No hacen falta sofisticados estudios o encuestas para conocer la magnitud del fraude fiscal existente en España porque a diario se puede comprobar la alegría con la que se ofrecen en el mercado servicios u operaciones sin factura, facturas sin IVA, u operaciones con una parte en negro. Esta situación pone de manifiesto el poco miedo que tiene el defraudador a ser pillado, la falta de repudio social ante el fraude fiscal y el fracaso de la administración en sus planes de lucha contra el fraude.
Amparándose en la dificultad de su realización, ningún gobierno ha querido elaborar hasta ahora un estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España.
Hay que esperar que esta situación cambie, ya que la propia Unión Europea está tomando conciencia de la gravedad del fraude. Así, el Parlamento Europeo, en un informe de 17 de julio de 2008, se lamenta de que no se disponga de cifras precisas. Debido a que las normas nacionales para la presentación de información varían considerablemente, reclama una recopilación unitaria de datos en todos los Estados miembros que ofrezca transparencia y sirva de base a las medidas nacionales contra el fraude fiscal, y pide a la Comisión que se plantee la creación de un sistema europeo uniforme de recogida de datos y de producción estadística sobre el fraude fiscal, con objeto de evaluar de la manera más precisa posible la magnitud real de este fenómeno. El informe reconoce que las estimaciones sobre las pérdidas globales (directas e indirectas) de ingresos fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan en Europa entre los 200.000 y los 250.000 millones de euros anuales.
A pesar de que en España no existe un estudio oficial sobre el fraude fiscal, existen otros informes, estudios o datos que ponen de manifiesto la magnitud del problema y que, en términos porcentuales, cuantifican el fraude en España entre el 20% y 25%, el doble que la media de la UE.
Esta situación se corrobora por otros datos adicionales. El primero se refiere al dinero en metálico en España, que supone el 10% del PIB, frente al 5% de la zona euro y el 6% de EE UU, y ello a pesar de que España dispone de una de las redes de cajeros automáticos y sucursales bancarias más utilizadas de Europa. El segundo es el enorme volumen de billetes de 500 euros que circula por España: actualmente circulan en el país 111 millones de euros en billetes de 500 euros, un 30% del total emitido en la UE y el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles. La cifra de este tipo de billetes se ha multiplicado por siete respecto a 2002, año de puesta en circulación del euro.
Podemos señalar que el fraude fiscal no es un fenómeno nuevo, sino que ha supuesto un problema importante en la sociedad española en las últimas décadas. Respecto de su cuantificación en euros, si entre un 20% y un 25% del PIB español no paga los impuestos que les corresponde, el PIB de España alcanzó en 2007 el billón de euros, y la presión fiscal media se sitúa en el 36%; la cifra de cuotas no ingresadas supera los 70.000 millones de euros cada año como mínimo. De acuerdo con los datos anteriores, y teniendo en cuenta que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, se puede cuantificar en una cifra aproximada de 280.000 millones de euros las cuotas tributarias no ingresadas, y que con una actuación decidida del gobierno, aprobando las medidas adecuadas, podrían ingresar en las arcas públicas.
Estos datos ponen de manifiesto la magnitud del problema, y no se entiende la autocomplacencia de las autoridades tributarias con los resultados obtenidos, basada en la obtención de una determinada deuda tributaria de las liquidaciones efectuadas por la administración o de las declaraciones complementarias como efecto inducido. Como resultado de las actuaciones realizadas entre 2005 y 2008, se ha cuantificado la deuda recuperada en unos 28.000 millones de euros. Comparada dicha cifra con la de fraude existente, el importe recuperado no llega al 10%, por lo que no se puede hablar de resultados satisfactorios. Por otro lado, en la calle no se percibe una especial persecución a los defraudadores, salvo en algunos supuestos de fraude de carácter organizado, y si preguntamos a los ciudadanos, sus respuestas confirman la situación de fracaso, como se expone a continuación.
Según los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2008, la mayoría de los españoles, un 82%, considera que en España hay mucho o bastante fraude fiscal, el mismo porcentaje que piensa que si la gente no engaña más es por miedo a una inspección. Además, un 52,1% considera que “casi todo el mundo” engaña algo al pagar sus impuestos y la administración ya cuenta con ello. Si examinamos la misma encuesta realizada en julio de 2002, podemos verificar que la situación no ha variado significativamente, ya que entonces el 79,6% creía que existía mucho o bastante fraude.
En el informe 21/07, “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2006” del Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del ministerio de Economía y Hacienda, se refleja que el 58% de los ciudadanos opina que el fraude fiscal ha aumentado en la última década, frente a un 42% que opina lo contrario.

Planes de actuación de la administración tributaria
En los últimos años hemos asistido a la aprobación de diferentes medidas de lucha contra el fraude fiscal, que a pesar del bombo mediático del que iban acompañadas, lograban poca efectividad en sus objetivos, quizá porque no existía una auténtica voluntad política de atacar el fondo del problema.
Desde su creación, la Agencia Tributaria ha elaborado diversos documentos de planificación estratégica en 1994, 1996, 1998 y 2000, que pueden citarse como antecedentes del Plan de Prevención del Fraude aprobado en febrero de 2005 y que todavía está ejecutándose.
En el análisis del plan lo primero que resaltaba era su nombre. El anuncio que hizo el gobierno se refería a la aprobación de un Plan de Lucha Contra el Fraude, y finalmente se aprobó un Plan de Prevención. Evidentemente, no es lo mismo, ya que prevenir supone adoptar medidas para evitar que no se produzca fraude en el futuro, mientras que luchar supone actuar contra el que se ha producido y se está produciendo en el momento actual. Ese cambio de nombre no fue casualidad, ya que en el transcurso de elaboración del plan se tuvo conocimiento de que algunas medidas que los responsables habían reflejado en sus informes, acertadas en orden a luchar contra el fraude, finalmente no constaban en el plan aprobado por decisión del responsable político. Así ocurrió con la creación de la policía fiscal, asunto que quedó en la firma de un convenio de colaboración con la policía; medidas encaminadas al reforzamiento del servicio jurídico del Estado, o el refuerzo del reconocimiento legal de la competencia de la Agencia Tributaria para investigar el fraude fiscal de carácter criminal, los delitos de contrabando, el blanqueo de capitales y los delitos conexos, en funciones de auxilio a la justicia.
Entre las carencias y deficiencias detectadas en el plan adoptado destacaban dos: la necesidad de mayores medios materiales y humanos para llevarlo a cabo, y la ausencia de medidas normativas.
En cuanto a la Ley de Medidas aprobada, siendo una norma que pretende luchar contra el fraude, uno de los aspectos que se echan en falta es la ausencia de una definición del concepto de fraude fiscal, sus características, su cuantificación y el objetivo que persiguen las medidas desarrolladas en dicha norma. La ley refleja una serie de medidas dispersas que no conforman un cuerpo conjunto y armonizado para la lucha contra el fraude, incluyéndose, además, medidas que poco o nada tienen que ver con ese objetivo, como la posibilidad de aplazar o fraccionar el pago de sanciones sin que ello suponga perder automáticamente la reducción del 25%, la reducción que experimenta el recargo por declaración extemporánea cuando se ingrese en periodo voluntario, o los anticipos de tesorería a favor de las entidades locales.

