• La opacidad del mundo financiero.
• El sistema bancario en la sombra.
• El fracaso de las políticas de los gobiernos del G-20.
• Avances posibles contra los paraísos fiscales.

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Conferencia pronunciada el 14 octubre 2009 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona dentro en el ciclo organizado por la Fundación Alfonso Comín bajo el lema “¿Es posible el cambio de sistema económico?”

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Para entrar directamente en el tema que nos convoca hoy, empezaré diciendo que en cierta medida las tres cumbres del G-20 han planteado el tema de la necesidad de regulación de los mercados financieros mundiales, reconociendo así el problema de la desregulación imperante en este campo, sin haberlo resuelto  hasta la fecha. Pero, sobre todo, han actualizado entre los ciudadanos el asunto de los paraísos fiscales aunque no lo hayan resuelto, contrariamente a lo que nos cuenta la prensa.

Antes y después de la segunda cumbre de abril último en Londres, nuestros gobernantes hablaron de suprimirlos, quizás porque era una manera de llegar a los electorados ante el desconcierto general frente a la prolongación y profundidad de la crisis financiera global y a los problemas económicos derivados.  Ahora, desde hace meses, la atención de los gobiernos sigue centrada en resolución de los graves efectos económicos de la crisis del sistema financiero en los países y los problemas que siguen sin resolverse, desde la escasez del crédito a las empresas y a los consumidores hasta el grave nivel de paro.

Y tras el reciente fracaso de la  cumbre en Pittsburgh, podemos prever que vamos a estar largo tiempo hablando de la crisis. PORQUE LOS GOBIERNOS DEL G-20 NO HAN TOCADO LAS CAUSAS DE FONDO QUE PROVOCARON LA  CRISIS DEL SISTEMA FINANCIERO GLOBALIZADO, entre las cuales se encuentran la opacidad representada por los llamados PARAÍSOS FISCALES, verdaderas ZONAS SIN LEY para la banca y el dinero sucio.

LA OPACIDAD DEL MUNDO FINANCIERO

Antes de nada, tengo que anticipar que para entender  el asunto de los paraísos fiscales, tenemos que  situarlo en el marco de la globalización financiera y analizar someramente las TRES características básicas de los mercados financieros, origen de la crisis, como son la desregulación, la globalidad y la opacidad.

Primera.  LA DESREGULACIÓN o CARENCIA DE NORMAS ESTATALES O INTERNACIONALES, es decir, EL DESCONTROL DE LA BANCA GLOBAL,  que carece de supervisión de alguna autoridad pública sobre sus operaciones internacionales.  Uno de los logros de la llamada  revolución conservadora que se introdujo silenciosamente junto con las privatizaciones durante los años ochenta y se consolidó en los noventa.

Segunda. LA GLOBALIDAD de los mercados financieros, del crédito, de los seguros, de los valores, que  DERIVA DE LA LIBERTAD ABSOLUTA DE LOS MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE CAPITALES.

Tercera.  Sumadas las dos anteriores generan la OPACIDAD, o la falta de transparencia de los mercados financieros, como se dice en el lenguaje políticamente correcto. Es la causa profunda de la crisis, que otorga una ventaja competitiva a los centros financieros para no residentes u offshore,  conocidos como paraísos fiscales.

Lo que ofrecen y venden en los mercados, los países y territorios considerados paraísos fiscales, es que sitúan al negocio bancario y financiero fuera del control de las autoridades de los demás países y de los organismos internacionales, precisamente por esa opacidad. Es su ventaja competitiva que acentúa el descontrol del mundo financiero, donde impera el laissez faire más absoluto, la doctrina del fundamentalismo del mercado que dice el Premio Nobel Joseph Stiglitz, con las consecuencias que estamos viviendo.

Y para muchos críticos está claro que una consecuencia fundamental de esa doctrina política  del predominio del mercado sobre el Estado ha sido la crisis financiera con los tremendos efectos sobre las economías que padece medio mundo. Una crisis que nadie nos anunció ni predijo. Ni los expertos ortodoxos, ni las organizaciones internacionales ni los gobiernos ni los Bancos centrales.

En un libro reciente, nada crítico con el sistema, de la especialista en mercados del periódico Financial Times, Gillian Tett, se aportan datos muy significativos sobre cómo se gestó la crisis en Wall Street. Entre otros, se recogen declaraciones solemnes con unos pronósticos muy optimistas sobre la economía estadounidense, que hacía meses antes de estallar la crisis, un personaje ahora muy conocido, Ben Bernanke, que era entonces Presidente de consejo de expertos de la presidencia de EEUU. Y que luego, como gobernador de la Reserva Federal, el Banco central estadounidense, sería coautor de la guía política para la salvación del sistema financiero global y el mantenimiento de la libertad plena de los mercados que ahora se mantiene gracias al dinero de los contribuyentes, aunque dicen que ya se ha superado.

Otro ejemplo que recoge esta periodista económica se refiere a una reunión de alcance mundial que tuvo lugar aquí en Barcelona. Y que revela que tampoco se vio venir la crisis dentro del propio mundo de la banca y de los operadores financieros representado por la organización europea de titulización, The European Securitisation Forum.

En junio 2007 tuvo lugar en Barcelona la reunión anual de esta asociación que congregó a más de 5000 participantes de todo el mundo: expertos, banqueros  y negociantes  de un sector de las finanzas muy especulativo,  que se engloba bajo el término titulización. Su lema era “la titulización respaldada por activos globales”  Explicado brevemente, la TITULIZACIÓN es el arte bancario desarrollado en estos últimos tiempos de convertir los créditos concedidos, las deudas de sus clientes en activos financieros, en valores negociables. El ejemplo de titulización ahora más conocido, es la conversión de los créditos hipotecarios sin garantías, las famosas subprimes, en complejos productos financieros estadounidenses con los que especulaba la gran banca y que aún se guardan en algunas carteras bancarias, sin que se sepa cuanto valen porque ya no se venden ni se compran.

