Resumen

Los depósitos privados de no-residentes están altamente correlacionados con los depósitos procedentes de  la evasión fiscal en paraísos fiscales offshore. Como parte de nuestro trabajo de medición de los flujos financieros ilícitos – de los cuales el dinero del fraude fiscal incluido es un componente significativo – Global Financial Integrity ha desarrollado un método para medir estos depósitos privados en los centros financieros offshore por año y sobre la base de centro a centro.

1. Conclusiones.

v     El total actual de los depósitos de no-residentes en las jurisdicciones del secretismo offshore están justo por debajo de los 10 billones $ (US $ trillion).
v    Los EEUU, el Reino Unido y las Islas Caimán encabezan la lista de jurisdicciones y  al frente se colocan los EEUU con una cifra total de 2 billones $.
v    Contrariamente a las expectativas por la disposición favorable a los depósitos, Asia solamente responde de un 6 % aproximadamente del total mundial de depósitos; aunque en este Informe Hong Kong es la décima jurisdicción del secretismo por depósitos.
v    El estudio de los casos seleccionados muestra las fluctuaciones medibles en los depósitos financieros correlacionados con los eventos por los cuales estaban amenazadas las jurisdicciones del secretismo o la solvencia del conjunto del mercado. Este estudio contempla específicamente  Suiza e Islandia, que han experimentado acontecimientos significativos en la serie de años analizados.
v    La tasa de crecimiento de los depósitos en offshore de las jurisdicciones del secretismo ha aumentado a una media del 9 % por año, sobrepasando el aumento de la riqueza mundial en la última década. Esto es probable que sea el resultado de los aumentos de los flujos financieros ilícitos desde los países en desarrollo y del fraude fiscal de los residentes en los países desarrollados.

Cuadro 5. (extracto)
Depósitos de no-residentes en las diez primeras
Jurisdicciones del secretismo.
(en miliones $)

Jurisdicción                    Junio 2008              Junio 2009

1. Estados Unidos           2,549,092               2,182,790
2. Islas Caimán               1,515,102               1,549,753
3. Reino Unido                1,795,558               1,533,574
4. Luxemburgo                  587,777                  435,425
5. Alemania                         494,497                   425,643
6. Jersey                               544,082                   393,221
7. Holanda                           413,026                    315,947
8. Irlanda                             273,390                    276,409
9. Suiza                                  289,407                    273,973
10.Hong Kong                    325,140                     267,993

(Fuentes de datos: BIS, FMI y Bancos centrales)

2. Introducción del Informe.

Durante los dos últimos años, la banca offshore  ha estado sometida  un escrutinio creciente por los medios de comunicación, los legisladores y el público en todo el mundo. Durante este período, el gigante de la banca suiza UBS resultó implicado en casos judiciales, civiles y penales, altamente visibles en los EEUU al permitir a ciudadanos estadounidenses el fraude en impuestos por un importe de 20,000 millones $ en cuentas offshore. En mayo 2008, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los EEUU (GAO, en siglas  inglesas) descubrió que de las 100 mayores multinacionales de EEUU, 83 tenían filiales en paraísos fiscales. Asimismo, el informe estimaba que, en 2004, estas multinacionales pagaron un tipo impositivo efectivo de solamente del 2,3 % sobre los 700,000 millones $ de ganancias activas.

Menos de un año más tarde, en abril 2009, el G-20 anunció una campaña de “nombrar y avergonzar”, que coloca a los países en categorías basadas en la aplicación por cada país de las leyes fiscales internacionales y en la publicación de una lista de paraísos fiscales (de la OCDE). A pesar de la intensa presión para una mayor transparencia internacional, combinada con críticas verbales de los líderes mundiales y el implacable foco de los medios internacionales, son pocas las estimaciones por países sobre los depósitos extranjeros en los centros financieros extraterritoriales existentes. Esto es sorprendente dado que una estimación de estos depósitos incluiría el grueso de los fondos ilícitos en offshore, comprendidos aquellos que proceden del fraude fiscal.

Dada la falta de datos integrales sobre los depósitos en centros financieros offshore, este INFORME intenta cuantificar esos depósitos de entidades privadas desglosados país por país. Luego, se examinan los cambios en esos depósitos en su contexto económico e histórico. Como no existen fuentes que nos proporcionen datos integrales sobre los depósitos privados de no-residentes, nuestro análisis utiliza una variedad de medidas representativas para estimar esas cifras por jurisdicción. Estos resultados se analizan en niveles individuales, regionales y globales.

El análisis se divide en tres secciones. En la primera estimamos los depósitos por país de los depósitos de no-residentes en cada año, utilizando una medición integral basada en una fuente primaria y en tres fuentes suplementarias. En la segunda estimamos los depósitos privados de no residentes por trimestres con un conjunto de datos limitados a una fuente. Asimismo, exponemos el seguimiento del crecimiento del mercado de offshore con una serie de datos de un período de 23 años, examinando los mayores receptores de depósitos privados extranjeros y analizamos la distribución regional de los mismos.  Finalmente, presentamos los dos casos estudiados de   Suiza e Islandia, en el contexto de la expansión del mercado offshore, la crisis financiera de 2008 y varios eventos económicos significativos y singulares para estos países.

El documento revela que los depósitos privados de no-residentes en las jurisdicciones del secretismo han ido creciendo claramente desde que iniciamos la recopilación de datos significativos en los años noventa, con un total que actualmente se sitúa justo bajo los 10 billones (trillion) de dólares estadounidenses. A lo largo de ese período, estos depósitos aumentaron a una tasa compuesta anual del 11,4 % en términos nominales y del 9 % en términos reales (ajustados a la inflación según el índice de precios al consumo de los EEUU). Incluso en la tasa ajustada, esta expansión  ha superado significativamente el crecimiento de la riqueza mundial, que durante ese período creció a una tasa compuesta del 5,3 % en términos reales. Este hallazgo quizás sea una prueba más del crecimiento de los flujos financieros ilícitos en los países desarrollados así como del fraude fiscal. Asimismo implicaría que el mercado offshore se está convirtiendo en un destino cada vez más popular para los activos de los ricos del mundo. Las tres jurisdicciones que tienen los mayores importes de depósitos de no residentes son los EEUU, el Reino Unido y las Islas Caimán, cada uno de los cuales dispone de más de un billón y medio de dólares (US $ 1.5 trillion) en depósitos privados extranjeros. Los EEUU es el mayor tenedor con más de 2 billones $.

Traducción del original por redtjn.

El Informe íntegro en inglés de puede descargar desde el sitio web de GFI pinchando aquí.

El resultado de esa reunión ha sido publicado en inglés el 7 enero 2010 en forma de la  DECLARACION  de NEW HAVEN que inicia un nuevo partenariado entre los grupos que abogan por los derechos humanos y por la transparencia financiera.

Hacemos pública abajo en castellano esta Declaración al mismo tiempo que dedicamos con tristeza un recuerdo a las víctimas inocentes de la desgracia, la miseria y la devastación que asolan Haití, la población más pobre de América.  ¿Devolverá por fin Suiza la fortuna que el clan familiar del dictador Duvalier robó al pueblo haitiano? ¿Habrá dinero pronto para alimentar y recuperar Haití como lo hubo para salvar Wall Street o la City de Londres?

El mensaje de esta DECLARACIÓN es simple y claro: “la integridad financiera y los derechos humanos están intimamente vinculados” y la pobreza aumenta cuando el dinero se escapa ilícitamente de los países en lugar de invertirse en las necesidades básicas de las poblaciones de esos países donde se genera. Aunque aparentemente sin relación entre sí, hay un hilo conductor que une los flujos de dinero generados por el crimen, la corrupción y la evasión y el fraude fiscal con la necesidad de un sistema financiero en la sombra que facilite tales transacciones.

