE SE REAVIVA  EN EUROPA

Desde luego la crisis financiera ha reavivado el asunto de los paraísos fiscales en Europa. El pasado octubre ante el Parlamento europeo en Estrasburgo, el presidente semestral de la Unión, Nicolás Sarkozy decía que contaba “con el apoyo de Luxemburgo para que la arquitectura financiera sea profundamente reconsiderada en el exterior y en el interior de nuestro continente”, invitando al Gran Ducado, conocido por su secretismo, a dar ejemplo en materia de reforma del sistema financiero y de transparencia. Sin embargo, Luxemburgo como pilar  básico del poder fáctico del “offshore” en la UE no parece estar por la labor. Para empezar, no acudió a la reunión  de ministros y representantes de 18 países de la OCDE en Paris el 21 de octubre, convocada por Francia y Alemania para debatir el problema de los paraísos fiscales; como tampoco acudieron Austria, Suiza ni los EEUU u otros relevantes miembros. Aunque los asistentes produjeron un comunicado conjunto afirmando que todos ellos “favorecen la acción contra las jurisdicciones cuyo marco legal y administrativo facilita el fraude y la evasión fiscal”

Ciertamente, para salvar la cara ante los electores,  algunos líderes europeos pretenden reactivar el proyecto de la OCDE contra los paraísos fiscales, un proyecto que estaba muerto y olvidado hace años. Y al mismo tiempo pretenden ignorar que, además de Luxemburgo, también Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Jersey o la isla de Man están profundamente insertados en la estructura jurídica y financiera de la UE aunque no sean miembros de pleno derecho, con las consecuencias que hemos analizado en nuestro libro La Europa opaca de las finanzas (Icaria, 2008) Dicho de otro modo, los gobiernos europeos de derecha e izquierda no solamente toleran las filiales y las sociedades offshore, como en el caso de los bancos y cajas de ahorro españolas, sino que las medidas para rescatar a los bancos están actualmente financiando mecanismos bancarios que  defraudan las Haciendas nacionales, además de amparar vías para el blanqueo de dinero sucio y para las grandes operaciones financieras transnacionales sin transparencia.

LA FALACIA DE LA REGULACIÓN FINANCIERA

Un ejemplo de la política oficial dominante ha sido la confusión que alimentó la frase  tan mediática de Sarkozy de “refundar el capitalismo” (transformada luego en “reforma del sistema financiero internacional”) sobre el alcance de la cumbre del 15 de Noviembre en Washington. Pese al lenguaje poco inteligible para muchos ciudadanos, la declaración final se resume en tres enunciados como son la regulación de los mercados financieros; la supervisión y la transparencia financieras; que implicarían la total desaparición del negocio offshore y de la banca en la sombra. Pero esos enunciados de Washington que siguen vírgenes ya estaban en el olvidado programa de la presidencia francesa para la UE en este semestre: “Las turbulencias actuales, que comenzaron en el verano de 2007, – decía el documento francés de julio pasado  – han puesto de relieve la imperiosa necesidad de reforzar la estabilidad y la transparencia del sistema financiero y corregir sus disfuncionamientos (…), y  la instauración de una supervisión adecuada de los grupos financieros transeuropeos”

Y la reunión informal del Consejo europeo, previa a la de Washington, aprobó un primer principio diciendo que “ninguna institución financiera, ningún segmento del mercado, ninguna jurisdicción debe escapar a una regulación proporcionada y apropiada o, al menos, a la vigilancia”  Lo de “jurisdicción” aludía a los paraísos fiscales que no quedaban mencionados por escrito; aunque tanto Sarkozy como luego Zapatero proclamaran su disposición a combatirlos. Pero tampoco se les menciona en la declaración de Washington, a los que se alude entre las medidas a medio plazo que han de “proteger el sistema financiero global de las jurisdicciones con falta de cooperación y la falta de transparencia que plantean riesgos o actividades financieras ilícitas”. Son muestras de mera retórica que oculta la ausencia de voluntad política para acabar con la desregulación financiera y el subproducto de los paraísos fiscales.

Porque las referencias en el documento de Washington al compromiso de mejorar la supervisión financiera  tampoco cuestionan los presupuestos de un sistema globalizado, que permite que el impago de una hipoteca en Michigan haya significado la pérdida de los ahorros de un pequeño comerciante gallego. Porque no se trata únicamente de la laxitud del supervisor estadounidense que no controló los activos financieros ligados a las hipotecas sin garantías sino de reconsiderar la globalización financiera que, al desmantelar los controles bancarios de los Estados durante la década de los noventa, ha generalizado la libre movilidad internacional del capital como principio organizativo. Y la UE es  el caso extremo porque frente a las operaciones financieras transnacionales, la supervisión bancaria y de las bolsas solamente existe en cada país; y a los Estados miembros se les prohíbe introducir cualquier restricción en los movimientos de fondos extracomunitarios.  Por tanto, la Unión tendría que  empezar por replantearse su autodefinición como ”espacio financiero “ sin fronteras para el capital y sin supervisor para operaciones bancarias extracomunitarias.