La clausura de esa reunión se produjo el día 11 junio de 2007 en un ambiente de euforia y de optimismo, porque todavía se vivía en medio de la abundancia del crédito y del dinero barato para la especulación.

Sin embargo, al día siguiente de esa clausura se abría ya la crisis financiera con la quiebra de uno de los dos fondos de alto riesgo (hedge funds) que el banco de inversiones Bear Stearns, entonces el quinto del mundo, disponía en las islas Caimán, que eran dos sociedades de buzón de correos; y mediante esos fondos de inversiones obtenía préstamos apalancados, con enormes préstamos sin apenas disponer de dinero propio, que se empleaba para especular con los valores subprimes. Y como sabemos, tras el fracaso del negocio, para evitar su quiebra fue luego el primer rescate bancario del gobierno Bush en marzo 2008.

En la crónica del evento de Barcelona, que tuvo lugar justo antes de que estallara la CRISIS, se evidencia que los propios protagonistas del negocio financiero no la vieron  venir. Y asimismo se revela  el altísimo grado alcanzado por la opacidad financiera, que juega como una baza de los operadores en el casino financiero mundial. Y para ver que se trata de un casino basta prestar atención al propio lenguaje y a la terminología que emplean los anglófonos.

Y es sabido que ese funcionamiento opaco ha permitido la libre “fabricación” de productos complejos e incomprensibles para los propios gestores, como han confesado los directivos del Citibank, a pesar de que eran refugio de gran parte del ahorro mundial además de ser objeto de especulación. Esta opacidad de los mercados financieros tiene, pues, unas causas concretas  y concede una ventaja a los paraísos fiscales  a nivel mundial. Las causas son las propias características de los mercados financieros que hemos apuntado, la misma globalización que tiene como ejemplos la quiebra de Lehman Brothers y el rescate del conglomerado asegurador de  AIG; y la deficiente regulación y supervisión estatal de bancos y operadores financieros como ejemplifica la Unión Europea que carece de supervisor comunitario para las transacciones internacionales.  La consecuencia es la opacidad de los centros financieros offshore, extraterritoriales o para no residentes, representados por el secreto bancario de Suiza  y de la isla Caimán que les otorga una gran ventaja para competir en los mercados mundiales del dinero.

Y ese oscurantismo de los centros offshore, de los llamados paraísos fiscales  les ha llevado a desempeñar un papel clave en la crisis financiera. Un papel que  la mayoría de los medios de comunicación nos han ocultado y que está en el origen de los problemas económicos que padece Europa y el resto del mundo. A esa conclusión llegamos al analizar  las operativas reveladas  por las amenazas de quiebras que generaron  rescates  bancarios llevados a cabo por los gobiernos en los EEUU, en el Reino Unido y en Europa. Un funcionamiento generalizado que se ha denominado

EL SISTEMA BANCARIO EN LA SOMBRA

Veamos el  caso significativo del Banco británico Northern Rock,  de cuya operativa tenemos muchos detalles gracias a los debates  en el Parlamento británico sobre su “nacionalización”, un rescate resuelto a costa del contribuyente británico.

Todos recordamos las colas de los ahorradores asustados ante las sucursales de ese Banco, a comienzos de 2008. Al fracasar el negocio que tenía montado con valores respaldados por las hipotecas subprimes, sin garantías, para no declararse en quiebra tuvo que obtener préstamos en dinero público. Y en febrero de 2008, el gobierno británico decidió su “nacionalización”, incluida su filial en el paraíso fiscal de la isla de Guernesey, en el Canal. Pues bien, el debate parlamentario en el que se aprobó esa nacionalización, que daba la propiedad de la mayoría de las acciones al gobierno sin intervenir en la gestión, pudo conocerse el trasfondo del negocio bancario que dependía de la especulación financiera. Y tuvieron que decidir que se hacía con los 50,000 millones de libras en bonos emitidos por una entidad denominada Granite, domiciliada en la Isla de Jersey; porque sus bonos habían sido respaldados por el Banco aunque no era formalmente el propietario de esa entidad, que era una fundación registrada en ese mismo paraíso fiscal. Y que cuando llegaron los periodistas a Jersey buscando el domicilio, se encontraron que era un simple buzón de correos y no tenía ni un solo empleado. Los parlamentarios no se pusieron de acuerdo sobre si el Banco era o no el propietario legal, pero el gobierno decidió afrontar  el pago de los intereses y reembolsar el capital de esos bonos con dinero de los contribuyentes británicos.

Actualmente los grandes grupos de comunicación intentan que nos olvidemos, pero tenemos que recordar que a finales de 2007 y en la primavera de 2008, además de la serie de bancos estadounidenses que recibieron cuantiosas ayudas públicas, hubo varios bancos públicos regionales en Alemania que estuvieron al borde de la quiebra y fueron rescatados con dinero de los contribuyentes. Y muchos otros grandes bancos del Eurogrupo, como  los del Benelux, Fortis y Dexia, y los bancos irlandeses. Todos ellos afectados por la crisis de las subprimes y   la subsiguiente  restricción del crédito que desencadenó unas amenazas de quiebras en los bancos que más se habían arriesgado y que los gobiernos resolvieron con dinero público para salvar el sistema. Y así se produjeron una serie de rescates bancarios en Alemania y algunos otros países del Eurogrupo, que al igual que en los casos de la City, revelaron el importante papel jugado por los mecanismos de los paraísos fiscales, aunque se les ha mantenido funcionando por los propios gobiernos. Y que fueron revelando la existencia de una banca en la sombra apoyada en paraísos fiscales.

