En concreto, los entes supervisores han detectado un aumento en el lavado de dinero, ya que crecieron las actividades sospechosas en seis de las economías más importantes de la región.

México y Brasil son los países que aparecen a la cabeza en este problema. En Venezuela, la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sudeban) informó de la detección de 705 casos durante el segundo semestre del 2009, un porcentaje de un 13,34% por encima de los casos encontrados en el mismo período del año anterior.

2009 fue el año más duro de la crisis, según el consenso de algunos analistas internacionales, y estas cifras demuestran, por lo tanto, la hipótesis del Congreso: el lavado de dinero negro aumenta en tiempos de crisis.

Según las palabras del asesor venezolano Alejandro Rebolledo, que participa en el Congreso, como revelan las noticias publicadas en diarios internacionales, la infiltración de las mafias en el mercado internacional, ayudadas por la corrupción y la falta de controles, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas financieros.

La proliferación de las actividades sospechosas en las economías más importantes de Latinoamérica sumerge a los países en la penumbra del mercado negro. Pero este problema no se queda dentro de las fronteras latinoamericanas, sino que tiene una dimensión internacional, y está estimulado por el narcotráfico, el fraude y las estafas.
En otros países, la corrupción y las inversiones en bienes raíces y en el sector de la construcción configuran caminos más sencillos para el enriquecimiento ilícito.

Resumen

Los depósitos privados de no-residentes están altamente correlacionados con los depósitos procedentes de  la evasión fiscal en paraísos fiscales offshore. Como parte de nuestro trabajo de medición de los flujos financieros ilícitos – de los cuales el dinero del fraude fiscal incluido es un componente significativo – Global Financial Integrity ha desarrollado un método para medir estos depósitos privados en los centros financieros offshore por año y sobre la base de centro a centro.

1. Conclusiones.

v     El total actual de los depósitos de no-residentes en las jurisdicciones del secretismo offshore están justo por debajo de los 10 billones $ (US $ trillion).
v    Los EEUU, el Reino Unido y las Islas Caimán encabezan la lista de jurisdicciones y  al frente se colocan los EEUU con una cifra total de 2 billones $.
v    Contrariamente a las expectativas por la disposición favorable a los depósitos, Asia solamente responde de un 6 % aproximadamente del total mundial de depósitos; aunque en este Informe Hong Kong es la décima jurisdicción del secretismo por depósitos.
v    El estudio de los casos seleccionados muestra las fluctuaciones medibles en los depósitos financieros correlacionados con los eventos por los cuales estaban amenazadas las jurisdicciones del secretismo o la solvencia del conjunto del mercado. Este estudio contempla específicamente  Suiza e Islandia, que han experimentado acontecimientos significativos en la serie de años analizados.
v    La tasa de crecimiento de los depósitos en offshore de las jurisdicciones del secretismo ha aumentado a una media del 9 % por año, sobrepasando el aumento de la riqueza mundial en la última década. Esto es probable que sea el resultado de los aumentos de los flujos financieros ilícitos desde los países en desarrollo y del fraude fiscal de los residentes en los países desarrollados.

Cuadro 5. (extracto)
Depósitos de no-residentes en las diez primeras
Jurisdicciones del secretismo.
(en miliones $)

Jurisdicción                    Junio 2008              Junio 2009

1. Estados Unidos           2,549,092               2,182,790
2. Islas Caimán               1,515,102               1,549,753
3. Reino Unido                1,795,558               1,533,574
4. Luxemburgo                  587,777                  435,425
5. Alemania                         494,497                   425,643
6. Jersey                               544,082                   393,221
7. Holanda                           413,026                    315,947
8. Irlanda                             273,390                    276,409
9. Suiza                                  289,407                    273,973
10.Hong Kong                    325,140                     267,993

(Fuentes de datos: BIS, FMI y Bancos centrales)

2. Introducción del Informe.

Durante los dos últimos años, la banca offshore  ha estado sometida  un escrutinio creciente por los medios de comunicación, los legisladores y el público en todo el mundo. Durante este período, el gigante de la banca suiza UBS resultó implicado en casos judiciales, civiles y penales, altamente visibles en los EEUU al permitir a ciudadanos estadounidenses el fraude en impuestos por un importe de 20,000 millones $ en cuentas offshore. En mayo 2008, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los EEUU (GAO, en siglas  inglesas) descubrió que de las 100 mayores multinacionales de EEUU, 83 tenían filiales en paraísos fiscales. Asimismo, el informe estimaba que, en 2004, estas multinacionales pagaron un tipo impositivo efectivo de solamente del 2,3 % sobre los 700,000 millones $ de ganancias activas.

Menos de un año más tarde, en abril 2009, el G-20 anunció una campaña de “nombrar y avergonzar”, que coloca a los países en categorías basadas en la aplicación por cada país de las leyes fiscales internacionales y en la publicación de una lista de paraísos fiscales (de la OCDE). A pesar de la intensa presión para una mayor transparencia internacional, combinada con críticas verbales de los líderes mundiales y el implacable foco de los medios internacionales, son pocas las estimaciones por países sobre los depósitos extranjeros en los centros financieros extraterritoriales existentes. Esto es sorprendente dado que una estimación de estos depósitos incluiría el grueso de los fondos ilícitos en offshore, comprendidos aquellos que proceden del fraude fiscal.

Dada la falta de datos integrales sobre los depósitos en centros financieros offshore, este INFORME intenta cuantificar esos depósitos de entidades privadas desglosados país por país. Luego, se examinan los cambios en esos depósitos en su contexto económico e histórico. Como no existen fuentes que nos proporcionen datos integrales sobre los depósitos privados de no-residentes, nuestro análisis utiliza una variedad de medidas representativas para estimar esas cifras por jurisdicción. Estos resultados se analizan en niveles individuales, regionales y globales.

El análisis se divide en tres secciones. En la primera estimamos los depósitos por país de los depósitos de no-residentes en cada año, utilizando una medición integral basada en una fuente primaria y en tres fuentes suplementarias. En la segunda estimamos los depósitos privados de no residentes por trimestres con un conjunto de datos limitados a una fuente. Asimismo, exponemos el seguimiento del crecimiento del mercado de offshore con una serie de datos de un período de 23 años, examinando los mayores receptores de depósitos privados extranjeros y analizamos la distribución regional de los mismos.  Finalmente, presentamos los dos casos estudiados de   Suiza e Islandia, en el contexto de la expansión del mercado offshore, la crisis financiera de 2008 y varios eventos económicos significativos y singulares para estos países.

El documento revela que los depósitos privados de no-residentes en las jurisdicciones del secretismo han ido creciendo claramente desde que iniciamos la recopilación de datos significativos en los años noventa, con un total que actualmente se sitúa justo bajo los 10 billones (trillion) de dólares estadounidenses. A lo largo de ese período, estos depósitos aumentaron a una tasa compuesta anual del 11,4 % en términos nominales y del 9 % en términos reales (ajustados a la inflación según el índice de precios al consumo de los EEUU). Incluso en la tasa ajustada, esta expansión  ha superado significativamente el crecimiento de la riqueza mundial, que durante ese período creció a una tasa compuesta del 5,3 % en términos reales. Este hallazgo quizás sea una prueba más del crecimiento de los flujos financieros ilícitos en los países desarrollados así como del fraude fiscal. Asimismo implicaría que el mercado offshore se está convirtiendo en un destino cada vez más popular para los activos de los ricos del mundo. Las tres jurisdicciones que tienen los mayores importes de depósitos de no residentes son los EEUU, el Reino Unido y las Islas Caimán, cada uno de los cuales dispone de más de un billón y medio de dólares (US $ 1.5 trillion) en depósitos privados extranjeros. Los EEUU es el mayor tenedor con más de 2 billones $.

Traducción del original por redtjn.

El Informe íntegro en inglés de puede descargar desde el sitio web de GFI pinchando aquí.

Por Kevin Gallagher .

En 1942, cuando trabajaba para establecer el Fondo Monetario Internacional John Maynard Keynes dijo que “el control de los movimientos de capital, tanto dentro como fuera de un país, debería ser un rasgo permanente del sistema de la postguerra”.

En su nuevo libro “Ideas sobre el capital: el FMI y el resurgimiento de la liberalización financiera” (Capital Ideas: The IMF and the Rise of Financial Liberalization), Jeffrey Chwieroth argumenta que a pesar de que la profesión económica mantenia ampliamente el apoyo de la posición de Keynes, hacia finales de los años noventa el FMI fue modificando los articulos de sus acuerdos con el fin de desterrar los controles de capital en todo el mundo.

El giro en el pensamiento del FMI, según Chwieroth, se debió al cambio de posición de sus expertos. Y en otro nuevo giro, los expertos del FMI acaban de publicar un documento de posicionamiento donde se retractan de su rechazo de las ideas de Keynes. Ahora llega el momento de que practiquen lo que predican.

El movimiento para desterrar los controles de capital perdió fuerza tras la liberación prematura de la cuenta de capital causante en parte de la crisis asiática de 1997-98; y dado que países como Malasia utilizaron los controles de capital par evitar lo peor de aquella crisis. Sin embargo, entre bastidores, el FMI aún aconsejaba a los países que liberalizaran sus cuentas de capital y eliminaran sus controles de capital.

La verdad es que hasta fechas tan recientes como noviembre 2009, en respuesta al anuncio de Brasil de un impuesto temporal sobre los flujos de entrada de capital especulativo, Dominique Strauss-Kahn director general del FMI decia que “el problema es que la mayor parte de las veces eso no funciona”

Todo eso cambió el viernes 19 febrero 2010 cuando los mismos economistas de Strass-Kahn publicaron un documento sobre posición de los expertos demostrando empiricamente que los controles de capital no solamente funcionan sino que “estaban asociados al haber evitado algunos de los peores resultados del aumento” de la actual crisis económica. El documento concluye que “la utilización de los controles de capital- sumados a politicas tanto macroeconómica como prudencial- se justifica como parte de los instrumentos de politica”

El nuevo informe del FMI describe medidas tales como impuestos sobre deuda a corto plazo (como el caso de Brsil) o exigencias de que los flujos de entrada de deuda a corto plazo vayan acompañados de un depósito a colocar en el banco central durante un periodo de tiempo (como fue practicado por países como Chile,Colombia y Tailandia). La finalidad de tales medidas -que a menudo se introducen cuando los flujos de capital comienzan a recalentar la economía y se suprimen cuando se enfría – es impedir las entrada masiva de dinero caliente que pueda elevar el tipo de cambo y amenazar la estabilidad macroeconómica del país.

Los descubrimientos del FMI no podría haber llegado en mejor momento. La especulación con divisas distintas (carry trade) está de nuevo trayendo capital especulativo hacia los países en desarrollo que podrían perturbar su recuperación de la crisis. Sin embargo, para que sea efectivo el adecuado despliegue de los controles de capital, tiene que superar al menor tres obstaculos.

Primero, el capital especulativo aún puede causar estragos porque el dinero caliente centellea en paises que despliegan controles y en paises que no los aplican. Segundo, pasado un tiempo los inversores evaden creativamente controles de capital mediante derivados y otros instrumentos. Tercero, los acuerdos comerciales y de inversiones con los EEUU convierten en ilegales los controles de cambio.

El antiguo economista del FMI Arvind Subramanian propone una soluación para los primeros dos problemas. Primero, controles de capital completos coordinados entre todos las economías emergentes. Para resolver el problema del fraude en el control de capital, dice, el Fondo debe ayudar a los países en la regulación de los controles de capital y vigilar que no sean eludidos los controles.

El tercer porblema posiblemente sea el mayor obstáculo. Si un país tiene un acuerdo comercial con los EEUU, los controles de capital son ilegales. Son conocidas las medidas de Chile para erradicar entradas de capital pero en virtud del Acuerdo Chile-EEUU de Libre Comercio de la etapa Bush los EEUU forzaron con eficacia a Chile para que lieralmente pagara las consecuencias si volvía a intentar utilizar de nuevo los controles de capital.

El pendiente Acuerdo Colombia-EEUU sobre Libre Comercio,negociado también bajo Bush, excluye el uso de controles sobre el capital. Los Demócratas – que estaban en contra del rechazo por la Administración Bush de los controles de capital en los acuerdos comerciales – ha defendido un nuevo modelo de politica comercial. Se dice qu el representante del comercio de EEUU Ron Kirk va a desvelar próximamente un nuevo modelo de acuerdo comercial de los EEUU.

Es hora de practicar lo que los economistas han predicado al menos desde Keynes: los controles de capital deben ser una de las herramientas disponibles. Las economçias en desarrollo tendrían que contemplar controles de capital coordinados y el FMI prestarles su experiencia para garantizar que esos controles no son burlados. Próximamente, Kirk debería prestar atención a los nuevos descubrimientos del FMI y a la posición de su propio partido para permitir a los àises que desplieguen controles de capital para impedir y mitigar las crisis financieras bajo los acuerdos comerciales con los EEUU. En palabras de Keynes: “No seria descabellado contemplar la posibilidad de un progreso aún mucho mayor”.-

Traducido para Red por la Justicia Fiscal.

QUE SE APRUEBE UN IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS EN FAVOR DE LA GENTE Y EL PLANETA YA !

Introduce a financial transaction tax for people and the planet now!

Señores Miembros del G-20:

El sector financiero ha causado la actual crisis histórica, como ustedes han reconocido en sus documentos. El crecimiento exponencial del sector financiero basado únicamente en el beneficio de la especulación a corto plazo ha generado una economia de casino. Con el estallido de la burbuja más reciente, millones de hombres y mujeres han perdido sus empleos. Gentes de todo el mundo se han hundido aún más en la pobreza y hoy pasan hambre cien millones más de personas.

Ustedes han movilizado cientos de miles de dólares para salvar a los bancos y al sistema financiero. A mismo tiempo, ni la emergencia social ni la climática están siendo abordadas con la urgencia política que merecen y con los recursos necesarios para respaldarla.

Durante décadas las grandes entidades de servicios financieros se beneficiaron de la ausencia de regulación efectiva y son ampliamente responsables de la crisis. Creemos que es hora de que paguen la justa parte de los costes de la recuperación. El instrumento más efectivo para lograrlo sería un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, porque

• • Generaría los fondos que se necesitan para pagar los costes sociales de la crisis así como para combatir la pobreza global y el cambio climático.

  • Contribuiría a la mayor estabilidad del sistema financiero reduciendo la especulación y la excesiva liquidez.

Que sigan los negocios financieros como siempre no es una opción. Les apremiamos para que en la próxima cumbre del G-20 en Toronto (Canadá), los días 26-27 de junio de 2010, adopten el acuerdo de implantar un impuesto sobre las transacciones financieras; para que las palabras vayan respaldadas con accciones.

Atentamente,

(firma)

Nota bene.- Carta que propone el movimiento Attac para que sea firmada y remitida a la Oficina del gobierno de su país con el fin de que la remita al G-20. Sugerimos que se copie y pegue para su envío por correo electrónico.

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Introduce a financial transaction tax for people and the planet now!

Dear Members of the G20,

The financial sector has caused the current historic crisis. The exponential growth of the financial sector with a focus on short-term speculative gain has created a ‘casino economy’. With the bursting of the most recent bubble, millions of men and women have lost their jobs. People all over the world have been plunged further into poverty and a hundred million more people are hungry today.

