“En mi tiempo libre me gusta escalar montañas y en mi vida profesional también quiero alcanzar cimas muy altas”, ha dicho. En esto último se parecen mucho: ambos alcanzaron altas cimas profesionales. Spitzer llego a ser el mandatario de un Estado cuya economía es más grande que la de muchos países independientes y Zumwinkel fue durante 18 años el jefe del sistema postal más grande de Europa y dueño de importantes empresas como DHL y Deutsche Postbank AG. Otra cosa que tienen en común es que ambos cayeron estrepitosamente de las alturas del poder casi al mismo tiempo y por la misma razón: blanqueo de dinero.

Naturalmente, el escándalo que produjo la caída de Spitzer tuvo que ver con el descubrimiento de que él era el asiduo Cliente Nº 9 del Club Emperador VIP, un negocio de prostitución promovido en la Red. Pero esta afición del gobernador sólo se descubrió cuando el año pasado el banco HSBC reportó a las autoridades una serie de transacciones sospechosas. Dos compañías, QAT y QAT Consulting Group, constantemente recibían transferencias de fondos a pesar de no tener actividades comerciales conocidas. Varias de estas transferencias venían de cuentas en el North Fork Bank que estaban a nombre de empresas que tampoco tenían actividades comerciales, pero que evidentemente le servían de fachada a alguien. La investigación reveló que ese alguien no era ni un narcotraficante ni un terrorista. Era Eliot Spitzer. También se descubrió que las transferencias a las dos empresas QAT provenían de los ingresos generados por las prostitutas del Club Emperador VIP.

A Klaus Zumwinkel le pasó algo parecido, aunque quien lo tumbó de la cima que había alcanzado no fueron prostitutas sino espías. Los agentes del BND, el servicio secreto alemán, pagaron 4,2 millones de euros por varios DVDs robados al LGT Bank, el mayor banco de Liechtenstein, propiedad de la familia de los príncipes de ese país. Los DVDs contenían los nombres de los clientes del banco LGT que escondían allí sus fortunas para evadir impuestos en sus países. Klaus Zumwinkel era uno de ellos. Al igual que Spitzer, el ejecutivo alemán renunció a su cargo en Deutsche Post en medio de un gran escándalo a los pocos días de ser descubierto. Estas informaciones compradas por los espías alemanes a un ex empleado del LGT Bank revelan que miles de acaudalados europeos [alemanes, italianos, ingleses, españoles, nórdicos] regularmente utilizaban a ése y otros bancos de Liechtenstein así como las facilidades que el principado otorga para la creación de fundaciones cuyo propósito no es la filantropía, sino la evasión fiscal.

Esta información provocó una gran conmoción en Alemania y la opinión pública reaccionó indignada al ver cómo los más privilegiados no sólo ganaban mucho sino que, además, se las arreglaban para pagar pocos impuestos. Las autoridades, tanto alemanas como de otros países, han estado utilizando la información de los DVDs y otras fuentes para investigar y encarcelarlos, pero sobre todo para cobrar lo que los evasores le deben al fisco. También se han generado fuertes presiones para endurecer las normativas europeas sobre la evasión fiscal y obligar a países como Liechtenstein, Mónaco y Andorra a acatarlas.

Este nuevo fervor en contra de la evasión fiscal también tiene sus detractores. La periodista Lola Galán escribe en EL PAÍS que Michael Lauber director de la Asociación de Banca de Liechtenstein opina que en ese país ni se lava dinero, ni se permite ninguna transacción vinculada con redes terroristas o criminales. “Pero la evasión de impuestos es otra cosa”, le dijo Lauber a la periodista; “no lo consideramos un delito”. El propio príncipe Alois von und zu Liechtenstein declaró que “Alemania utilizaría mejor su dinero arreglando su sistema fiscal que gastando millones en comprar información robada”.