En Mayo 2008, en una reunión de gobernadores de bancos centrales, el subdirector del Banco Internacional de Basilea presentaba un informe denunciando la existencia de una “Banca en la sombra“, descontrolada, que había impedido a los bancos centrales controlar la solvencia de los bancos y, por tanto, evitar la crisis. Y otros analistas críticos anglófonos han corroborado este descontrol que han denominado con la expresión de “SHADOW BANKING SYSTEM”, con la cual se que identifica a una banca paralela, oculta, basada en los centros offshore o paraísos fiscales, que aún sigue todavía funcionando.

Las raíces de estos tinglados están en la transformación producida en los mismos bancos durante las dos últimas décadas, que pasaron de ser instituciones para el depósito del ahorro de los ciudadanos, a convertirse en operadores de los mercados financieros, donde recaudan fondos mediante emisiones de bonos y títulos bursátiles y obtienen préstamos desorbitados, el llamado apalancamiento; y asimismo negocian con sus pasivo, con las deudas de las cuales son acreedores, vendiendo los créditos concedidos convertidos en valores. El máximo beneficio se  logra con la máxima opacidad frente a las autoridades, burlando la escasa legislación en vigor y diseminando los riesgos.

Las funciones de esta banca en la sombra se resumen en tres rasgos:

1.-  Logran la máxima opacidad para las entidades gestoras con nombres enigmáticos (SPV, SIV, conduits, hedge funds, etc.) domiciliadas en paraísos fiscales pero dependientes de los grandes grupos bancarios y para sus productos complejos resultado de la innovación financiera descontrolada.

2.- Escapan de la supervisión de los Bancos Centrales, porque esas entidades opacas consiguen desvincular la propiedad de esos activos financieros de la banca matriz, apoyadas en los resquicio de una regulación deficiente y la benevolencia intencionada de los supervisores impregnados de la doctrina neoliberal.

3.-  Diseminan los riesgos de pérdidas en el negocio por todo el sistema financiero mundial. Y esta dispersión mundial de los riesgos del negocio financiero ha sido posible porque la red mundial de los centros offshore contribuye decisivamente a ocultar los flujos de dinero que se encadenan gracias a los sistemas telemáticos y electrónicos desde hace años.

Veamos el caso de Vanuatu que sigue estando catalogada como paraíso fiscal por la OCDE desde el año 2000. La República de Vanuatu, las antiguas Nuevas Hébridas, es un archipiélago en el corazón del mar de Coral  al Sur del Pacífico. En su promoción del centro offshore en su sitio web sintetizaba en inglés las ventajas de su situación geográfica para realizar transacciones en tiempo real entre los mercados financieros mundiales, porque el centro offshore se solapa con media hora con Nueva York y tres horas con Singapur y Hong Kong y empalma con Londres. En esa web se podía leer en 2005 lo siguiente:

“Vanuatu está situada en un huso horario singularmente ventajoso por su localización como centro  financiero, cuyo día comercial estándar  comienza a las 7:30 a.m. igual que en la capital Port Vila.  Esto  supone unos treinta minutos de solape con Nueva York,  de modo que al cierre de los mercados neoyorquinos se  dispone (de sus cotizaciones)  en Port Vila a primeras horas de la jornada laboral.

Además, como el horario local de oficina va  tres horas por delante de Singapur  y de Hong Kong, Vanuatu  cubre una posición importante entre los mercados mundiales.  Las operaciones financieras, que puedan negociarse  en Singapur y Hong Kong durante el día, pueden domiciliarse en Vanuatu en tiempo real. Port Vila permanece abierto hasta que abren Londres y los mercados europeos,  completándose  de este modo el tiempo-puente  desde Nueva York  hasta Londres.”

He ahí  expuesta con total claridad la realidad  de la globalización de los mercados financieros y la interconexión de los centros financieros offshore con sus características propias,  como redes que circundan el planeta. Es su dimensión financiera al amparo de la desregulación de los mercados mundiales del dinero.

Ciertamente, como tratamos de subrayar hoy los paraísos fiscales tienen una dimensión financiera como indica su nombre técnico de “Centros financieros extraterritoriales”, que es la traducción del vocablo inglés offshore, en el sentido de “no residentes”. Y esa dimensión financiera genera el descontrol de la gran banca y de las grandes Cajas de ahorro y de sus operaciones internacionales.

Para estas operaciones de alcance internacional, además de la opacidad, ofrecen el atractivo del “bajo coste fiscal”  tanto para las transferencias legales de dinero o ilegales con fraude y evasión fiscal. El caso es que esa dimensión fiscal, que es la más conocida por la ciudadanía, produce una disminución de  los ingresos públicos y hace que los paraísos fiscales de modo soterrado condicionen y coarten las políticas fiscales de los gobiernos. Por eso, son un problema político; es la consecuencia política que generalmente se intenta ignorar.  Los centros offshore socavan las democracias porque  fomentan y acentúan la competencia fiscal entre los países permitiéndoles una competencia desleal. Y además condicionan las políticas de los gobiernos a favor de rebajas de impuestos para el capital y subidas para los impuestos sobre el consumo y el trabajo. Con el agravante de que en la UE, tras las privatizaciones los impuestos representan el 90 % ingresos públicos.

A lo cual tenemos que añadir que incentivan el blanqueo de dinero sucio consiguiendo la obstrucción y demora de los procesos judiciales por delitos económicos; por tanto, degradando la justicia para la corrupción y los delitos económicos. Por colmo, las informaciones de prensa sobre el caso Gurtel, como de muchos otros casos más recientes, nos han ilustrado una vez más sobre cómo  los paraísos fiscales facilitan la ocultación del dinero de la corrupción y el blanqueo de dinero sucio.