You have mobilised hundreds of billions of dollars to save the banks and the financial system. At the same time, neither the social nor the climate emergency is being addressed with the political urgency it deserves and with the necessary financial resources to back it.

Financial services corporations benefited for decades from the absence of meaningful regulation and are largely responsible for the crisis. I believe it is time for them to pay their fair share of the costs of recovery. A Financial Transactions Tax would be the most effective instrument to secure this. It would:

· Generate funds needed to pay for the social costs of the crisis as well as to fight global poverty and climate change.

· Contribute to greater stability of the financial system by reducing speculation and excessive liquidity.

Business as usual is not an option. I urge you to decide at your next meeting inToronto, Canada (26-27 June 2010) to introduce a tax on financial transactions. Back your words with action.

Yours sincerely

(sign)

…………………………………..

N.B.- This Letter is proposed by Attac to be sent to the members of G-20. If you agree, please copy, paste and sign it and send an e mail to your government office to be sent to he G-20

El resultado de esa reunión ha sido publicado en inglés el 7 enero 2010 en forma de la  DECLARACION  de NEW HAVEN que inicia un nuevo partenariado entre los grupos que abogan por los derechos humanos y por la transparencia financiera.

Hacemos pública abajo en castellano esta Declaración al mismo tiempo que dedicamos con tristeza un recuerdo a las víctimas inocentes de la desgracia, la miseria y la devastación que asolan Haití, la población más pobre de América.  ¿Devolverá por fin Suiza la fortuna que el clan familiar del dictador Duvalier robó al pueblo haitiano? ¿Habrá dinero pronto para alimentar y recuperar Haití como lo hubo para salvar Wall Street o la City de Londres?

El mensaje de esta DECLARACIÓN es simple y claro: “la integridad financiera y los derechos humanos están intimamente vinculados” y la pobreza aumenta cuando el dinero se escapa ilícitamente de los países en lugar de invertirse en las necesidades básicas de las poblaciones de esos países donde se genera. Aunque aparentemente sin relación entre sí, hay un hilo conductor que une los flujos de dinero generados por el crimen, la corrupción y la evasión y el fraude fiscal con la necesidad de un sistema financiero en la sombra que facilite tales transacciones.

Y ese sistema opaco  ha crecido hasta tener un inmenso alcance con unos 70 paraísos fiscales en el mundo, unas jurisdicciones del secretismo que permiten el establecimiento y la operativa de entidades con titulares beneficiarios desconocidos, corporaciones empresariales encubiertas en cuentas fiduciarias millonarias, falsas fundaciones benéficas, abusivas trasferencias de costes-precios en transaciones comerciales transnacionales, técnicas de lavado de dinero sucio y agujeros en las legislaciones de los paises occidentales que facilitan el flujo del dinero ilicito a través de ese sistema financiero en la sombra para acabar al final en las arcas de los paises occidntales.

Algunos analistas apuntan que la mitad del comercio y los movimientos de capitales globales pasan a través de paraísos fiscales y de jurisdicciones del secretismo, a mediocamino entre el lugar donde se iniciaron y donde se consumaron. El secretismo financiero no es solamente un problema fiscal o de aplicación de la legislación. Aun más importante es el problema de enormes proporciones de los derechos humanos y el desarrollo económico. La ONG con sede en Washington, Global Finance Integrity estima que un billón de dólares ($1 trillion) de dinero ilícito se esfuma desde los países en desarrollo cada año utilizando el sistema financiero global en la sombra.

Este flujo de salida drena las reservas en divisas, agudiza la inflación, disminuye la recaudación tributaria, cancela las inversiones, obstaculiza la ayuda exterior, socava el libre comercio, empeora la pobreza  y mina el crecimiento sostenible de miles de millones de personas. Mientras la ayuda oficial al desarrollo se sitúa recientemente en torno a los 100,000 millones de dólares al año, por cada dólar que les entrega generosamente por encima de la mesa Occidente recupera unos 10 dólares por debajo de la misma mesa. Son enormes los costes humanos de estos flujos financieros que salen de los países en desarrollo.

Se estima que 18 millones de personas mueren al año por las privaciones económicas cuyas causas radican directamente en esas privaciones. De ellos, unos 9 millones son niños menores de cinco años que mueren de enfermedades para las cuales están disponibles vacunas. Aminorar solo en una fracción del billón de dólares al año de los flujos de salida, proporcionaría recursos que podrían salvar millones de vidas. Human Rights Watch ha documentado cómo miles de millones de dólares de flujos de salida han perjudicado, por ejemplo, Angola, Guinea Ecuatorial e Indonesia, desviando al exterior fondos que podrían haber sido utilizados para la educación y los servicios de salud.

El derecho a un sistema financiero global equitativo hay que entenderlo como un componente integral de la defensa de los derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración de los derechos humanos adoptada en 1948, dice que todo el mundo tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su salud y su bienestar. Ninguna otra disposición  de esta declaración ha sido más masivamente ignorada que esa.
Hoy hay más gente viviendo en extrema pobreza que en toda la humanidad en 1948, año de esa Declaración de la ONU. En Haití tenemos un ejemplo terrible.
La Declaración de New Haven, que avala la trayectoria y el prestigio de las organizaciones firmantes relacionadas abajo, apela a  todos aquellas organizaciones y personas que dirigen o influyen en la marcha del mundo.

DECLARACIÓN de NEW HAVEN  sibre  DERECHOS HUMANOS e INTEGRIDAD FINANCIERA

Los derechos humanos y la integridad financiera están íntimamente ligados. Allí donde reina la pobreza se suelen incumplir también los derechos civiles, políticos y económicos. En la actualidad, en muchos países en desarrollo, estas situaciones de pobreza y opresión se ven sumamente agravadas por la existencia de enormes flujos de salida de capital ilícito –que exceden en varias veces el total de la ayuda al desarrollo.

El dinero ilícito sale de los países más pobres a través de un sistema financiero global paralelo compuesto por paraísos fiscales, jurisdicciones con secreto bancario, corporaciones fantasma, cuentas anónimas de inversión, fundaciones falsas, y prácticas como el lavado de dinero o la manipulación de precios para evasión fiscal. Gran parte de este dinero es transferido de modo permanente a las economías occidentales.

La reducción de estos flujos de salida ilícitos exige una mayor transparencia e integridad en el sistema financiero global. Lograr este objetivo es, a su vez, un prerrequisito para crear un marco económico abierto, responsable, justo y beneficioso para todos.

Por ello, exhortamos a las Naciones Unidas, al G8, al G20, a la Organización Mundial del Comercio, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a otros foros internacionales, así como a los gobiernos nacionales, grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil, a reconocer la estrecha relación existente entre los derechos humanos y la transparencia financiera. Asimismo, exhortamos a que se tomen medidas decisivas para asegurar que los países en vías de desarrollo puedan retener sus propios recursos para alcanzar un desarrollo sustentable y luchar contra la pobreza; algo que deben lograr para que se cumplan los derechos humanos de todas las personas.

Los individuos y las organizaciones abajo firmantes se comprometen a trabajar conjuntamente en los próximos meses para avanzar esta agenda y para intentar sumar nuevas voces a esta tarea.

Amnesty International
Human Rights Watch
Oxfam
Basel Institute on Governance
Global Financial Integrity
Center for Applied Philosophy and Public Ethics
Open Society Institute Justice Initiative
Asia Initiatives
Task Force on Financial Integrity and Economic Development
Tax Justice Network
Christian Aid
National Council of Churches
Harrington Investments, Inc.
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Thomas Pogge, Yale University
Robert Hockett, Cornell University
Frank Pasquale, Seton Hall

2. Reafirmamos los propósitos de las Naciones Unidas…

(… )
Mejora de la reglamentación y la supervisión

37. La crisis actual ha puesto de manifiesto muchas deficiencias en la reglamentación y la
supervisión financieras nacionales e internacionales. Reconocemos la necesidad
fundamental de ampliar el alcance de la reglamentación y la supervisión y de hacerlo más
eficaz, en lo que respecta a los principales centros, instrumentos y agentes financieros, en
particular las instituciones financieras, los organismos de calificación crediticia y los
fondos de alto riesgo. También es necesaria una reglamentación más estricta y más
coordinada de los incentivos, los instrumentos financieros derivados y el comercio de
contratos normalizados. Rechazamos la imposición de requisitos reglamentarios
innecesariamente onerosos y pedimos una reglamentación eficaz, creíble y aplicable a
todos los niveles a fin de garantizar la transparencia y la supervisión necesarias del sistema
financiero. Todas las instituciones pertinentes deben estar sometidas a una vigilancia y una
reglamentación adecuada y proporcionada. Hacemos hincapié en que cada país debería
regular de manera adecuada sus mercados, instituciones e instrumentos financieros de
conformidad con sus prioridades de desarrollo y sus circunstancias, así como con sus
compromisos y obligaciones internacionales. Subrayamos la importancia del compromiso
político y del fomento de la capacidad para garantizar la plena aplicación de las medidas
adoptadas.

38. Destacamos la necesidad de garantizar que todas las jurisdicciones fiscales y los
centros financieros cumplan normas de transparencia y reglamentación. Reiteramos la
necesidad de impulsar en mayor medida la cooperación internacional en cuestiones
tributarias, en particular en el seno de las Naciones Unidas, entre otras cosas, mediante el
fomento de acuerdos sobre doble tributación. Debería haber marcos de cooperación de
carácter inclusivo que garanticen la participación y el trato en condiciones de igualdad de
todas las jurisdicciones. Pedimos la aplicación sistemática y sin discriminación de
requisitos de transparencia y de normas internacionales para el intercambio de
información.

39. Las corrientes financieras ilícitas, cuyo monto se estima en varias veces la AOD a
nivel mundial, tienen efectos negativos en la financiación para el desarrollo. Entre las
medidas destinadas a mejorar la reglamentación y la supervisión y la transparencia del
sistema financiero estructurado y no estructurado deberían figurar algunas encaminadas a
controlar las corrientes financieras ilícitas en todos los países. Un aumento de la
transparencia del sistema financiero mundial tendrá también un efecto disuasivo respecto
de las corrientes financieras ilícitas, en particular hacia los centros financieros
internacionales, y hará aumentar la capacidad para detectar actividades ilícitas.

40. Uno de los problemas en relación con la crisis actual es que al principio no se supo
calibrar el alcance total de los riesgos que se acumulaban en los mercados financieros y su
potencial para desestabilizar el sistema financiero internacional y la economía mundial.
Reconocemos la necesidad de que el FMI vigile con imparcialidad y eficacia los
principales centros financieros, las corrientes internacionales de capital y los mercados
financieros. En este contexto, celebramos la mejora de los sistemas de alerta temprana por
parte de las instituciones internacionales pertinentes a fin de detectar a tiempo los riesgos
macroeconómicos y financieros y determinar las medidas necesarias para hacerles frente.

41. La crisis actual ha revelado cuán integradas están nuestras economías, cuán
indivisible es nuestro bienestar colectivo y lo insostenible que resulta centrarse de forma
prioritaria en los beneficios a corto plazo. Reafirmamos los principios del desarrollo
sostenible y subrayamos la necesidad de alcanzar un consenso mundial sobre los valores y
los principios fundamentales en pro del desarrollo económico sostenible, justo y equitativo.
Creemos que la responsabilidad social y ambiental de las empresas es un componente
destacado de ese consenso. A este respecto, reconocemos la importancia de los 10
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Reforma del sistema financiero y económico internacional y su estructura

42. Esta crisis ha dado un nuevo impulso al debate internacional en curso sobre la
reforma de la estructura y el sistema financieros internacionales, en particular las
cuestiones relacionadas con el mandato, el alcance, la gobernanza, la capacidad de
respuesta y la orientación hacia el desarrollo, según corresponda. Existe consenso sobre la
necesidad de continuar la reforma y la modernización de las instituciones financieras
internacionales a fin….Véase DOCUMENTO íntegro.

Con la intermediación de los paraísos fiscales, el dinero que sale de los países en desarrollo corresponde aproximadamente a diez veces la ayuda al desarrollo que se les concede. Es uno de los muchos datos que aporta el informe publicado el 18 junio 2009 por la Comisión sobre “Fuga de capital desde los países pobres”, que hace un año recibió tal encargo  del gobierno de Noruega.  Con abundante información rigurosa obtenida de fuentes solventes, llega a la conclusión del nefasto papel que desempeñan los paraísos fiscales en las relaciones comerciales y financieras con los países en desarrollo; con un significado adicional por su carácter de documento oficial de un país pequeño pero influyente y con cierta relevancia en las finanzas mundiales derivada de su riqueza petrolífera.

El sector petrolífero de Noruega alimenta unos fondos estatales de inversiones en el exterior, los llamados fondos soberanos, que canalizan el excedente de ingresos públicos y que se invierten en el extranjero siguiendo criterios políticos  legalmente establecidos. Entre estos se encuentra el  Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) que está legalmente destinado a facilitar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, mediante inversiones de capital riesgo en negocios rentables de países en desarrollo. Estas inversiones noruegas abarcan una gama muy variada que van desde una central hidroeléctrica en Chile, a un banco en Uganda, pasando por un hotel en Kabul; y  revisten modalidades también diversas, desde participaciones financieras en empresas gestoras o la gestión directa con empresas propias de referido Fondo soberano.  La crisis financiera global ha generado inquietud entre los políticos noruegos sobre la eficacia real de esas inversiones de dinero público para el logro de los objetivos de desarrollo.

Con el mandato de definir una nuevas directrices para el Norfund, en junio de 2008 el gobierno de Noruega nombraba por Real Decreto una comisión multidisciplinar, integrada por  reputados profesores de Escuelas de Negocios, un fiscal especializado en delincuencia y otros altos funcionarios entre los cuales estaba la  ex magistrada francesa y ciudadana noruega, Eva Joly, famosa desde su instrucción del caso de la petrolera francesa Total-Elf en años recientes y recientemente elegida presidenta de la comisión de desarrollo en el nuevo Parlamento europeo.

Esta comisión gubernamental recibió el mandato de examinar el papel de las “secrecy jurisdictions” en relación con la fuga de capitales desde los países en desarrollo; con el encargo de evaluar los efectos dañinos que los paraísos fiscales están causando en los países en desarrollo, documentando su alcance y asimismo se le pedía que presentara recomendaciones que pudieran aliviar los problemas de los países en desarrollo creados por los paraísos fiscales, proponiendo una guía para las operaciones del Norfund.

Después de un año de investigaciones y trabajos, el pasado 18 junio la Comisión designada entregó al gobierno noruego su informe, bajo el título Tax havens and development (Paraísos fiscales y desarrollo), disponible en inglés en Internet. Sus 217 páginas documentadas se apoyan en estudios solventes, informes de organismos internacionales, de ONGs y los documentos  de Tax Justice Network (La Red por la Justicia Fiscal, una coalición de organizaciones y expertos,  a la que pertenece Attac-España y  a la que está vinculado el autor de este articulo.

A modo de resumen incompleto del citado informe noruego, expondremos algunos de sus apartados más significativos a nuestro juicio, a la espera que el gobierno noruego o alguna ONG publique pronto su traducción íntegra al español.