LOS RESCATES BANCARIOS MANTIENEN LAS REDES OFFSHORE

Hasta la fecha ninguna medida gubernamental anticrisis ha cuestionado el funcionamiento actual del crédito bancario y de los mercados financieros. El rescate de bancos y entidades inyectándoles dinero público, prestándoles la garantía del Estado o nacionalizándolos, sea en los EEUU o en la UE, pretende ser solo un remedio de emergencia para evitar el colapso de un sistema que carece del control de los Estados; pero que socializa las pérdidas aunque no haya servido para desbloquear la paralización del mercado interbancario del crédito o para reactivar la economía real.

Más aún, todos los casos conocidos de bancos recatados de alguna manera con dinero publico tienen filiales en paraísos fiscales. Además de los bancos mencionados Bear Stearns y Northern Rock, el banco alemán IKB tenia una filial en el Estado de Delaware, paraíso fiscal que no figura en la lista de la OCDE y otra filial en la Isla de Jersey; y  de modo similar el West LB, el Sachsen LB, el Hypo Real Estate; el ING holandés; el franco belga Dexia o el conglomerado asegurador AIG de los EEUU y demás casos documentados en www.laeuropacadelasfinanzas.como y asimismo en www.redjusticiafiscal.org

Pero lo más significativo de esta política compartida en la UE es que los gobiernos mantienen las redes offshore de los bancos rescatados con dinero público sin exigirles que desmantelen unas filiales en paraísos fiscales destinadas a la evasión y al fraude fiscal, aparte de que violan el cacareado principio regulador de la competencia leal entre los operadores del mercado. Veamos, si no, brevemente tres casos relatados en los sitios webs referenciados, y que denuncian las políticas gubernamentales que pretenden superar la crisis sin abandonar el paradigma del casino financiero donde ningún jugador conoce las bazas del contrario:

1 ) El pasado 13 de Octubre el Royal Bank of Scotland (RBS) fue incluido en la operación de rescate de la City por el gobierno laborista de Gordon Brown, que asumió parte de su recapitalización en forma de adquisición de acciones preferentes (sin derecho a voto) Y por su relevancia institucional, una investigación del periódico escocés Sunday Herald revelaba que tras la nacionalización “el RBS Group, una de las llamadas `joyas` de la economía de Escocia, tiene sociedades de cartera beneficiarias con al menos 128 sociedades registradas en paraísos fiscales, según su informe anual; incluidas en esos holdings están 62 sociedades de las isla Caimán, 29 en Jersey, 11 en Guernesey, 7 en las islas Vírgenes Británicas y 4 en las Bahamas”   Y además de subrayar la vinculación de la crisis financiera con los paraísos fiscales,  denunciaba que “ aunque ha tomado una cuota accionarial importante en los principales bancos, el Reino Unido no ha cuestionado la utilización de los paraísos fiscales offshore que han jugado un papel tan importante en la turbo-alimentación de la burbuja crediticia”  y que “ la red de operaciones bancarias offshore que han hecho perder millones de contribuyentes, si no miles de millones de ingresos tremendamente necesarios, está aún en activo, ahora financiada por el contribuyente británico” añadiendo: “Sí; estamos pagando a los bancos para que dejen de pagar impuestos  en el Reino Unido”

2) El banco belga-holandés FORTIS, número veinte del mundo en 2007, es un ejemplo típico, además, de la ignorancia con que se gestan los rescates por los gobiernos europeos ante la crisis bancaria junto con la impotencia comunitaria. Tras una primera inyección financiera, cinco días más tarde se adoptaba un nuevo acuerdo de rescate consistente en el reparto de la propiedad del banco entre Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el banco francés BNP Paribas que se quedaba con otra parte.

Pero en este como en otros casos no se ha perturbado a la llamada banca privada o de gestión de grandes fortunas que es una de las actividades bancarias florecientes en Europa. En Septiembre de 2008 cerca de doscientas compañías integraban la organización bancaria y de seguros de Fortis, según una de sus numerosas webs. Como organización global, casi todas bajo la denominación de Fortis Bank o Fortis Investment domiciliadas en diversos países, que además de Luxemburgo, incluyen Suiza, la Isla de Man, Mónaco, Curaçao (Antillas holandesas) y Guernesey, paraísos fiscales notorios por su secretismo. Más aún,  el periódico holandés Volskrant (7/10/2008) comentaba los dossieres acumulados por el Ministro de Finanzas con la adquisición de Fortis Bank Netherland  y ABN Amro Bank Netherland , propiedad de Fortis, que registran cuentas de dinero negro de holandeses en la filiales de ABN Amro en Suiza y Luxemburgo.