Porque  sirven como plataformas para que las grandes operaciones bancarias y empresariales, legales o ilegales, se aprovechen de las diferencias entre las legislaciones de los países, lo que se denomina arbitraje regulatorio o legislativo; unas prácticas que hacen ineficaces las legislaciones avanzadas o rigurosas porque, dada la libertad de los movimientos de capitales, siempre habrá una país que tenga menos control y menos impuestos específicos, si las operaciones se planifican a escala global. Y las informaciones de los medios convencionales nos tapan otro efecto nocivo para la seguridad jurídica de los países y es que obstaculizan y demoran los procesos judiciales sobre delincuencia económica.  Por eso hace años que hemos documentado que, al final, los llamados paraísos fiscales van socavando las democracias contribuyendo a derechizar las políticas de TODOS los gobiernos. Algo que ya se documenta en nuestro primer libro sobre Los paraísos fiscales, subtitulado “Cómo los centros offshore socavan las democracias”.

EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS DEL G-20

Tras más de dos años del comienzo de la crisis financiera, es evidente el fracaso de los gobiernos y de la tercera cumbre del G-20 en Pittsburgh para afrontar las reformas del sistema financiero global. PORQUE NO SE HAN TOCADO LAS BASES DEL SISTEMA que hemos señalado; y que son  la GLOBALIDAD de los mercados financieros derivada de LA LIBERTAD ABSOLUTA DE LOS MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE CAPITALES, acompañada por LA DESREGULACIÓN, que trajeron la carencia de supervisión para las operaciones bancarias y financieras internacionales. Y en consecuencia persiste la OPACIDAD DE LAS FINANZAS, que sigue en vigor y no se ha visto afectada por la política de rescates y ayudas a la banca. Por consiguiente, salta a la vista que tampoco han tocado a los centros financieros offshore con los rescates y las ayudas a los bancos en apuros, que se les han concedido sin condiciones a pesar de financiarse con dinero de los contribuyentes.

Para evitar la quiebra cierta de todo el sistema bancario y financiero globalizado, los gobiernos han prestado ayuda financiera y/o han adquirido bancos de Wall Street, de la City y del Eurogrupo manteniendo sus filiales en paraísos fiscales. Unas ayudas y rescates bancarios con cargo los contribuyentes que han generado un aumento del déficit público que amenaza los sistemas de protección social en los países donde existen y que tendrán que se cubren incremento de impuestos indirectos; es decir, sistema tributarios más injustos, en lugar de combatir la evasión fiscal y reformas las bases del sistema bancario globalizado. Porque para colmo, actualmente el sistema financiero mundial se mantiene sostenido por el dinero público; y la banca en la sombra sigue funcionando ya que los gobiernos han prestado ayuda financiera y/o han adquirido las acciones de los bancos de Wall Street, de la City londinense y del Eurogrupo manteniendo sus “filiales” en paraísos fiscales que sabemos para que se utilizan: para defraudar al propio Estado que les sostiene.

Por eso en nuestro último libro de divulgación denunciamos que  la mediática lucha contra los paraísos fiscales, antes y después de la cumbre  del G-20 de abril en Londres, ha funcionado como una CORTINA DE HUMO para esconder que no ha habido acuerdos serios para reformar el sistema bancario y financiero global; solamente se ha programado una serie de retoques “técnicos” para la supervisión de la banca. El anuncio de reformas del sistema con aquella sonora frase de “se acabó el secreto  bancario”  ha escondido que los acuerdos del G-20 en Londres contra los paraísos fiscales han sido simplemente un remedo de las medidas que YA FUERON ACORDADAS POR EL G-7 en Okinawa (Japón) tras la crisis asiática y rusa a finales de los noventa; que era todo un plan de actuaciones que no se llevaron a cabo.

Uno de los resultados CONCRETOS de la cumbre del G-20 en Londres  es que las Islas del Canal y de Man han dejado de ser consideradas oficialmente como paraísos fiscales, quedando equiparadas a Alemania, Francia o España. Y la efímera lista de la OCDE al amparo del G-20 tuvo que ser modificada cuatros días después. Y se suceden desde abril último en las ediciones posteriores de la compleja lista (como puede comprobarse en el sitio web de esa Organización o en uno de mis blogs ) han quedado reducidos a 20 o menos el número de los países y territorios que siguen catalogados como paraísos fiscales (tax havens), que no incluyen ya a las Caimán, ni a Mónaco, ni a Suiza.

Y es que, si ustedes me permiten contarlo para que todo el mundo lo entienda, se puede decir que  la gran jugada mediática del G-20 ha sido amparar a la OCDE para que rebajara la anterior catalogación de paraíso fiscal que era más rigurosa. Para catalogar a un país o territorio como paraíso fiscal, la OCDE estableció en el año 2000 que debía cumplir cuatro condiciones técnicas:

- que en la jurisdicción haya cero impuestos o casi;

- que hubiera falta de transparencia respecto al origen de los fondos;

- que no intercambie información con otros países;

-  y que se reserven esos privilegios fiscales para entidades que no tuvieran actividad económica en esa jurisdicción.

Características que mantienen hoy muchos centros financieros offshore en la práctica. Aquel proyecto de la OCDE pretendía acabar con los paraísos fiscales antes de 2006. ALGO QUE ES EVIDENTE QUE NO SE CUMPLIÓ.

Ahora los llama  jurisdicciones que no cumplen los estándares internacionales, si no han firmado 12 convenios bilaterales para el intercambio de información fiscal con la otra parte. La OCDE ha simplificado y desvirtuado la definición de “paraíso fiscal” para borrarla como el FMI había ya borrado la denominación de “centro financiero offshore” que designaba la misma realidad financiera. Y  al bajar el listón de medida todos se han apresurado a suscribir esos 12 convenios entre sí y con los países con los que les resulta más fácil acordarlos. Y oficialmente está disminuyendo velozmente el número de paraísos fiscales.

En la reciente cumbre del G-20 en Pittsburgh, que se ha mantenido lo aprobado en Londres, los gobiernos se han limitado a fijar plazos para que se cumpla EL NUEVO CRITERIO sin definir siquiera las posibles sanciones. Por eso, la realidad es que sigue viva su actividad bancaria y financiera OPACA, que se apoya en la carencia de regulaciones y de supervisión y en la opacidad, que es realmente lo que venden en perjuicio de los demás Estados.  Porque no se dice que esos convenios fiscales según el modelo de la OCDE respetan el secreto bancario que les caracterizan.