Y ese sistema opaco  ha crecido hasta tener un inmenso alcance con unos 70 paraísos fiscales en el mundo, unas jurisdicciones del secretismo que permiten el establecimiento y la operativa de entidades con titulares beneficiarios desconocidos, corporaciones empresariales encubiertas en cuentas fiduciarias millonarias, falsas fundaciones benéficas, abusivas trasferencias de costes-precios en transaciones comerciales transnacionales, técnicas de lavado de dinero sucio y agujeros en las legislaciones de los paises occidentales que facilitan el flujo del dinero ilicito a través de ese sistema financiero en la sombra para acabar al final en las arcas de los paises occidntales.

Algunos analistas apuntan que la mitad del comercio y los movimientos de capitales globales pasan a través de paraísos fiscales y de jurisdicciones del secretismo, a mediocamino entre el lugar donde se iniciaron y donde se consumaron. El secretismo financiero no es solamente un problema fiscal o de aplicación de la legislación. Aun más importante es el problema de enormes proporciones de los derechos humanos y el desarrollo económico. La ONG con sede en Washington, Global Finance Integrity estima que un billón de dólares ($1 trillion) de dinero ilícito se esfuma desde los países en desarrollo cada año utilizando el sistema financiero global en la sombra.

Este flujo de salida drena las reservas en divisas, agudiza la inflación, disminuye la recaudación tributaria, cancela las inversiones, obstaculiza la ayuda exterior, socava el libre comercio, empeora la pobreza  y mina el crecimiento sostenible de miles de millones de personas. Mientras la ayuda oficial al desarrollo se sitúa recientemente en torno a los 100,000 millones de dólares al año, por cada dólar que les entrega generosamente por encima de la mesa Occidente recupera unos 10 dólares por debajo de la misma mesa. Son enormes los costes humanos de estos flujos financieros que salen de los países en desarrollo.

Se estima que 18 millones de personas mueren al año por las privaciones económicas cuyas causas radican directamente en esas privaciones. De ellos, unos 9 millones son niños menores de cinco años que mueren de enfermedades para las cuales están disponibles vacunas. Aminorar solo en una fracción del billón de dólares al año de los flujos de salida, proporcionaría recursos que podrían salvar millones de vidas. Human Rights Watch ha documentado cómo miles de millones de dólares de flujos de salida han perjudicado, por ejemplo, Angola, Guinea Ecuatorial e Indonesia, desviando al exterior fondos que podrían haber sido utilizados para la educación y los servicios de salud.

El derecho a un sistema financiero global equitativo hay que entenderlo como un componente integral de la defensa de los derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración de los derechos humanos adoptada en 1948, dice que todo el mundo tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su salud y su bienestar. Ninguna otra disposición  de esta declaración ha sido más masivamente ignorada que esa.
Hoy hay más gente viviendo en extrema pobreza que en toda la humanidad en 1948, año de esa Declaración de la ONU. En Haití tenemos un ejemplo terrible.
La Declaración de New Haven, que avala la trayectoria y el prestigio de las organizaciones firmantes relacionadas abajo, apela a  todos aquellas organizaciones y personas que dirigen o influyen en la marcha del mundo.

DECLARACIÓN de NEW HAVEN  sibre  DERECHOS HUMANOS e INTEGRIDAD FINANCIERA

Los derechos humanos y la integridad financiera están íntimamente ligados. Allí donde reina la pobreza se suelen incumplir también los derechos civiles, políticos y económicos. En la actualidad, en muchos países en desarrollo, estas situaciones de pobreza y opresión se ven sumamente agravadas por la existencia de enormes flujos de salida de capital ilícito –que exceden en varias veces el total de la ayuda al desarrollo.

El dinero ilícito sale de los países más pobres a través de un sistema financiero global paralelo compuesto por paraísos fiscales, jurisdicciones con secreto bancario, corporaciones fantasma, cuentas anónimas de inversión, fundaciones falsas, y prácticas como el lavado de dinero o la manipulación de precios para evasión fiscal. Gran parte de este dinero es transferido de modo permanente a las economías occidentales.

La reducción de estos flujos de salida ilícitos exige una mayor transparencia e integridad en el sistema financiero global. Lograr este objetivo es, a su vez, un prerrequisito para crear un marco económico abierto, responsable, justo y beneficioso para todos.

Por ello, exhortamos a las Naciones Unidas, al G8, al G20, a la Organización Mundial del Comercio, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a otros foros internacionales, así como a los gobiernos nacionales, grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil, a reconocer la estrecha relación existente entre los derechos humanos y la transparencia financiera. Asimismo, exhortamos a que se tomen medidas decisivas para asegurar que los países en vías de desarrollo puedan retener sus propios recursos para alcanzar un desarrollo sustentable y luchar contra la pobreza; algo que deben lograr para que se cumplan los derechos humanos de todas las personas.

Los individuos y las organizaciones abajo firmantes se comprometen a trabajar conjuntamente en los próximos meses para avanzar esta agenda y para intentar sumar nuevas voces a esta tarea.

Amnesty International
Human Rights Watch
Oxfam
Basel Institute on Governance
Global Financial Integrity
Center for Applied Philosophy and Public Ethics
Open Society Institute Justice Initiative
Asia Initiatives
Task Force on Financial Integrity and Economic Development
Tax Justice Network
Christian Aid
National Council of Churches
Harrington Investments, Inc.
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Thomas Pogge, Yale University
Robert Hockett, Cornell University
Frank Pasquale, Seton Hall

Con la intermediación de los paraísos fiscales, el dinero que sale de los países en desarrollo corresponde aproximadamente a diez veces la ayuda al desarrollo que se les concede. Es uno de los muchos datos que aporta el informe publicado el 18 junio 2009 por la Comisión sobre “Fuga de capital desde los países pobres”, que hace un año recibió tal encargo  del gobierno de Noruega.  Con abundante información rigurosa obtenida de fuentes solventes, llega a la conclusión del nefasto papel que desempeñan los paraísos fiscales en las relaciones comerciales y financieras con los países en desarrollo; con un significado adicional por su carácter de documento oficial de un país pequeño pero influyente y con cierta relevancia en las finanzas mundiales derivada de su riqueza petrolífera.

El sector petrolífero de Noruega alimenta unos fondos estatales de inversiones en el exterior, los llamados fondos soberanos, que canalizan el excedente de ingresos públicos y que se invierten en el extranjero siguiendo criterios políticos  legalmente establecidos. Entre estos se encuentra el  Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) que está legalmente destinado a facilitar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, mediante inversiones de capital riesgo en negocios rentables de países en desarrollo. Estas inversiones noruegas abarcan una gama muy variada que van desde una central hidroeléctrica en Chile, a un banco en Uganda, pasando por un hotel en Kabul; y  revisten modalidades también diversas, desde participaciones financieras en empresas gestoras o la gestión directa con empresas propias de referido Fondo soberano.  La crisis financiera global ha generado inquietud entre los políticos noruegos sobre la eficacia real de esas inversiones de dinero público para el logro de los objetivos de desarrollo.

Con el mandato de definir una nuevas directrices para el Norfund, en junio de 2008 el gobierno de Noruega nombraba por Real Decreto una comisión multidisciplinar, integrada por  reputados profesores de Escuelas de Negocios, un fiscal especializado en delincuencia y otros altos funcionarios entre los cuales estaba la  ex magistrada francesa y ciudadana noruega, Eva Joly, famosa desde su instrucción del caso de la petrolera francesa Total-Elf en años recientes y recientemente elegida presidenta de la comisión de desarrollo en el nuevo Parlamento europeo.

Esta comisión gubernamental recibió el mandato de examinar el papel de las “secrecy jurisdictions” en relación con la fuga de capitales desde los países en desarrollo; con el encargo de evaluar los efectos dañinos que los paraísos fiscales están causando en los países en desarrollo, documentando su alcance y asimismo se le pedía que presentara recomendaciones que pudieran aliviar los problemas de los países en desarrollo creados por los paraísos fiscales, proponiendo una guía para las operaciones del Norfund.