En estos argumentos está implícita la idea de que si un país cobra impuestos demasiado altos la evasión fiscal será inevitable. Los países que presionan demasiado a sus contribuyentes los estimulan a buscar maneras de bajar las cargas fiscales y siempre existirán países, abogados, prestanombres, bancos y otras instituciones que a cambio de un pago les ofrecerán a los interesados la posibilidad de esconder sus ingresos del fisco. De hecho, en el mundo existe una intensa competencia entre países y bancos para atraer los depósitos de los evasores a través de garantías de confidencialidad bancaria, facilidades para la creación de empresas tapadera, fundaciones filantrópicas, fideicomisos e incentivos de todo tipo.

Fue por esto que a finales de los años 1990 el departamento del Tesoro de Estados Unidos resistió los intentos de otros entes gubernamentales de imponer reglas más severas para controlar los depósitos de fondos de proveniencia poco clara. “No sólo es difícil de controlar esto, sino que lo único que vamos a lograr es espantar a los depositantes extranjeros que se llevarán su dinero a los bancos de otros países”, argumentaban los funcionarios del Tesoro en esa época.

Hasta que ocurrieron los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.

De allí en adelante los expertos en seguridad le quitaron la batuta a los expertos en finanzas. Follow the Money fue la consigna para investigar a las redes terroristas. ¿De dónde obtienen el dinero? ¿Cómo lo mueven? ¿Dónde lo depositan? ¿A nombre de quién están las cuentas? Responder a estas preguntas permitiría no sólo investigar a los culpables, sino prevenir nuevos ataques. Para ello había que contar con leyes mucho más estrictas de control y seguimiento de los movimientos internacionales de capital. Estas leyes fueron rápidamente aprobadas tanto en Estados Unidos como en muchos otros países, creando así el sistema más ambicioso que jamás ha existido para supervisar la manera de cómo se mueve el dinero por el mundo.

El sistema mundial contra el blanqueo de dinero que resultó de la reacción al 11-S es excesivamente oneroso y complicado. Y además tampoco funciona muy bien. Ted Truman y Peter Reuter, dos reconocidos expertos, dedicaron cuatro años a evaluar rigurosamente el sistema antilavado de dinero vigente. Su conclusión es que si bien a los blanqueadores de dinero se les ha hecho la vida más difícil, quienes tienen incentivos y recursos para esconder fondos aún cuentan con infinitas posibilidades para hacerlo, y los riesgos de ser detectados son relativamente bajos.

Esto me lo confirmó un banquero que entrevisté en Zúrich y que es un muy discreto líder en el mundo de la “gestión de patrimonios”. “En comparación con la situación que reinaba antes del 11-S, ¿cuánto más difícil es para usted gestionar ahora, digamos, 50 millones de dólares de un cliente que desea mantener esos fondos ocultos de las autoridades?”, le pregunté. Sonrió y me respondió: “La principal diferencia es que ahora le cobro más”.

¿Debemos entonces concluir que los gobiernos deben simplemente rendirse y abandonar cualquier intento de evitar el blanqueo de dinero y la evasión fiscal? Por supuesto que no. Pero una cosa es lo deseable y otra lo posible.

En un mundo donde el sistema financiero internacional ha crecido de manera extraordinaria, adquirido una complejidad institucional y técnica casi inimaginable y donde cientos de millones de personas pueden transferir fondos de un país a otro sin salir de sus casas tan sólo tecleando un ordenador conectado a Internet, tener la ambición de controlarlo todo puede llevar a controlar muy poco y hacerlo muy mal. Para hacerlo mejor no hay recetas sencillas. Pero una muy obvia es que los esfuerzos deben ser mucho más selectivos e inteligentes de los que tenemos hoy en día.

Y en todo caso es bueno siempre tener presente que ningún sistema puede neutralizar la creatividad de quienes tienen enormes incentivos para evadirlo. Y esto es cierto por más que el sistema logre victorias ocasionales como las que tuvo con Spitzer y Zumwinkel. Pero, como todos sospechamos, estos dos casos en el fondo tienen más que ver con mareos producidos por las alturas que con el blanqueo de dinero.

Moisés Naím – El Pais
Moisés Naím es director de la revista Foreign Policy y autor de Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo.