La imprecisión de la expresión “paraísos fiscales”

Una muestra del rigor y la solvencia de este informe es que comience por subrayar que “paraíso fiscal” (tax haven) “no es un término preciso”  y que “no existen criterios generalmente aceptados que determinen los elementos que deberían pesar en la clasificación de paraísos fiscales. Por tanto, el concepto no tiene aplicación en el derecho internacional o en los textos legales nacionales, pero aparece en ciertas propuestas legislativas que buscan la autorización de medidas  contra las estructuras dañinas y la falta de intercambio de información fiscal en asuntos tributarios”.

Sin embargo, se reconoce que paraíso fiscal es una expresión muy conocida y usada frecuentemente en los medios de comunicación y en las conversaciones diarias, aplicándose con imprecisión a Estados caracterizados por la adopción de tipos impositivos inusualmente bajos, tanto para toda la economía como para las sociedades fantasma de propietarios extranjeros. A menudo paraíso fiscal tiene como sinónimo centro financiero extraterritorial u offshore y jurisdicción con secretismo (secrecy jurisdiction), pero no existe consenso sobre qué define esa condición.

Este grupo de trabajo muestra sin pretenderlo la falacia de las declaraciones de los gobiernos del G-20 cuando decían combatir los paraísos fiscales sin precisar previamente de que estaban hablando. Y cuando llegó la hora, el G-20 se acogió al falso criterio determinante de la suscripción de convenios bilaterales de intercambio de información fiscal a petición de parte, como se denuncia en nuestro libro Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20 (Icaria. Colección Más Madera, junio 2009)

En cualquier caso, dependiendo de la definición que se elija, aparecen entre 30 ó 70 paraísos fiscales, lo que supone que entre el 15 y el 30 % de los países del mundo podrían entrar en la catalogación de “paraísos fiscales” y las expresiones afines. De ahí que a la Comisión haya considerado oportuno no incluir ningún listado en su informe, aunque ofrece un cuadro comparativo con los listados de la OCDE, del FMI, del Senado estadounidense y de Tax Justice Network.  La Comisión gubernamental noruega considera que “los paraísos fiscales” se caracterizan por el modo en que se regula el secreto bancario y su protección, dentro de un sistema normativo construido de manera que pretende sortear los intereses públicos y privados  en otros Estados, es decir, aquellos Estados donde los propietarios de las compañías tienen su domicilio o están sometidos a sus obligaciones legales. Luego “el secretismo y la falta de transparencia son la principal característica”, se concluye en el informe.

Son particularmente interesantes las análisis de ciertas estructuras de los paraísos fiscales, como las regulaciones del secreto bancario, las ficticias sociedades instrumentales y los fideicomisos (trusts) así como sus efectos perjudiciales en general; incluso se dedica un apartado para exponer la interferencia de  los paraísos fiscales con los derechos humanos definidos por la Convención europea de 1950.

El significativo sector financiero de los paraísos fiscales

En un apartado especifico ilustrado con cuadros de datos reales, la Comisión noruega señala que el capital fluye a las “secrecy jurisdictions” de muchas maneras diferentes. En parte, los fondos entran como depósitos u otros tipos de cuentas bancarias; otra parte se vale de sociedades mercantiles instrumentales, fideicomisos (trusts) y otras entidades propias de los paraísos fiscales y luego ese dinero se coloca en bancos o en otras entidades financieras antes de que sea canalizado hacia países con actividades rentables financieramente.

Aunque sean importantes las inversiones directas hacia o desde los paraísos fiscales, son muchos mayores las inversiones financieras y es mucho mayor el sector financiero en esos países y territorios offshore. Y cita, entre los paraísos fiscales mas notorios (con pequeñas economías y grandes balances financieros), el caso de las Islas Caimán que disponen de la mayor cifra de depósitos bancarios con 1,67 billones $ (doce ceros); en comparación con los 150,000 millones $ de las Islas Vírgenes Británicas. Cierto número de paraísos fiscales, incluidos Hong Kong, Holanda y Suiza, reciben mayores inversiones  que las Islas Vírgenes, pero estos países tienen una actividad económica sustancial que no está asociada con el secreto bancario.

En un cuadro estadístico (Página 107) con las cifras de activos bancarios internacionales, Suiza aparece en segundo lugar y el enorme sector bancario de las Caimán dispone de unos activos internacionales que totalizan 700 veces su PIB; mientras los activos nacionales e internacionales de los bancos noruegos se corresponden con 1,3 veces el PIB y los de los bancos de la Eurozona alcanzan 2,5 veces el PIB conjunto.

Con datos de 2008 se recoge otro cuadro sobre la importancia de los sectores financieros en los paraísos fiscales. Por comparación, mientras los EEUU y el Reino Unido representan los dos centros financieros mayores del mundo, con una actividad financiera muy significativa, el sector financiero de la Isla de Jersey representa el 50 % de su PIB y muchos otros paraísos fiscales superan el 17 % del PIB.

La Comisión registra, asimismo, la importancia de las sociedades instrumentales o ficticias domiciliadas en paraísos fiscales que ejercen su actividad económica fuera de esa jurisdicción, en el plano internacional. Como ejemplos relevantes, el citado informe registra que el número de sociedades o compañías por cada 1000 habitantes es de 17.917 en las Islas Vírgenes Británicas; de 1815 en las Islas Caimán y de 213 en las Bermudas. Como comparación, Noruega tiene 40 sociedades mercantiles por 1000 habitantes.

Los flujos de capital desde y hacia los paraísos fiscales

El referido informe reconoce que no se puede determinar con precisión el alcance del dinero ilícito que fluye desde los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales; pero es indiscutible que excede con mucho, por ejemplo, a la ayuda al desarrollo o a las inversiones directas en esos países.  El Banco Mundial estimaba en 571,000 millones $ el volumen total registrado de capital que llegó a los países en desarrollo en 2006; mientras que la ayuda de los países donantes alcanzó los 70,000 millones $. Sobre el dinero ilegal que sale desde los países en desarrollo, la estimación mas solvente (Kar & Mamadoy, 2008) señala que el total de estos flujos de capital ilegal se sitúa entre los 641,000 y 979,000 millones $. Incluso la estimación menor sugiere que los flujos de salida de capitales exceden las entradas netas de  capital. Los fondos que salen corresponden grosso modo a diez veces la ayuda al desarrollo que se concede a los países en desarrollo.

Aunque no todo el dinero ilícito va a parar a los paraísos fiscales, el informe considera documentado que son enormes las inversiones en esas jurisdicciones y que gran parte de esos fondos colocado allí no se declaran para la tributación. Y el informe hace referencia a la estimación que hizo Tax Justice Network  para 2004, que cifraba entre 11 y 12 billones $ las fortunas personales colocadas en paraísos fiscales. Y las estadísticas oficiales indican que esas cifras se elevaron en años posteriores, aunque la crisis financiera ha llevado a su disminución desde 2007.

La justificación de la utilización de paraísos fiscales por Norfund.

El informe gubernamental referido deja constancia que en la información aportada por el propio fondo soberano Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) a la Comisión, se explica por qué los fondos de inversiones en los que invierte están a menudo localizados en paraísos fiscales. Los directivos del Fondo estatal argumentan que “no es el secretismo lo que hace a los paraísos fiscales atractivos para localizar los fondos sino el hecho de que estas jurisdicciones frecuentemente ofrecen lo siguiente:

•    La gestión segura y menores costes en las transacciones entre los países de origen de los inversores y las compañías en las que se invierten los fondos.
•    Un buen marco legal estable especialmente a la medida de las exigencias del sector financiero.
•    Disposiciones que evitan la tributación innecesaria en terceros países.
•    Y estabilidad política.”

Más aún, los directivos del Norfund aseguran que con frecuencia los paraísos fiscales donde se localizan los fondos disponen de sistemas avanzados para los pagos transfronterizos, destacando, por ejemplo, que los fondos en la Isla Mauricio en los que participa se benefician de las redes bancarias de que disponen en el continente africano los bancos que utilizan; en muchos casos con disposiciones legales muy apropiadas para los fondos porque permiten operaciones que no serían posibles bajo la legislación noruega. Otras argumentaciones abundan en esta defensa.

Es obvio – añadimos nosotros – que, como era de esperar, los argumentos presentados por los gestores son puramente funcionales, pero resultan muy ilustrativos de la filosofía neoliberal que fundamenta las practicas de las entidades financieras globales, privadas y públicas, y que subyace en la globalización de los mercados financieros sin control por los Estados.

Los efectos dañinos de los paraísos fiscales

La Comisión noruega ha identificado los conocidos efectos dañinos que genera la utilización de los paraísos fiscales. Puesto que estos centros financieros offshore o para no residentes contribuyen  a la pérdida de ingresos fiscales en los países en desarrollo;  asimismo contribuyen a su perpetuación al proporcionarles rentas y legitimación, al mismo tiempo que disminuyen el crecimiento en los países pobres; e igualmente contribuyen al blanqueo de dinero sucio y al fraude fiscal

Sin embargo, el citado informe apunta otros nuevos efectos dañinos menos divulgados, de los cuales tres merecen especial atención; como son el hecho de que los paraísos fiscales incrementen la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales; que socaven el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas; y que dañen la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo.

A)    Los paraísos fiscales incrementan la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales.

La crisis financiera ha revelado que muchas entidades financieras soportaban deudas extracontables que parcialmente estaban registradas en paraísos fiscales y, por tanto, eran opacas. Los ejemplos incluyen instrumentos de inversión y productos estructurados registrados en paraísos fiscales, que al final aumentaban los riesgos de la contraparte y al aumento de los costes de los préstamos  las primas de riesgo para todos los países. El informe referido alude a las consecuencias nefastas del funcionamiento financiero opaco que la crisis ha puesto de manifiesto;  y que por nuestra parte hemos desvelado con el análisis de casos de rescate bancarios significativos y del sistema bancario en la sombra analizados en nuestro reciente  libro ya citado sobre el rescate de los paraísos fiscales por la cumbre de Londres del G-20.

B) Los paraísos fiscales socavan el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas.

Al ofrecer normas de secreto bancario y domicilios ficticios combinados con regímenes de “cero impuestos” destinados a incentivar la llegada de fondos que dejan de tributar en sus países de origen, los paraísos fiscales  incrementan la competencia para atraer el capital volátil, haciendo difícil para los demás países mantener sus tipos impositivos sobre el capital y, por consiguiente, contribuyen a disminuir esta tributación. Los países en desarrollo tienen una base impositiva más estrecha que la de los países ricos y la mayor parte de sus ingresos fiscales procede de la tributación del capital. Según esto, menores impuestos sobre el capital significan bien una disminución en los ingresos y/o bien impuestos más elevados sobre una base mas estrecha. En definitiva, el resultado es que los paraísos fiscales contribuyen a elevar los costes socioeconómicos de la tributación y debilitan el crecimiento en los países en desarrollo.

C) Los paraísos fiscales  dañan la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo.

Las mayores consecuencias negativas  potenciales de los paraísos fiscales son su contribución a la debilitación de la calidad de las instituciones y del sistema político en los países en desarrollo. Esto se debe a que incentivan el propio interés de ciertos políticos y burócratas en que se debiliten esas instituciones propias. La falta de una efectiva vigencia de las organizaciones locales significa que los políticos pueden en mayor medida  aprovecharse de las oportunidades que los paraísos fiscales les ofrecen para ocultar los beneficios derivados de los delitos económicos, de la corrupción, de la búsqueda ilegal de ingresos provenientes del erario público o de la ayuda exterior. Al facilitar la ocultación de los beneficios de la delincuencia económica, los paraísos fiscales crean incentivos políticos para demoler en lugar de fortalecer las instituciones y/o debilitar en vez de reforzar los procesos de la gobernación democrática.

Apelando a la benevolencia del lector, hemos de expresar nuestra complacencia porque este Informe oficial del gobierno noruego corrobore  la  conclusión básica de nuestra primera investigación al respecto sintetizada en el subtítulo “cómo los centros offshore socavan las democracias”  de nuestro libro Los paraísos fiscales (AKAL, 2005).

RECOMENDACIONES DEL INFORME NORUEGO

La principal recomendación del Informe de la Comisión gubernamental atañe a la política de desarrollo de Noruega como país que, como es sabido, es muy activo internacionalmente. La Comisión señala que las autoridades noruegas deberían aumentar su compromiso para reforzar y mejorar los regímenes fiscales y las medidas anticorrupción en los países en desarrollo, trabajando para reforzar sus procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras cosas.

Pero, asimismo, el Informe de la comisión gubernamental presenta unas “guidelines for Norfund”, es decir una serie de pautas detalladas para las políticas de este Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo, que incluyen la preparación de unas directrices éticas sobre las opciones de la localización de esas inversiones y sobre cómo este Fondo estatal debería informar de sus operaciones.

“En opinión de la Comisión, Norfund debería gradualmente dejar de hacer nuevas inversiones financieras mediante paraísos fiscales en un período de tres años desde la aprobación del Informe de la Comisión. La Comisión ha notado que las consecuencias de eso probablemente serán que Norfund incremente las inversiones directas en compañías de países en desarrollo sin que necesariamente tenga un efecto negativo en los beneficios de las inversiones de la institución. Más aún, la Comisión es de la opinión que, como Norfund tiene objetivos relacionados con la creación de valor y los ingresos fiscales en países en desarrollo, la rentabilidad antes de impuestos de sus inversiones debería ser el parámetro de inversiones más importante. La gestión de conformidad con la rentabilidad post impuestos significa que Norfund dedicaría recursos para minimizar sus pagos tributarios en países en desarrollo. Esto no es reconciliable con el objetivo de la institución de contribuir al desarrollo en los países pobres. A la Comisión no le ha parecido apropiado recomendar que el gobierno pida a Norfund que se retire de los fondos existentes en paraísos fiscales.”

La Comisión dice haber optado, pues, por un período de transición que enviará una señal importante sobre el significado de la no utilización de los paraísos fiscales. Una conclusión final que no puede considerarse revolucionaria; pero que hemos de admitir que marca un camino para todos los gobernantes europeos, particularmente españoles, que han expresado públicamente su disposición a combatir los paraísos fiscales.-

• La opacidad del mundo financiero.
• El sistema bancario en la sombra.
• El fracaso de las políticas de los gobiernos del G-20.
• Avances posibles contra los paraísos fiscales.

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Conferencia pronunciada el 14 octubre 2009 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona dentro en el ciclo organizado por la Fundación Alfonso Comín bajo el lema “¿Es posible el cambio de sistema económico?”

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Para entrar directamente en el tema que nos convoca hoy, empezaré diciendo que en cierta medida las tres cumbres del G-20 han planteado el tema de la necesidad de regulación de los mercados financieros mundiales, reconociendo así el problema de la desregulación imperante en este campo, sin haberlo resuelto  hasta la fecha. Pero, sobre todo, han actualizado entre los ciudadanos el asunto de los paraísos fiscales aunque no lo hayan resuelto, contrariamente a lo que nos cuenta la prensa.

Antes y después de la segunda cumbre de abril último en Londres, nuestros gobernantes hablaron de suprimirlos, quizás porque era una manera de llegar a los electorados ante el desconcierto general frente a la prolongación y profundidad de la crisis financiera global y a los problemas económicos derivados.  Ahora, desde hace meses, la atención de los gobiernos sigue centrada en resolución de los graves efectos económicos de la crisis del sistema financiero en los países y los problemas que siguen sin resolverse, desde la escasez del crédito a las empresas y a los consumidores hasta el grave nivel de paro.

