y profesor emérito de la Universidad británica de Lancaster.

Articulo publicado en Financial Times (5 mayo 2009)

Los bancos emplean extensos equipos de gente con elevadas retribuciones para diseñar transacciones, principalmente con la finalidad de evadir impuestos. Estas actividades parece que son mucho más productivas que el rutinario negocio de gestionar pagos y canalizar ahorros hacia inversiones. ¿Por qué?

La respuesta revela la estrecha ligazón entre evasión fiscal y especulación que ha alimentado la inestabilidad financiera durante 30 años. Está claro que ha habido otras causas de la actual crisis, pero han contribuido en gran medida los fallos del sistema fiscal internacional.

La coordinación fiscal internacional depende de tratados basados en un modelo ideado hace 80 años. Para evitar la doble imposición, en general los tratados otorgan a los gobiernos el derecho sobre las rentas de una inversión en el país de residencia del inversor. Mientras que los beneficios empresariales tributan en el país “de la fuente”, donde tienen lugar las actividades.

Sin embargo, durante la mayor parte del siglo pasado, la inversión internacional estuvo dominada por las corporaciones internacionales, que podían escoger el emplazamiento de sus fuentes de fondos y organizar las estructuras de capital de sus filiales. Esto les permitía idear técnicas para asegurarse que no  tributaban injustamente según los criterios referidos, explotando las ambigüedades en los conceptos de residencia y de fuente y utilizando entidades legales constituidas en jurisdicciones convenientes.  Asimismo, tales métodos fueron explotados, con menos legitimidad, por gentes ricas resentidas con los impuestos sobre las rentas altas.

La relajación y el abandono final de los controles de cambio en los años setenta llevaron al florecimiento de las finanzas “offshore” y a un auge de los paraísos fiscales. Estos dependen tanto del fraude fiscal declarado como de la explotación de las zonas grises de la evasión fiscal. Comoquiera que las grandes multinacionales son por igual entidades financieras y empresariales, disponen de libertad para idear estructuras financieras complejas; e incluso mucho más las entidades financieras como los bancos. Según dos encuestas separadas de la US Government Accountability Office y de Tax Justice Network, era un banco el mayor usuario de paraísos fiscales en cada país de la encuesta. Las autoridades fiscales tienen enormes problemas para descifrar esas estructuras. Si pueden lograrlo, a menudo les resulta difícil caracterizarlas como ficticias.

Los principales países inclusive albergan también a los principales centros financieros, desde los cuales se dirigen estas actividades. Las autoridades tributarias en estos países, no menos en los EEUU y en el Reino Unido, se han visto intimidadas aceptando estas actividades por miedo a perder los negocios financieros.

Tomemos, por ejemplo, los fondos de alto riesgo (hedge funds). Las autoridades fiscales de los EEUU y del Reino Unido han aceptado una interpretación laxa de las normas de la residencia y de la fuente, al aceptar que estos fondos son residentes y que sus beneficios tienen como fuentes los centros offshore (la mayoría en las Islas Caimán), incluso aunque estén realmente gestionados desde Londres y Nueva York. No solamente son tratadas las ganancias  de estos fondos como obtenidas en las Caimán, y por tanto, no imponibles sino que su distribución no está sujeta a la retención fiscal, para  gran beneficio de sus inversores. El emplazamiento de estos fondos en una jurisdicción con secretismo facilita la evasión  fiscal y es una invitación abierta al fraude.

Para las multinacionales y los inversores ricos  los puntos son los mismos: las rentas de las transacciones financieras tributan al final a un tipo cero o bajo, haciéndolas mucho más rentables que los auténticos esfuerzos empresariales. Esta distorsión del sistema fiscal en gran medida ha alimentado los excesos de liquidez canalizados hacia las transacciones financieras especulativas. El sistema del secretismo offshore ha sido un elemento principal de opacidad que ha socavado la regulación financiera y corporativa
Los remedios radican en reformas fundamentales de la cooperación para la regulación internacional fiscal y financiera y en su coordinación. La cooperación fiscal internacional requiere un sistema multilateral e integral para la obtención y el intercambio de información para todos los fines tributarios, con salvaguardas apropiadas para los contribuyentes. El requerimiento a las multinacionales para que desglosen su información contable por cada país en el que hacen negocios, inyectaría al sistema la tan necesitada transparencia. La reforma debería incluir un giro hacia la tributación unitaria, que la mayoría de los especialistas internacionales en materia fiscal reconocen que debería haber se adoptado ya. Esto sería preferible a las nuevas propuestas de la Administración Obama para retocar las normas estadounidenses sobre pagos diferidos de impuestos.