Hace unas semanas se hacía público que EL BANCO BRITÁNICO BARCLAYS había creado un fondo de inversiones domiciliado en las Caimán. Para The Times de Londres  y El País se trataba de una operación para favorecer a unos ejecutivos del Banco ante la posibilidad de que sean limitadas sus retribuciones variables o bonos. Pero la verdad es que este Banco intenta  sacar de su contabilidad oficial y esconder los valores tóxicos que posee todavía en su cartera y no logra colocar en el mercado. Es decir, seguir con el sistema bancario en la sombra, causa de la crisis. Según el Financial Times y el periódico Expansión, este Banco intenta descargar en ese nuevo fondo de inversiones, la cartera de valores tóxicos que no tienen mercado y reducen su solvencia. Sigue, pues, el descontrol de la banca internacional.

AVANCES POSIBLES CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES

Sin embargo, quienes aspiramos a una mayor justicia y equidad  en democracia creemos que SON POSIBLES LOS AVANCES PARA LA ERRADICACIÓN DE LOS LLAMADOS PARAÍSOS FISCALES y la superación del dominio de las finanzas sobre la economía real o productiva, que  es la que genera  empleos y riqueza. Porque la crisis financiera no ha terminado: hace días nos contaban que la falta de crédito hace que haya disminuido la venta de camiones, aunque existe demanda. Y la solución se encuentra en serias reformas del sistema bancario y financiero que garanticen el servicio a la economía y combatir la evasión fiscal que facilitan los centros offshore.

Para finalizar esta conferencia, permítanme que me limite al ENUNCIADO DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS CONCRETAS que podemos considerar que son políticamente posibles, si lográramos entre todos llevarlas al debate político.

En primer lugar, tengo que destacar que en 2005 los grupos de Attac-España elevamos al gobierno español un documento avalado por unas cuatro mil firmas de ciudadanos con su DNI, solicitando el no reconocimiento legal en territorio español de filiales y sociedades offshore, en países y territorios sin actividad económica local.

En segundo lugar, hay que tener presente que la Unión Europea a la que pertenecemos, nunca  ha planteado  ningún plan de acciones contra los perjuicios que a sus Estados miembros le genera Suiza, Liechtenstein, Andorra y demás paraísos fiscales sino que ha concertado tratados de asociación de libre comercio con cada uno de ellos y la Unión. Una asociación que habría que revisar.

Entendemos que, con y sin Tratado de Lisboa, son precisas unas reformas en la UE; es especial, dos de fondo:

1ª.- La regulación del “espacio financiero europeo” dotándolo de una supervisión pública comunitaria controlada por el Parlamento europeo. Nuestros políticos suelen ignorar que la Unión se define como “espacio financiero europeo” SIN supervisor comunitario para la banca y sin fronteras para el capital.

2ª.- Hay que lograr la modificación del art. 56 del TCE, trasladado al art. III-156 del Tratado de Lisboa, que prohíbe a los Estados miembros establecer restricciones a los movimientos de capitales entre los países miembros y con terceros países, extracomunitarios. Este artículo ha sido denunciado como un obstáculo para el combate contra la evasión y el fraude fiscal por la Asociación profesional de los inspectores de Hacienda en sus Congresos.

Y desde hace años tenemos empantanadas dos revisiones legislativas europeas que no cambian el marco actual pero pueden ser un avance. Es urgente la revisión de la directiva sobre el ahorro que obliga al intercambio de información fiscal entre los socios europeos y con los países y territorios del entorno europeo, considerados paraísos fiscales, con los que los que se han sucrito acuerdos, para hacer extensiva la obligación de información fiscal no solo sobre los titulares de cuentas bancarias de depósito sino sobre fondos de inversiones, fideicomisos y demás entidades de inversión financiera. Y es un escándalo del que nadie habla que siga sin ratificar por España y otros socios europeos la tercera directiva sobre el blanqueo de capitales que tenía que haber entrado en vigor a comienzos de 2008 y que incluye medidas defensivas y de control sobre supuestas filiales bancarias en paraísos fiscales.

Y desde luego, vendría muy bien que el Consejo europeo estableciera una penalización del lobbismo de los 15,000 profesionales dedicados a influir sobre la tecnocracia de Bruselas que prepara  propuestas y reglamentos que luego son aprobados en reuniones maratonianas por nuestros ministros de turno, con  vuelos de ida y vuelto el mismo día.

TODOS ESTOS SERÍAN VERDADEROS AVANCES,  MODESTOS PERO REALES, HACIA EL CONTROL DEL CAPITAL FINANCIERO Y EL AVANCE HACIA LA ERRADICACIÓN DE LOS LLAMADOS PARAÍSOS FISCALES porque combaten la desregulación y la opacidad de las finanzas.

MUCHAS GRACIAS.-

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En este  ciclo de conferencias organizado por la Fundación Alfonso Comín en Barcelona bajo el lema “¿Es posible el cambio de sistema económico?”, intervinieron asimismo como ponentes Ignacio Ramonet, Director de Le Monde diplomatique; François Houtart, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina y fundador del Centro tricontinental; Pedro M. Sasia, Director del Proyecto Fiare del Aula de Ética de la Universidad de Deusto y Toni Comín, diputado del Parlamento de Cataluña y profesor de Ciencias sociales de ESADE.