Y tras el reciente fracaso de la  cumbre en Pittsburgh, podemos prever que vamos a estar largo tiempo hablando de la crisis. PORQUE LOS GOBIERNOS DEL G-20 NO HAN TOCADO LAS CAUSAS DE FONDO QUE PROVOCARON LA  CRISIS DEL SISTEMA FINANCIERO GLOBALIZADO, entre las cuales se encuentran la opacidad representada por los llamados PARAÍSOS FISCALES, verdaderas ZONAS SIN LEY para la banca y el dinero sucio.

LA OPACIDAD DEL MUNDO FINANCIERO

Antes de nada, tengo que anticipar que para entender  el asunto de los paraísos fiscales, tenemos que  situarlo en el marco de la globalización financiera y analizar someramente las TRES características básicas de los mercados financieros, origen de la crisis, como son la desregulación, la globalidad y la opacidad.

Primera.  LA DESREGULACIÓN o CARENCIA DE NORMAS ESTATALES O INTERNACIONALES, es decir, EL DESCONTROL DE LA BANCA GLOBAL,  que carece de supervisión de alguna autoridad pública sobre sus operaciones internacionales.  Uno de los logros de la llamada  revolución conservadora que se introdujo silenciosamente junto con las privatizaciones durante los años ochenta y se consolidó en los noventa.

Segunda. LA GLOBALIDAD de los mercados financieros, del crédito, de los seguros, de los valores, que  DERIVA DE LA LIBERTAD ABSOLUTA DE LOS MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE CAPITALES.

Tercera.  Sumadas las dos anteriores generan la OPACIDAD, o la falta de transparencia de los mercados financieros, como se dice en el lenguaje políticamente correcto. Es la causa profunda de la crisis, que otorga una ventaja competitiva a los centros financieros para no residentes u offshore,  conocidos como paraísos fiscales.

Lo que ofrecen y venden en los mercados, los países y territorios considerados paraísos fiscales, es que sitúan al negocio bancario y financiero fuera del control de las autoridades de los demás países y de los organismos internacionales, precisamente por esa opacidad. Es su ventaja competitiva que acentúa el descontrol del mundo financiero, donde impera el laissez faire más absoluto, la doctrina del fundamentalismo del mercado que dice el Premio Nobel Joseph Stiglitz, con las consecuencias que estamos viviendo.

Y para muchos críticos está claro que una consecuencia fundamental de esa doctrina política  del predominio del mercado sobre el Estado ha sido la crisis financiera con los tremendos efectos sobre las economías que padece medio mundo. Una crisis que nadie nos anunció ni predijo. Ni los expertos ortodoxos, ni las organizaciones internacionales ni los gobiernos ni los Bancos centrales.

En un libro reciente, nada crítico con el sistema, de la especialista en mercados del periódico Financial Times, Gillian Tett, se aportan datos muy significativos sobre cómo se gestó la crisis en Wall Street. Entre otros, se recogen declaraciones solemnes con unos pronósticos muy optimistas sobre la economía estadounidense, que hacía meses antes de estallar la crisis, un personaje ahora muy conocido, Ben Bernanke, que era entonces Presidente de consejo de expertos de la presidencia de EEUU. Y que luego, como gobernador de la Reserva Federal, el Banco central estadounidense, sería coautor de la guía política para la salvación del sistema financiero global y el mantenimiento de la libertad plena de los mercados que ahora se mantiene gracias al dinero de los contribuyentes, aunque dicen que ya se ha superado.

Otro ejemplo que recoge esta periodista económica se refiere a una reunión de alcance mundial que tuvo lugar aquí en Barcelona. Y que revela que tampoco se vio venir la crisis dentro del propio mundo de la banca y de los operadores financieros representado por la organización europea de titulización, The European Securitisation Forum.

En junio 2007 tuvo lugar en Barcelona la reunión anual de esta asociación que congregó a más de 5000 participantes de todo el mundo: expertos, banqueros  y negociantes  de un sector de las finanzas muy especulativo,  que se engloba bajo el término titulización. Su lema era “la titulización respaldada por activos globales”  Explicado brevemente, la TITULIZACIÓN es el arte bancario desarrollado en estos últimos tiempos de convertir los créditos concedidos, las deudas de sus clientes en activos financieros, en valores negociables. El ejemplo de titulización ahora más conocido, es la conversión de los créditos hipotecarios sin garantías, las famosas subprimes, en complejos productos financieros estadounidenses con los que especulaba la gran banca y que aún se guardan en algunas carteras bancarias, sin que se sepa cuanto valen porque ya no se venden ni se compran.

La clausura de esa reunión se produjo el día 11 junio de 2007 en un ambiente de euforia y de optimismo, porque todavía se vivía en medio de la abundancia del crédito y del dinero barato para la especulación.

Sin embargo, al día siguiente de esa clausura se abría ya la crisis financiera con la quiebra de uno de los dos fondos de alto riesgo (hedge funds) que el banco de inversiones Bear Stearns, entonces el quinto del mundo, disponía en las islas Caimán, que eran dos sociedades de buzón de correos; y mediante esos fondos de inversiones obtenía préstamos apalancados, con enormes préstamos sin apenas disponer de dinero propio, que se empleaba para especular con los valores subprimes. Y como sabemos, tras el fracaso del negocio, para evitar su quiebra fue luego el primer rescate bancario del gobierno Bush en marzo 2008.

En la crónica del evento de Barcelona, que tuvo lugar justo antes de que estallara la CRISIS, se evidencia que los propios protagonistas del negocio financiero no la vieron  venir. Y asimismo se revela  el altísimo grado alcanzado por la opacidad financiera, que juega como una baza de los operadores en el casino financiero mundial. Y para ver que se trata de un casino basta prestar atención al propio lenguaje y a la terminología que emplean los anglófonos.

Y es sabido que ese funcionamiento opaco ha permitido la libre “fabricación” de productos complejos e incomprensibles para los propios gestores, como han confesado los directivos del Citibank, a pesar de que eran refugio de gran parte del ahorro mundial además de ser objeto de especulación. Esta opacidad de los mercados financieros tiene, pues, unas causas concretas  y concede una ventaja a los paraísos fiscales  a nivel mundial. Las causas son las propias características de los mercados financieros que hemos apuntado, la misma globalización que tiene como ejemplos la quiebra de Lehman Brothers y el rescate del conglomerado asegurador de  AIG; y la deficiente regulación y supervisión estatal de bancos y operadores financieros como ejemplifica la Unión Europea que carece de supervisor comunitario para las transacciones internacionales.  La consecuencia es la opacidad de los centros financieros offshore, extraterritoriales o para no residentes, representados por el secreto bancario de Suiza  y de la isla Caimán que les otorga una gran ventaja para competir en los mercados mundiales del dinero.

Y ese oscurantismo de los centros offshore, de los llamados paraísos fiscales  les ha llevado a desempeñar un papel clave en la crisis financiera. Un papel que  la mayoría de los medios de comunicación nos han ocultado y que está en el origen de los problemas económicos que padece Europa y el resto del mundo. A esa conclusión llegamos al analizar  las operativas reveladas  por las amenazas de quiebras que generaron  rescates  bancarios llevados a cabo por los gobiernos en los EEUU, en el Reino Unido y en Europa. Un funcionamiento generalizado que se ha denominado

EL SISTEMA BANCARIO EN LA SOMBRA

Veamos el  caso significativo del Banco británico Northern Rock,  de cuya operativa tenemos muchos detalles gracias a los debates  en el Parlamento británico sobre su “nacionalización”, un rescate resuelto a costa del contribuyente británico.

Todos recordamos las colas de los ahorradores asustados ante las sucursales de ese Banco, a comienzos de 2008. Al fracasar el negocio que tenía montado con valores respaldados por las hipotecas subprimes, sin garantías, para no declararse en quiebra tuvo que obtener préstamos en dinero público. Y en febrero de 2008, el gobierno británico decidió su “nacionalización”, incluida su filial en el paraíso fiscal de la isla de Guernesey, en el Canal. Pues bien, el debate parlamentario en el que se aprobó esa nacionalización, que daba la propiedad de la mayoría de las acciones al gobierno sin intervenir en la gestión, pudo conocerse el trasfondo del negocio bancario que dependía de la especulación financiera. Y tuvieron que decidir que se hacía con los 50,000 millones de libras en bonos emitidos por una entidad denominada Granite, domiciliada en la Isla de Jersey; porque sus bonos habían sido respaldados por el Banco aunque no era formalmente el propietario de esa entidad, que era una fundación registrada en ese mismo paraíso fiscal. Y que cuando llegaron los periodistas a Jersey buscando el domicilio, se encontraron que era un simple buzón de correos y no tenía ni un solo empleado. Los parlamentarios no se pusieron de acuerdo sobre si el Banco era o no el propietario legal, pero el gobierno decidió afrontar  el pago de los intereses y reembolsar el capital de esos bonos con dinero de los contribuyentes británicos.

Actualmente los grandes grupos de comunicación intentan que nos olvidemos, pero tenemos que recordar que a finales de 2007 y en la primavera de 2008, además de la serie de bancos estadounidenses que recibieron cuantiosas ayudas públicas, hubo varios bancos públicos regionales en Alemania que estuvieron al borde de la quiebra y fueron rescatados con dinero de los contribuyentes. Y muchos otros grandes bancos del Eurogrupo, como  los del Benelux, Fortis y Dexia, y los bancos irlandeses. Todos ellos afectados por la crisis de las subprimes y   la subsiguiente  restricción del crédito que desencadenó unas amenazas de quiebras en los bancos que más se habían arriesgado y que los gobiernos resolvieron con dinero público para salvar el sistema. Y así se produjeron una serie de rescates bancarios en Alemania y algunos otros países del Eurogrupo, que al igual que en los casos de la City, revelaron el importante papel jugado por los mecanismos de los paraísos fiscales, aunque se les ha mantenido funcionando por los propios gobiernos. Y que fueron revelando la existencia de una banca en la sombra apoyada en paraísos fiscales.

En Mayo 2008, en una reunión de gobernadores de bancos centrales, el subdirector del Banco Internacional de Basilea presentaba un informe denunciando la existencia de una “Banca en la sombra“, descontrolada, que había impedido a los bancos centrales controlar la solvencia de los bancos y, por tanto, evitar la crisis. Y otros analistas críticos anglófonos han corroborado este descontrol que han denominado con la expresión de “SHADOW BANKING SYSTEM”, con la cual se que identifica a una banca paralela, oculta, basada en los centros offshore o paraísos fiscales, que aún sigue todavía funcionando.

Las raíces de estos tinglados están en la transformación producida en los mismos bancos durante las dos últimas décadas, que pasaron de ser instituciones para el depósito del ahorro de los ciudadanos, a convertirse en operadores de los mercados financieros, donde recaudan fondos mediante emisiones de bonos y títulos bursátiles y obtienen préstamos desorbitados, el llamado apalancamiento; y asimismo negocian con sus pasivo, con las deudas de las cuales son acreedores, vendiendo los créditos concedidos convertidos en valores. El máximo beneficio se  logra con la máxima opacidad frente a las autoridades, burlando la escasa legislación en vigor y diseminando los riesgos.

Las funciones de esta banca en la sombra se resumen en tres rasgos:

1.-  Logran la máxima opacidad para las entidades gestoras con nombres enigmáticos (SPV, SIV, conduits, hedge funds, etc.) domiciliadas en paraísos fiscales pero dependientes de los grandes grupos bancarios y para sus productos complejos resultado de la innovación financiera descontrolada.

2.- Escapan de la supervisión de los Bancos Centrales, porque esas entidades opacas consiguen desvincular la propiedad de esos activos financieros de la banca matriz, apoyadas en los resquicio de una regulación deficiente y la benevolencia intencionada de los supervisores impregnados de la doctrina neoliberal.

3.-  Diseminan los riesgos de pérdidas en el negocio por todo el sistema financiero mundial. Y esta dispersión mundial de los riesgos del negocio financiero ha sido posible porque la red mundial de los centros offshore contribuye decisivamente a ocultar los flujos de dinero que se encadenan gracias a los sistemas telemáticos y electrónicos desde hace años.

Veamos el caso de Vanuatu que sigue estando catalogada como paraíso fiscal por la OCDE desde el año 2000. La República de Vanuatu, las antiguas Nuevas Hébridas, es un archipiélago en el corazón del mar de Coral  al Sur del Pacífico. En su promoción del centro offshore en su sitio web sintetizaba en inglés las ventajas de su situación geográfica para realizar transacciones en tiempo real entre los mercados financieros mundiales, porque el centro offshore se solapa con media hora con Nueva York y tres horas con Singapur y Hong Kong y empalma con Londres. En esa web se podía leer en 2005 lo siguiente:

“Vanuatu está situada en un huso horario singularmente ventajoso por su localización como centro  financiero, cuyo día comercial estándar  comienza a las 7:30 a.m. igual que en la capital Port Vila.  Esto  supone unos treinta minutos de solape con Nueva York,  de modo que al cierre de los mercados neoyorquinos se  dispone (de sus cotizaciones)  en Port Vila a primeras horas de la jornada laboral.

Además, como el horario local de oficina va  tres horas por delante de Singapur  y de Hong Kong, Vanuatu  cubre una posición importante entre los mercados mundiales.  Las operaciones financieras, que puedan negociarse  en Singapur y Hong Kong durante el día, pueden domiciliarse en Vanuatu en tiempo real. Port Vila permanece abierto hasta que abren Londres y los mercados europeos,  completándose  de este modo el tiempo-puente  desde Nueva York  hasta Londres.”

He ahí  expuesta con total claridad la realidad  de la globalización de los mercados financieros y la interconexión de los centros financieros offshore con sus características propias,  como redes que circundan el planeta. Es su dimensión financiera al amparo de la desregulación de los mercados mundiales del dinero.

Ciertamente, como tratamos de subrayar hoy los paraísos fiscales tienen una dimensión financiera como indica su nombre técnico de “Centros financieros extraterritoriales”, que es la traducción del vocablo inglés offshore, en el sentido de “no residentes”. Y esa dimensión financiera genera el descontrol de la gran banca y de las grandes Cajas de ahorro y de sus operaciones internacionales.

Para estas operaciones de alcance internacional, además de la opacidad, ofrecen el atractivo del “bajo coste fiscal”  tanto para las transferencias legales de dinero o ilegales con fraude y evasión fiscal. El caso es que esa dimensión fiscal, que es la más conocida por la ciudadanía, produce una disminución de  los ingresos públicos y hace que los paraísos fiscales de modo soterrado condicionen y coarten las políticas fiscales de los gobiernos. Por eso, son un problema político; es la consecuencia política que generalmente se intenta ignorar.  Los centros offshore socavan las democracias porque  fomentan y acentúan la competencia fiscal entre los países permitiéndoles una competencia desleal. Y además condicionan las políticas de los gobiernos a favor de rebajas de impuestos para el capital y subidas para los impuestos sobre el consumo y el trabajo. Con el agravante de que en la UE, tras las privatizaciones los impuestos representan el 90 % ingresos públicos.