Decálogo de medidas para combatir el fraude
A mi juicio, el decálogo de las más medidas más importantes para luchar contra el fraude fiscal sería el siguiente:
Reforma del delito fiscal. Diversos colectivos e instituciones reiteran desde hace años la necesidad de reformar la figura del delito fiscal como una pieza básica en la estrategia de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
En varias ocasiones se ha llamado la atención sobre la probada ineficacia que por diferentes razones presenta en la actualidad el delito fiscal. En este sentido, puede afirmarse que el delito fiscal o de defraudación tributaria se ha convertido hoy en un adorno casi inoperante en nuestro sistema jurídico-tributario. En ello inciden fundamentalmente factores como la aparición de nuevas modalidades de fraude, la lentitud de los procesos judiciales, la ausencia de penas que supongan en la práctica la privación efectiva de libertad, la ausencia de una adecuada tipificación penal de las tramas de fraude, la dificultad de adoptar medidas de prisión preventiva de los inculpados, la falta de una formación penal suficiente en el ámbito tributario o la falta de una adecuada formación y sensibilidad fiscal en los órganos judiciales.
A pesar de todos estos obstáculos, resulta de la máxima importancia la existencia de un delito fiscal creíble y eficaz que comporte, para los responsables, beneficiarios y colaboradores de las manifestaciones más graves del fraude fiscal, un castigo adecuado, al tiempo que se garantice la reparación del daño causado al conjunto de los ciudadanos. En la reforma se tendrían que contemplar medidas como aumentar la pena de prisión de cuatro a seis años para los casos más graves; incrementar el plazo de prescripción penal para perseguir los delitos fiscales de cinco a 10 años; eliminar la excusa absolutoria para el delito fiscal; considerar como circunstancia agravante la comisión del fraude mediante la utilización de países o territorios calificados como paraísos fiscales; establecer la pena de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de cualesquiera entidades mercantiles durante el periodo de seis meses a seis años; tipificar un nuevo delito consistente en el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para la defraudación tributaria y considerar a los funcionarios de la Inspección de Hacienda (la policía fiscal) como policía judicial.
Creación de la policía fiscal. La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria en la cual se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera. Tales unidades mantendrían su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina de Lucha contra el Fraude. La creación de una policía fiscal es un elemento clave en la lucha contra el fraude, especialmente el fraude organizado. Existen modelos internacionales de eficacia contrastada como EE UU e Italia.
Creación de una oficina natural antifraude. La contemplación unitaria de la delincuencia fiscal hace imprescindible la creación de un organismo multidisciplinar que, bajo la dependencia funcional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, integre, entre otros, a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del ministerio Fiscal. Un organismo de tal naturaleza estaría en condiciones de abordar con garantías de éxito la lucha contra las grandes tramas de fraude que tan relevantes perjuicios causan al conjunto de los ciudadanos, al tiempo que constituiría un órgano especializado de apoyo y colaboración permanente con los órganos del poder judicial.
Especialización en materia fiscal de jueces y fiscales. La complejidad creciente que adopta el fraude fiscal en la actualidad, y la complejidad técnica propia de las normas fiscales, hacen imprescindible la adopción de medidas tendentes a garantizar que los jueces y fiscales dispongan de la formación específica necesaria para abordar con garantías de éxito la investigación, el descubrimiento y el castigo del fraude fiscal.
Reforma del régimen sancionador de la Ley General Tributaria. Resulta necesario reformar el régimen sancionador de la Ley General Tributaria con el objetivo de agravar las sanciones en algunos supuestos de resistencia a la inspección y de no aportación de información ante un requerimiento efectuado por la inspección, tipificar como infracción tributaria el ofrecimiento de productos y servicios sin factura, o sin incluir el IVA, o tipificar como infracción tributaria la conducta de las personas o instituciones que colaboren habitualmente en la comisión de fraudes.
Reforma de los procedimientos de la Ley General Tributaria. Esta ley y los procedimientos que se regulan en la misma están destinados a las comprobaciones tributarias tradicionales, resultando insuficientes para luchar contra los fraudes de carácter organizado, como las tramas del IVA o los relacionados con todo tipo de corrupción, incluida la urbanística. Para que los resultados contra este tipo de fraudes sean satisfactorios, se ha de reformar la Ley General Tributaria, creando un procedimiento especial para la lucha contra el fraude tributario delictivo y organizado, en el que se contemplen medidas referidas a la regulación de los plazos de duración de las actuaciones, otorgar a la inspección la facultad de investigar cuentas bancarias sin notificación previa al interesado o regular las actuaciones sin necesidad de identificación (actuaciones de incógnito).
Reforma del régimen de módulos. Creo que con la medida regulada en la Ley de Medidas contra el fraude, consistente en practicar una retención, no se corregirá el fraude relativo a la emisión de facturas falsas por contribuyentes que tributan en este régimen.
Se propone modificar la normativa del IRPF para que la estimación  objetiva se aplique a los contribuyentes que realicen actividades agrícolas o actividades económicas cuando, en el periodo en curso o en alguno de los tres anteriores, al menos el 80% del valor de sus bienes entregados o servicios prestados se destinen a contribuyentes sin derecho a ninguna deducción o beneficio tributario por tales adquisiciones.
Responsabilidad solidaria de despachos e instituciones en fraudes de ingeniería fiscal. Se propone como medida el establecimiento de una responsabilidad solidaria entre los despachos e instituciones que comercializan productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal.
Utilización de los paraísos fiscales. Se proponen las siguientes medidas para acabar con la utilización de los paraísos fiscales:
– No reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español.
– Establecer un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales.
– Realizar un plan especial de comprobación de artistas y deportistas para verificar su residencia real en paraísos fiscales.
– Prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios.
– Establecer penas agravadas en los delitos fiscales cuando el fraude fiscal se comete a través de la utilización de paraísos fiscales.
Aprobación del estatuto de la AEAT. Se considera imprescindible y prioritaria la aprobación del Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria, pendiente desde la creación de la AEAT, que regule un marco jurídico para garantizar la máxima independencia a la hora de aplicar el sistema tributario, independencia que solo se logrará si el director general es designado por el Parlamento y por un periodo determinado de tiempo. El estatuto tendría que regular otros aspectos, como la participación efectiva de las Comunidades Autónomas en sus objetivos; las fuentes de financiación que la doten de autonomía financiera; el régimen jurídico de los funcionarios, carrera profesional, régimen de incompatibilidades y retribuciones; los medios humanos necesarios para luchar contra el fraude fiscal, adoptando las medidas necesarias de planificación de recursos humanos para incrementar los dedicados a dicha función.