Después de un año de investigaciones y trabajos, el pasado 18 junio la Comisión designada entregó al gobierno noruego su informe, bajo el título Tax havens and development (Paraísos fiscales y desarrollo), disponible en inglés en Internet. Sus 217 páginas documentadas se apoyan en estudios solventes, informes de organismos internacionales, de ONGs y los documentos  de Tax Justice Network (La Red por la Justicia Fiscal, una coalición de organizaciones y expertos,  a la que pertenece Attac-España y  a la que está vinculado el autor de este articulo.

A modo de resumen incompleto del citado informe noruego, expondremos algunos de sus apartados más significativos a nuestro juicio, a la espera que el gobierno noruego o alguna ONG publique pronto su traducción íntegra al español.

La imprecisión de la expresión “paraísos fiscales”

Una muestra del rigor y la solvencia de este informe es que comience por subrayar que “paraíso fiscal” (tax haven) “no es un término preciso”  y que “no existen criterios generalmente aceptados que determinen los elementos que deberían pesar en la clasificación de paraísos fiscales. Por tanto, el concepto no tiene aplicación en el derecho internacional o en los textos legales nacionales, pero aparece en ciertas propuestas legislativas que buscan la autorización de medidas  contra las estructuras dañinas y la falta de intercambio de información fiscal en asuntos tributarios”.

Sin embargo, se reconoce que paraíso fiscal es una expresión muy conocida y usada frecuentemente en los medios de comunicación y en las conversaciones diarias, aplicándose con imprecisión a Estados caracterizados por la adopción de tipos impositivos inusualmente bajos, tanto para toda la economía como para las sociedades fantasma de propietarios extranjeros. A menudo paraíso fiscal tiene como sinónimo centro financiero extraterritorial u offshore y jurisdicción con secretismo (secrecy jurisdiction), pero no existe consenso sobre qué define esa condición.

Este grupo de trabajo muestra sin pretenderlo la falacia de las declaraciones de los gobiernos del G-20 cuando decían combatir los paraísos fiscales sin precisar previamente de que estaban hablando. Y cuando llegó la hora, el G-20 se acogió al falso criterio determinante de la suscripción de convenios bilaterales de intercambio de información fiscal a petición de parte, como se denuncia en nuestro libro Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20 (Icaria. Colección Más Madera, junio 2009)

En cualquier caso, dependiendo de la definición que se elija, aparecen entre 30 ó 70 paraísos fiscales, lo que supone que entre el 15 y el 30 % de los países del mundo podrían entrar en la catalogación de “paraísos fiscales” y las expresiones afines. De ahí que a la Comisión haya considerado oportuno no incluir ningún listado en su informe, aunque ofrece un cuadro comparativo con los listados de la OCDE, del FMI, del Senado estadounidense y de Tax Justice Network.  La Comisión gubernamental noruega considera que “los paraísos fiscales” se caracterizan por el modo en que se regula el secreto bancario y su protección, dentro de un sistema normativo construido de manera que pretende sortear los intereses públicos y privados  en otros Estados, es decir, aquellos Estados donde los propietarios de las compañías tienen su domicilio o están sometidos a sus obligaciones legales. Luego “el secretismo y la falta de transparencia son la principal característica”, se concluye en el informe.

Son particularmente interesantes las análisis de ciertas estructuras de los paraísos fiscales, como las regulaciones del secreto bancario, las ficticias sociedades instrumentales y los fideicomisos (trusts) así como sus efectos perjudiciales en general; incluso se dedica un apartado para exponer la interferencia de  los paraísos fiscales con los derechos humanos definidos por la Convención europea de 1950.

El significativo sector financiero de los paraísos fiscales

En un apartado especifico ilustrado con cuadros de datos reales, la Comisión noruega señala que el capital fluye a las “secrecy jurisdictions” de muchas maneras diferentes. En parte, los fondos entran como depósitos u otros tipos de cuentas bancarias; otra parte se vale de sociedades mercantiles instrumentales, fideicomisos (trusts) y otras entidades propias de los paraísos fiscales y luego ese dinero se coloca en bancos o en otras entidades financieras antes de que sea canalizado hacia países con actividades rentables financieramente.

Aunque sean importantes las inversiones directas hacia o desde los paraísos fiscales, son muchos mayores las inversiones financieras y es mucho mayor el sector financiero en esos países y territorios offshore. Y cita, entre los paraísos fiscales mas notorios (con pequeñas economías y grandes balances financieros), el caso de las Islas Caimán que disponen de la mayor cifra de depósitos bancarios con 1,67 billones $ (doce ceros); en comparación con los 150,000 millones $ de las Islas Vírgenes Británicas. Cierto número de paraísos fiscales, incluidos Hong Kong, Holanda y Suiza, reciben mayores inversiones  que las Islas Vírgenes, pero estos países tienen una actividad económica sustancial que no está asociada con el secreto bancario.

En un cuadro estadístico (Página 107) con las cifras de activos bancarios internacionales, Suiza aparece en segundo lugar y el enorme sector bancario de las Caimán dispone de unos activos internacionales que totalizan 700 veces su PIB; mientras los activos nacionales e internacionales de los bancos noruegos se corresponden con 1,3 veces el PIB y los de los bancos de la Eurozona alcanzan 2,5 veces el PIB conjunto.

Con datos de 2008 se recoge otro cuadro sobre la importancia de los sectores financieros en los paraísos fiscales. Por comparación, mientras los EEUU y el Reino Unido representan los dos centros financieros mayores del mundo, con una actividad financiera muy significativa, el sector financiero de la Isla de Jersey representa el 50 % de su PIB y muchos otros paraísos fiscales superan el 17 % del PIB.

La Comisión registra, asimismo, la importancia de las sociedades instrumentales o ficticias domiciliadas en paraísos fiscales que ejercen su actividad económica fuera de esa jurisdicción, en el plano internacional. Como ejemplos relevantes, el citado informe registra que el número de sociedades o compañías por cada 1000 habitantes es de 17.917 en las Islas Vírgenes Británicas; de 1815 en las Islas Caimán y de 213 en las Bermudas. Como comparación, Noruega tiene 40 sociedades mercantiles por 1000 habitantes.

Los flujos de capital desde y hacia los paraísos fiscales

El referido informe reconoce que no se puede determinar con precisión el alcance del dinero ilícito que fluye desde los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales; pero es indiscutible que excede con mucho, por ejemplo, a la ayuda al desarrollo o a las inversiones directas en esos países.  El Banco Mundial estimaba en 571,000 millones $ el volumen total registrado de capital que llegó a los países en desarrollo en 2006; mientras que la ayuda de los países donantes alcanzó los 70,000 millones $. Sobre el dinero ilegal que sale desde los países en desarrollo, la estimación mas solvente (Kar & Mamadoy, 2008) señala que el total de estos flujos de capital ilegal se sitúa entre los 641,000 y 979,000 millones $. Incluso la estimación menor sugiere que los flujos de salida de capitales exceden las entradas netas de  capital. Los fondos que salen corresponden grosso modo a diez veces la ayuda al desarrollo que se concede a los países en desarrollo.

Aunque no todo el dinero ilícito va a parar a los paraísos fiscales, el informe considera documentado que son enormes las inversiones en esas jurisdicciones y que gran parte de esos fondos colocado allí no se declaran para la tributación. Y el informe hace referencia a la estimación que hizo Tax Justice Network  para 2004, que cifraba entre 11 y 12 billones $ las fortunas personales colocadas en paraísos fiscales. Y las estadísticas oficiales indican que esas cifras se elevaron en años posteriores, aunque la crisis financiera ha llevado a su disminución desde 2007.

La justificación de la utilización de paraísos fiscales por Norfund.

El informe gubernamental referido deja constancia que en la información aportada por el propio fondo soberano Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) a la Comisión, se explica por qué los fondos de inversiones en los que invierte están a menudo localizados en paraísos fiscales. Los directivos del Fondo estatal argumentan que “no es el secretismo lo que hace a los paraísos fiscales atractivos para localizar los fondos sino el hecho de que estas jurisdicciones frecuentemente ofrecen lo siguiente:

•    La gestión segura y menores costes en las transacciones entre los países de origen de los inversores y las compañías en las que se invierten los fondos.
•    Un buen marco legal estable especialmente a la medida de las exigencias del sector financiero.
•    Disposiciones que evitan la tributación innecesaria en terceros países.
•    Y estabilidad política.”