A lo cual tenemos que añadir que incentivan el blanqueo de dinero sucio consiguiendo la obstrucción y demora de los procesos judiciales por delitos económicos; por tanto, degradando la justicia para la corrupción y los delitos económicos. Por colmo, las informaciones de prensa sobre el caso Gurtel, como de muchos otros casos más recientes, nos han ilustrado una vez más sobre cómo  los paraísos fiscales facilitan la ocultación del dinero de la corrupción y el blanqueo de dinero sucio.

Porque  sirven como plataformas para que las grandes operaciones bancarias y empresariales, legales o ilegales, se aprovechen de las diferencias entre las legislaciones de los países, lo que se denomina arbitraje regulatorio o legislativo; unas prácticas que hacen ineficaces las legislaciones avanzadas o rigurosas porque, dada la libertad de los movimientos de capitales, siempre habrá una país que tenga menos control y menos impuestos específicos, si las operaciones se planifican a escala global. Y las informaciones de los medios convencionales nos tapan otro efecto nocivo para la seguridad jurídica de los países y es que obstaculizan y demoran los procesos judiciales sobre delincuencia económica.  Por eso hace años que hemos documentado que, al final, los llamados paraísos fiscales van socavando las democracias contribuyendo a derechizar las políticas de TODOS los gobiernos. Algo que ya se documenta en nuestro primer libro sobre Los paraísos fiscales, subtitulado “Cómo los centros offshore socavan las democracias”.

EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS DEL G-20

Tras más de dos años del comienzo de la crisis financiera, es evidente el fracaso de los gobiernos y de la tercera cumbre del G-20 en Pittsburgh para afrontar las reformas del sistema financiero global. PORQUE NO SE HAN TOCADO LAS BASES DEL SISTEMA que hemos señalado; y que son  la GLOBALIDAD de los mercados financieros derivada de LA LIBERTAD ABSOLUTA DE LOS MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE CAPITALES, acompañada por LA DESREGULACIÓN, que trajeron la carencia de supervisión para las operaciones bancarias y financieras internacionales. Y en consecuencia persiste la OPACIDAD DE LAS FINANZAS, que sigue en vigor y no se ha visto afectada por la política de rescates y ayudas a la banca. Por consiguiente, salta a la vista que tampoco han tocado a los centros financieros offshore con los rescates y las ayudas a los bancos en apuros, que se les han concedido sin condiciones a pesar de financiarse con dinero de los contribuyentes.

Para evitar la quiebra cierta de todo el sistema bancario y financiero globalizado, los gobiernos han prestado ayuda financiera y/o han adquirido bancos de Wall Street, de la City y del Eurogrupo manteniendo sus filiales en paraísos fiscales. Unas ayudas y rescates bancarios con cargo los contribuyentes que han generado un aumento del déficit público que amenaza los sistemas de protección social en los países donde existen y que tendrán que se cubren incremento de impuestos indirectos; es decir, sistema tributarios más injustos, en lugar de combatir la evasión fiscal y reformas las bases del sistema bancario globalizado. Porque para colmo, actualmente el sistema financiero mundial se mantiene sostenido por el dinero público; y la banca en la sombra sigue funcionando ya que los gobiernos han prestado ayuda financiera y/o han adquirido las acciones de los bancos de Wall Street, de la City londinense y del Eurogrupo manteniendo sus “filiales” en paraísos fiscales que sabemos para que se utilizan: para defraudar al propio Estado que les sostiene.

Por eso en nuestro último libro de divulgación denunciamos que  la mediática lucha contra los paraísos fiscales, antes y después de la cumbre  del G-20 de abril en Londres, ha funcionado como una CORTINA DE HUMO para esconder que no ha habido acuerdos serios para reformar el sistema bancario y financiero global; solamente se ha programado una serie de retoques “técnicos” para la supervisión de la banca. El anuncio de reformas del sistema con aquella sonora frase de “se acabó el secreto  bancario”  ha escondido que los acuerdos del G-20 en Londres contra los paraísos fiscales han sido simplemente un remedo de las medidas que YA FUERON ACORDADAS POR EL G-7 en Okinawa (Japón) tras la crisis asiática y rusa a finales de los noventa; que era todo un plan de actuaciones que no se llevaron a cabo.

Uno de los resultados CONCRETOS de la cumbre del G-20 en Londres  es que las Islas del Canal y de Man han dejado de ser consideradas oficialmente como paraísos fiscales, quedando equiparadas a Alemania, Francia o España. Y la efímera lista de la OCDE al amparo del G-20 tuvo que ser modificada cuatros días después. Y se suceden desde abril último en las ediciones posteriores de la compleja lista (como puede comprobarse en el sitio web de esa Organización o en uno de mis blogs ) han quedado reducidos a 20 o menos el número de los países y territorios que siguen catalogados como paraísos fiscales (tax havens), que no incluyen ya a las Caimán, ni a Mónaco, ni a Suiza.

Y es que, si ustedes me permiten contarlo para que todo el mundo lo entienda, se puede decir que  la gran jugada mediática del G-20 ha sido amparar a la OCDE para que rebajara la anterior catalogación de paraíso fiscal que era más rigurosa. Para catalogar a un país o territorio como paraíso fiscal, la OCDE estableció en el año 2000 que debía cumplir cuatro condiciones técnicas:

- que en la jurisdicción haya cero impuestos o casi;

- que hubiera falta de transparencia respecto al origen de los fondos;

- que no intercambie información con otros países;

-  y que se reserven esos privilegios fiscales para entidades que no tuvieran actividad económica en esa jurisdicción.

Características que mantienen hoy muchos centros financieros offshore en la práctica. Aquel proyecto de la OCDE pretendía acabar con los paraísos fiscales antes de 2006. ALGO QUE ES EVIDENTE QUE NO SE CUMPLIÓ.

Ahora los llama  jurisdicciones que no cumplen los estándares internacionales, si no han firmado 12 convenios bilaterales para el intercambio de información fiscal con la otra parte. La OCDE ha simplificado y desvirtuado la definición de “paraíso fiscal” para borrarla como el FMI había ya borrado la denominación de “centro financiero offshore” que designaba la misma realidad financiera. Y  al bajar el listón de medida todos se han apresurado a suscribir esos 12 convenios entre sí y con los países con los que les resulta más fácil acordarlos. Y oficialmente está disminuyendo velozmente el número de paraísos fiscales.

En la reciente cumbre del G-20 en Pittsburgh, que se ha mantenido lo aprobado en Londres, los gobiernos se han limitado a fijar plazos para que se cumpla EL NUEVO CRITERIO sin definir siquiera las posibles sanciones. Por eso, la realidad es que sigue viva su actividad bancaria y financiera OPACA, que se apoya en la carencia de regulaciones y de supervisión y en la opacidad, que es realmente lo que venden en perjuicio de los demás Estados.  Porque no se dice que esos convenios fiscales según el modelo de la OCDE respetan el secreto bancario que les caracterizan.

Hace unas semanas se hacía público que EL BANCO BRITÁNICO BARCLAYS había creado un fondo de inversiones domiciliado en las Caimán. Para The Times de Londres  y El País se trataba de una operación para favorecer a unos ejecutivos del Banco ante la posibilidad de que sean limitadas sus retribuciones variables o bonos. Pero la verdad es que este Banco intenta  sacar de su contabilidad oficial y esconder los valores tóxicos que posee todavía en su cartera y no logra colocar en el mercado. Es decir, seguir con el sistema bancario en la sombra, causa de la crisis. Según el Financial Times y el periódico Expansión, este Banco intenta descargar en ese nuevo fondo de inversiones, la cartera de valores tóxicos que no tienen mercado y reducen su solvencia. Sigue, pues, el descontrol de la banca internacional.

AVANCES POSIBLES CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES

Sin embargo, quienes aspiramos a una mayor justicia y equidad  en democracia creemos que SON POSIBLES LOS AVANCES PARA LA ERRADICACIÓN DE LOS LLAMADOS PARAÍSOS FISCALES y la superación del dominio de las finanzas sobre la economía real o productiva, que  es la que genera  empleos y riqueza. Porque la crisis financiera no ha terminado: hace días nos contaban que la falta de crédito hace que haya disminuido la venta de camiones, aunque existe demanda. Y la solución se encuentra en serias reformas del sistema bancario y financiero que garanticen el servicio a la economía y combatir la evasión fiscal que facilitan los centros offshore.

Para finalizar esta conferencia, permítanme que me limite al ENUNCIADO DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS CONCRETAS que podemos considerar que son políticamente posibles, si lográramos entre todos llevarlas al debate político.

En primer lugar, tengo que destacar que en 2005 los grupos de Attac-España elevamos al gobierno español un documento avalado por unas cuatro mil firmas de ciudadanos con su DNI, solicitando el no reconocimiento legal en territorio español de filiales y sociedades offshore, en países y territorios sin actividad económica local.

En segundo lugar, hay que tener presente que la Unión Europea a la que pertenecemos, nunca  ha planteado  ningún plan de acciones contra los perjuicios que a sus Estados miembros le genera Suiza, Liechtenstein, Andorra y demás paraísos fiscales sino que ha concertado tratados de asociación de libre comercio con cada uno de ellos y la Unión. Una asociación que habría que revisar.

Entendemos que, con y sin Tratado de Lisboa, son precisas unas reformas en la UE; es especial, dos de fondo:

1ª.- La regulación del “espacio financiero europeo” dotándolo de una supervisión pública comunitaria controlada por el Parlamento europeo. Nuestros políticos suelen ignorar que la Unión se define como “espacio financiero europeo” SIN supervisor comunitario para la banca y sin fronteras para el capital.

2ª.- Hay que lograr la modificación del art. 56 del TCE, trasladado al art. III-156 del Tratado de Lisboa, que prohíbe a los Estados miembros establecer restricciones a los movimientos de capitales entre los países miembros y con terceros países, extracomunitarios. Este artículo ha sido denunciado como un obstáculo para el combate contra la evasión y el fraude fiscal por la Asociación profesional de los inspectores de Hacienda en sus Congresos.

Y desde hace años tenemos empantanadas dos revisiones legislativas europeas que no cambian el marco actual pero pueden ser un avance. Es urgente la revisión de la directiva sobre el ahorro que obliga al intercambio de información fiscal entre los socios europeos y con los países y territorios del entorno europeo, considerados paraísos fiscales, con los que los que se han sucrito acuerdos, para hacer extensiva la obligación de información fiscal no solo sobre los titulares de cuentas bancarias de depósito sino sobre fondos de inversiones, fideicomisos y demás entidades de inversión financiera. Y es un escándalo del que nadie habla que siga sin ratificar por España y otros socios europeos la tercera directiva sobre el blanqueo de capitales que tenía que haber entrado en vigor a comienzos de 2008 y que incluye medidas defensivas y de control sobre supuestas filiales bancarias en paraísos fiscales.

Y desde luego, vendría muy bien que el Consejo europeo estableciera una penalización del lobbismo de los 15,000 profesionales dedicados a influir sobre la tecnocracia de Bruselas que prepara  propuestas y reglamentos que luego son aprobados en reuniones maratonianas por nuestros ministros de turno, con  vuelos de ida y vuelto el mismo día.

TODOS ESTOS SERÍAN VERDADEROS AVANCES,  MODESTOS PERO REALES, HACIA EL CONTROL DEL CAPITAL FINANCIERO Y EL AVANCE HACIA LA ERRADICACIÓN DE LOS LLAMADOS PARAÍSOS FISCALES porque combaten la desregulación y la opacidad de las finanzas.

MUCHAS GRACIAS.-

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En este  ciclo de conferencias organizado por la Fundación Alfonso Comín en Barcelona bajo el lema “¿Es posible el cambio de sistema económico?”, intervinieron asimismo como ponentes Ignacio Ramonet, Director de Le Monde diplomatique; François Houtart, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina y fundador del Centro tricontinental; Pedro M. Sasia, Director del Proyecto Fiare del Aula de Ética de la Universidad de Deusto y Toni Comín, diputado del Parlamento de Cataluña y profesor de Ciencias sociales de ESADE.

No hacen falta sofisticados estudios o encuestas para conocer la magnitud del fraude fiscal existente en España porque a diario se puede comprobar la alegría con la que se ofrecen en el mercado servicios u operaciones sin factura, facturas sin IVA, u operaciones con una parte en negro. Esta situación pone de manifiesto el poco miedo que tiene el defraudador a ser pillado, la falta de repudio social ante el fraude fiscal y el fracaso de la administración en sus planes de lucha contra el fraude.
Amparándose en la dificultad de su realización, ningún gobierno ha querido elaborar hasta ahora un estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España.
Hay que esperar que esta situación cambie, ya que la propia Unión Europea está tomando conciencia de la gravedad del fraude. Así, el Parlamento Europeo, en un informe de 17 de julio de 2008, se lamenta de que no se disponga de cifras precisas. Debido a que las normas nacionales para la presentación de información varían considerablemente, reclama una recopilación unitaria de datos en todos los Estados miembros que ofrezca transparencia y sirva de base a las medidas nacionales contra el fraude fiscal, y pide a la Comisión que se plantee la creación de un sistema europeo uniforme de recogida de datos y de producción estadística sobre el fraude fiscal, con objeto de evaluar de la manera más precisa posible la magnitud real de este fenómeno. El informe reconoce que las estimaciones sobre las pérdidas globales (directas e indirectas) de ingresos fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan en Europa entre los 200.000 y los 250.000 millones de euros anuales.
A pesar de que en España no existe un estudio oficial sobre el fraude fiscal, existen otros informes, estudios o datos que ponen de manifiesto la magnitud del problema y que, en términos porcentuales, cuantifican el fraude en España entre el 20% y 25%, el doble que la media de la UE.
Esta situación se corrobora por otros datos adicionales. El primero se refiere al dinero en metálico en España, que supone el 10% del PIB, frente al 5% de la zona euro y el 6% de EE UU, y ello a pesar de que España dispone de una de las redes de cajeros automáticos y sucursales bancarias más utilizadas de Europa. El segundo es el enorme volumen de billetes de 500 euros que circula por España: actualmente circulan en el país 111 millones de euros en billetes de 500 euros, un 30% del total emitido en la UE y el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles. La cifra de este tipo de billetes se ha multiplicado por siete respecto a 2002, año de puesta en circulación del euro.
Podemos señalar que el fraude fiscal no es un fenómeno nuevo, sino que ha supuesto un problema importante en la sociedad española en las últimas décadas. Respecto de su cuantificación en euros, si entre un 20% y un 25% del PIB español no paga los impuestos que les corresponde, el PIB de España alcanzó en 2007 el billón de euros, y la presión fiscal media se sitúa en el 36%; la cifra de cuotas no ingresadas supera los 70.000 millones de euros cada año como mínimo. De acuerdo con los datos anteriores, y teniendo en cuenta que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, se puede cuantificar en una cifra aproximada de 280.000 millones de euros las cuotas tributarias no ingresadas, y que con una actuación decidida del gobierno, aprobando las medidas adecuadas, podrían ingresar en las arcas públicas.
Estos datos ponen de manifiesto la magnitud del problema, y no se entiende la autocomplacencia de las autoridades tributarias con los resultados obtenidos, basada en la obtención de una determinada deuda tributaria de las liquidaciones efectuadas por la administración o de las declaraciones complementarias como efecto inducido. Como resultado de las actuaciones realizadas entre 2005 y 2008, se ha cuantificado la deuda recuperada en unos 28.000 millones de euros. Comparada dicha cifra con la de fraude existente, el importe recuperado no llega al 10%, por lo que no se puede hablar de resultados satisfactorios. Por otro lado, en la calle no se percibe una especial persecución a los defraudadores, salvo en algunos supuestos de fraude de carácter organizado, y si preguntamos a los ciudadanos, sus respuestas confirman la situación de fracaso, como se expone a continuación.
Según los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2008, la mayoría de los españoles, un 82%, considera que en España hay mucho o bastante fraude fiscal, el mismo porcentaje que piensa que si la gente no engaña más es por miedo a una inspección. Además, un 52,1% considera que “casi todo el mundo” engaña algo al pagar sus impuestos y la administración ya cuenta con ello. Si examinamos la misma encuesta realizada en julio de 2002, podemos verificar que la situación no ha variado significativamente, ya que entonces el 79,6% creía que existía mucho o bastante fraude.
En el informe 21/07, “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2006” del Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del ministerio de Economía y Hacienda, se refleja que el 58% de los ciudadanos opina que el fraude fiscal ha aumentado en la última década, frente a un 42% que opina lo contrario.

