A principios de diciembre 2009, un grupo inhabitual de 40 organizaciones y personas se reunieron en la Universidad de Yale, New Haven, para un debate acerca de los flujos de capitales ilícitos que salen de los países en desarrollo, la falta de transparencia en el sistema financiero global y el impacto que estos hechos tienen sobre los derechos humanos en todo el mundo. La reunión congregó a expertos en el campo de los derechos humanos y de la opacidad de las finanzas para explorar las similitudes en su labor y desarrollar una agenda común. Un equipo de Tax Justice Network / Red por la Justicia Fiscal estuvo presente y participó activamente en ese debate.

El resultado de esa reunión ha sido publicado en inglés el 7 enero 2010 en forma de la  DECLARACION  de NEW HAVEN que inicia un nuevo partenariado entre los grupos que abogan por los derechos humanos y por la transparencia financiera.

Hacemos pública abajo en castellano esta Declaración al mismo tiempo que dedicamos con tristeza un recuerdo a las víctimas inocentes de la desgracia, la miseria y la devastación que asolan Haití, la población más pobre de América.  ¿Devolverá por fin Suiza la fortuna que el clan familiar del dictador Duvalier robó al pueblo haitiano? ¿Habrá dinero pronto para alimentar y recuperar Haití como lo hubo para salvar Wall Street o la City de Londres?

El mensaje de esta DECLARACIÓN es simple y claro: “la integridad financiera y los derechos humanos están intimamente vinculados” y la pobreza aumenta cuando el dinero se escapa ilícitamente de los países en lugar de invertirse en las necesidades básicas de las poblaciones de esos países donde se genera. Aunque aparentemente sin relación entre sí, hay un hilo conductor que une los flujos de dinero generados por el crimen, la corrupción y la evasión y el fraude fiscal con la necesidad de un sistema financiero en la sombra que facilite tales transacciones.

Y ese sistema opaco  ha crecido hasta tener un inmenso alcance con unos 70 paraísos fiscales en el mundo, unas jurisdicciones del secretismo que permiten el establecimiento y la operativa de entidades con titulares beneficiarios desconocidos, corporaciones empresariales encubiertas en cuentas fiduciarias millonarias, falsas fundaciones benéficas, abusivas trasferencias de costes-precios en transaciones comerciales transnacionales, técnicas de lavado de dinero sucio y agujeros en las legislaciones de los paises occidentales que facilitan el flujo del dinero ilicito a través de ese sistema financiero en la sombra para acabar al final en las arcas de los paises occidntales.

Algunos analistas apuntan que la mitad del comercio y los movimientos de capitales globales pasan a través de paraísos fiscales y de jurisdicciones del secretismo, a mediocamino entre el lugar donde se iniciaron y donde se consumaron. El secretismo financiero no es solamente un problema fiscal o de aplicación de la legislación. Aun más importante es el problema de enormes proporciones de los derechos humanos y el desarrollo económico. La ONG con sede en Washington, Global Finance Integrity estima que un billón de dólares ($1 trillion) de dinero ilícito se esfuma desde los países en desarrollo cada año utilizando el sistema financiero global en la sombra.

Este flujo de salida drena las reservas en divisas, agudiza la inflación, disminuye la recaudación tributaria, cancela las inversiones, obstaculiza la ayuda exterior, socava el libre comercio, empeora la pobreza  y mina el crecimiento sostenible de miles de millones de personas. Mientras la ayuda oficial al desarrollo se sitúa recientemente en torno a los 100,000 millones de dólares al año, por cada dólar que les entrega generosamente por encima de la mesa Occidente recupera unos 10 dólares por debajo de la misma mesa. Son enormes los costes humanos de estos flujos financieros que salen de los países en desarrollo.

Se estima que 18 millones de personas mueren al año por las privaciones económicas cuyas causas radican directamente en esas privaciones. De ellos, unos 9 millones son niños menores de cinco años que mueren de enfermedades para las cuales están disponibles vacunas. Aminorar solo en una fracción del billón de dólares al año de los flujos de salida, proporcionaría recursos que podrían salvar millones de vidas. Human Rights Watch ha documentado cómo miles de millones de dólares de flujos de salida han perjudicado, por ejemplo, Angola, Guinea Ecuatorial e Indonesia, desviando al exterior fondos que podrían haber sido utilizados para la educación y los servicios de salud.

El derecho a un sistema financiero global equitativo hay que entenderlo como un componente integral de la defensa de los derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración de los derechos humanos adoptada en 1948, dice que todo el mundo tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su salud y su bienestar. Ninguna otra disposición  de esta declaración ha sido más masivamente ignorada que esa.
Hoy hay más gente viviendo en extrema pobreza que en toda la humanidad en 1948, año de esa Declaración de la ONU. En Haití tenemos un ejemplo terrible.
La Declaración de New Haven, que avala la trayectoria y el prestigio de las organizaciones firmantes relacionadas abajo, apela a  todos aquellas organizaciones y personas que dirigen o influyen en la marcha del mundo.

DECLARACIÓN de NEW HAVEN  sibre  DERECHOS HUMANOS e INTEGRIDAD FINANCIERA

Los derechos humanos y la integridad financiera están íntimamente ligados. Allí donde reina la pobreza se suelen incumplir también los derechos civiles, políticos y económicos. En la actualidad, en muchos países en desarrollo, estas situaciones de pobreza y opresión se ven sumamente agravadas por la existencia de enormes flujos de salida de capital ilícito –que exceden en varias veces el total de la ayuda al desarrollo.

El dinero ilícito sale de los países más pobres a través de un sistema financiero global paralelo compuesto por paraísos fiscales, jurisdicciones con secreto bancario, corporaciones fantasma, cuentas anónimas de inversión, fundaciones falsas, y prácticas como el lavado de dinero o la manipulación de precios para evasión fiscal. Gran parte de este dinero es transferido de modo permanente a las economías occidentales.

La reducción de estos flujos de salida ilícitos exige una mayor transparencia e integridad en el sistema financiero global. Lograr este objetivo es, a su vez, un prerrequisito para crear un marco económico abierto, responsable, justo y beneficioso para todos.

Por ello, exhortamos a las Naciones Unidas, al G8, al G20, a la Organización Mundial del Comercio, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a otros foros internacionales, así como a los gobiernos nacionales, grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil, a reconocer la estrecha relación existente entre los derechos humanos y la transparencia financiera. Asimismo, exhortamos a que se tomen medidas decisivas para asegurar que los países en vías de desarrollo puedan retener sus propios recursos para alcanzar un desarrollo sustentable y luchar contra la pobreza; algo que deben lograr para que se cumplan los derechos humanos de todas las personas.

Los individuos y las organizaciones abajo firmantes se comprometen a trabajar conjuntamente en los próximos meses para avanzar esta agenda y para intentar sumar nuevas voces a esta tarea.

Amnesty International
Human Rights Watch
Oxfam
Basel Institute on Governance
Global Financial Integrity
Center for Applied Philosophy and Public Ethics
Open Society Institute Justice Initiative
Asia Initiatives
Task Force on Financial Integrity and Economic Development
Tax Justice Network
Christian Aid
National Council of Churches
Harrington Investments, Inc.
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Thomas Pogge, Yale University
Robert Hockett, Cornell University
Frank Pasquale, Seton Hall