Más aún, los directivos del Norfund aseguran que con frecuencia los paraísos fiscales donde se localizan los fondos disponen de sistemas avanzados para los pagos transfronterizos, destacando, por ejemplo, que los fondos en la Isla Mauricio en los que participa se benefician de las redes bancarias de que disponen en el continente africano los bancos que utilizan; en muchos casos con disposiciones legales muy apropiadas para los fondos porque permiten operaciones que no serían posibles bajo la legislación noruega. Otras argumentaciones abundan en esta defensa.

Es obvio – añadimos nosotros – que, como era de esperar, los argumentos presentados por los gestores son puramente funcionales, pero resultan muy ilustrativos de la filosofía neoliberal que fundamenta las practicas de las entidades financieras globales, privadas y públicas, y que subyace en la globalización de los mercados financieros sin control por los Estados.

Los efectos dañinos de los paraísos fiscales

La Comisión noruega ha identificado los conocidos efectos dañinos que genera la utilización de los paraísos fiscales. Puesto que estos centros financieros offshore o para no residentes contribuyen  a la pérdida de ingresos fiscales en los países en desarrollo;  asimismo contribuyen a su perpetuación al proporcionarles rentas y legitimación, al mismo tiempo que disminuyen el crecimiento en los países pobres; e igualmente contribuyen al blanqueo de dinero sucio y al fraude fiscal

Sin embargo, el citado informe apunta otros nuevos efectos dañinos menos divulgados, de los cuales tres merecen especial atención; como son el hecho de que los paraísos fiscales incrementen la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales; que socaven el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas; y que dañen la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo.

A)    Los paraísos fiscales incrementan la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales.

La crisis financiera ha revelado que muchas entidades financieras soportaban deudas extracontables que parcialmente estaban registradas en paraísos fiscales y, por tanto, eran opacas. Los ejemplos incluyen instrumentos de inversión y productos estructurados registrados en paraísos fiscales, que al final aumentaban los riesgos de la contraparte y al aumento de los costes de los préstamos  las primas de riesgo para todos los países. El informe referido alude a las consecuencias nefastas del funcionamiento financiero opaco que la crisis ha puesto de manifiesto;  y que por nuestra parte hemos desvelado con el análisis de casos de rescate bancarios significativos y del sistema bancario en la sombra analizados en nuestro reciente  libro ya citado sobre el rescate de los paraísos fiscales por la cumbre de Londres del G-20.

B) Los paraísos fiscales socavan el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas.

Al ofrecer normas de secreto bancario y domicilios ficticios combinados con regímenes de “cero impuestos” destinados a incentivar la llegada de fondos que dejan de tributar en sus países de origen, los paraísos fiscales  incrementan la competencia para atraer el capital volátil, haciendo difícil para los demás países mantener sus tipos impositivos sobre el capital y, por consiguiente, contribuyen a disminuir esta tributación. Los países en desarrollo tienen una base impositiva más estrecha que la de los países ricos y la mayor parte de sus ingresos fiscales procede de la tributación del capital. Según esto, menores impuestos sobre el capital significan bien una disminución en los ingresos y/o bien impuestos más elevados sobre una base mas estrecha. En definitiva, el resultado es que los paraísos fiscales contribuyen a elevar los costes socioeconómicos de la tributación y debilitan el crecimiento en los países en desarrollo.

C) Los paraísos fiscales  dañan la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo.

Las mayores consecuencias negativas  potenciales de los paraísos fiscales son su contribución a la debilitación de la calidad de las instituciones y del sistema político en los países en desarrollo. Esto se debe a que incentivan el propio interés de ciertos políticos y burócratas en que se debiliten esas instituciones propias. La falta de una efectiva vigencia de las organizaciones locales significa que los políticos pueden en mayor medida  aprovecharse de las oportunidades que los paraísos fiscales les ofrecen para ocultar los beneficios derivados de los delitos económicos, de la corrupción, de la búsqueda ilegal de ingresos provenientes del erario público o de la ayuda exterior. Al facilitar la ocultación de los beneficios de la delincuencia económica, los paraísos fiscales crean incentivos políticos para demoler en lugar de fortalecer las instituciones y/o debilitar en vez de reforzar los procesos de la gobernación democrática.

Apelando a la benevolencia del lector, hemos de expresar nuestra complacencia porque este Informe oficial del gobierno noruego corrobore  la  conclusión básica de nuestra primera investigación al respecto sintetizada en el subtítulo “cómo los centros offshore socavan las democracias”  de nuestro libro Los paraísos fiscales (AKAL, 2005).

RECOMENDACIONES DEL INFORME NORUEGO

La principal recomendación del Informe de la Comisión gubernamental atañe a la política de desarrollo de Noruega como país que, como es sabido, es muy activo internacionalmente. La Comisión señala que las autoridades noruegas deberían aumentar su compromiso para reforzar y mejorar los regímenes fiscales y las medidas anticorrupción en los países en desarrollo, trabajando para reforzar sus procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras cosas.

Pero, asimismo, el Informe de la comisión gubernamental presenta unas “guidelines for Norfund”, es decir una serie de pautas detalladas para las políticas de este Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo, que incluyen la preparación de unas directrices éticas sobre las opciones de la localización de esas inversiones y sobre cómo este Fondo estatal debería informar de sus operaciones.

“En opinión de la Comisión, Norfund debería gradualmente dejar de hacer nuevas inversiones financieras mediante paraísos fiscales en un período de tres años desde la aprobación del Informe de la Comisión. La Comisión ha notado que las consecuencias de eso probablemente serán que Norfund incremente las inversiones directas en compañías de países en desarrollo sin que necesariamente tenga un efecto negativo en los beneficios de las inversiones de la institución. Más aún, la Comisión es de la opinión que, como Norfund tiene objetivos relacionados con la creación de valor y los ingresos fiscales en países en desarrollo, la rentabilidad antes de impuestos de sus inversiones debería ser el parámetro de inversiones más importante. La gestión de conformidad con la rentabilidad post impuestos significa que Norfund dedicaría recursos para minimizar sus pagos tributarios en países en desarrollo. Esto no es reconciliable con el objetivo de la institución de contribuir al desarrollo en los países pobres. A la Comisión no le ha parecido apropiado recomendar que el gobierno pida a Norfund que se retire de los fondos existentes en paraísos fiscales.”

La Comisión dice haber optado, pues, por un período de transición que enviará una señal importante sobre el significado de la no utilización de los paraísos fiscales. Una conclusión final que no puede considerarse revolucionaria; pero que hemos de admitir que marca un camino para todos los gobernantes europeos, particularmente españoles, que han expresado públicamente su disposición a combatir los paraísos fiscales.-

En 2006, los países en desarrollo perdieron entre $ 858.6 mil millones y $ 1.06 billones en flujos financieros ilícitos. La mayoría de estos flujos surge debido a la subvaluación o sobre valuación del comercio internacional. El problema sigue deteriorándose: una Investigación de  Integridad Financiera Global indica que el tamaño de estos flujos ha crecido en promedio 18.2 por ciento anualmente entre 2002 y 2006. Las directrices para regular la manipulación abusiva de precios de transferencia resultaron inefectivas como resolución del problema. Al mismo tiempo, debido a la crisis financiera, que ha causado un descenso profundo en los préstamos internacionales y en las inversiones transfronterizas, los países en desarrollo se han visto presionados a disminuir su base impositiva aún más, a través de reducciones en impuestos, exenciones y otros incentivos fiscales.

Los países en desarrollo pueden enfrentar crecientes déficits presupuestarios anuales, que deterioran drásticamente sus finanzas, y posibles reducciones en los flujos de capital internacional.  Por tanto, tienen que tomar medidas contra esta erosión de sus finanzas publicas.