No hacen falta sofisticados estudios o encuestas para conocer la magnitud del fraude fiscal existente en España porque a diario se puede comprobar la alegría con la que se ofrecen en el mercado servicios u operaciones sin factura, facturas sin IVA, u operaciones con una parte en negro. Esta situación pone de manifiesto el poco miedo que tiene el defraudador a ser pillado, la falta de repudio social ante el fraude fiscal y el fracaso de la administración en sus planes de lucha contra el fraude.
Amparándose en la dificultad de su realización, ningún gobierno ha querido elaborar hasta ahora un estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España.
Hay que esperar que esta situación cambie, ya que la propia Unión Europea está tomando conciencia de la gravedad del fraude. Así, el Parlamento Europeo, en un informe de 17 de julio de 2008, se lamenta de que no se disponga de cifras precisas. Debido a que las normas nacionales para la presentación de información varían considerablemente, reclama una recopilación unitaria de datos en todos los Estados miembros que ofrezca transparencia y sirva de base a las medidas nacionales contra el fraude fiscal, y pide a la Comisión que se plantee la creación de un sistema europeo uniforme de recogida de datos y de producción estadística sobre el fraude fiscal, con objeto de evaluar de la manera más precisa posible la magnitud real de este fenómeno. El informe reconoce que las estimaciones sobre las pérdidas globales (directas e indirectas) de ingresos fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan en Europa entre los 200.000 y los 250.000 millones de euros anuales.
A pesar de que en España no existe un estudio oficial sobre el fraude fiscal, existen otros informes, estudios o datos que ponen de manifiesto la magnitud del problema y que, en términos porcentuales, cuantifican el fraude en España entre el 20% y 25%, el doble que la media de la UE.
Esta situación se corrobora por otros datos adicionales. El primero se refiere al dinero en metálico en España, que supone el 10% del PIB, frente al 5% de la zona euro y el 6% de EE UU, y ello a pesar de que España dispone de una de las redes de cajeros automáticos y sucursales bancarias más utilizadas de Europa. El segundo es el enorme volumen de billetes de 500 euros que circula por España: actualmente circulan en el país 111 millones de euros en billetes de 500 euros, un 30% del total emitido en la UE y el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles. La cifra de este tipo de billetes se ha multiplicado por siete respecto a 2002, año de puesta en circulación del euro.
Podemos señalar que el fraude fiscal no es un fenómeno nuevo, sino que ha supuesto un problema importante en la sociedad española en las últimas décadas. Respecto de su cuantificación en euros, si entre un 20% y un 25% del PIB español no paga los impuestos que les corresponde, el PIB de España alcanzó en 2007 el billón de euros, y la presión fiscal media se sitúa en el 36%; la cifra de cuotas no ingresadas supera los 70.000 millones de euros cada año como mínimo. De acuerdo con los datos anteriores, y teniendo en cuenta que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, se puede cuantificar en una cifra aproximada de 280.000 millones de euros las cuotas tributarias no ingresadas, y que con una actuación decidida del gobierno, aprobando las medidas adecuadas, podrían ingresar en las arcas públicas.
Estos datos ponen de manifiesto la magnitud del problema, y no se entiende la autocomplacencia de las autoridades tributarias con los resultados obtenidos, basada en la obtención de una determinada deuda tributaria de las liquidaciones efectuadas por la administración o de las declaraciones complementarias como efecto inducido. Como resultado de las actuaciones realizadas entre 2005 y 2008, se ha cuantificado la deuda recuperada en unos 28.000 millones de euros. Comparada dicha cifra con la de fraude existente, el importe recuperado no llega al 10%, por lo que no se puede hablar de resultados satisfactorios. Por otro lado, en la calle no se percibe una especial persecución a los defraudadores, salvo en algunos supuestos de fraude de carácter organizado, y si preguntamos a los ciudadanos, sus respuestas confirman la situación de fracaso, como se expone a continuación.
Según los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2008, la mayoría de los españoles, un 82%, considera que en España hay mucho o bastante fraude fiscal, el mismo porcentaje que piensa que si la gente no engaña más es por miedo a una inspección. Además, un 52,1% considera que “casi todo el mundo” engaña algo al pagar sus impuestos y la administración ya cuenta con ello. Si examinamos la misma encuesta realizada en julio de 2002, podemos verificar que la situación no ha variado significativamente, ya que entonces el 79,6% creía que existía mucho o bastante fraude.
En el informe 21/07, “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2006” del Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del ministerio de Economía y Hacienda, se refleja que el 58% de los ciudadanos opina que el fraude fiscal ha aumentado en la última década, frente a un 42% que opina lo contrario.

Planes de actuación de la administración tributaria
En los últimos años hemos asistido a la aprobación de diferentes medidas de lucha contra el fraude fiscal, que a pesar del bombo mediático del que iban acompañadas, lograban poca efectividad en sus objetivos, quizá porque no existía una auténtica voluntad política de atacar el fondo del problema.
Desde su creación, la Agencia Tributaria ha elaborado diversos documentos de planificación estratégica en 1994, 1996, 1998 y 2000, que pueden citarse como antecedentes del Plan de Prevención del Fraude aprobado en febrero de 2005 y que todavía está ejecutándose.
En el análisis del plan lo primero que resaltaba era su nombre. El anuncio que hizo el gobierno se refería a la aprobación de un Plan de Lucha Contra el Fraude, y finalmente se aprobó un Plan de Prevención. Evidentemente, no es lo mismo, ya que prevenir supone adoptar medidas para evitar que no se produzca fraude en el futuro, mientras que luchar supone actuar contra el que se ha producido y se está produciendo en el momento actual. Ese cambio de nombre no fue casualidad, ya que en el transcurso de elaboración del plan se tuvo conocimiento de que algunas medidas que los responsables habían reflejado en sus informes, acertadas en orden a luchar contra el fraude, finalmente no constaban en el plan aprobado por decisión del responsable político. Así ocurrió con la creación de la policía fiscal, asunto que quedó en la firma de un convenio de colaboración con la policía; medidas encaminadas al reforzamiento del servicio jurídico del Estado, o el refuerzo del reconocimiento legal de la competencia de la Agencia Tributaria para investigar el fraude fiscal de carácter criminal, los delitos de contrabando, el blanqueo de capitales y los delitos conexos, en funciones de auxilio a la justicia.
Entre las carencias y deficiencias detectadas en el plan adoptado destacaban dos: la necesidad de mayores medios materiales y humanos para llevarlo a cabo, y la ausencia de medidas normativas.
En cuanto a la Ley de Medidas aprobada, siendo una norma que pretende luchar contra el fraude, uno de los aspectos que se echan en falta es la ausencia de una definición del concepto de fraude fiscal, sus características, su cuantificación y el objetivo que persiguen las medidas desarrolladas en dicha norma. La ley refleja una serie de medidas dispersas que no conforman un cuerpo conjunto y armonizado para la lucha contra el fraude, incluyéndose, además, medidas que poco o nada tienen que ver con ese objetivo, como la posibilidad de aplazar o fraccionar el pago de sanciones sin que ello suponga perder automáticamente la reducción del 25%, la reducción que experimenta el recargo por declaración extemporánea cuando se ingrese en periodo voluntario, o los anticipos de tesorería a favor de las entidades locales.