Estas reformas harían más efectivo y justo al sistema tributario internacional y eliminaría una de las pretendidas justificaciones para los paraísos fiscales. Generarían amplias reducciones de costes e incluso la supresión de los departamentos bancarios que se ingenian planes distorsionadores y despilfarradores con fines fiscales.-

La profundización de la crisis financiera indica la crisis de la democracia. Las élites de las corporaciones han secuestrado demasiados espacios de decisión política y no dan señales de remordimiento ni se avergüenzan de la legitimación de prácticas deficientes. Peor aún, no se les piden cuentas, como muestran las recientes sesiones del Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes sobre el papel de la contabilidad en la crisis bancaria. Es saludable contemplar cómo las élites desarman a los legisladores y a los periodistas para promover sus intereses.
Las reglas globales, o normas contables, para los informes financieros de las empresas son elaboradas por el International Accounting Standards Board (IASB), una organización privada financiada y dominada por las élites de las corporaciones. El regulador británico en materia contable, el Financial Reporting Council (FRC), está también dominado por las élites de las corporaciones. Apacigua a sus interventores (controllers) adoptando las normas contables internacionales redactadas por el IASB pero sin explicar nunca las consecuencias económicas y sociales de esa conformidad.
Todos los bancos alegan haber cumplido con los estándares contables existentes pero las cuentas que publican son opacas. Las reglas contables y los auditores han permitido a los bancos que muestren valores tóxicos con valores inflados y que mantuvieran un pasivo de más de 5 billones de dólares ($5,000,000 millones) fuera de su contabilidad. Ningún banco ha publicado cifras sobre sus activos, su pasivos, sus beneficios o sus pérdidas especificas respecto al Reino Unido o a cualquier otra jurisdicción geográfica determinada. El contribuyente británico ha rescatado bancos sin conocer los importes y los riesgos que le correspondían al Reino Unido.
Las normas contables requieren a las principales empresas que apliquen el “fair value”. Una variante es “Mark-to-market” que permite a las empresas que adopten en su contabilidad los precios de mercado para los activos. En los momentos de precios de activos en alza ese método les conviene a las corporaciones porque respaldados por esas alzas pueden justificar mayores precios e ingresos y aguijonear a los consumidores. Asimismo, unos mayores beneficios aseguran unas remuneraciones más elevadas para los ejecutivos. La dificultad estriba en que muchos mercados son estrechos y sencillamente no permiten un precio adecuado
Sin inmutarse, quienes establecen las normas permitían otra variante conocida como “mark-to-model”. Esto permitía a los bancos estimar los valores de mercado para los instrumentos financieros (derivados, credit default swaps- una modalidad de aseguramiento de impagos) mediante la aplicación de complejos modelos matemáticos. Estos modelos caseros partían de supuestos sobre eventos futuros inciertos y fueron parte del encubrimiento de cuentas en Enron. Asimismo fallaron en el famoso caso del Long Term Capital Management (LTCM), un fondo de alto riesgo o hedge fund que estaba gestionado por ganadores del Premio Nóbel en economía.