Conclusiones
A pesar de que el actual gobierno, como los anteriores, anunciara que una de sus líneas de actuación prioritaria iba a ser la lucha contra el fraude fiscal, la realidad ha sido otra diferente. Las medidas aprobadas, un Plan de Prevención sin la dotación de los medios necesarios, y una Ley de Medidas que no refleja las más necesarias y significativas, se han demostrado insuficientes para combatir el fraude fiscal con la intensidad necesaria.
Ninguna de las medidas aprobadas hasta ahora ha producido un cambio sustancial en la situación global de fraude fiscal en España, independientemente de que el gobierno esté satisfecho con los resultados cuantitativos obtenidos, como lo estaban también anteriores gobiernos de distinto signo político. Medidas efectivas para cambiar la situación las hay. Sólo hace falta la voluntad política del gobierno para llevarlas a cabo.

INTRODUCCIÓN.
¿QUÉ ES LA EVASIÓN FISCAL? – ¿POR QUÉ ES BUENO PAGAR IMPUESTOS? -
LA ESCLAVITUD ECONÓMICA – COMO EXPOLIAR A LOS PAÍSES POBRES  -
¿POR QUÉ ES TAN FÁCIL ENGAÑAR A LOS PAÍSES POBRES?   -
BIENVENIDO A LOS PARAÍSOS FISCALES  – ALGUNOS EJEMPLOS DEL EXPOLIO  -
¿QUIÉN TIENE LA CULPA?   – ¿QUÉ PODEMOS HACER?  -
EL PAPEL DE ESPAÑA – ¿QUÉ ES INSPIRACTION?.

Introducción

En un momento de fuertes caídas en las bolsas y temor a una debacle económica global, la economía mundial se encuentra sumida en la incertidumbre y el nerviosismo. ¿Quebrarán más bancos? ¿Se colapsará definitivamente el mercado inmobiliario? ¿Cuánto durará la crisis?

Sin embargo, en los países más pobres la gente no se preocupa de si podrá pagar la hipoteca… sino sobre su supervivencia. ¿Cuál será el impacto de la crisis en las economías en desarrollo? ¿Se seguirá negando a los pobres la esperanza de una vida mejor, o al menos más larga?

Es preciso recordar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aspiran a reducir a la mitad la pobreza mundial en 2015. ¿De dónde saldrá ahora el dinero para lograr este objetivo?

InspirAction ha llegado a la conclusión de que el dinero necesario ya está disponible: sólo hace falta que quienes lo poseen paguen sus impuestos. Este informe expone el escándalo de un sistema fiscal mundial que permite a los más ricos del mundo eludir sus responsabilidades, mientras condena a los más pobres a un desarrollo raquítico, incluso a la muerte prematura.

Esta situación es responsabilidad de las personas más ricas, así como de los gobiernos (incluido el de España) que han permitido que se produzca y se perpetúe este expolio. Pero sobre todo es culpa de las corporaciones multinacionales, que dedican su poder a eludir el pago de impuestos, con efectos devastadores para millones de seres humanos en los países en desarrollo.

La situación es crítica. La evasión fiscal habrá provocado la muerte de 5,6 millones de niños en los países en desarrollo entre 2000 y 2015. Son 1.000 niños al día. La mitad ya han muerto.

Este asunto no es nuevo. Todos hemos oído hablar de famosos y empresas que ocultan sus beneficios en paraísos fiscales. De tramas de corrupción formadas por empresas que falsifican facturas y manipulan sus cuentas para no declarar los beneficios.

Pero apenas hemos arañado la superficie de un colosal negocio internacional creado para maximizar la “eficiencia fiscal” o, más bien, para negar a los gobiernos sus ingresos legítimos. Para las empresas y los países ricos, este sistema es una forma de aumentar sus ingresos y mejorar su competitividad en el mercado global. Para los países en desarrollo, la evasión fiscal supone condenar a la pobreza y a la muerte prematura a millones de seres humanos. Este informe analiza cómo se produce este horrendo crimen.
¿Qué es la evasión fiscal?

Es importante aclarar de qué estamos hablando. En primer lugar, en España y en otros países desarrollados, muchas personas realizan algún tipo de “planificación fiscal” que les permite obtener deducciones en sus impuestos o eludir el pago de determinadas tasas (como el Impuesto de Sucesiones) mediante los mecanismos contemplados por la ley. Esta actividad es legítima, porque se enmarca dentro de las intenciones y el espíritu de la legislación existente.

En segundo lugar, existe una vasta zona gris de “evasión legal de impuestos” que también está dentro de los límites de la ley, aunque tiene una legitimidad dudosa. En el mundo de las grandes empresas, esta evasión fiscal legal incluye a menudo usar paraísos fiscales para esconder y multiplicar los beneficios. Esta práctica se vuelve progresivamente más agresiva a medida que el sector financiero idea instrumentos más ingeniosos y complejos, con el propósito de eludir las regulaciones de los estados. Un indicador de la gran importancia de esta actividad es este asombroso dato: el 50% del comercio mundial se realiza a través de paraísos fiscales.

En tercer lugar, el secretismo que rodea a este sistema más o menos legal también puede encubrir una serie de actividades de individuos y de empresas que son claramente ilegales y que se conocen como “evasión fiscal”. Nuestros datos contemplan sólo dos de las formas más comunes de evasión fiscal por parte de las empresas. La primera es la denominada “alteración de los precios”, en la que diferentes filiales de una multinacional venden bienes o servicios a otras filiales a precios manipulados. Puede intuirse el verdadero alcance de esta práctica al constatar que el 60% del comercio mundial se realiza actualmente entre las corporaciones globales y sus filiales. El otro sistema, conocido como las “facturas falsas”, es cuando se realizan transacciones similares entre empresas que no están relacionadas accionarialmente.