Esa documentación que el gobierno alemán ha puesto a disposición de otros gobiernos, a su vez implica a otros miles de defraudadores de Francia, Reino Unido, los EEUU e incluso, España, según el comunicado de la Agencia Tributaria anunciando la apertura de otra investigación fiscal.

Ante esas informaciones, ATTAC quiere destacar la gravedad de esos hechos sobre todo porque revelan la incapacidad de los instrumentos y los medios ordinarios de un Estado como el alemán, primera economía de Europa, para impedir y combatir la evasión fiscal, hasta el extremo que el gobierno se ha visto obligado a recurrir al extraño procedimiento de la compra de documentos bancarios, porque este microestado de Liechtenstein, un paraíso fiscal no cooperante según le cataloga la OCDE, se niega a entregar información a las autoridades de otros países; como también se niega Andorra a entregar datos de residentes españoles al Banco de España, según el Informe del FMI de Febrero de 2007.

Pensamos que la democracia en Europa se pone en peligro cuando el impago de impuestos alcanza tales escandalosas proporciones en países democráticos como Alemania que, para compensar sus reiterados déficit presupuestarios superiores al 3 % del PIB, ha sufrido durante varios largos años un duro programa gubernamental de recortes de prestaciones sociales y de reducción de los ingresos de su población asalariada, mientras ciertas élites, además de obtener pingües ganancias, rehuían el pago de los impuestos debidos a su propio país. Un claro ejemplo de las inaceptables paradojas a que lleva el fundamentalismo neoliberal de los gobiernos que practican el supremo respeto al mercado y a la globalización de los mercados con reducción del mismo Estado.

ATTAC-España, ante tamaña demostración de la evasión fiscal provocada por el Principado de Liechtenstein y demás paraísos fiscales, tiene que declarar y denunciar lo siguiente:

PRIMERO. Que, como ha venido sosteniendo desde su nacimiento, la desregulación de los mercados financieros y de la libertad sin control de los movimientos transnacionales de capitales, son el verdadero origen de la existencia de centros offshore en una serie de países y territorios que se han convertido en refugios para el fraude fiscal y el blanqueo de dinero sucio; y frente a los cuales, ni la Unión Europea ni ningún gobierno español hasta la fecha ha tomado medidas en serio para exigir la eliminación del secreto bancario y las exenciones fiscales que son el atractivo que ofrecen para el capital financiero.

SEGUNDO. Que desde este momento pedimos ya al nuevo Gobierno que salga de las elecciones generales del próximo día 9 de Marzo, que lleve al Consejo Europeo la propuesta de una urgente revisión de todos los acuerdos que la Unión mantiene con Suiza, Liechtenstein, Andorra y demás países y territorios catalogados como paraísos bancarios y financieros, como primera medida multilateral para acabar de verdad con los paraísos fiscales del entorno europeo. Y que en el orden interno este nuevo gobierno elabore y haga público un plan defensivo frente al blanqueo de dinero sucio y la evasión fiscal que se refugia en los paraísos fiscales.

TERCERO. Que en el plazo más breve posible la Agencia Tributaria, como órgano autónomo de la Administración del Estado español, haga público los datos de la referida investigación, tan pronto se confirme la identidad de las personas y/o entidades implicadas con relación a Liechtenstein o a cualquier otro paraíso fiscal y las cuantías defraudadas, exponiendo al conocimiento público esos datos con sus nombres, incluidos en su caso los procesos judiciales abiertos, con el fin de favorecer la cooperación ciudadana en la persecución de la gran delincuencia fiscal y financiera en España.

Finalmente, ATTAC quiere denunciar claramente ante la ciudadanía la desinformación generalizada que promueven los grandes medios de comunicación, dominados por grupos financieros, que palian cuando no ocultan las informaciones referidas a paraísos fiscales o entierran los datos clave bajo una abundancia de detalles inocuos e insignificantes; todo ello con la pretensión de que los lectores, los oyentes o los espectadores sigan ignorando que la entrada y salida de fondos de Liechtenstein como de Andorra, de Gibraltar o de cualquier otro paraíso fiscal, sigue siendo totalmente libre y legal, conforme a los acuerdos establecidos con una Unión Europea dominada por el capital financiero.