El reto de combatir los flujos financieros ilícitos y la corrupción comercial será el tema del séptimo taller de investigación anual, organizado por  la Asociación de Contabilidad & Asuntos Comerciales y la Red por la Justicia Fiscal. En esta ocasión el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) será la sede del taller entre el 21 y el 24 de septiembre del 2009.  En el caso de un grave riesgo para la salud planteados por la gripe porcina, se notificará a todos los presentadores y los participantes por el 30 de junio de una ubicación alternativa, pero en el momento actual no hay indicación de mantener las restricciones de viaje por los vigentes en Mexico.

El taller reunirá a investigadores, académicos, periodistas, funcionarios del departamento de políticas  de organizaciones de la sociedad civil, consultores y profesionales, políticos electos y/o sus investigadores, y el gobierno o funcionarios de organizaciones internacionales. El propósito del taller será facilitar la investigación a través del debate y discusión imparcial, en aras a generar ideas y proposiciones para informar y formar las iniciativas políticas, así como reforzar las campañas que ya existen.

Habrá un pequeño honorario para la asistencia del taller. Habrá también alojamiento disponible a un precio modesto. Los participantes deben financiar sus viajes, si bien una pequeña bolsa de viaje y alojamiento estará disponible para investigadores del Sur, cuyas ponencias hayan sido seleccionados para el taller. Alguien interesado en participar debe proporcionar detalles sobre la naturaleza del interés, afiliaciones, e investigaciones o publicaciones relevantes a:Matti Kohonen, matti@taxjustice.net

Durante el taller habrá traducción simultánea de inglés a español, y de español a inglés.  Nos gustaría invitar a los ponentes interesados para preparar propuestas de 500 palabras por el dia 30 de junio.  Se admiten propuestas de ponencias, tanto en inglés como en español, sobre el tema La Erosión de las Finanzas Publicas en los Países en Desarrollo:secreto en territorios offshore, las prácticas contables y los flujos financieros ilícitos. Las ponencias serán considerados por la comisión de organización que consiste en:

John Christensen (Tax Justice Network / Red Justicia Fiscal), Jo Marie Griesgraber (New Rules for Global Finance), Matti Kohonen (Tax Justice Network / Red Justicia Fiscal), Richard Murphy (Tax Research LLP), Sol Picciotto (Lancaster University), Prem Sikka (Essex University), Oscar Ugarteche (Universidad Nacional Autónoma de México)

Nota de la Santa Sede sobre un nuevo sistema financiero mundial
Ante la próxima conferencia de las Naciones Unidas de Doha

CIUDAD DEL VATICANO, lunes 24 de noviembre de 2008 (ZENIT.org).- Ofrecemos a continuación la traducción al español de la Nota de la Santa Sede sobre finanzas y desarrollo, en la vigilia de la Conferencia promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Doha, elaborada por el Consejo Pontificio “Justicia y Paz” y aprobada por la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

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Un nuevo pacto para refundar el sistema financiero internacional

La presente Nota, elaborada por el Consejo Pontificio “Justicia y Paz”, aprobada por la Secretaría de Estado, quiere ofrecer algunos puntos de reflexión sobre la actual crisis financiera mundial y sobre sus repercusiones en la financiación al desarrollo. La Santa Sede es consciente de que muchas de las cuestiones aquí señaladas son susceptibles de ser afrontadas por medios técnicos muy diversos. El documento, por tanto, quiere sobre todo promover y animar a los Gobiernos y al resto de agentes económicos a buscar soluciones duraderas y solidarias.

Financiación y Desarrollo. Importancia de la Conferencia

1. La próxima conferencia internacional sobre “Financing for Development to review the Implementation of the Monterrey Consensus”, que tendrá lugar en Doha del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2008, representa el punto de llegada de un proceso de revisión, promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la participación de la sociedad civil, de los contenidos y de la actualización del Documento sobre Financiación al Desarrollo, aprobado en 2002 en Monterrey -el llamado “Monterrey Consensus”. Aquel documento incluía seis capítulos sobre las grandes cuestiones esenciales para financiar el desarrollo: la movilización de los recursos internos; los flujos de capitales privados; el comercio internacional; la cuestión de la deuda externa; y última pero no menos importante, la cuestión sistémica sobre los modos de dar fuerza y coherencia al sistema monetario, financiero y comercial global en apoyo del desarrollo.

Según los procedimientos de las Naciones Unidas, los trabajos de revisión han llevado, durante los primeros años del 2008, a la redacción del esbozo de un nuevo documento (el “Doha Draft Outcome Document”), que ha sido poco a poco discutido y enmendado, con el objetivo de poder concluir la Conferencia de Doha con un texto que recoja el consenso de todos los participantes.

A este laborioso proceso negociador se ha superpuesto, en los últimos meses, la precipitación de la crisis financiera global que se ha originado en el mercado de las hipotecas “subprime” en Estados Unidos. A pesar de su larga gestación, a principios de septiembre la crisis se ha extendido hasta afectar a otros sectores del sistema financiero y a poner en dificultad un número creciente de países, cuya situación financiera, en ausencia del choque externo, no parecía presentar problemas de sostenibilidad.

A la subida de los precios agrícolas y energéticos que tuvo lugar en los primeros meses del 2008, por tanto, se ha añadido una crisis financiera en ciertos aspectos dramática, con consecuencias muy negativas: sobre todo, el tema de la financiación al desarrollo corre el riesgo de ser puesto en segundo lugar.

2. En esta situación, resulta indispensable que los Gobiernos y las instituciones financieras actúen para contrastar la ulterior difusión de la crisis financiera actual: de hecho, muchos países han introducido decisiones radicalmente opuestas a la tendencia, preferida hasta un pasado reciente, de confiar el funcionamiento del mercado financiero a su capacidad de autorregulación. Sustancialmente, los Gobiernos de los países afectados por al crisis han adoptado una variedad de disposiciones que comportan un retorno masivo del sector público en los mismos mercados financieros que, en las últimas décadas, habían sido desregularizados, privatizados y liberalizados.

Dado que una acción política de este género tiene mayores probabilidades de éxito si los países no proceden de forma dispersa, sino que se coordinan sus iniciativas, para el 15 de noviembre se convocó una cumbre de urgencia de los grandes países, el llamado G-20, con la participación de significativos países emergentes. Desde el momento en que el G-20 ha tenido lugar dos semanas antes de la Conferencia de Doha promovida por las Naciones Unidas, los muchísimos países que no han participado en la cumbre temen, no sin cierta razón, que el primer acontecimiento, que ha implicado solo a un número restringido de países, pero que ha atraído la atención de la opinión pública internacional, prive de impacto político a la Conferencia de Doha.

Hay por tanto dos grandes citas mundiales, muy cercanas, con un objeto similar -las finanzas y su crisis, las finanzas y el desarrollo-, aunque caracterizadas por significados políticos y funciones muy distintas. Ambos encuentros tienen importancia.

El deseo de todos es que con todo los países que se han reunido en Washington el 15 de noviembre tengan en debida cuenta la Conferencia de Doha y favorezcan su éxito. Esta tiene, de hecho, no solo el objetivo de llegar a un consenso formal intergubernamental sobre los seis grandes temas ya presentes en el “Monterrey Consensus”, sino también el de madurar progresivamente un sentimiento común, una valoración compartida sobre aquellas que se identifican como cuestiones emergentes en materia de financiación al desarrollo.

Si es indispensable hacer frente, también en el plano político, a las emergencias financieras que se presentan, es también importante mirar con atención al cuadro en su conjunto y a las conexiones entre los problemas, no sólo desde el punto de vista de los países económicamente importantes, sino dentro de una perspectiva tendencialmente global. No siempre lo más urgente es también lo más importante. Al contrario, reordenar las prioridades es más necesario en cuanto la situación se ha hecho difícil.