Calculamos que sólo estas dos actividades provocan que los países en desarrollo pierdan cada año cerca de 130.000 millones de euros, en impuestos que dejan de cobrar a las empresas que operan en su territorio. Esta cifra es muy superior al presupuesto global que los países ricos destinan a la ayuda al desarrollo (aproximadamente 83.000 millones de euros en 2007).

Si los países en desarrollo pudieran contar con todo ese dinero que dejan de recaudar a las empresas, podrían transformar las vidas y las expectativas de millones de personas pobres. Por ejemplo, si se hubiera invertido una cantidad similar en los sistemas sanitarios de estos países desde el año 2000, cada año se habrían salvado las vidas de 350.000 niños menores de cinco años. El Banco Mundial estima que alcanzar los Objetivos del Milenio de la ONU costaría entre 30.000 y 50.000 millones de euros, asumiendo que mejoren las políticas y las instituciones de los países en desarrollo. Si se pagaran los impuestos que se evaden, habría dinero de sobras.

Entre el 2000, cuando se establecieron los Objetivos del Milenio, y el 2015, cuando se supone que se habrán alcanzado, la cantidad de dinero escamoteada mediante estos dos sistemas ascenderá a casi 2 billones de euros. Si tenemos en cuenta otras formas agresivas de evasión fiscal y de comercio abusivo, las pérdidas totales multiplicarán varias veces esta cantidad.

¿Por qué es bueno pagar impuestos?

Está claro que a nadie le gusta pagar impuestos. Por lo tanto, es razonable que tanto las empresas como las personas procuren pagar los mínimos impuestos posibles. Lo que no es aceptable es cuando estas prácticas vulneran la ley y sirven para obtener grandes ganancias sin dar ninguna contraprestación a los países y personas que hacen posibles estos beneficios.

Básicamente, el hecho de pagar impuestos genera los siguientes efectos positivos:

•    Redistribución de la riqueza: los impuestos permiten que la riqueza generada en el país beneficie a toda la población, lo cual aumenta la cohesión social.

•    Servicios públicos: el estado necesita los impuestos para financiar los sistemas de salud, educación, seguridad social e infraestructuras, que son básicos en cualquier país.

•    Compensaciones: en ocasiones, los impuestos sirven para contrarrestar los efectos perniciosos que producen algunas actividades económicas.

•    Representación: las personas que pagan impuestos se sienten más comprometidas y son más exigentes con los gobiernos que los recaudan, lo cual mejora la salud democrática.

No es ninguna casualidad que la mayoría de los países que atesoran grandes riquezas minerales o energéticas tengan regímenes corruptos y tiránicos: es más fácil manipular a un país cuando no existe una democracia sólida, un control parlamentario efectivo y una sociedad civil informada y fuerte. Cuando los países que descubren grandes riquezas tienen regimenes políticos avanzados, los efectos de la explotación son radicalmente diferentes a los de los países en desarrollo. Por ejemplo, Noruega financia las pensiones de jubilación de toda su población con los ingresos que obtiene por la extracción de petróleo en el Mar del Norte. Alaska reparte dividendos sobre la explotación de gas y petróleo que sirven para atraer y asentar a la población en grandes áreas despobladas. ¿Por qué los países en desarrollo no pueden hacer lo mismo?

La esclavitud económica

A continuación abordamos los diferentes métodos, lícitos e ilícitos, que las multinacionales utilizan para pagar el mínimo de impuestos posible. La pérdida de recaudación fiscal afecta a los países ricos y pobres; pero los efectos sobre los países en desarrollo son mucho mayores.

En las siguientes páginas examinamos también los paraísos fiscales a los que se canaliza el dinero que se evade, y los atractivos que ofrecen, principalmente la confidencialidad. Nos preguntamos cómo puede ser que los países industrializados, que tanto valoran el imperio de la ley, consientan la existencia de estados pirata que hacen posibles estos graves abusos.

Y analizamos las organizaciones que facilitan estas operaciones fraudulentas, incluidas las grandes firmas de consultoría como KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y Deloitte, especializadas en aprovechar la existencia de los paraísos fiscales para beneficiar a sus clientes, sin atender a las consecuencias sociales. Estas cuatro compañías han tenido que pagar en los últimos años grandes sumas de dinero por vulnerar las regulaciones financieras. Y a pesar de eso, aún conservan su estatus como auditoras del sistema financiero mundial.

Los datos que contiene este informe derivan del trabajo de Raymond Baker, investigador senior del CIP (Centro de Política Internacional de Estados Unidos). Para llegar a estas conclusiones sobre las prácticas de las empresas internacionales, él y sus investigadores mantuvieron 550 entrevistas con directivos de grandes empresas de 11, países con la condición de preservar el anonimato. La conclusión de Baker es que la evasión fiscal corporativa forma parte del proceso global mediante el cual los países más ricos del mundo siguen expoliando a los países en desarrollo. Baker define esta situación de una forma muy contundente: “se trata del capítulo más espantoso de las relaciones económicas globales desde la esclavitud”.

Cómo expoliar a los países pobres

En la última década las materias primas han alcanzado precios récord. Esta subida de los precios debería haber enriquecido a los países en desarrollo, que tienen la mayor parte del cobre, el níquel, el platino y el hierro que consumen las nuevas potencias económicas. Por no hablar de sus reservas de oro, el metal más preciado y que en tiempos de crisis se convierte en el refugio natural del dinero.

Tradicionalmente se ha asegurado que las economías en desarrollo, especialmente en África, prácticamente no crecen (o retroceden) desde los tiempos coloniales porque sólo producen las materias primas, pero los procesos de transformación que generan un verdadero valor añadido se realizan en otros países.

Sin embargo, en los últimos diez años el precio del níquel se ha multiplicado por seis, el del platino por cuatro, y el cobre y el oro han duplicado su valor. ¿No deberían haberse aprovechado de alguna forma los países en desarrollo, aunque fuera en menor medida?

Desafortunadamente, la cruda verdad es que los países en desarrollo siguen siendo igual o más pobres, no se han beneficiado en absoluto de esta bonanza de los precios de las materias primas. Y esto no es porque los dictadores hayan dilapidado esta fortuna mientras la gente se moría de hambre. Es cierto que existe corrupción, pero los principales culpables son las empresas de los países desarrollados que extraen estos minerales: mediante sistemas legales e ilegales, estas compañías han demostrado que su única prioridad es obtener tantas ganancias como puedan en los países en los que operan, pagando el mínimo de impuestos.