Decálogo de medidas para combatir el fraude
A mi juicio, el decálogo de las más medidas más importantes para luchar contra el fraude fiscal sería el siguiente:
Reforma del delito fiscal. Diversos colectivos e instituciones reiteran desde hace años la necesidad de reformar la figura del delito fiscal como una pieza básica en la estrategia de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
En varias ocasiones se ha llamado la atención sobre la probada ineficacia que por diferentes razones presenta en la actualidad el delito fiscal. En este sentido, puede afirmarse que el delito fiscal o de defraudación tributaria se ha convertido hoy en un adorno casi inoperante en nuestro sistema jurídico-tributario. En ello inciden fundamentalmente factores como la aparición de nuevas modalidades de fraude, la lentitud de los procesos judiciales, la ausencia de penas que supongan en la práctica la privación efectiva de libertad, la ausencia de una adecuada tipificación penal de las tramas de fraude, la dificultad de adoptar medidas de prisión preventiva de los inculpados, la falta de una formación penal suficiente en el ámbito tributario o la falta de una adecuada formación y sensibilidad fiscal en los órganos judiciales.
A pesar de todos estos obstáculos, resulta de la máxima importancia la existencia de un delito fiscal creíble y eficaz que comporte, para los responsables, beneficiarios y colaboradores de las manifestaciones más graves del fraude fiscal, un castigo adecuado, al tiempo que se garantice la reparación del daño causado al conjunto de los ciudadanos. En la reforma se tendrían que contemplar medidas como aumentar la pena de prisión de cuatro a seis años para los casos más graves; incrementar el plazo de prescripción penal para perseguir los delitos fiscales de cinco a 10 años; eliminar la excusa absolutoria para el delito fiscal; considerar como circunstancia agravante la comisión del fraude mediante la utilización de países o territorios calificados como paraísos fiscales; establecer la pena de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de cualesquiera entidades mercantiles durante el periodo de seis meses a seis años; tipificar un nuevo delito consistente en el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para la defraudación tributaria y considerar a los funcionarios de la Inspección de Hacienda (la policía fiscal) como policía judicial.
Creación de la policía fiscal. La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria en la cual se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera. Tales unidades mantendrían su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina de Lucha contra el Fraude. La creación de una policía fiscal es un elemento clave en la lucha contra el fraude, especialmente el fraude organizado. Existen modelos internacionales de eficacia contrastada como EE UU e Italia.
Creación de una oficina natural antifraude. La contemplación unitaria de la delincuencia fiscal hace imprescindible la creación de un organismo multidisciplinar que, bajo la dependencia funcional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, integre, entre otros, a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del ministerio Fiscal. Un organismo de tal naturaleza estaría en condiciones de abordar con garantías de éxito la lucha contra las grandes tramas de fraude que tan relevantes perjuicios causan al conjunto de los ciudadanos, al tiempo que constituiría un órgano especializado de apoyo y colaboración permanente con los órganos del poder judicial.
Especialización en materia fiscal de jueces y fiscales. La complejidad creciente que adopta el fraude fiscal en la actualidad, y la complejidad técnica propia de las normas fiscales, hacen imprescindible la adopción de medidas tendentes a garantizar que los jueces y fiscales dispongan de la formación específica necesaria para abordar con garantías de éxito la investigación, el descubrimiento y el castigo del fraude fiscal.
Reforma del régimen sancionador de la Ley General Tributaria. Resulta necesario reformar el régimen sancionador de la Ley General Tributaria con el objetivo de agravar las sanciones en algunos supuestos de resistencia a la inspección y de no aportación de información ante un requerimiento efectuado por la inspección, tipificar como infracción tributaria el ofrecimiento de productos y servicios sin factura, o sin incluir el IVA, o tipificar como infracción tributaria la conducta de las personas o instituciones que colaboren habitualmente en la comisión de fraudes.
Reforma de los procedimientos de la Ley General Tributaria. Esta ley y los procedimientos que se regulan en la misma están destinados a las comprobaciones tributarias tradicionales, resultando insuficientes para luchar contra los fraudes de carácter organizado, como las tramas del IVA o los relacionados con todo tipo de corrupción, incluida la urbanística. Para que los resultados contra este tipo de fraudes sean satisfactorios, se ha de reformar la Ley General Tributaria, creando un procedimiento especial para la lucha contra el fraude tributario delictivo y organizado, en el que se contemplen medidas referidas a la regulación de los plazos de duración de las actuaciones, otorgar a la inspección la facultad de investigar cuentas bancarias sin notificación previa al interesado o regular las actuaciones sin necesidad de identificación (actuaciones de incógnito).
Reforma del régimen de módulos. Creo que con la medida regulada en la Ley de Medidas contra el fraude, consistente en practicar una retención, no se corregirá el fraude relativo a la emisión de facturas falsas por contribuyentes que tributan en este régimen.
Se propone modificar la normativa del IRPF para que la estimación  objetiva se aplique a los contribuyentes que realicen actividades agrícolas o actividades económicas cuando, en el periodo en curso o en alguno de los tres anteriores, al menos el 80% del valor de sus bienes entregados o servicios prestados se destinen a contribuyentes sin derecho a ninguna deducción o beneficio tributario por tales adquisiciones.
Responsabilidad solidaria de despachos e instituciones en fraudes de ingeniería fiscal. Se propone como medida el establecimiento de una responsabilidad solidaria entre los despachos e instituciones que comercializan productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal.
Utilización de los paraísos fiscales. Se proponen las siguientes medidas para acabar con la utilización de los paraísos fiscales:
– No reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español.
– Establecer un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales.
– Realizar un plan especial de comprobación de artistas y deportistas para verificar su residencia real en paraísos fiscales.
– Prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios.
– Establecer penas agravadas en los delitos fiscales cuando el fraude fiscal se comete a través de la utilización de paraísos fiscales.
Aprobación del estatuto de la AEAT. Se considera imprescindible y prioritaria la aprobación del Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria, pendiente desde la creación de la AEAT, que regule un marco jurídico para garantizar la máxima independencia a la hora de aplicar el sistema tributario, independencia que solo se logrará si el director general es designado por el Parlamento y por un periodo determinado de tiempo. El estatuto tendría que regular otros aspectos, como la participación efectiva de las Comunidades Autónomas en sus objetivos; las fuentes de financiación que la doten de autonomía financiera; el régimen jurídico de los funcionarios, carrera profesional, régimen de incompatibilidades y retribuciones; los medios humanos necesarios para luchar contra el fraude fiscal, adoptando las medidas necesarias de planificación de recursos humanos para incrementar los dedicados a dicha función.