No hay duda de que se ha llegado a la emergencia financiera de hoy tras un largo periodo en el cual, presionados por el objetivo inmediato de perseguir resultados en breve, se han dejado de lado las dimensiones propias de las finanzas: su “verdadera” naturaleza, en efecto, consiste en favorecer el empleo de los recursos ahorrados allí donde favorecen la economía real, el bienestar, el desarrollo de todo hombre y de todos los hombres (Pablo VI, “Populorum progressio”, 14). La Conferencia de Doha es por tanto una ocasión que la comunidad internacional no debe perder para volver a poner en el centro cuestiones de fondo importantísimas para el bien común de la humanidad: la financiación al desarrollo es una de estas.

Las grandes cuestiones abordadas por el ” borrador de documento (Draft Document)

3. En referencia al “Draft Document”, parece oportuno considerarlo teniendo en cuenta las dos caras de la crisis financiera actual, es decir, la emergencia que se ha originado en los mercados por una parte, y la situación de crónica inadecuación de los recursos destinados a apoyar el desarrollo por otro: ambas ponen de manifiesto una ineludible cuestión moral.

En un momento de crisis, como el actual, es apropiado hacerse preguntas que, cuando las cosas van bien, habrían sido dejadas de lado u obviadas. ¿Cómo se ha llegado a esta desastrosa situación, tras un decenio en que se han multiplicado los discursos sobre la ética de los negocios y de la finanza, y en el que se ha difundido la adopción de códigos éticos? ¿Cómo no se ha dado suficiente peso a la verificación de episodios que deberían haber hecho reflexionar?

La respuesta a estas preguntas no puede no poner en evidencia que la dimensión ética de la economía y la finanza no es algo accesorio, sino esencial y debe ser constantemente tenido en consideración e incidir realmente si se quieren llevar a cabo dinámicas económicas y financieras correctas, a largo plazo y fecundas en progreso.

En esta perspectiva, la doctrina social de la Iglesia, con la rica variedad de sus principios morales, puede y debe dar una contribución de realismo y esperanza tanto a las cuestiones que hoy se discuten, como la crisis financiera, sea a las cuestiones que, aun siendo de importancia vital para gran parte del mundo, no reciben la atención que merecen. Se trata de la necesidad de un nuevo pacto para refundar el sistema financiero internacional; de la cuestión de los centros financieros “offshore” y del nexo entre financiación al desarrollo y fiscalidad; del mercado financiero y de las normas; del papel de la sociedad civil en la financiación al desarrollo.

Un nuevo pacto financiero internacional

3. La actual crisis financiera es esencialmente una crisis de confianza. Hoy se reconocen entre las causas de la crisis tanto el excesivo uso de la “leva” financiera por parte de los operadores, sea la inadecuada consideración de los elementos de riesgo que ésta comporta. Sobre todo, se reconoce la relación entre la necesidad de que las finanzas cumplan su función “real” de puente entre el presente y el futuro, y el horizonte temporal de referencia de los operadores, sustancialmente empequeñecido en el presente. En otras palabras, la crisis financiera global ha hecho urgente la reflexión y la acción sobre el 6 punto del “Draft Document”, es decir, sobre las cuestiones de sistema.

¿Estamos ante la necesidad de una simple revisión, o de una verdadera y propia refundación del sistema de las instituciones económicas y financieras internacionales? Muchos sujetos, públicos y privados, nacionales e internacionales, piden una especie de Bretton Woods. Más allá de la expresión utilizada, la crisis ha traído indudablemente a primer plano la urgencia de encontrar nuevas formas de coordinación internacional en materia monetaria, financiera y comercial.

Hoy parece claro que la soberanía nacional es insuficiente, incluso los grandes países son conscientes del hecho de que no es posible alcanzar los objetivos nacionales contando únicamente con las políticas internas: acuerdos, reglas e instituciones internacionales son absolutamente necesarias. Es necesario evitar que se comience la cadena del proteccionismo recíproco; más bien se deben reforzar las prácticas de cooperación en materia de transparencia y de vigilancia del sistema financiero. Es incluso posible alcanzar soluciones de “soberanía compartida”, como demuestra la historia de la integración europea, a partir de problemas concretos, dentro de una visión de paz y prosperidad, enraizada en los valores compartidos.

También en el rediseño de las políticas y las instituciones internacionales se abre por tanto una cuestión moral de gran relevancia. En particular, es importante que el incluso necesario contraste político entre los países “más ricos” no lleve a soluciones basadas en acuerdos exclusivos, sino que relanza un espacio de cooperación abierto y tendencialmente inclusivo. Este espacio es especialmente relevante en materia de financiación al desarrollo.

Los flujos financieros que conectan a los países desarrollados con los países de renta baja presentan al menos dos elementos paradójicos, el primero lo representa el hecho de que en el sistema global, son los países pobres los que financian a los países ricos, que reciben recursos procedentes sea de las fugas de capital privado, sea de las decisiones gubernamentales de arrinconar reservas financieras bajo la forma de actividades financieras “seguras” colocadas en los mercados financieramente evolucionados o en los mercados “offshore”. La segunda paradoja es que la remesas de los emigrados -es decir, de la componente menos “liberalizada” de los procesos de globalización- comportan una afluencia de recursos que, a nivel macro, superan grandemente los flujos de ayuda públcia al desarrollo. Es como decir que los pobres del Sur financian a los ricos del Norte, y los mismos pobres del Sur tienen que emigrar y trabajar en el Norte para sostener a sus familias en el Sur.

Los centros financieros “offshore”

3.b. Para llevar a cabo este nuevo pacto financiero internacional, un primer paso necesario es el de considerar atentamente el papel, oculto pero crucial, del sistema financiero “offshore” en las dos caras de la problemática financiera global antes descrita: la emergencia de la crisis global y la inadecuación de las finanzas al desarrollo.

Los mercados “offshore” han sido un nudo importante, tanto en la transmisión de la actual crisis financiera, como en haber mantenido una trama de prácticas económicas y financieras alocadas: fugas de capitales de proporciones gigantescas, flujos “legales” motivados por objetivos de evasión fiscal y canalizados también a través de la sobre o infrafacturación de los flujos comerciales internacionales, reciclaje de los procedentes de actividades ilegales. La estimación de la cantidad de riqueza detenida en los centros “offshore” son difícilmente evaluables, pero bastante impresionantes si se confirmaran las informaciones en circulación: se dice que una amplia gama de grupos e individuos detentarían aplicaciones financieras en los centros “offshore” que podrían rendir cerca de 860.000 millones de dólares al año, y que corresponderían a una falta de entrada fiscal de casi 255.000 millones de dólares: más de tres veces el monto entero de la ayuda pública al desarrollo por parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OSCE).

Dado que la financiación pública al desarrollo sólo puede proceder de las detracciones fiscales, esto se convierte como mínimo en crítico en la época de la globalización. De hecho, los procesos de globalización han cambiado el tipo de composición de la tasación, no sólo de directo a indirecto (con la probable consecuencia de una menor “progresividad” d ellos impuestos, es decir, de una menor capacidad de pesar porcentualmente más sobre aquellos que disponen de rentas más elevadas), sino sobre todo han comportado una traslación de la tasación del capital a la tasación del trabajo.

Se erosiona la detracción fiscal sobre las actividades empresariales más grandes y más móviles en el campo internacional, o que pueden fácilmente recurrir a los centros “offshore”. Se tasan en cambio mayormente los factores productivos menos “móviles” y que difícilmente pueden escapar al gravamen fiscal, es decir, a los trabajadores y las pequeñas empresas.

Estos puntos son políticamente muy complejos. Afrontarlos significa incidir directamente en la esfera de la soberanía fiscal nacional. El “Draft Document” habla de ello y, en el punto 10, propone reforzar la cooperación internacional en materia fiscal, sobre todo en vista de una drástica redimensión de las prácticas financieras “offshore”.