Los sistemas legales que usan las empresas para evitar pagar impuestos incluyen:

•    Arquitectura financiera: consiste en utilizar esquemas empresariales y financieros diseñados para evitar el pago de impuestos. Sin embargo, las autoridades fiscales de algunos países han empezado a considerar ilegales algunos de estos entramados, que en muchos casos son comparables a los de actividades ilegales como el blanqueo de dinero.

•    Exenciones de impuestos: algunas empresas solicitan no pagar impuestos durante un periodo determinado, como condición para instalarse o mantenerse en un país. Esto no sólo sucede en los países en desarrollo, también se da en los procesos de deslocalización de las fábricas de algunos estados europeos. Diversas investigaciones muestran que esta práctica es económicamente inviable, dado que a largo plazo los ingresos que se pierden con la exención de impuestos superan los beneficios que supone atraer o retener la inversión.

•    Royalties reducidos: las empresas que explotan los recursos de un país pagan un porcentaje fijo sobre lo que se extrae, que se conoce como derechos de explotación o royalties. Estos royalties pueden ir del 2 al 30 %, aunque en la mayoría de los casos se sitúan entre el 5 y el 10%. Sin embargo, en ocasiones las empresas y las instituciones internacionales presionan para reducir estos royalties hasta niveles absurdamente bajos.

Por su parte, los métodos ilegales que usan las empresas para evadir impuestos son:

•    Falsificar facturas: este sistema consiste en inventar facturas por compras inexistentes o que en realidad tienen una cuantía muy inferior. De esta forma, las empresas pueden declarar unas ganancias inferiores a las que realmente obtienen, y pagar menos impuestos. Este método también puede usarse al revés: una empresa que exporta productos a un país en desarrollo puede declarar que la operación tiene un valor inferior al real, para pagar menos tasas y aranceles. En cualquier caso, el gobierno del país deja de cobrar impuestos que le pertenecen. Es una treta difícil de detectar, pero muy generalizada: se estima que se produce en más del 50% de las transacciones comerciales de Latinoamérica y África.

•    Falsear las transferencias de bienes y servicios: es un sistema similar al anterior, que consiste en alterar los precios de los intercambios de bienes y servicios que se realizan entre las filiales de una multinacional. Dado que el 60% del comercio mundial se lleva a cabo entre filiales de empresas, existe un amplio margen para manipularlas. Y los países en desarrollo están indefensos ante esta práctica, porque carecen de la información suficiente para verificar que los precios de las operaciones que realizan las empresas son correctos.

•    Falsear las transferencias financieras: en este caso se trata de exagerar los costes de las operaciones financieras que se hacen entre las filiales de una multinacional. Por ejemplo, una filial hace un préstamo a otra a un interés muy alto, aunque en realidad la otra empresa no pagará los intereses, pero podrá deducir estas cantidades de los resultados que declara.

•    Evadir capital: otra modalidad habitual es sacar dinero en efectivo de un país sin declararlo ni pagar los impuestos pertinentes (los famosos “maletines”), por lo que se convierte en dinero “negro” que luego se blanquea con procedimientos como los citados anteriormente.

•    Falsear inversiones: en muchos países en desarrollo se ofrecen exenciones o reducciones de impuestos a las empresas que realizan inversiones. Algunas multinacionales transfieren a un paraíso fiscal las ganancias que obtienen en un país y luego las vuelven a repatriar en forma de inversiones. De esta forma, además de no pagar impuestos por las ganancias obtenidas, disfrutan de exenciones fiscales.

•    Sobornos: otro sistema menos sutil es sobornar a las autoridades locales para obtener condiciones más favorables, o lograr que hagan la vista gorda ante las actividades de las multinacionales. André Tarallo, ex directivo de Elf, aseguró ante el tribunal que juzgaba las actividades de esta compañía que “todas las petroleras internacionales han usado sobornos desde la primera crisis del petróleo en los 70 para asegurarse el acceso a las explotaciones”.

Sean legales o ilegales, el resultado de estas prácticas siempre es que los ciudadanos de los países pobres acaban recibiendo una compensación insuficiente por la explotación de sus recursos naturales. Por ejemplo la República Democrática del Congo, que acumula las mayores reservas mundiales de minerales como el coltán (de donde se extrae el preciado tantalio que sirve fabricar los chips de los ordenadores, teléfonos móviles, videoconsolas, etc.), obtuvo en 2006 ¡menos de 86.000 dólares! por los derechos de las explotaciones mineras del país.

¿Por qué es tan fácil engañar a los países pobres?

Todos estos métodos de expolio se aprovechan de la necesidad que tienen los países en desarrollo de acelerar su crecimiento. En muchos casos, para atraer a grandes empresas las autoridades de estos países están dispuestas a realizar importantes concesiones. Además, las negociaciones de este tipo de acuerdos generalmente no se realizan en términos de igualdad.

George Soros, financiero y filántropo de fama mundial, ha identificado tres aspectos claves que lastran la capacidad de los países en desarrollo para establecer acuerdos justos:

•    Información asimétrica: cuando las grandes multinacionales llegan a un país para negociar su implantación, traen ejércitos de abogados, contables y expertos. Estos asesores saben más sobre el sector y el valor real de los recursos que los gobiernos de los países con los que negocian. Los países en desarrollo no cuentan con personal con estos conocimientos: los pocos profesionales que destacan son rápidamente contratados por las multinacionales. Otra faceta de la información asimétrica es que los ciudadanos de los países en desarrollo no suelen recibir información sobre los acuerdos que firman sus gobiernos.

•    Negociación asimétrica: otra arma que utilizan las multinacionales al negociar con los gobiernos de los países en desarrollo es amenazar con no instalarse en el país, o retirarse del mismo, si no se aceptan las condiciones que ofrecen. Este método era especialmente habitual antes del boom del precio de las materias primas y resulta especialmente grave en el caso de las empresas que tienen prácticamente el monopolio mundial en la explotación o la transformación de los recursos que se extraen en los países pobres.

•    Representación asimétrica: la propiedad de los recursos naturales es un atributo de la soberanía popular. Sin embargo, los gobiernos de los países en desarrollo que representan a su pueblo no negocian con otros gobiernos, sino con ejecutivos de multinacionales que sólo responden ante sus accionistas. Es fácil que la negociación se rebaje al nivel de los beneficios personales, olvidando los intereses de la población. Esto también sucede cuando las instituciones internacionales que asesoran a los países en desarrollo no defienden adecuadamente los intereses de estos estados, al recibir presiones de las multinacionales.