3 ) Finalmente, el Fondo de adquisición de activos financieros constituye otro ejemplo de cómo se ayuda a la banca sin exigirle transparencia y lealtad a las normas  legales que garantizan el mercado. El Gobierno español ha recurrido a transferir dinero público a la banca, comprándole sus activos financieros, confiando en que sea el mercado quien reactive con créditos una economía en recesión, victima del dominio de las finanzas y de la especulación inmobiliaria, porque en la pasada década España se quedó sin banca pública que fue privatizada.

Y en la primera subasta del pasado 20 de Noviembre se repartieron 2,115 millones de euros entre los bancos y cajas de ahorro no identificados públicamente que vendieron instrumentos financieros como cédulas hipotecarias y bonos de titulización que tenían su poder. Y gracias a la prensa sabemos que el Banco de Sabadell recibió 150 millones de euros por la venta al gobierno de un buen lote de sus activos financieros, que pudieran provenir de las 56 sociedades del Grupo Banco Sabadell que, según su Memoria de 2007, incluye 11 bancos y sociedades domiciliadas en paraísos fiscales de la lista de la OCDE como Andorra (4), las Bahamas (1), Mónaco (1), Las Caimán (2) y también en Luxemburgo (3) El más popular dentro de este Grupo quizás sea el BancSabadell de Andorra que ofrece servicios a sus clientes para la gestión de grandes fortunas, además de una selección de fondos internacionales de inversión, como informa su web oficial.

Por tanto, como la mayoría de estas entidades financieras del complejo grupo bancario emiten valores bajo la marca Banco Sabadell, surgen serias dudas de que el gobierno español haya comprado activos financieros del Banco Sabadell de Andorra, Sabadell d´Andorra Borsa,  Sabadell d´Andorra Inversiones Sociedad Gestora, S.A, Banco Atlántico Bahamas Bank & Trust Ltd, Sabadell International Capital de las Caimán u otros registrados en notorios paraísos fiscales.

En resumen, podemos afirmar que los actuales rescates bancarios europeos ofrecen dos conclusiones.

La primera, ya demostrada aquí, es que esos planes gubernamentales no han intentado siquiera la modificación de la operativa financiera  que utiliza “el sistema bancario en la sombra” para centrifugar riesgos apoyado en los paraísos fiscales y permitiendo el funcionamiento opaco de bancos y hedge funds. Más aún, las inyecciones financieras, las nacionalizaciones y los rescates bancarios conocidos han mantenido sus filiales en Jersey u otros centros offshore, a través de las cuales operan con ignorancia de las autoridades supervisoras nacionales e incluso de sus propietarios, a veces. Y todas las declaraciones gubernamentales contra los paraísos fiscales se ven desmentidas por los hechos.

La segunda es que la intervención de los gobiernos europeos y los planes de avales estatales para el endeudamiento bancario no han logrado restablecer la confianza en el funcionamiento del sistema bancario, que era su propósito político declarado. La libertad de movimientos extracomunitarios de fondos y valores en mercados globalizados ha permitido la penetración en la Unión de los valores llamados ahora tóxicos, devaluados, que contaminan y generan desconfianza entre los bancos y entidades por la imposibilidad de conocer la realidad de su solvencia. Porque fuentes bien informadas aseguran que solamente se han contabilizado un tercio del total de pérdidas contables (writedowns)  ligadas a las hipotecas subprimes quedando aún el resto por amortizar en las carteras de los bancos (Eric Daniels, el primer ejecutivo del banco británico Lloyds TSB en el Financial Times, 2/12/2008)

De ahí que los gobiernos hayan optado en los últimos meses por hacer pública una garantía global sobre el sistema bancario sin introducir medidas correctoras que garanticen la fluidez del crédito a empresas productivas y particulares. Lo que significa el reestablecimiento de un principio básico de las finanzas globales como es el llamado riesgo moral o inducido que permite que la gran banca asuma riesgos desmesurados en el bien entendido que el dinero público estará siempre disponible para su salvación. Es el significado del reciente rescate del Citigroup tras  el “error” de haber permitido la quiebra de Lehman Brothers.

Por tanto, algunos pensamos que la superación de la crisis financiera pasa necesariamente por el desmontaje de ese sistema bancario paralelo y opaco para mercados financieros globales y desregulados, que incluye la desaparición del negocio offshore. Lo que significaría la recuperación del control de la situación por parte de las autoridades estatales y la introducción de regulaciones que pongan orden en los mercados del dinero y permitan a los gobiernos un control real de sus políticas económicas.-