Carlyle Capital Corporation, un fondo de alto riesgo registrado en el paraíso fiscal de Guernesey con unas deudas de 11,000 millones de libras esterlinas es una de las últimas victimas de la profundización de la restricción del crédito y de los efectos que se extienden por el mundo financiero.  Los interrogantes se plantean ahora sobre la salud financiera de su corporación matriz, el Carlyle Group, que gestiona más de 75,000 millones de dólares.

Pero a medida que la crisis se extiende, hay que interrogarse también sobre los auditores, que son los ojos y los oídos de los reguladores de los mercados. Porque nuevamente el episodio de Carlyle atrae la atención hacia los informes de autoría de mierda. Esta policía privada tiene acceso a todos los archivos de la corporación, incluso sin orden judicial y puede exigir a cualquier funcionario o empleador cualquier información y las explicaciones que considere apropiadas.

El 27 de febrero de 2008, Carlyle Capital Corporation publicó sus cuentas anuales para 2007 hasta el 31 de diciembre. Estas cuentas fueron auditadas por la oficina en Guernesey de Pricewaterhouse Coopers, la mayor firma de  auditoria del mundo, que se jacta de unos ingresos de 25,000 millones de dólares.

En medio de una de las mayores crisis financieras, el informe de cuentas sostiene (página 5) que los consejeros estaban “satisfechos de que el Grupo tenga recursos adecuados para continuar operando como un negocio en marcha durante un futuro previsible”. Asimismo, los auditores estaban satisfechos y el 27 de febrero de 2008 le dieron a la compañía una clara garantía de salud financiera (página 6).

Menos de dos semanas después, el 9 de marzo, Carlyle anunciaba que estaba estudiando con sus acreedores su precaria posición financiera. Y el día 12, la compañía anunció que “no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso para estabilizar sus finanzas”.

La compañía dice (página 24) que pagó 2,5 millones de $ “principalmente… a nuestros auditores independientes, a nuestro asesoramiento legal externo y a nuestro proveedor de servicios interno de auditoria”. Y, sin embargo, en menos de dos semanas, se desvaneció el espejismo de la garantía ofrecida por los auditores.

Y el caso de Carlyle Capital Corporation se ve superado por by Thornburg Mortgage, el segundo mayor proveedor independiente de hipotecas de los EEUU. Sus cuentas de 2007 hasta el 31 de diciembre fueron auditadas por KPMG, otra firma gigante de la auditoria, con unos ingresos globales de casi 20,000 millones de $. El 27 de febrero de 2008, KPMG concedió a las cuentas una garantía de salud; apenas seis días después, la compañía explicaba que estaba experimentando una turbulencia financiera y renegociando su posición financiera. Los auditores decidieron retractarse de su dictamen.

El 7 de marzo de 2008, un comunicado de prensa de Thornburg decía que había “recibido una carta fechada el 4 de marzo de su auditor independiente, KPMG LL, exponiendo que no se podía ya tener en cuenta su informe de auditoria fechado el 27 de febrero, sobre los estados financieros consolidados de la compañía referidos a 31 de diciembre de 2007 y de 2006, y por el período de dos años finalizado el 31 de diciembre de 2007, que se incluyen en el Informe Anual de la compañía Form 10-K para 2007″.

Estos episodios plantean serias cuestiones acerca de la calidad de los trabajos de auditoria. ¿Por qué se pagan a los auditores millones de libras en honorarios, especialmente cuando los informes de auditoria parecen tener una vida en los despachos de menos de dos semanas y cuando hasta los propios auditores parece que no tienen confianza en su propio trabajo?.

A pesar de los crecientes malos augurios financieros, los auditores han estado en silencio desde el inicio de la crisis de las hipotecas subprimes. Ahora, en medio de la restricción del crédito, resulta que los informes de auditoria emitidos tienen escaso valor.

A los auditores se les puede mantener por el buen camino con la amenaza de demandas por sus trabajos bazofia. Pero esta amenaza ha quedado diluida por una serie de concesiones en materia de responsabilidad en los EEUU, en el Reino Unido y en otros países. La erosión de la exigencia de responsabilidades ha hecho extremadamente difícil demandar a los auditores negligentes y disponen ahora de leyes a su medida. El inevitable resultado es la publicación de informes de auditorias sin valor alguno.

El sector de la auditoria sigue fallando. Y, sin embargo, eso consuela poco a las gentes que quizás pierdan sus ahorros, sus empleos, sus pensiones e inversiones. De nuevo, una y otra vez, esta fuerza privada del capitalismo ha fracasado al patrullar las instituciones y esa tarea tiene que recaer ahora en los reguladores.

La US Securities Exchange Commission, la Autoridad de Servicios Financieros y los organismos reguladores similares deberían suprimir las firmas consultoras y establecer sus propios equipos de auditores para la realización de controles continuos sobre todas las principales compañías financieras. Habría que ir mucho más allá de las preocupaciones sobre beneficios para abordar los modelos de negocio, la viabilidad, la rendición social de cuentas y la capacidad de generar tsunamis financieros.

Prem Sikka – Publicado en The Guardian 14/03/2008
Prem Sikka es Professor of Accounting de la Universidad de Essex en Reino Unido y miembro de Tax Justice Network.