Las deficiencias contables han sido agudamente captadas por un inversor institucional que argumentaba que las normas contables “han permitido que se contabilizara la actividad tipo Ponzi (estafas piramidales), legitimándola mediante las auditorias, en el corazón del sistema bancario.” Algo parecido al “agente inmobiliario que valora una propiedad pasando en coche por la puerta, equiparándola al precio de la casa de al lado, pero que quizás tendría un valor inferior si realmente se le exigiera que observara el interior donde se había hundido la casa”.
Las halagüeñas cifras de activos en los balances convencieron a los bancos para que tomaran prestado dinero real e incrementaran su vulnerabilidad económica. En el comité de supervisión y reforma del gobierno de la Cámara de Representantes de los EEUU, un experto relató que Lehman Brothers que “se había apalancado (endeudado) en más de 30 a 1. Con este apalancamiento, una simple caída del 3,3% en el valor de los activos borra todo el valor de su capital social y deja a la compañía insolvente”. Los principales bancos han informado de ratios de apalancamiento de entre 11:1 y 83:1. Y, sin embargo, quienes elaboran las normas contables no consideran las consecuencias probables de sus políticas.
En contraste con los antecedentes anteriores, el comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes británica examinó algunos aspectos del papel de la contabilidad en la crisis bancaria. La transcripción de las sesiones muestra que quienes establecen las normas se dedicaban mucho a vender la historia desacreditada de que la contabilidad es neutral y libre de la política. Pero este cuento de hadas carece de base teórica o fáctica.
Nada es neutral en las normas de contabilidad. Están constituidas por política, como sucede con otras prácticas sociales. Las normas contables son el residuo de negociaciones y componendas entre las élites económicas y, de esta manera, reflejan sus intereses económicos.
Quienes financian y controlan las estructuras que generan las normas contables siempre están en posición de modelar los resultados. Esto les ha permitido organizar prácticas deseables fuera de la agenda política. Por ejemplo, no existen normas contables que requieran a los bancos que informen sobre cómo evaden los impuestos u organizan sus políticas de transferencia de precios para desviar beneficios hacia los paraísos fiscales.
La contabilidad ha hecho un daño grave a demasiados ciudadanos inocentes y está en el centro de la actual crisis financiera. En vez de permitir que los intereses privados que lleven a cabo políticas públicas, las normas contables deberían ser elaboradas por un organismo independiente que represente una pluralidad de intereses. Sin esos, no hay perspectivas de que se produzcan cuentas bancarias transparentes o que se democratice la elaboración de las políticas públicas.-
traducción: tjn-redjf.

No hay mejor manera de evitar una crisis financiera que escondiéndola debajo de la alfombra. Así parece entenderlo el plan de estabilización de emergencia aprobado por las cámaras de EEUU y firmado por el presidente Bush. Una de las medidas recogidas en dicho plan concede a la SEC (Securities and Exchange Commission) la autoridad para suspender la aplicación del principio contable mark-to-market, en aras de una supuesta protección del interés público y de los inversores.

Este principio contable, conocido también como fair value o valor razonable, se recoge en el Statement núm. 157 del Financial Accountant Estandars Board (organismo privado que emite los principios de contabilidad generalmente aceptados en EEUU) y es el que se aplica en la valoración de los instrumentos financieros deteriorados que han protagonizado la actual crisis financiera.

Para algunos gestores bancarios de EEUU el principio del mark-to-market está colapsando el sistema financiero obligando a las entidades a valorar los instrumentos subprime por su valor de mercado. Incluso se ha argumentado que al igual que Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus en periodos de guerra, los reguladores deberían suspender la aplicación de este “dañino” principio contable en estos tiempos de crisis financiera. Esta solución llevaría a asignar a los activos financieros deteriorados un feliz valor imaginario muy alejado de la realidad hasta que las aguas volvieran a su cauce.

El argumento contrario no se utilizó cuando los mercados eran irracionalmente optimistas. Ningún gestor de bancos de inversión o de hedge fund dijo públicamente que no se le permitiera ganar tanto dinero porque el precio de los instrumentos financieros que estaba vendiendo era producto de un justificado optimismo y que su valor estaba claramente inflado. Ninguno de ellos se quejó de la falta de piedad e ineficiencia del mercado cuando los beneficios eran espectaculares.

El valor razonable

El valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes independientes en el mercado a la fecha de medición. La medición hecha a valor razonable asume que el activo o el pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre los participantes en el mercado; no es una transacción forzada (por ejemplo, la liquidación o la venta apresurada). Se trata de una transacción hipotética a la fecha de medición que la empresa al elaborar los estados financieros debe considerar.