Estos problemas son habituales en las relaciones entre los países en desarrollo y las multinacionales en todos los sectores, pero especialmente graves en el caso de los minerales y el petróleo. Prácticamente siempre, los países ricos salen más beneficiados del acuerdo.

Bienvenido a los paraísos fiscales

La mayor parte del dinero que las corporaciones multinacionales obtienen ilegalmente de los países en desarrollo acaba en los denominados paraísos fiscales. Se trata de estados que ofrecen unas condiciones fiscales mucho más favorables a las personas y empresas.

Las principales ventajas que ofrecen estos paraísos fiscales son:

•    Impuestos menores o inexistentes: es posible crear empresas que pagan muy pocos impuestos, o ninguno, sobre las ganancias que se les atribuyen.

•    Secreto bancario: se pueden mantener en secreto las identidades de los propietarios reales de las cuentas bancarias y de las empresas.

•    Información restringida: estos paraísos se resisten o se niegan a facilitar a otros países información sobre las cuentas de las personas y empresas que operan en el país.

En este sentido, la OCDE distingue actualmente a los paraísos fiscales entre cooperantes (aportan algún grado de información a la justicia de otros países) y no cooperantes (se niegan a entregar cualquier tipo de información sobre sus clientes).

Los paraísos fiscales están firmemente asentados en el orden financiero mundial. Muchos famosos depositan sus fortunas en paraísos fiscales, como el campeón de la F1 Lewis Hamilton o el cantante Phil Collins. Pero estas fortunas son sólo una pequeña parte de las enormes cantidades de dinero que mueven los paraísos fiscales: según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en estos estados hay depositados entre 5 y 7 trillones de dólares, lo que viene a ser el doble del Producto Interior Bruto de un país como Reino Unido. No todo este dinero tiene un origen legal, por lo que la tendencia actual es forzar la colaboración de estos paraísos fiscales al menos para la persecución de delitos como el terrorismo o el narcotráfico, a cambio de respetar sus privilegios en materia fiscal.

Sin embargo, se habla muy poco sobre el papel que estos paraísos fiscales tienen en un sistema de comercio internacional que empobrece a los países en desarrollo. Resulta muy significativo que las cuatro mayores consultoras financieras del mundo (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte y Ernst & Young) estén presentes en prácticamente todos los paraísos fiscales, junto a las principales firmas de asesoría financiera y de abogados del planeta.

Además de ayudar a sus clientes a evitar el pago de impuestos a través de las sociedades y las cuentas secretas que crean en estos países, estas empresas también colaboran con los gobiernos de los paraísos fiscales para diseñar nuevos productos que atraigan a más clientes y que eludan las limitaciones y controles que imponen los gobiernos de los otros países.

Las multinacionales utilizan estos paraísos fiscales de dos formas diferentes:

•    Holdings: se trata de entramados de empresas registradas en paraísos fiscales a los que las multinacionales transfieren sus ganancias para depositarlas fuera del alcance de las autoridades de sus países. A su vez, estos holdings se encargan de financiar a las filiales de las multinacionales mediante préstamos internos, cuyas condiciones escapan al control de las autoridades fiscales nacionales. En algunos casos, estas transferencias sirven para especular con el cambio de divisas. Los holdings también se utilizan para depositar los derechos de propiedad intelectual de las empresas en condiciones mucho más ventajosas que las de la mayoría de los países. Algunas de las mayores empresas del mundo que trabajan con holdings en paraísos fiscales son BP, Wal-Mart, Ford, Microsoft, Adobe o Virgin.

•    Trusts: un trust es una entidad legal a la que una persona o empresa encarga la gestión de su capital. La mayoría de los paraísos fiscales permiten crear y gestionar trusts sin necesidad de declarar su existencia, publicar las cuentas ni facilitar los nombres de las personas que los administran y de sus beneficiarios. Por lo tanto, son una herramienta ideal para reducir o evitar el pago de impuestos.

Además de permitir actividades poco honestas, o directamente ilegales, que perjudican a los países en desarrollo, los paraísos fiscales suponen una dura competencia también para los países más desarrollados. Muchas de las empresas de estos estados evitan pagar impuestos en sus países de origen mediante los entramados que crean en los paraísos fiscales. Y otras optan directamente por establecer su sede en estos estados, aunque realmente desarrollen sus actividades en otros países. Esto les permite incluso eludir sus responsabilidades legales.

Argentina es un país que conoce muy bien los efectos perniciosos de los paraísos fiscales. En los años 90, muchos militares transfirieron a paraísos fiscales el dinero que habían robado durante los años de la dictadura. En el año 2005, doscientas personas murieron en el incendio de una discoteca de Buenos Aires, cuyas salidas de emergencia estaban cerradas con llave. El caso generó una enorme ira popular, porque la discoteca pertenecía una empresa registrada en Uruguay (un paraíso fiscal) y no se pudo averiguar quién debía pagar las indemnizaciones de los fallecidos. Tras este escándalo, las autoridades argentinas prohibieron operar en el país a ninguna empresa que estuviera registrada en un paraíso fiscal.

Otros países como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o incluso España también sufren la competencia desleal de los paraísos fiscales. Este problema se ha agravado en los últimos años con la eliminación de los controles de cambio de muchos países, la desregulación de los mercados financieros y la generalización de Internet. Esto ha permitido agilizar el movimiento del dinero y ha multiplicado el número de paraísos fiscales. También ha provocado que sea más evidente que nunca la necesidad de una mayor transparencia en su funcionamiento.

Algunos ejemplos del expolio

Los países del continente africano constituyen una de las pruebas más claras del expolio al que algunas multinacionales someten a los más pobres del planeta, mediante los acuerdos injustos, la evasión de impuestos y el uso de paraísos fiscales.

Zambia es uno de los ejemplos más descarados de cómo las empresas y los organismos internacionales se compinchan para saquear un país. A finales de los 90, este estado del centro de África estaba en la bancarrota. Los organismos financieros internacionales obligaron al gobierno a privatizar sus minas de cobre, en una operación diseñada por un banco británico y un bufete de abogados americano. Los acuerdos se negociaron de espaldas a la población y tienen una vigencia de 20 años. El royalty medio de las explotaciones se redujo del 3% al 0,6% y las empresas mineras sólo deben pagar el 12% de los impuestos corporativos. En los últimos años el cobre ha cuadriplicado su valor, pero el 86% de la población de Zambia sigue por debajo del umbral de la pobreza. En 2008, el nuevo gobierno canceló el acuerdo, lo que le ha valido una denuncia de las empresas mineras ante el Banco Mundial.