Planes de actuación de la administración tributaria
En los últimos años hemos asistido a la aprobación de diferentes medidas de lucha contra el fraude fiscal, que a pesar del bombo mediático del que iban acompañadas, lograban poca efectividad en sus objetivos, quizá porque no existía una auténtica voluntad política de atacar el fondo del problema.
Desde su creación, la Agencia Tributaria ha elaborado diversos documentos de planificación estratégica en 1994, 1996, 1998 y 2000, que pueden citarse como antecedentes del Plan de Prevención del Fraude aprobado en febrero de 2005 y que todavía está ejecutándose.
En el análisis del plan lo primero que resaltaba era su nombre. El anuncio que hizo el gobierno se refería a la aprobación de un Plan de Lucha Contra el Fraude, y finalmente se aprobó un Plan de Prevención. Evidentemente, no es lo mismo, ya que prevenir supone adoptar medidas para evitar que no se produzca fraude en el futuro, mientras que luchar supone actuar contra el que se ha producido y se está produciendo en el momento actual. Ese cambio de nombre no fue casualidad, ya que en el transcurso de elaboración del plan se tuvo conocimiento de que algunas medidas que los responsables habían reflejado en sus informes, acertadas en orden a luchar contra el fraude, finalmente no constaban en el plan aprobado por decisión del responsable político. Así ocurrió con la creación de la policía fiscal, asunto que quedó en la firma de un convenio de colaboración con la policía; medidas encaminadas al reforzamiento del servicio jurídico del Estado, o el refuerzo del reconocimiento legal de la competencia de la Agencia Tributaria para investigar el fraude fiscal de carácter criminal, los delitos de contrabando, el blanqueo de capitales y los delitos conexos, en funciones de auxilio a la justicia.
Entre las carencias y deficiencias detectadas en el plan adoptado destacaban dos: la necesidad de mayores medios materiales y humanos para llevarlo a cabo, y la ausencia de medidas normativas.
En cuanto a la Ley de Medidas aprobada, siendo una norma que pretende luchar contra el fraude, uno de los aspectos que se echan en falta es la ausencia de una definición del concepto de fraude fiscal, sus características, su cuantificación y el objetivo que persiguen las medidas desarrolladas en dicha norma. La ley refleja una serie de medidas dispersas que no conforman un cuerpo conjunto y armonizado para la lucha contra el fraude, incluyéndose, además, medidas que poco o nada tienen que ver con ese objetivo, como la posibilidad de aplazar o fraccionar el pago de sanciones sin que ello suponga perder automáticamente la reducción del 25%, la reducción que experimenta el recargo por declaración extemporánea cuando se ingrese en periodo voluntario, o los anticipos de tesorería a favor de las entidades locales.

Decálogo de medidas para combatir el fraude
A mi juicio, el decálogo de las más medidas más importantes para luchar contra el fraude fiscal sería el siguiente:
Reforma del delito fiscal. Diversos colectivos e instituciones reiteran desde hace años la necesidad de reformar la figura del delito fiscal como una pieza básica en la estrategia de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
En varias ocasiones se ha llamado la atención sobre la probada ineficacia que por diferentes razones presenta en la actualidad el delito fiscal. En este sentido, puede afirmarse que el delito fiscal o de defraudación tributaria se ha convertido hoy en un adorno casi inoperante en nuestro sistema jurídico-tributario. En ello inciden fundamentalmente factores como la aparición de nuevas modalidades de fraude, la lentitud de los procesos judiciales, la ausencia de penas que supongan en la práctica la privación efectiva de libertad, la ausencia de una adecuada tipificación penal de las tramas de fraude, la dificultad de adoptar medidas de prisión preventiva de los inculpados, la falta de una formación penal suficiente en el ámbito tributario o la falta de una adecuada formación y sensibilidad fiscal en los órganos judiciales.
A pesar de todos estos obstáculos, resulta de la máxima importancia la existencia de un delito fiscal creíble y eficaz que comporte, para los responsables, beneficiarios y colaboradores de las manifestaciones más graves del fraude fiscal, un castigo adecuado, al tiempo que se garantice la reparación del daño causado al conjunto de los ciudadanos. En la reforma se tendrían que contemplar medidas como aumentar la pena de prisión de cuatro a seis años para los casos más graves; incrementar el plazo de prescripción penal para perseguir los delitos fiscales de cinco a 10 años; eliminar la excusa absolutoria para el delito fiscal; considerar como circunstancia agravante la comisión del fraude mediante la utilización de países o territorios calificados como paraísos fiscales; establecer la pena de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de cualesquiera entidades mercantiles durante el periodo de seis meses a seis años; tipificar un nuevo delito consistente en el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para la defraudación tributaria y considerar a los funcionarios de la Inspección de Hacienda (la policía fiscal) como policía judicial.
Creación de la policía fiscal. La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria en la cual se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera. Tales unidades mantendrían su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina de Lucha contra el Fraude. La creación de una policía fiscal es un elemento clave en la lucha contra el fraude, especialmente el fraude organizado. Existen modelos internacionales de eficacia contrastada como EE UU e Italia.
Creación de una oficina natural antifraude. La contemplación unitaria de la delincuencia fiscal hace imprescindible la creación de un organismo multidisciplinar que, bajo la dependencia funcional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, integre, entre otros, a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del ministerio Fiscal. Un organismo de tal naturaleza estaría en condiciones de abordar con garantías de éxito la lucha contra las grandes tramas de fraude que tan relevantes perjuicios causan al conjunto de los ciudadanos, al tiempo que constituiría un órgano especializado de apoyo y colaboración permanente con los órganos del poder judicial.
Especialización en materia fiscal de jueces y fiscales. La complejidad creciente que adopta el fraude fiscal en la actualidad, y la complejidad técnica propia de las normas fiscales, hacen imprescindible la adopción de medidas tendentes a garantizar que los jueces y fiscales dispongan de la formación específica necesaria para abordar con garantías de éxito la investigación, el descubrimiento y el castigo del fraude fiscal.
Reforma del régimen sancionador de la Ley General Tributaria. Resulta necesario reformar el régimen sancionador de la Ley General Tributaria con el objetivo de agravar las sanciones en algunos supuestos de resistencia a la inspección y de no aportación de información ante un requerimiento efectuado por la inspección, tipificar como infracción tributaria el ofrecimiento de productos y servicios sin factura, o sin incluir el IVA, o tipificar como infracción tributaria la conducta de las personas o instituciones que colaboren habitualmente en la comisión de fraudes.
Reforma de los procedimientos de la Ley General Tributaria. Esta ley y los procedimientos que se regulan en la misma están destinados a las comprobaciones tributarias tradicionales, resultando insuficientes para luchar contra los fraudes de carácter organizado, como las tramas del IVA o los relacionados con todo tipo de corrupción, incluida la urbanística. Para que los resultados contra este tipo de fraudes sean satisfactorios, se ha de reformar la Ley General Tributaria, creando un procedimiento especial para la lucha contra el fraude tributario delictivo y organizado, en el que se contemplen medidas referidas a la regulación de los plazos de duración de las actuaciones, otorgar a la inspección la facultad de investigar cuentas bancarias sin notificación previa al interesado o regular las actuaciones sin necesidad de identificación (actuaciones de incógnito).
Reforma del régimen de módulos. Creo que con la medida regulada en la Ley de Medidas contra el fraude, consistente en practicar una retención, no se corregirá el fraude relativo a la emisión de facturas falsas por contribuyentes que tributan en este régimen.
Se propone modificar la normativa del IRPF para que la estimación  objetiva se aplique a los contribuyentes que realicen actividades agrícolas o actividades económicas cuando, en el periodo en curso o en alguno de los tres anteriores, al menos el 80% del valor de sus bienes entregados o servicios prestados se destinen a contribuyentes sin derecho a ninguna deducción o beneficio tributario por tales adquisiciones.
Responsabilidad solidaria de despachos e instituciones en fraudes de ingeniería fiscal. Se propone como medida el establecimiento de una responsabilidad solidaria entre los despachos e instituciones que comercializan productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal.
Utilización de los paraísos fiscales. Se proponen las siguientes medidas para acabar con la utilización de los paraísos fiscales:
– No reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español.
– Establecer un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales.
– Realizar un plan especial de comprobación de artistas y deportistas para verificar su residencia real en paraísos fiscales.
– Prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios.
– Establecer penas agravadas en los delitos fiscales cuando el fraude fiscal se comete a través de la utilización de paraísos fiscales.
Aprobación del estatuto de la AEAT. Se considera imprescindible y prioritaria la aprobación del Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria, pendiente desde la creación de la AEAT, que regule un marco jurídico para garantizar la máxima independencia a la hora de aplicar el sistema tributario, independencia que solo se logrará si el director general es designado por el Parlamento y por un periodo determinado de tiempo. El estatuto tendría que regular otros aspectos, como la participación efectiva de las Comunidades Autónomas en sus objetivos; las fuentes de financiación que la doten de autonomía financiera; el régimen jurídico de los funcionarios, carrera profesional, régimen de incompatibilidades y retribuciones; los medios humanos necesarios para luchar contra el fraude fiscal, adoptando las medidas necesarias de planificación de recursos humanos para incrementar los dedicados a dicha función.

Conclusiones
A pesar de que el actual gobierno, como los anteriores, anunciara que una de sus líneas de actuación prioritaria iba a ser la lucha contra el fraude fiscal, la realidad ha sido otra diferente. Las medidas aprobadas, un Plan de Prevención sin la dotación de los medios necesarios, y una Ley de Medidas que no refleja las más necesarias y significativas, se han demostrado insuficientes para combatir el fraude fiscal con la intensidad necesaria.
Ninguna de las medidas aprobadas hasta ahora ha producido un cambio sustancial en la situación global de fraude fiscal en España, independientemente de que el gobierno esté satisfecho con los resultados cuantitativos obtenidos, como lo estaban también anteriores gobiernos de distinto signo político. Medidas efectivas para cambiar la situación las hay. Sólo hace falta la voluntad política del gobierno para llevarlas a cabo.

INTRODUCCIÓN.
¿QUÉ ES LA EVASIÓN FISCAL? – ¿POR QUÉ ES BUENO PAGAR IMPUESTOS? -
LA ESCLAVITUD ECONÓMICA – COMO EXPOLIAR A LOS PAÍSES POBRES  -
¿POR QUÉ ES TAN FÁCIL ENGAÑAR A LOS PAÍSES POBRES?   -
BIENVENIDO A LOS PARAÍSOS FISCALES  – ALGUNOS EJEMPLOS DEL EXPOLIO  -
¿QUIÉN TIENE LA CULPA?   – ¿QUÉ PODEMOS HACER?  -
EL PAPEL DE ESPAÑA – ¿QUÉ ES INSPIRACTION?.

Introducción

En un momento de fuertes caídas en las bolsas y temor a una debacle económica global, la economía mundial se encuentra sumida en la incertidumbre y el nerviosismo. ¿Quebrarán más bancos? ¿Se colapsará definitivamente el mercado inmobiliario? ¿Cuánto durará la crisis?

Sin embargo, en los países más pobres la gente no se preocupa de si podrá pagar la hipoteca… sino sobre su supervivencia. ¿Cuál será el impacto de la crisis en las economías en desarrollo? ¿Se seguirá negando a los pobres la esperanza de una vida mejor, o al menos más larga?

Es preciso recordar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aspiran a reducir a la mitad la pobreza mundial en 2015. ¿De dónde saldrá ahora el dinero para lograr este objetivo?

InspirAction ha llegado a la conclusión de que el dinero necesario ya está disponible: sólo hace falta que quienes lo poseen paguen sus impuestos. Este informe expone el escándalo de un sistema fiscal mundial que permite a los más ricos del mundo eludir sus responsabilidades, mientras condena a los más pobres a un desarrollo raquítico, incluso a la muerte prematura.

Esta situación es responsabilidad de las personas más ricas, así como de los gobiernos (incluido el de España) que han permitido que se produzca y se perpetúe este expolio. Pero sobre todo es culpa de las corporaciones multinacionales, que dedican su poder a eludir el pago de impuestos, con efectos devastadores para millones de seres humanos en los países en desarrollo.

La situación es crítica. La evasión fiscal habrá provocado la muerte de 5,6 millones de niños en los países en desarrollo entre 2000 y 2015. Son 1.000 niños al día. La mitad ya han muerto.

Este asunto no es nuevo. Todos hemos oído hablar de famosos y empresas que ocultan sus beneficios en paraísos fiscales. De tramas de corrupción formadas por empresas que falsifican facturas y manipulan sus cuentas para no declarar los beneficios.

Pero apenas hemos arañado la superficie de un colosal negocio internacional creado para maximizar la “eficiencia fiscal” o, más bien, para negar a los gobiernos sus ingresos legítimos. Para las empresas y los países ricos, este sistema es una forma de aumentar sus ingresos y mejorar su competitividad en el mercado global. Para los países en desarrollo, la evasión fiscal supone condenar a la pobreza y a la muerte prematura a millones de seres humanos. Este informe analiza cómo se produce este horrendo crimen.
¿Qué es la evasión fiscal?

Es importante aclarar de qué estamos hablando. En primer lugar, en España y en otros países desarrollados, muchas personas realizan algún tipo de “planificación fiscal” que les permite obtener deducciones en sus impuestos o eludir el pago de determinadas tasas (como el Impuesto de Sucesiones) mediante los mecanismos contemplados por la ley. Esta actividad es legítima, porque se enmarca dentro de las intenciones y el espíritu de la legislación existente.

En segundo lugar, existe una vasta zona gris de “evasión legal de impuestos” que también está dentro de los límites de la ley, aunque tiene una legitimidad dudosa. En el mundo de las grandes empresas, esta evasión fiscal legal incluye a menudo usar paraísos fiscales para esconder y multiplicar los beneficios. Esta práctica se vuelve progresivamente más agresiva a medida que el sector financiero idea instrumentos más ingeniosos y complejos, con el propósito de eludir las regulaciones de los estados. Un indicador de la gran importancia de esta actividad es este asombroso dato: el 50% del comercio mundial se realiza a través de paraísos fiscales.