La medición hecha a valor razonable asume que la transacción se produce en el mercado de mayor nivel de actividad para ese activo o en ausencia de éste en el que maximice la cantidad que sería recibida.

En los últimos años las firmas de Wall Street han creado y comercializado complejos instrumentos financieros basados en las hipotecas de alto riesgo que eran empaquetadas en atractivos productos de inversión. Estos valores de diseño como los subprime bonds y los collateralized debt obligations (CDOs) tenían por objetivo obtener altos rendimientos avalados por elevados niveles en su rating de solvencia. Ante la explosión de la burbuja inmobiliaria, los mercados empiezan a manifestar sus dudas sobre la bondad de tales productos y los compradores desaparecen súbitamente, surgiendo las dudas sobre su valor.

¿Cuánto valen los activos?

De acuerdo con las normas contables, se pueden utilizar distintos supuestos para fijar los precios de estos activos. Unos están basados en datos observables del mercado obtenidos de fuentes independientes de la entidad emisora de la información. Otros utilizan inputs no observables basados en hipótesis de la entidad que reporta. Hay un aspecto clave para incrementar la consistencia y la comparabilidad en las mediciones hechas a valor razonable como es la jerarquía que prioriza en tres niveles para las técnicas de valuación.

Dicha jerarquía da la prioridad más alta a los precios cotizados en mercados activos para idénticos activos (nivel 1), es decir, en mercados en los que se producen transacciones con frecuencia y volumen suficiente para ofrecer información continua sobre la fijación de precios. Le siguen los precios cotizados para activos similares en mercados activos (nivel 2). La prioridad más baja corresponde a los inputs no observables (nivel 3), que serán usados para medir el valor razonable en la medida en que no estén disponibles inputs observables y en situaciones en las que haya poca actividad de mercado.

Cuando el mercado para los activos financieros de mala calidad basados en las hipotecas subprime desaparece, las entidades financieras empiezan a utilizar índices para su valoración como el Markit ABX, que no arrojan buenos resultados. Al final hay que recurrir al único método de valoración posible basado en datos no observables (nivel 3), como es el descuento a valor presente de los flujos de efectivo futuros que generará el activo. La medición se basa en las expectativas actuales que el mercado tiene respecto a esas cantidades futuras. Son cantidades de difícil estimación, en muchos casos inciertas por el riesgo que al final depende de que los propietarios de viviendas hipotecadas cumplan con sus pagos.

Todo esto, además de acarrear importantes dificultades de valoración, ha producido resultados desastrosos en los balances de entidades como Lehman Brothers, Fannie Mae y Freddie Mac, que se han visto abocadas a la quiebra.

No hay que matar al mensajero

Algunos financieros innovadores han encontrado la solución a todos estos problemas: nada mejor que la supresión del valor razonable, ya que su cálculo está basado en hipótesis cada vez más pesimistas.

Sin embargo, la supresión del principio del valor razonable no va en interés de los inversores ni de la transparencia de los mercados de valores. La confianza del público en el sistema financiero podría ser socavada por estos intentos de disfrazar el valor actual de los activos deteriorados y, por ende, de la imagen fiel de los estados financieros de las empresas afectadas. Es importante subrayar que el valor razonable ha contribuido positivamente a poner de manifiesto la severidad de la crisis a la que se enfrentan los mercados de crédito y determinadas instituciones, pero no ha creado la crisis.

Muchos de los requerimientos contables actuales proceden de la crisis de las Saving and Loans de la década de 1980, cuando los reguladores debieron aprender que no conocer el valor real de los instrumentos financieros puede ser devastador si la burbuja finalmente explota y las instituciones financieras se ven obligadas a cerrar sus puertas.

Aunque determinar el valor razonable de los instrumentos financieros en un mercado carente de liquidez puede suponer un reto, las prácticas actuales proporcionan un método consistente y uniforme con una amplia información para los inversores. Las autoridades económicas, responsables de restaurar la confianza en el sistema financiero, no deberían culpar al valor razonable, el cual es simplemente el mensajero de la crisis, no la causa.