Reglamentación del mercado financiero

3.c. La crisis actual ha madurado en un contexto de toma de decisiones en el que el horizonte temporal de los operadores financieros era extremadamente breve y en el que la confianza -ingrediente esencial del crédito- se ponía más en los mecanismos del mercado que en las relaciones entre socios. No por casualidad, la confianza ha descendido en el intercambio que era “seguro” por antonomasia, es decir, las transacciones interbancarias; pero sin esta confianza se bloquea todo, incluida la posibilidad del normal funcionamiento de las empresas productivas. Las crisis financieras y sus consecuencias tiene, de hecho, como componente la expectativa de que el clima financiero empeore. Todo esto induce a los operadores a comportarse de forma que hace más probable el efectivo empeoramiento de la situación con un previsible efecto acumulativo. Con la crisis, ha caído la confianza fideísta puesta en el mercado, entendido como mecanismo capaz de autorregularse y de generar desarrollo para todos.

La situación actual es de emergencia, porque se ha evitado afrontar algunas cuestiones importantes: la trazabilidad de los movimientos financieros, el rendir cuentas adecuadamente de las operaciones en los nuevos instrumentos financieros, la cuidadosa valoración del riesgo. Muchas autoridades, especialmente en los países financieramente más evolucionados, han pospuesto elecciones puntuales, movidos por los beneficios económicos que derivan de hospedar una fuerte industria financiera, beneficios que duran lo que dura la fase de euforia financiera.

Las mismas instituciones financieras internacionales no están dotadas del mandato y de los instrumentos necesarios para afrontar con decisión estas cuestiones. En general se pensaba que el mercado bastaba para dar precio justo al riesgo.

Los mercados financieros no pueden operar sin confianza; y sin transparencia y sin reglas no puede haber confianza. El buen funcionamiento del mercado requiere por tanto un importante papel del Estado y, donde es apropiado, de la comunidad internacional para fijar y hacer respetar reglas de transparencia y de prudencia. Debe recordarse, sin embargo, que ninguna intervención de regulación puede “garantizar” su eficacia prescindiendo de la conciencia moral bien formada y de la responsabilidad cotidiana de los operadores del mercado, especialmente d ellos empresarios y de los grandes operadores financieros.

Las reglas de hoy, diseñadas sobre la experiencia de ayer, no necesariamente preservan de los riesgos del mañana, Así, aunque existan buenas estructuras y buenas reglas que ayuden, es necesario recordar que por sí solas no bastan. El hombre nunca puede ser cambiado o redimido sencillamente desde el exterior.

Es necesario llegar al ser moral más profundo de las personas, es necesaria una educación real en el ejercicio de la responsabilidad hacia el bien de todos, de parte de todos los sujetos, a todos los niveles: operadores financieros, familias, empresas, instituciones financieras, autoridades públicas, sociedad civil.

Esta educación a la responsabilidad puede encontrar un fundamento sólido en algunos principios indicados por la doctrina social, que son patrimonio de todos y base de toda la vida social: el bien común universal, el destino universal de los bienes, la prioridad del trabajo sobre el capital.

En el fondo, la crisis financiera es e resultado de una praxis cotidiana que tenía como punto de referencia la absoluta “prioridad del capital” respecto al trabajo -incluso del trabajo, alienado, de los mismos operadores financieros (horas de trabajo larguísimas y estresantes, horizonte temporal cortísimo de referencia para las decisiones). Es también el resultado de una praxis errónea por la que se presta con más facilidad a quien “es demasiado grande para fallar” que a quien asume el riesgo de crear ocasiones reales de desarrollo.

Papel de la sociedad civil en la financiación al desarrollo

3.d. La financiación al desarrollo requiere poner en discusión sea la ayuda pública al desarrollo, sea el papel de los demás actores: personas, empresas, organizaciones. En particular, la sociedad civil no solo lleva a cabo un importante papel activo en la cooperación al desarrollo, sino que también reviste un papel significativo en la financiación al desarrollo. Lo hace, ante todo, a través de la contribución voluntaria de persona a persona, como las remesas de los inmigrantes, o a través de formas organizativas relativamente sencillas (piénsese en la adopción a distancia). Después están los recursos para el desarrollo puestos en marcha por las empresas, en el ejercicio activo de su propia responsabilidad social; y aquellas a veces demasiados conspicuas, que proporcionan importantes Fundaciones.

También la adopción de comportamientos responsables en materia de consumo y de inversión constituye un importante recurso para el desarrollo. La difusión de estos comportamientos responsables, desde el punto de vista de los efectos materiales, puede dar la diferencia entre el funcionamiento de ciertos mercados particulares; pero su importancia reside sobre todo en el hecho que expresan una participación concreta por parte de las personas -en cuanto consumidoras, en cuanto inversoras del ahorro familiar o en cuanto decisivas para las estrategias empresariales- a la posibilidad de que los más pobres salgan de su condición de pobreza.

Crisis financiera y ayudas públicas al desarrollo

4. La preocupación por la emergencia financiera que se ha originado en los mercados maduros efectivamente puede ofuscar la necesidad de financiar el desarrollo. Es razonable pensar que la ayuda pública al desarrollo, que procede de asignaciones del presupuesto que cada país establece de año en año, sufrirá a causa de los ingentes recursos públicos necesarios para tapar la emergencia de la crisis financiera. Y esto es un mal, indiscutiblemente. Una financiación al desarrollo adecuada requiere un horizonte de largo plazo: es necesario que los recursos afluyan de modo previsible, en condiciones favorables, para financiar obras que quizás requieren mucho tiempo antes de producir beneficios a la población local.

Sin embargo, la emergencia financiera ligada al periodo breve y la “normalidad” de la financiación a largo plazo están estrechamente conectadas, en negativo, pero también en positivo: existe, y debe buscarse tenazmente, la posibilidad de contribuir a una salida sostenible de la crisis financiera, también construyendo las condiciones para que los ahorros que se generan se dediquen verdaderamente al desarrollo, es decir, a la creación de ocasiones de trabajo. Basta pensar en cuantas necesidades insatisfechas existen, especialmente en los países de renta baja: esas necesidades son la otra cara de las ocasiones de trabajo que es posible, y por tanto obligado, crear.

Para dar otros elementos que pueden sostener la razonabilidad de esta vía “real” de salida de la crisis financiera, podemos recordar que las tres crisis del 2008 -la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis financiera- están estrechamente unidas entre sí. La expectativa de precios crecientes de los productos agrícolas y energéticos (expectativa en cierto sentido fisiológica, piénsese en la mayor demanda de alimentos y carburante en países como China e India) ha producido una carrera al aprovisionamiento y a la compra de “futuros”, es decir, de promesas de entrega futura a un precio determinado. Este comportamiento a su vez ha alimentado una subida de los precios que ha atraído no solo a los futuros utilizadores de los productos primarios, sino también a los operadores financieros que, desde una óptica puramente especulativa, han apostado sobre la posibilidad de una subida ulterior de los precios.

Ahora, estos comportamientos arriesgados tienden a florecer sin control cuando en los mercados financieros existe mucha -demasiada- disponibilidad de crédito. No es casual que la crisis financiera actual, que se manifiesta sobre todo en la extrema dificultad de obtener un crédito, haya traído consigo una bajada de los precios de los productos primarios, y sobre todo del petróleo. Se entiende que, si es necesario afrontar los problemas “uno a uno”, es peligroso hacerlo sin mirar con lucidez al cuadro completo y a las conexiones entre los propios problemas. La crisis financiera probablemente “quitará” recursos a la ayuda pública al desarrollo; sin embargo, sólo destinando recursos -públicos pero también privados- al desarrollo “real” se podrá reconstruir un sisteema financiero sano, capaz de rendir de verdad, porque los recursos han sostenido realmente el trabajo y la economía.

Las actuales inversiones directas en los países pobres

5. En general, la gran parte de las inversiones extranjeras directas sigue afectando a los países avanzados, tanto como procedencia como destino, aunque en los últimos años se han observado dos fenómenos decididamente nuevos. El primero es la afirmación de inversiones extranjeras directas surgidas de los países “emergentes”, a menudo motivadas por el objetivo de reforzar la presencia de la empresa investigadora en su misma macrorregión -y por tanto, son inversiones Sur-Sur, destinadas a países de renta media y baja. El segundo tiene que ver con el crecimiento significativo de los flujos de inversión transcontinentales destinados a ciertos países de renta baja, normalmente dotados de importantes recursos mineros o energéticos; algunos de estos se efectúan de los llamados “fondos soberanos”, y por tanto presentan en doble valor de inversión económica y de importante vínculo sociopolítico.