En tercer lugar, el secretismo que rodea a este sistema más o menos legal también puede encubrir una serie de actividades de individuos y de empresas que son claramente ilegales y que se conocen como “evasión fiscal”. Nuestros datos contemplan sólo dos de las formas más comunes de evasión fiscal por parte de las empresas. La primera es la denominada “alteración de los precios”, en la que diferentes filiales de una multinacional venden bienes o servicios a otras filiales a precios manipulados. Puede intuirse el verdadero alcance de esta práctica al constatar que el 60% del comercio mundial se realiza actualmente entre las corporaciones globales y sus filiales. El otro sistema, conocido como las “facturas falsas”, es cuando se realizan transacciones similares entre empresas que no están relacionadas accionarialmente.

Calculamos que sólo estas dos actividades provocan que los países en desarrollo pierdan cada año cerca de 130.000 millones de euros, en impuestos que dejan de cobrar a las empresas que operan en su territorio. Esta cifra es muy superior al presupuesto global que los países ricos destinan a la ayuda al desarrollo (aproximadamente 83.000 millones de euros en 2007).

Si los países en desarrollo pudieran contar con todo ese dinero que dejan de recaudar a las empresas, podrían transformar las vidas y las expectativas de millones de personas pobres. Por ejemplo, si se hubiera invertido una cantidad similar en los sistemas sanitarios de estos países desde el año 2000, cada año se habrían salvado las vidas de 350.000 niños menores de cinco años. El Banco Mundial estima que alcanzar los Objetivos del Milenio de la ONU costaría entre 30.000 y 50.000 millones de euros, asumiendo que mejoren las políticas y las instituciones de los países en desarrollo. Si se pagaran los impuestos que se evaden, habría dinero de sobras.

Entre el 2000, cuando se establecieron los Objetivos del Milenio, y el 2015, cuando se supone que se habrán alcanzado, la cantidad de dinero escamoteada mediante estos dos sistemas ascenderá a casi 2 billones de euros. Si tenemos en cuenta otras formas agresivas de evasión fiscal y de comercio abusivo, las pérdidas totales multiplicarán varias veces esta cantidad.

¿Por qué es bueno pagar impuestos?

Está claro que a nadie le gusta pagar impuestos. Por lo tanto, es razonable que tanto las empresas como las personas procuren pagar los mínimos impuestos posibles. Lo que no es aceptable es cuando estas prácticas vulneran la ley y sirven para obtener grandes ganancias sin dar ninguna contraprestación a los países y personas que hacen posibles estos beneficios.

Básicamente, el hecho de pagar impuestos genera los siguientes efectos positivos:

•    Redistribución de la riqueza: los impuestos permiten que la riqueza generada en el país beneficie a toda la población, lo cual aumenta la cohesión social.

•    Servicios públicos: el estado necesita los impuestos para financiar los sistemas de salud, educación, seguridad social e infraestructuras, que son básicos en cualquier país.

•    Compensaciones: en ocasiones, los impuestos sirven para contrarrestar los efectos perniciosos que producen algunas actividades económicas.

•    Representación: las personas que pagan impuestos se sienten más comprometidas y son más exigentes con los gobiernos que los recaudan, lo cual mejora la salud democrática.

No es ninguna casualidad que la mayoría de los países que atesoran grandes riquezas minerales o energéticas tengan regímenes corruptos y tiránicos: es más fácil manipular a un país cuando no existe una democracia sólida, un control parlamentario efectivo y una sociedad civil informada y fuerte. Cuando los países que descubren grandes riquezas tienen regimenes políticos avanzados, los efectos de la explotación son radicalmente diferentes a los de los países en desarrollo. Por ejemplo, Noruega financia las pensiones de jubilación de toda su población con los ingresos que obtiene por la extracción de petróleo en el Mar del Norte. Alaska reparte dividendos sobre la explotación de gas y petróleo que sirven para atraer y asentar a la población en grandes áreas despobladas. ¿Por qué los países en desarrollo no pueden hacer lo mismo?

La esclavitud económica

A continuación abordamos los diferentes métodos, lícitos e ilícitos, que las multinacionales utilizan para pagar el mínimo de impuestos posible. La pérdida de recaudación fiscal afecta a los países ricos y pobres; pero los efectos sobre los países en desarrollo son mucho mayores.

En las siguientes páginas examinamos también los paraísos fiscales a los que se canaliza el dinero que se evade, y los atractivos que ofrecen, principalmente la confidencialidad. Nos preguntamos cómo puede ser que los países industrializados, que tanto valoran el imperio de la ley, consientan la existencia de estados pirata que hacen posibles estos graves abusos.

Y analizamos las organizaciones que facilitan estas operaciones fraudulentas, incluidas las grandes firmas de consultoría como KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y Deloitte, especializadas en aprovechar la existencia de los paraísos fiscales para beneficiar a sus clientes, sin atender a las consecuencias sociales. Estas cuatro compañías han tenido que pagar en los últimos años grandes sumas de dinero por vulnerar las regulaciones financieras. Y a pesar de eso, aún conservan su estatus como auditoras del sistema financiero mundial.

Los datos que contiene este informe derivan del trabajo de Raymond Baker, investigador senior del CIP (Centro de Política Internacional de Estados Unidos). Para llegar a estas conclusiones sobre las prácticas de las empresas internacionales, él y sus investigadores mantuvieron 550 entrevistas con directivos de grandes empresas de 11, países con la condición de preservar el anonimato. La conclusión de Baker es que la evasión fiscal corporativa forma parte del proceso global mediante el cual los países más ricos del mundo siguen expoliando a los países en desarrollo. Baker define esta situación de una forma muy contundente: “se trata del capítulo más espantoso de las relaciones económicas globales desde la esclavitud”.

Cómo expoliar a los países pobres

En la última década las materias primas han alcanzado precios récord. Esta subida de los precios debería haber enriquecido a los países en desarrollo, que tienen la mayor parte del cobre, el níquel, el platino y el hierro que consumen las nuevas potencias económicas. Por no hablar de sus reservas de oro, el metal más preciado y que en tiempos de crisis se convierte en el refugio natural del dinero.

Tradicionalmente se ha asegurado que las economías en desarrollo, especialmente en África, prácticamente no crecen (o retroceden) desde los tiempos coloniales porque sólo producen las materias primas, pero los procesos de transformación que generan un verdadero valor añadido se realizan en otros países.

Sin embargo, en los últimos diez años el precio del níquel se ha multiplicado por seis, el del platino por cuatro, y el cobre y el oro han duplicado su valor. ¿No deberían haberse aprovechado de alguna forma los países en desarrollo, aunque fuera en menor medida?

Desafortunadamente, la cruda verdad es que los países en desarrollo siguen siendo igual o más pobres, no se han beneficiado en absoluto de esta bonanza de los precios de las materias primas. Y esto no es porque los dictadores hayan dilapidado esta fortuna mientras la gente se moría de hambre. Es cierto que existe corrupción, pero los principales culpables son las empresas de los países desarrollados que extraen estos minerales: mediante sistemas legales e ilegales, estas compañías han demostrado que su única prioridad es obtener tantas ganancias como puedan en los países en los que operan, pagando el mínimo de impuestos.

Los sistemas legales que usan las empresas para evitar pagar impuestos incluyen:

•    Arquitectura financiera: consiste en utilizar esquemas empresariales y financieros diseñados para evitar el pago de impuestos. Sin embargo, las autoridades fiscales de algunos países han empezado a considerar ilegales algunos de estos entramados, que en muchos casos son comparables a los de actividades ilegales como el blanqueo de dinero.

•    Exenciones de impuestos: algunas empresas solicitan no pagar impuestos durante un periodo determinado, como condición para instalarse o mantenerse en un país. Esto no sólo sucede en los países en desarrollo, también se da en los procesos de deslocalización de las fábricas de algunos estados europeos. Diversas investigaciones muestran que esta práctica es económicamente inviable, dado que a largo plazo los ingresos que se pierden con la exención de impuestos superan los beneficios que supone atraer o retener la inversión.

•    Royalties reducidos: las empresas que explotan los recursos de un país pagan un porcentaje fijo sobre lo que se extrae, que se conoce como derechos de explotación o royalties. Estos royalties pueden ir del 2 al 30 %, aunque en la mayoría de los casos se sitúan entre el 5 y el 10%. Sin embargo, en ocasiones las empresas y las instituciones internacionales presionan para reducir estos royalties hasta niveles absurdamente bajos.

Por su parte, los métodos ilegales que usan las empresas para evadir impuestos son:

•    Falsificar facturas: este sistema consiste en inventar facturas por compras inexistentes o que en realidad tienen una cuantía muy inferior. De esta forma, las empresas pueden declarar unas ganancias inferiores a las que realmente obtienen, y pagar menos impuestos. Este método también puede usarse al revés: una empresa que exporta productos a un país en desarrollo puede declarar que la operación tiene un valor inferior al real, para pagar menos tasas y aranceles. En cualquier caso, el gobierno del país deja de cobrar impuestos que le pertenecen. Es una treta difícil de detectar, pero muy generalizada: se estima que se produce en más del 50% de las transacciones comerciales de Latinoamérica y África.

•    Falsear las transferencias de bienes y servicios: es un sistema similar al anterior, que consiste en alterar los precios de los intercambios de bienes y servicios que se realizan entre las filiales de una multinacional. Dado que el 60% del comercio mundial se lleva a cabo entre filiales de empresas, existe un amplio margen para manipularlas. Y los países en desarrollo están indefensos ante esta práctica, porque carecen de la información suficiente para verificar que los precios de las operaciones que realizan las empresas son correctos.

•    Falsear las transferencias financieras: en este caso se trata de exagerar los costes de las operaciones financieras que se hacen entre las filiales de una multinacional. Por ejemplo, una filial hace un préstamo a otra a un interés muy alto, aunque en realidad la otra empresa no pagará los intereses, pero podrá deducir estas cantidades de los resultados que declara.

•    Evadir capital: otra modalidad habitual es sacar dinero en efectivo de un país sin declararlo ni pagar los impuestos pertinentes (los famosos “maletines”), por lo que se convierte en dinero “negro” que luego se blanquea con procedimientos como los citados anteriormente.

•    Falsear inversiones: en muchos países en desarrollo se ofrecen exenciones o reducciones de impuestos a las empresas que realizan inversiones. Algunas multinacionales transfieren a un paraíso fiscal las ganancias que obtienen en un país y luego las vuelven a repatriar en forma de inversiones. De esta forma, además de no pagar impuestos por las ganancias obtenidas, disfrutan de exenciones fiscales.

•    Sobornos: otro sistema menos sutil es sobornar a las autoridades locales para obtener condiciones más favorables, o lograr que hagan la vista gorda ante las actividades de las multinacionales. André Tarallo, ex directivo de Elf, aseguró ante el tribunal que juzgaba las actividades de esta compañía que “todas las petroleras internacionales han usado sobornos desde la primera crisis del petróleo en los 70 para asegurarse el acceso a las explotaciones”.

Sean legales o ilegales, el resultado de estas prácticas siempre es que los ciudadanos de los países pobres acaban recibiendo una compensación insuficiente por la explotación de sus recursos naturales. Por ejemplo la República Democrática del Congo, que acumula las mayores reservas mundiales de minerales como el coltán (de donde se extrae el preciado tantalio que sirve fabricar los chips de los ordenadores, teléfonos móviles, videoconsolas, etc.), obtuvo en 2006 ¡menos de 86.000 dólares! por los derechos de las explotaciones mineras del país.

¿Por qué es tan fácil engañar a los países pobres?

Todos estos métodos de expolio se aprovechan de la necesidad que tienen los países en desarrollo de acelerar su crecimiento. En muchos casos, para atraer a grandes empresas las autoridades de estos países están dispuestas a realizar importantes concesiones. Además, las negociaciones de este tipo de acuerdos generalmente no se realizan en términos de igualdad.

George Soros, financiero y filántropo de fama mundial, ha identificado tres aspectos claves que lastran la capacidad de los países en desarrollo para establecer acuerdos justos:

•    Información asimétrica: cuando las grandes multinacionales llegan a un país para negociar su implantación, traen ejércitos de abogados, contables y expertos. Estos asesores saben más sobre el sector y el valor real de los recursos que los gobiernos de los países con los que negocian. Los países en desarrollo no cuentan con personal con estos conocimientos: los pocos profesionales que destacan son rápidamente contratados por las multinacionales. Otra faceta de la información asimétrica es que los ciudadanos de los países en desarrollo no suelen recibir información sobre los acuerdos que firman sus gobiernos.

•    Negociación asimétrica: otra arma que utilizan las multinacionales al negociar con los gobiernos de los países en desarrollo es amenazar con no instalarse en el país, o retirarse del mismo, si no se aceptan las condiciones que ofrecen. Este método era especialmente habitual antes del boom del precio de las materias primas y resulta especialmente grave en el caso de las empresas que tienen prácticamente el monopolio mundial en la explotación o la transformación de los recursos que se extraen en los países pobres.

•    Representación asimétrica: la propiedad de los recursos naturales es un atributo de la soberanía popular. Sin embargo, los gobiernos de los países en desarrollo que representan a su pueblo no negocian con otros gobiernos, sino con ejecutivos de multinacionales que sólo responden ante sus accionistas. Es fácil que la negociación se rebaje al nivel de los beneficios personales, olvidando los intereses de la población. Esto también sucede cuando las instituciones internacionales que asesoran a los países en desarrollo no defienden adecuadamente los intereses de estos estados, al recibir presiones de las multinacionales.

Estos problemas son habituales en las relaciones entre los países en desarrollo y las multinacionales en todos los sectores, pero especialmente graves en el caso de los minerales y el petróleo. Prácticamente siempre, los países ricos salen más beneficiados del acuerdo.

Bienvenido a los paraísos fiscales

La mayor parte del dinero que las corporaciones multinacionales obtienen ilegalmente de los países en desarrollo acaba en los denominados paraísos fiscales. Se trata de estados que ofrecen unas condiciones fiscales mucho más favorables a las personas y empresas.

Las principales ventajas que ofrecen estos paraísos fiscales son:

•    Impuestos menores o inexistentes: es posible crear empresas que pagan muy pocos impuestos, o ninguno, sobre las ganancias que se les atribuyen.

•    Secreto bancario: se pueden mantener en secreto las identidades de los propietarios reales de las cuentas bancarias y de las empresas.

•    Información restringida: estos paraísos se resisten o se niegan a facilitar a otros países información sobre las cuentas de las personas y empresas que operan en el país.

En este sentido, la OCDE distingue actualmente a los paraísos fiscales entre cooperantes (aportan algún grado de información a la justicia de otros países) y no cooperantes (se niegan a entregar cualquier tipo de información sobre sus clientes).

Los paraísos fiscales están firmemente asentados en el orden financiero mundial. Muchos famosos depositan sus fortunas en paraísos fiscales, como el campeón de la F1 Lewis Hamilton o el cantante Phil Collins. Pero estas fortunas son sólo una pequeña parte de las enormes cantidades de dinero que mueven los paraísos fiscales: según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en estos estados hay depositados entre 5 y 7 trillones de dólares, lo que viene a ser el doble del Producto Interior Bruto de un país como Reino Unido. No todo este dinero tiene un origen legal, por lo que la tendencia actual es forzar la colaboración de estos paraísos fiscales al menos para la persecución de delitos como el terrorismo o el narcotráfico, a cambio de respetar sus privilegios en materia fiscal.