Comunicado de la Mesa de Coordinación de ATTAC España
29 febrero 2008

Todos ellos asociados a la Unión Europea pero no integrados; una situación que acentúa para los Estados miembros la vulnerabilidad derivada de la inexistencia de una autoridad supervisora sobre los bancos europeos (el BCE se ocupa de la moneda) y los mercados de valores y para la prevención comunitaria del blanqueo de dinero sucio, un tema que hemos analizado en el libro La Europa opaca de las finanzas-Y sus paraísos fiscales offshore (Icaria, Barcelona, 2008). Dada esa carencia institucional del “espacio financiero europeo”, son los organismos de los veintisiete Estados miembros quienes afrontan la vigilancia de las filiales y entidades de sus bancos y grupos empresariales domiciliados en los centros financieros extraterritoriales, intentado controlar al menos la evasión fiscal, lograr la persecución de la delincuencia financiera y contrarrestar otras consecuencias negativas de esas “zonas sin ley”.

El referido informe del Fondo también registra que la retención fiscal sobre los intereses bancarios, en aplicación de la Directiva europea sobre fiscalidad del ahorro particular conforme al acuerdo bilateral de Andorra con la Comisión europea, ha llevado a un desvío de los clientes hacia los seguros de vida ligados al ahorro, que han crecido para eludir ese control sobre los depósitos bancarios. Se cumple así la calificación de los círculos financieros suizos sobre la citada Directiva fiscal como ” el tributo de los necios” porque la evitan los listos que buscan asesoramiento.

Como sabemos, las negociaciones opacas durante catorce años limitaron el alcance de esa Directiva, que tuvo que respetar el secreto bancario de Luxemburgo, Bélgica y Austria y asimismo –mediante acuerdos bilaterales- de Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra, San Marino y los paraísos fiscales británicos y holandeses. Y tras dos años de vigencia, se ha ido diluyendo este instrumento comunitario contra la evasión fiscal hacia los paraísos fiscales. Un veterano banquero de la isla de Man subrayaba en Mayo 2007 que “todo el mundo esperaba que las jurisdicciones offshore del Reino Unido iban a sufrir tremendamente con la aplicación de la Directiva fiscal de la UE, pero eso no ha sucedido y la realidad es que hemos florecido a su amparo” (Wealth-bulletin.com. Law. Offshore centres unfazed by tax amnesty. 25 Mayo 2007)

Y es que la Unión tiene que plantearse el control de los mercados financieros y revisar ciertas políticas, dado el grado alcanzado por la competencia fiscal entre los socios y dado que ningún Estado miembro puede establecer restricciones sobre los flujos financieros con los paraísos fiscales offshore aunque incidan negativamente en su economía y en sus políticas.

Actualmente, además de ofrecer su “menor coste fiscal”, todos ellos aportan como valor añadido su confidencialidad para las grandes operaciones financieras transnacionales, legales e ilegales; y es conocida su intervención en operaciones de “ingeniería” contable (Enron, Parmalat); en la corrupción corporativa y política (véanse las investigaciones sobre las comisiones pagadas por Siemens en Alemania o el caso Marbella); en el blanqueo de capitales del narcotráfico y la financiación de grupos terroristas (ETA y su sociedad Banaka); y en la magnitud que alcanza hoy el comercio ilícito internacional. De ahí que cada vez aflore una mayor conciencia pública de las perniciosas consecuencias de la falta de transparencia como una ventaja competitiva de los centros offshore en los mercados financieros globales, que se promociona en particular mediante las sociedades instrumentales y los hedge funds o fondos del alto riesgo.