Pero este no es el caso más escandaloso que se ha producido en África. En Liberia, la empresa acerera Mittal firmó un acuerdo con el gobierno que le permite fijar los precios del mineral de hierro que se extrae en el país, lo que en la práctica supone que decide los royalties que paga al estado. El acuerdo se cerró en secreto tres meses antes de las primeras elecciones tras la guerra civil, y lo primero que hizo el nuevo gobierno fue denunciar las condiciones del contrato.

En Tanzania desde 1998 cada año se abre una nueva mina de oro. El país también produce diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas. Sin embargo, la mitad de sus 39 millones de ciudadanos vive con menos de 1 dólar al día y la esperanza de vida no supera los 51 años. Esta situación resulta muy sorprendente teniendo en cuenta que en los últimos años el oro ha alcanzado precios récord. Aún resulta más chocante que la mayoría de las empresas mineras que operan en el país estén en pérdidas, pese a explotar algunos de los yacimientos más ricos del mundo con royalties bajos y una mano de obra barata. En 2003, el Gobierno de Tanzania contrató a auditores independientes para analizar la situación. Su informe demostró que las cuatro mayores empresas mineras que tienen concesiones en el país inflaron sus pérdidas en más de 500 millones de dólares. De esta forma, evitaban pagar impuestos sobre los beneficios.

Hay decenas de casos similares o peores. Sin embargo, también existen ejemplos que invitan a la esperanza. Malawi, el cuarto país más pobre del mundo, cuenta con una mina de uranio cuyos beneficios podrían significar enorme mejoras para su población. Antes de empezar a negociar, el gobierno del país analizó la situación de sus vecinos y decidió no cometer lo mismos errores: anunció que prefería posponer la explotación antes que firmar un mal acuerdo. Con el debido asesoramiento, lograron fijar un royalty razonable y una participación pública del 15% en la mina. La empresa explotadora paga unos impuestos del 27,5% sobre los beneficios. Incluso algunas organizaciones civiles que denunciaron al gobierno por la afectación ecológica del mayor lago del país acabaron aceptando el acuerdo tras negociar con todas las partes.

Es una muestra de cómo un acuerdo justo puede beneficiar a todos. Por desgracia, no es frecuente: muchos países siguen viendo cómo se expolian sus riquezas sin ser compensados.

¿Quién tiene la culpa?

Ni los paraísos fiscales, ni las estrategias que las multinacionales utilizan para conseguir condiciones comerciales ventajosas en sus acuerdos y evitar pagar impuestos, serían posibles sin la colaboración de miles de profesionales del mundo del derecho, las finanzas y la banca. Y no se trata de oscuras firmas que operan a escondidas en oficinas clandestinas…

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB) es el organismo privado que establece las reglas para la presentación de las cuentas financieras de las empresas. Más de 100 gobiernos de todo el mundo, incluidos la mayoría de los estados europeos, convierten las recomendaciones de este organismo en leyes que regulan las actividades financieras.

No resulta casual que la mayor parte de los componentes de la junta directiva del Consejo sean ex-directivos de las mayores empresas de consultoría financiera: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young y KPMG. Estas cuatro grandes consultoras también financian al Consejo mediante una fundación registrada en Delaware (estado norteamericano que es uno de los primeros paraísos fiscales del mundo y donde tienen su sede las principales empresas de Estados Unidos: Wal-Mart, General Motors, Ford, Boeing, Citigroup, Coca-Cola…)

Las cuatro grandes consultoras que financian y controlan el Consejo han pagado en los últimos años grandes sumas de dinero para cerrar litigios en los que se las acusaba de vulnerar las regulaciones financieras.

En Estados Unidos KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young han abonado multas de hasta 456 millones de dólares por malas prácticas financieras. En Reino Unido Ernst & Young tuvo que pagar 750.000 libras por ocultar información y también estuvo implicada en un fraude del IVA. Las cuatro empresas han sido multadas asimismo en Italia por ponerse de acuerdo para limitar la competencia en el mercado de la auditoría.

Estos escándalos se han producido en países desarrollados que cuentan con autoridades fiscales fuertes. ¿Qué puede estar sucediendo en los países en desarrollo, cuyos controles son más laxos? No queremos decir que las 500.000 personas que trabajan en todo el mundo para estas cuatro grandes firmas, o los centenares de miles de empleados de otras empresas más pequeñas, infrinjan sistemáticamente las leyes. Afortunadamente no es así.

Pero sí sería deseable que estas empresas tuvieran una actitud más responsable respecto a los métodos y estrategias que recomiendan a sus clientes para eludir el pago de impuestos. La fiscalidad no puede ser entendida únicamente como un coste a recortar: es un mecanismo de redistribución de la riqueza.

Si tenemos en cuenta que 50 de las 100 mayores potencias económicas del planeta son empresas, no países, las firmas que asesoran a estos grupos multinacionales también deberían ser conscientes de los efectos que sus argucias financieras pueden tener sobre las vidas de millones de personas.

¿Qué podemos hacer?

A menos que se adopten medidas a nivel internacional para acabar con estas deficiencias del sistema financiero mundial, los países en desarrollo seguirán atrapados en la trampa de la pobreza, sin poder recaudar los impuestos que les corresponden.

Las estrategias que usan algunas multinacionales para conseguir condiciones comerciales más ventajosas, aunque sea a costa de empobrecer a los países donde operan, se ven favorecidas por la permisividad de la ley en cuanto a las transacciones financieras y los paraísos fiscales. Por si fuera, poco, las grandes consultoras que se supone que son responsables de vigilar que no se cometan irregularidades están implicadas en muchas de estas prácticas fraudulentas, con el apoyo de importantes bancos y prestigiosas firmas de abogados.

Es necesario un cambio de mentalidad global en esta materia, que debe ser impulsado y liderado por los gobiernos de los países desarrollados, con medidas como las siguientes:

•    Evaluar la verdadera dimensión del problema: realizar estudios sobre los flujos ilícitos de capital y la evasión de impuestos, especialmente en sus propias jurisdicciones y áreas de influencia, y respecto al papel que tienen sus empresas y organizaciones en este asunto.

