Por Daniel A. Luna Alcántara,
Defensor de Derechos Humanos en Chiapas y
miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Enero de 2010

Un alegato documentado sobre la criminalización y persecución contra el movimiento anti-minero y defensores de derechos humanos corroborado por los datos en links que acreditan la denuncia.

México vive uno de sus peores momentos, marcado por una compleja crisis política, social y económica, que es atravesada por el violento reacomodo de los cárteles de la droga que se disputan mercados y rutas hacia el norte.  De modo paralelo, los intereses empresariales locales y transnacionales, continúan su marcha por afianzar el control de los recursos naturales e infraestructura estratégica.

En este contexto, que afecta fuertemente a las mayorías empobrecidas, movimientos de lucha social emergen por doquier. Ante ello el Estado Mexicano recurre a la represión, llevándola a grados superlativos mediante tortura sexual a mujeres, asesinatos selectivos y desaparición forzada de luchadores sociales, así como la más exacerbada criminalización de la legítima protesta popular.

Se vuelve cotidiano que el Estado Mexicano utilice como pretexto la llamada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, para tratar mediática y judicialmente a cualquier movimiento social, como si fuese parte de un supuesto “crimen organizado”.

El caso que en seguida exponemos es un ejemplo paradigmático de ello. Su desenlace final aún es una incógnita, por lo existe una gran preocupación en las personas que nos hemos visto afectadas en este problema: defensores de derechos humanos y luchadores sociales de distintas organizaciones en Chiapas, así como sacerdotes comprometidos en el acompañamiento de sus pueblos.

En este informe mostramos detalladamente cómo el gobierno de Chiapas viola sistemáticamente no sólo los derechos humanos, sino todo tipo de legalidad instituida; además de evidenciar el uso perverso que hace de los recursos públicos, para controlar los medios de comunicación manipulando, ocultando o fabricando “información” con el fin de “justificar” ante la opinión pública sus atropellos al orden constitucional.

03 Informe del Contexto de Hostigamiento y Criminalización al FNLS