Para la opinión pública española, la repercusión mediática de las operaciones policiales Ballena Blanca y Malaya desvelaron cómo el blanqueo de dinero sucio se vale de las sociedades fantasma domiciliadas en paraísos fiscales, una de las prestaciones ofrecidas por Gibraltar que periódicamente anuncia su pronta desaparición por ser contraria a la fair competition europea. Pero su oferta de opacidad incluye la posibilidad de que el titular de una sociedad exenta gibraltareña sea otra entidad registrada en Jersey o en las Bahamas. De ahí que esas noticias policiales lejos de afectarle hayan incrementado la actividad financiera gibraltareña, según los datos del informe del FMI de 2007 comparados con los del anterior informe de 2001. Aunque el Peñón siga siendo un centro financiero extraterritorial de menor cuantía presenta una valiosa oferta competitiva porque, como dice el Fondo, “la provisión de servicios de inversiones a clientes no residentes es la función más importante (en términos de valor añadido) realizada por la banca en Gibraltar”.

En estas evaluaciones “técnicas” que realiza el FMI sobre los centros financieros offshore, se cataloga el registro de sociedades instrumentales como un servicio que se comercializa en los mercados globalizados. Hasta el punto que los expertos del Fondo sostenían en Febrero de 2004 que esas sociedades eran lo que hacían más atractivas a las islas Vírgenes Británicas para los negocios internacionales, estimando que había aproximadamente unas 350,000 sociedades offshore activas (incluidas, añadimos, las ocho sociedades de cartera del Grupo Telefónica), lo que suponía una cuota de mercado del 45 %; ya que “con mucho, la mayor actividad financiera offshore es el registro de IBCs”.

Estas sociedades mercantiles ficticias son designadas International Business Companies (IBCs) o corporaciones de negocios internacionales en los informes del FMI y del Departamento de Estado de los EEUU por ser instrumentos para operaciones comerciales y financieras internacionales; que se registran en países y territorios donde no realizan actividad económica local obteniendo a cambio facilidades para su constitución y exenciones fiscales que no obtendrían en los países donde residen sus propietarios. Estas sociedades offshore se utilizan también como vehículos para compañías de seguros cautivas (especialidad de las Bermudas) y para gestionar fondos de inversión; deduciendo, por tanto, los propios expertos del Fondo que tienen mucha importancia para la aplicación de políticas antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo, pero sin proferir ninguna condena de las mismas en este ni en otros informes.

Otras entidades casi siempre registradas en paraísos fiscales para no residentes, son los hedge funds o fondos de alto riesgo que en los últimos años se han convertido en protagonistas de inquietantes oleadas de especulaciones financieras y también como tema de las últimas reuniones del G-7, sin que se acordara ninguna regulación; aunque todas las demandas de transparencia financiera aluden a los mismos. Porque por razones fiscales en su vasta mayoría están establecidos en centros offshore, siendo la domiciliación preferida para cierta modalidad de los mismos Las Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y las Bermudas; donde asimismo, sitúan sus fondos la mayoría de las operaciones de adquisiciones de empresas con endeudamiento (LBO/leveraged buy-out) por esas bien conocidas razones tributarias. Y al estar registradas en jurisdicciones extraterritoriales estas entidades carecen de control por los Estados y no están obligadas a proporcionar información a las autoridades fiscales en relación con sus inversiones.

Es indudable, pues, que los centros offshore forman parte de los mercados financieros mayoristas de los grandes bancos y corporaciones transnacionales y su opacidad funciona como una ventaja competitiva que entra en juego en las grandes operaciones de largo alcance, legales o ilegales, con o sin evasión de impuestos. Por tanto, la transparencia de los mercados financieros es una exigencia prioritaria y urgente que necesariamente requiere políticas de la UE para el control efectivo de los mercados europeos del dinero y de los centros offshore.

Además de la urgencia del combate eficaz contra la evasión fiscal y la prevención del blanqueo de capitales vía negocios extraterritoriales, es evidente que mientras se reconozcan las sociedades instrumentales y las entidades financieras domiciliadas en centros offshore, ¿qué eficacia puede esperarse de la protección de los pequeños ahorradores, los inversores minoristas, que sobre todo compete a cada Estado miembro? Teniendo en cuenta que en los mercados financieros actuales participan los fondos de pensiones, privados o públicos, los líderes políticos y las autoridades no pueden seguir ignorando la opacidad que generan los paraísos fiscales.

Juan Hdez. Vigueras – Red Justicia Fiscal
Publicado en la Revista TEMAS nº 158 (Enero 2008)