Sin embargo, se habla muy poco sobre el papel que estos paraísos fiscales tienen en un sistema de comercio internacional que empobrece a los países en desarrollo. Resulta muy significativo que las cuatro mayores consultoras financieras del mundo (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte y Ernst & Young) estén presentes en prácticamente todos los paraísos fiscales, junto a las principales firmas de asesoría financiera y de abogados del planeta.

Además de ayudar a sus clientes a evitar el pago de impuestos a través de las sociedades y las cuentas secretas que crean en estos países, estas empresas también colaboran con los gobiernos de los paraísos fiscales para diseñar nuevos productos que atraigan a más clientes y que eludan las limitaciones y controles que imponen los gobiernos de los otros países.

Las multinacionales utilizan estos paraísos fiscales de dos formas diferentes:

•    Holdings: se trata de entramados de empresas registradas en paraísos fiscales a los que las multinacionales transfieren sus ganancias para depositarlas fuera del alcance de las autoridades de sus países. A su vez, estos holdings se encargan de financiar a las filiales de las multinacionales mediante préstamos internos, cuyas condiciones escapan al control de las autoridades fiscales nacionales. En algunos casos, estas transferencias sirven para especular con el cambio de divisas. Los holdings también se utilizan para depositar los derechos de propiedad intelectual de las empresas en condiciones mucho más ventajosas que las de la mayoría de los países. Algunas de las mayores empresas del mundo que trabajan con holdings en paraísos fiscales son BP, Wal-Mart, Ford, Microsoft, Adobe o Virgin.

•    Trusts: un trust es una entidad legal a la que una persona o empresa encarga la gestión de su capital. La mayoría de los paraísos fiscales permiten crear y gestionar trusts sin necesidad de declarar su existencia, publicar las cuentas ni facilitar los nombres de las personas que los administran y de sus beneficiarios. Por lo tanto, son una herramienta ideal para reducir o evitar el pago de impuestos.

Además de permitir actividades poco honestas, o directamente ilegales, que perjudican a los países en desarrollo, los paraísos fiscales suponen una dura competencia también para los países más desarrollados. Muchas de las empresas de estos estados evitan pagar impuestos en sus países de origen mediante los entramados que crean en los paraísos fiscales. Y otras optan directamente por establecer su sede en estos estados, aunque realmente desarrollen sus actividades en otros países. Esto les permite incluso eludir sus responsabilidades legales.

Argentina es un país que conoce muy bien los efectos perniciosos de los paraísos fiscales. En los años 90, muchos militares transfirieron a paraísos fiscales el dinero que habían robado durante los años de la dictadura. En el año 2005, doscientas personas murieron en el incendio de una discoteca de Buenos Aires, cuyas salidas de emergencia estaban cerradas con llave. El caso generó una enorme ira popular, porque la discoteca pertenecía una empresa registrada en Uruguay (un paraíso fiscal) y no se pudo averiguar quién debía pagar las indemnizaciones de los fallecidos. Tras este escándalo, las autoridades argentinas prohibieron operar en el país a ninguna empresa que estuviera registrada en un paraíso fiscal.

Otros países como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o incluso España también sufren la competencia desleal de los paraísos fiscales. Este problema se ha agravado en los últimos años con la eliminación de los controles de cambio de muchos países, la desregulación de los mercados financieros y la generalización de Internet. Esto ha permitido agilizar el movimiento del dinero y ha multiplicado el número de paraísos fiscales. También ha provocado que sea más evidente que nunca la necesidad de una mayor transparencia en su funcionamiento.

Algunos ejemplos del expolio

Los países del continente africano constituyen una de las pruebas más claras del expolio al que algunas multinacionales someten a los más pobres del planeta, mediante los acuerdos injustos, la evasión de impuestos y el uso de paraísos fiscales.

Zambia es uno de los ejemplos más descarados de cómo las empresas y los organismos internacionales se compinchan para saquear un país. A finales de los 90, este estado del centro de África estaba en la bancarrota. Los organismos financieros internacionales obligaron al gobierno a privatizar sus minas de cobre, en una operación diseñada por un banco británico y un bufete de abogados americano. Los acuerdos se negociaron de espaldas a la población y tienen una vigencia de 20 años. El royalty medio de las explotaciones se redujo del 3% al 0,6% y las empresas mineras sólo deben pagar el 12% de los impuestos corporativos. En los últimos años el cobre ha cuadriplicado su valor, pero el 86% de la población de Zambia sigue por debajo del umbral de la pobreza. En 2008, el nuevo gobierno canceló el acuerdo, lo que le ha valido una denuncia de las empresas mineras ante el Banco Mundial.

Pero este no es el caso más escandaloso que se ha producido en África. En Liberia, la empresa acerera Mittal firmó un acuerdo con el gobierno que le permite fijar los precios del mineral de hierro que se extrae en el país, lo que en la práctica supone que decide los royalties que paga al estado. El acuerdo se cerró en secreto tres meses antes de las primeras elecciones tras la guerra civil, y lo primero que hizo el nuevo gobierno fue denunciar las condiciones del contrato.

En Tanzania desde 1998 cada año se abre una nueva mina de oro. El país también produce diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas. Sin embargo, la mitad de sus 39 millones de ciudadanos vive con menos de 1 dólar al día y la esperanza de vida no supera los 51 años. Esta situación resulta muy sorprendente teniendo en cuenta que en los últimos años el oro ha alcanzado precios récord. Aún resulta más chocante que la mayoría de las empresas mineras que operan en el país estén en pérdidas, pese a explotar algunos de los yacimientos más ricos del mundo con royalties bajos y una mano de obra barata. En 2003, el Gobierno de Tanzania contrató a auditores independientes para analizar la situación. Su informe demostró que las cuatro mayores empresas mineras que tienen concesiones en el país inflaron sus pérdidas en más de 500 millones de dólares. De esta forma, evitaban pagar impuestos sobre los beneficios.

Hay decenas de casos similares o peores. Sin embargo, también existen ejemplos que invitan a la esperanza. Malawi, el cuarto país más pobre del mundo, cuenta con una mina de uranio cuyos beneficios podrían significar enorme mejoras para su población. Antes de empezar a negociar, el gobierno del país analizó la situación de sus vecinos y decidió no cometer lo mismos errores: anunció que prefería posponer la explotación antes que firmar un mal acuerdo. Con el debido asesoramiento, lograron fijar un royalty razonable y una participación pública del 15% en la mina. La empresa explotadora paga unos impuestos del 27,5% sobre los beneficios. Incluso algunas organizaciones civiles que denunciaron al gobierno por la afectación ecológica del mayor lago del país acabaron aceptando el acuerdo tras negociar con todas las partes.

Es una muestra de cómo un acuerdo justo puede beneficiar a todos. Por desgracia, no es frecuente: muchos países siguen viendo cómo se expolian sus riquezas sin ser compensados.

¿Quién tiene la culpa?

Ni los paraísos fiscales, ni las estrategias que las multinacionales utilizan para conseguir condiciones comerciales ventajosas en sus acuerdos y evitar pagar impuestos, serían posibles sin la colaboración de miles de profesionales del mundo del derecho, las finanzas y la banca. Y no se trata de oscuras firmas que operan a escondidas en oficinas clandestinas…

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB) es el organismo privado que establece las reglas para la presentación de las cuentas financieras de las empresas. Más de 100 gobiernos de todo el mundo, incluidos la mayoría de los estados europeos, convierten las recomendaciones de este organismo en leyes que regulan las actividades financieras.

No resulta casual que la mayor parte de los componentes de la junta directiva del Consejo sean ex-directivos de las mayores empresas de consultoría financiera: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young y KPMG. Estas cuatro grandes consultoras también financian al Consejo mediante una fundación registrada en Delaware (estado norteamericano que es uno de los primeros paraísos fiscales del mundo y donde tienen su sede las principales empresas de Estados Unidos: Wal-Mart, General Motors, Ford, Boeing, Citigroup, Coca-Cola…)

Las cuatro grandes consultoras que financian y controlan el Consejo han pagado en los últimos años grandes sumas de dinero para cerrar litigios en los que se las acusaba de vulnerar las regulaciones financieras.

En Estados Unidos KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young han abonado multas de hasta 456 millones de dólares por malas prácticas financieras. En Reino Unido Ernst & Young tuvo que pagar 750.000 libras por ocultar información y también estuvo implicada en un fraude del IVA. Las cuatro empresas han sido multadas asimismo en Italia por ponerse de acuerdo para limitar la competencia en el mercado de la auditoría.

Estos escándalos se han producido en países desarrollados que cuentan con autoridades fiscales fuertes. ¿Qué puede estar sucediendo en los países en desarrollo, cuyos controles son más laxos? No queremos decir que las 500.000 personas que trabajan en todo el mundo para estas cuatro grandes firmas, o los centenares de miles de empleados de otras empresas más pequeñas, infrinjan sistemáticamente las leyes. Afortunadamente no es así.

Pero sí sería deseable que estas empresas tuvieran una actitud más responsable respecto a los métodos y estrategias que recomiendan a sus clientes para eludir el pago de impuestos. La fiscalidad no puede ser entendida únicamente como un coste a recortar: es un mecanismo de redistribución de la riqueza.

Si tenemos en cuenta que 50 de las 100 mayores potencias económicas del planeta son empresas, no países, las firmas que asesoran a estos grupos multinacionales también deberían ser conscientes de los efectos que sus argucias financieras pueden tener sobre las vidas de millones de personas.

¿Qué podemos hacer?

A menos que se adopten medidas a nivel internacional para acabar con estas deficiencias del sistema financiero mundial, los países en desarrollo seguirán atrapados en la trampa de la pobreza, sin poder recaudar los impuestos que les corresponden.

Las estrategias que usan algunas multinacionales para conseguir condiciones comerciales más ventajosas, aunque sea a costa de empobrecer a los países donde operan, se ven favorecidas por la permisividad de la ley en cuanto a las transacciones financieras y los paraísos fiscales. Por si fuera, poco, las grandes consultoras que se supone que son responsables de vigilar que no se cometan irregularidades están implicadas en muchas de estas prácticas fraudulentas, con el apoyo de importantes bancos y prestigiosas firmas de abogados.

Es necesario un cambio de mentalidad global en esta materia, que debe ser impulsado y liderado por los gobiernos de los países desarrollados, con medidas como las siguientes:

•    Evaluar la verdadera dimensión del problema: realizar estudios sobre los flujos ilícitos de capital y la evasión de impuestos, especialmente en sus propias jurisdicciones y áreas de influencia, y respecto al papel que tienen sus empresas y organizaciones en este asunto.

•    Impedir la ocultación de beneficios: promover un nuevo estándar contable internacional que obligue a las empresas a informar sobre sus actividades en cada país. Las cuentas publicadas deben detallar sus actividades económicas en cada jurisdicción, sin excepciones.

•    Repatriar la riqueza ilícita: poner en marcha mecanismos que permitan retornar a los países afectados la riqueza que ha sido extraída de forma ilícita. Los países deben revelar la información necesaria y cooperar en la devolución de los fondos obtenidos ilegalmente.

•    Requerir a los bancos que desvelen la propiedad de las entidades extranjeras a las que prestan servicios, para que esta información pueda ser intercambiada entre los países.

•    Promover la adopción de principios para prevenir el abuso creativo del sistema fiscal por parte de los juristas, los contables y los banqueros, a nivel nacional e internacional.

•    Obligar a los empleados de las empresas de importación y exportación a firmar sus facturas, asegurando que los precios son correctos bajo su responsabilidad personal.

•    Presionar para reformar el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, de forma que se acabe con su control privado, adquiera estatus de agencia internacional e incorpore a miembros que no representen exclusivamente los intereses de la comunidad financiera.

•    Apoyar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en sus esfuerzos para regular los paraísos fiscales, mediante el intercambio de información. Los paraísos que no cooperen de forma activa deben recibir sanciones internacionales.

•    Proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo, cuando la requieran, para ayudarles a resolver las desigualdades comerciales y negociar acuerdos justos.

Estas acciones deben ser adoptadas unilateralmente por los países, y multilateralmente a través los organismos en los que participan, como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Sólo la cooperación de la comunidad internacional erradicará este problema.

El papel de España

España, como octava economía mundial y miembro de la Unión Europea, también tiene su parte de responsabilidad en esta situación. El 69% de las empresas que componen el índice selectivo Ibex 35 está presente en paraísos fiscales, según un estudio elaborado del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Numerosas empresas y despachos de abogados ofrecen a sus clientes, con toda naturalidad, formas de eludir el pago de impuestos, que en muchos casos son como mínimo dudosas. Y en la propia Península Ibérica se ubican dos paraísos fiscales (Andorra y Gibraltar) considerados por las autoridades como “no cooperantes”.

Es verdad que España ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo de ayuda al desarrollo, que alcanzará en 2012 el 0,07% de su Producto Interior Bruto. Y que los tribunales españoles se han mostrado en los últimos años muy activos en destapar y perseguir los entramados fiscales vinculados a la corrupción.

Desde InspirAction aplaudimos estos esfuerzos, pero también pedimos al Gobierno español que presione en el seno de la Unión Europea y de los organismos internacionales en los que participa, para que otros países sigan su ejemplo. Así mismo, debe ser pionero en instaurar una tolerancia cero respecto a las empresas que evaden el pago de impuestos e imponen condiciones comerciales desfavorables a los países en desarrollo.

Hay mucho trabajo que hacer para conseguir que el pernicioso sistema fiscal mundial actual se transforme para beneficiar no sólo a los ricos, sino también a las personas más desfavorecidas del planeta. InspirAction pide al Gobierno de España que lidere la reforma de este sistema mediante las medidas que sugerimos en este informe. Por nuestra parte, seguiremos colaborando con la sociedad civil de los países en desarrollo para apoyar sistemas fiscales más efectivos y demandar a los gobiernos y las empresas más responsabilidad y transparencia.

Sabemos que el reto es de una enorme magnitud; pero también lo son los beneficios que reportaría esta transformación. Hoy, 1.000 niños más morirán en los países en desarrollo, principalmente por la falta de recursos sanitarios básicos que sus gobiernos no pueden financiar debido a la merma de ingresos que supone la evasión fiscal. Millones más de personas fallecerán en los próximos años… mientras nos preguntamos cómo salir de nuestra “crisis”.

Ya no podemos alegar que no sabíamos lo que pasaba. Las pruebas que recogen informes como éste son numerosas e incontestables. Así que basta de excusas: es hora de actuar.

¿Qué es InspirAction?

InspirAction es una organización internacional de desarrollo nueva en España, que lucha por erradicar la pobreza global, y la injusticia de los sistemas que la perpetúan.
InspirAction tiene como objetivo ser el portavoz de los olvidados, de aquellos que son, pero no están. Quieren acabar con esta invisibilidad mediante la acción, implementando soluciones reales y prácticas mediante sus contrapartes, organizaciones locales que trabajan en 49 países de todo el mundo. InspirAction quiere que la voz de los olvidados sea un grito contundente: ¡estamos aquí!
Informáte en www.InspirAction.org

Este documento es un extracto actualizado del informe “Death and taxes: the true toll of tax dodging”, publicado por Christian Aid en mayo de 2008. Se actualizó en abril de 2009. Si lo deseas, puedes solicitar la versión completa de este documento (en inglés), escribiendo a informacion@InspirAction.org

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