Cómo actuar para incrementar las inversiones extranjeras directas es el objeto del segundo capítulo del “Draft Document”, que muy oportunamente subraya que es necesario considerar atentamente también los aspectos cualitativos de la inversión. Es necesaria de hecho cautela antes de interpretar los flujos de capital hacia los países como una señal inequívocamente positiva, y por tanto incrementar sencillamente la cantidad. En muchos casos, se trata efectivamente de importantes ocasiones de crecimiento económico y de desarrollo social; en otros, no es así. Hay, de hecho, inversiones que comportan la implicación y la formación de los trabajadores locales, la transferencia de tecnología, la difusión de prácticas de management responsable; pero hay también inversiones que se limitan a valorar los recursos mineros en beneficio de pocos -de la élite política o económica local- además, naturalmente, del inversor extranjero.

Cooperación financiera al desarrollo

6. A continuación de la Conferencia de Monterrey, se han dado algunos pasos adelante significativos, en la dirección indicada por el “Monterrey consensus”. En la “Action against Hunger and Poverty”, inicialmente promovida por algunos países desarrollados y países en vías de desarrollo y sucesivamente hecha propia por otros muchos Estados, se han identificado distintas posibles fuentes innovadoras de financiación: un impuesto solidario sobre las tarifas aéreas; la reducción de la evasión fiscal hecha posible por la existencia de paraísos fiscales; la movilización de las remesas de los emigrantes para el desarrollo local de los países de destino con iniciativas, por ejemplo, de microcrédito; la tasación de las transacciones en valor y /o del comercio de armas; la creación de instrumentos innovadores de préstamo como la “International Financial Facility”; la emisión por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de derechos especiales de retiro; la contribución voluntaria asociada al uso de tarjetas de crédito; la inversión financiera en “fondos éticos”; la recogida a través de loterías solidarias.

Algunas de estas propuestas se han llevado a cabo parcialmente. Es el caso del proyecto piloto de la tasa solidaria en las tarifas aéreas, ya en ejecución en algunos Estados y destinada a un fondo para la compra de fármacos contra la malaria, tuberculosis y Hiv/Aids, gestionado directamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También en el 2006, la propuesta de cear una International Financial Facility se tradujo en la activación de la Iffi (Iff for immunization) a la que se ha adherido cierto número de países. Sustancialmente, se trataba de la emisión de títulos públicos internacionales que se han colocado en los mercados financieros y que han permitido recoger recursos privados para la financiación de programas de vacunación. Los países que han emitido los títulos se hacen cargo de los recargos por intereses y para la restitución futura de los fondos recibidos, empeñándose recíprocamente en proporcionar recursos al desarrollo; este empeño es efectivamente creíble, en cuanto que su eventual disminución expondría a los países a una pérdida de reputación en los mercados financieros internacionales de los que dependen para la financiación de sus desequilibrios en las cuentas. Todas estas iniciativas tienen en común el hecho de desvincular la recogida de los recursos financieros al desarrollo mediante impuestos, de las decisiones de presupuesto público de cada país.

7. A pesar de los progresos, sin embargo, la cooperación financiera al desarrollo sigue siendo un problema. Además, muchos otros ámbitos de acción incluidos en el “Monterrey consensus” no han visto progresos; esto vale sobre todo a propósito de las cuestiones de sistema y en particular, de la coherencia de las políticas económicas internacionales. Piénsese por ejemplo en el nexo entre las políticas de ayuda al desarrollo y las políticas comerciales de los países avanzados: las diversas formas de proteccionismo manifiesto o escondido, así como als persistentes limitaciones al acceso de las exportaciones de los países pobres en los mercados de los países ricos, son un obstáculo enorme al desarrollo. Las políticas nacionales siguen siendo fuertemente incoherentes: con una mano se da y con otra se quita.

Una última pero importante cautela: es necesario estar atentos a no confundir los medios (los recursos financieros) y el fin, es decir, el desarrollo. No basta predisponer una cantidad adecuada de financiación para pensar en obtener, de forma mecánica, el desarrollo. Éste no es tanto el “resultado” que se encontrará al final, sino el camino que día a día es trazado por las elecciones concretas de múltiples actores: Gobiernos donadores y receptores, organizaciones no gubernamentales, comunidades locales. Por lo que respecta a la ayuda pública al desarrollo -el objeto principal de la Conferencia de Doha, que implicará en primer lugar a los Estados- se debe recordar que la comunidad internacional ha afrontado recientemente, en la Conferencia de Accra, la cuestión de la eficacia de la ayuda (“aid effectiveness”).

Hoy la tendencia preponderante es la de considerar el canal “de Estado a Estado”, el llamado “budget support”, como la vía más eficaz para hacer llegar los recursos a países de renta baja. Esta tendencia es vista con cierta preocupación, porque lleva consigo el riesgo de una “burocratización” de las políticas nacionales de lucha contra la pobreza y de un redimensionamiento de los recursos disponibles por las diversas formas de iniciativa social local, tanto por parte de las organizaciones de la sociedad civil, como por parte de realidades locales radicadas en el territorio como las “faith based organizations”. Si embargo, estas realidades son las verdaderas protagonistas del desarrollo entendido como recorrido que llevar a cabo día a día.

África y financiación al desarrollo

8. Una atención particular al Continente africano, en el que el mapa del desarrollo registra fuertes disparidades, es necesaria. En áfrica la situación es distinta en cada país; es más, se nota una tendencia a la polarización entre las situaciones de éxito al conseguir recursos y hacerlos fructificar, y situaciones de total marginalidad. Por ejemplo, sólo pocos países africanos atraen inversiones extranjeras directas no interesadas exclusivamente en explotar los recursos minerales o energéticos. Depende mucho de la situación interna de cada país; en los términos del “Monterrey Consensus”: por la capacidad de movilizar recursos internos y de luchar contra las fugas de capitales, evasión fiscal y corrupción.

Además, es evidente que en situaciones de conflicto armado -numerosas, por desgracia, en África- la dimensión económica del desarrollo se convierte sencillamente en improponible.

En cuanto a la condonación de la deuda externa, ha habido progresos; sin embargo, los recursos para la cancelación de la deuda raramente han sido adicionales respecto a los flujos de ayuda y esto ha comportado efectos de recomposición de los presupuestos públicos sin un incremento real de los recursos disponibles para las acciones de lucha contra la pobreza.

Dos puntos deben subrayarse oportunamente. Uno tiene que ver con las elecciones en política internacional de los Gobiernos africanos: debe apoyarse la creciente voluntad de cooperación internacional Sur-Sur, en un continente donde adquirir una cierta costumbre a la cooperación internacional podría contribuir a canalizar preventivamente los conflictos en un espacio de negociación incruento. La segunda tiene que ver con las elecciones en política interna, en materia de lucha contra la pobreza y el desarrollo: es necesario apoyar con convicción la solución subsidiaria, que valore y refuerce las formas de respuesta a las necesidades que nacen “desde dentro” de la sociedad africana, la cual posee un gran patrimonio de cultura solidaria que sabe expresarse con una extraordinaria fuerza testimonial.

La experiencia de cooperación internacional al desarrollo es hoy suficientemente amplia para permitir concluir que las políticas y los recursos “llegados de lo alto” pueden producir efectos benéficos inmediatos, pero por sí solos no proporcionan respuestas adecuadas a cómo salir, de forma sostenible, de la pobreza. Los principios de subsidiariedad y solidaridad, tan queridos a la doctrina social de la Iglesia, pueden inspirar un auténtico desarrollo en el signo de un humanismo integral y solidario.

Vaticano, 18 de noviembre de 2008

[Traducción no oficial del original italiano por Inma Álvarez. ZS08112408 - 24-11-2008]