•    Impedir la ocultación de beneficios: promover un nuevo estándar contable internacional que obligue a las empresas a informar sobre sus actividades en cada país. Las cuentas publicadas deben detallar sus actividades económicas en cada jurisdicción, sin excepciones.

•    Repatriar la riqueza ilícita: poner en marcha mecanismos que permitan retornar a los países afectados la riqueza que ha sido extraída de forma ilícita. Los países deben revelar la información necesaria y cooperar en la devolución de los fondos obtenidos ilegalmente.

•    Requerir a los bancos que desvelen la propiedad de las entidades extranjeras a las que prestan servicios, para que esta información pueda ser intercambiada entre los países.

•    Promover la adopción de principios para prevenir el abuso creativo del sistema fiscal por parte de los juristas, los contables y los banqueros, a nivel nacional e internacional.

•    Obligar a los empleados de las empresas de importación y exportación a firmar sus facturas, asegurando que los precios son correctos bajo su responsabilidad personal.

•    Presionar para reformar el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, de forma que se acabe con su control privado, adquiera estatus de agencia internacional e incorpore a miembros que no representen exclusivamente los intereses de la comunidad financiera.

•    Apoyar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en sus esfuerzos para regular los paraísos fiscales, mediante el intercambio de información. Los paraísos que no cooperen de forma activa deben recibir sanciones internacionales.

•    Proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo, cuando la requieran, para ayudarles a resolver las desigualdades comerciales y negociar acuerdos justos.

Estas acciones deben ser adoptadas unilateralmente por los países, y multilateralmente a través los organismos en los que participan, como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Sólo la cooperación de la comunidad internacional erradicará este problema.

El papel de España

España, como octava economía mundial y miembro de la Unión Europea, también tiene su parte de responsabilidad en esta situación. El 69% de las empresas que componen el índice selectivo Ibex 35 está presente en paraísos fiscales, según un estudio elaborado del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Numerosas empresas y despachos de abogados ofrecen a sus clientes, con toda naturalidad, formas de eludir el pago de impuestos, que en muchos casos son como mínimo dudosas. Y en la propia Península Ibérica se ubican dos paraísos fiscales (Andorra y Gibraltar) considerados por las autoridades como “no cooperantes”.

Es verdad que España ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo de ayuda al desarrollo, que alcanzará en 2012 el 0,07% de su Producto Interior Bruto. Y que los tribunales españoles se han mostrado en los últimos años muy activos en destapar y perseguir los entramados fiscales vinculados a la corrupción.

Desde InspirAction aplaudimos estos esfuerzos, pero también pedimos al Gobierno español que presione en el seno de la Unión Europea y de los organismos internacionales en los que participa, para que otros países sigan su ejemplo. Así mismo, debe ser pionero en instaurar una tolerancia cero respecto a las empresas que evaden el pago de impuestos e imponen condiciones comerciales desfavorables a los países en desarrollo.

Hay mucho trabajo que hacer para conseguir que el pernicioso sistema fiscal mundial actual se transforme para beneficiar no sólo a los ricos, sino también a las personas más desfavorecidas del planeta. InspirAction pide al Gobierno de España que lidere la reforma de este sistema mediante las medidas que sugerimos en este informe. Por nuestra parte, seguiremos colaborando con la sociedad civil de los países en desarrollo para apoyar sistemas fiscales más efectivos y demandar a los gobiernos y las empresas más responsabilidad y transparencia.

Sabemos que el reto es de una enorme magnitud; pero también lo son los beneficios que reportaría esta transformación. Hoy, 1.000 niños más morirán en los países en desarrollo, principalmente por la falta de recursos sanitarios básicos que sus gobiernos no pueden financiar debido a la merma de ingresos que supone la evasión fiscal. Millones más de personas fallecerán en los próximos años… mientras nos preguntamos cómo salir de nuestra “crisis”.

Ya no podemos alegar que no sabíamos lo que pasaba. Las pruebas que recogen informes como éste son numerosas e incontestables. Así que basta de excusas: es hora de actuar.

¿Qué es InspirAction?

InspirAction es una organización internacional de desarrollo nueva en España, que lucha por erradicar la pobreza global, y la injusticia de los sistemas que la perpetúan.
InspirAction tiene como objetivo ser el portavoz de los olvidados, de aquellos que son, pero no están. Quieren acabar con esta invisibilidad mediante la acción, implementando soluciones reales y prácticas mediante sus contrapartes, organizaciones locales que trabajan en 49 países de todo el mundo. InspirAction quiere que la voz de los olvidados sea un grito contundente: ¡estamos aquí!
Informáte en www.InspirAction.org

Este documento es un extracto actualizado del informe “Death and taxes: the true toll of tax dodging”, publicado por Christian Aid en mayo de 2008. Se actualizó en abril de 2009. Si lo deseas, puedes solicitar la versión completa de este documento (en inglés), escribiendo a informacion@InspirAction.org

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Esto se debe en parte a ciertas características de los países en desarrollo como es primeramente la enorme dimensión de la economía informal, que abarca las actividades económicas que no se encuentran reflejadas en las estadísticas oficiales. La mayoría de los países en desarrollo exhiben una economía informal grande, sub-gravada o directamente no gravada.

Con frecuencia, las fugas de los sistemas fiscales de los países en desarrollo empeoran debido al mal funcionamiento de las autoridades fiscales nacionales por diversas razones, porque sus Administraciones fiscales tienen escasos recursos o personal poco formado más otros factores crean oportunidades para que entidades nacionales y extranjeras abusen del sistema fiscal, ya que las autoridades tributarias carecen frecuentemente de las capacidades técnicas necesarias para afrontar las complejas estructuras fiscales internacionales empleadas para eludir las obligaciones fiscales. Otro factor es la competencia fiscal para las empresas resulta cada vez más fácil y posible trasladar sus actividades de negocios fuera de los países.

Otro factor importante es la corrupción, incluido el soborno de funcionarios públicos, que tiene un impacto particularmente nocivo en los países y es un obstáculo importante al desarrollo y la reducción de la pobreza. Por último ya casi no quedan dudas de que el comercio internacional tiene el potencial de generar un impacto positivo importante en términos de desarrollo cuando es en términos de equidad. Aún así, hay un aspecto de la liberalización del comercio que ha recibido poca atención: el impacto de fuertes reducciones en los impuestos al comercio –esenciales en el proceso de liberalización– en los ingresos fiscales nacionales.

Estos u otros aspectos son analizados en el informe de la ONG holandesa SOMO sobre Impuestos y financiación del desarrollo de Octubre 2008.