Conclusiones
A pesar de que el actual gobierno, como los anteriores, anunciara que una de sus líneas de actuación prioritaria iba a ser la lucha contra el fraude fiscal, la realidad ha sido otra diferente. Las medidas aprobadas, un Plan de Prevención sin la dotación de los medios necesarios, y una Ley de Medidas que no refleja las más necesarias y significativas, se han demostrado insuficientes para combatir el fraude fiscal con la intensidad necesaria.
Ninguna de las medidas aprobadas hasta ahora ha producido un cambio sustancial en la situación global de fraude fiscal en España, independientemente de que el gobierno esté satisfecho con los resultados cuantitativos obtenidos, como lo estaban también anteriores gobiernos de distinto signo político. Medidas efectivas para cambiar la situación las hay. Sólo hace falta la voluntad política del gobierno para llevarlas a cabo.

¿Alguien recuerda que el presidente de la República francesa (Sarkozy) dijo que se iba a refundar el capitalismo? Tras la primera cumbre del G-20+ en Washington (con Bush) en noviembre 2008,en abril 2009 tenía lugar la segunda en Londres (con Obama) y la tercera  celebrada el 24-25 septiembre en Pittsburg-USA.

 ¿Para cuando la tan anunciada regulación y supervisión de los mercados financieros?

y profesor emérito de la Universidad británica de Lancaster.

Articulo publicado en Financial Times (5 mayo 2009)

Los bancos emplean extensos equipos de gente con elevadas retribuciones para diseñar transacciones, principalmente con la finalidad de evadir impuestos. Estas actividades parece que son mucho más productivas que el rutinario negocio de gestionar pagos y canalizar ahorros hacia inversiones. ¿Por qué?

La respuesta revela la estrecha ligazón entre evasión fiscal y especulación que ha alimentado la inestabilidad financiera durante 30 años. Está claro que ha habido otras causas de la actual crisis, pero han contribuido en gran medida los fallos del sistema fiscal internacional.

La coordinación fiscal internacional depende de tratados basados en un modelo ideado hace 80 años. Para evitar la doble imposición, en general los tratados otorgan a los gobiernos el derecho sobre las rentas de una inversión en el país de residencia del inversor. Mientras que los beneficios empresariales tributan en el país “de la fuente”, donde tienen lugar las actividades.

Sin embargo, durante la mayor parte del siglo pasado, la inversión internacional estuvo dominada por las corporaciones internacionales, que podían escoger el emplazamiento de sus fuentes de fondos y organizar las estructuras de capital de sus filiales. Esto les permitía idear técnicas para asegurarse que no  tributaban injustamente según los criterios referidos, explotando las ambigüedades en los conceptos de residencia y de fuente y utilizando entidades legales constituidas en jurisdicciones convenientes.  Asimismo, tales métodos fueron explotados, con menos legitimidad, por gentes ricas resentidas con los impuestos sobre las rentas altas.

La relajación y el abandono final de los controles de cambio en los años setenta llevaron al florecimiento de las finanzas “offshore” y a un auge de los paraísos fiscales. Estos dependen tanto del fraude fiscal declarado como de la explotación de las zonas grises de la evasión fiscal. Comoquiera que las grandes multinacionales son por igual entidades financieras y empresariales, disponen de libertad para idear estructuras financieras complejas; e incluso mucho más las entidades financieras como los bancos. Según dos encuestas separadas de la US Government Accountability Office y de Tax Justice Network, era un banco el mayor usuario de paraísos fiscales en cada país de la encuesta. Las autoridades fiscales tienen enormes problemas para descifrar esas estructuras. Si pueden lograrlo, a menudo les resulta difícil caracterizarlas como ficticias.

Los principales países inclusive albergan también a los principales centros financieros, desde los cuales se dirigen estas actividades. Las autoridades tributarias en estos países, no menos en los EEUU y en el Reino Unido, se han visto intimidadas aceptando estas actividades por miedo a perder los negocios financieros.

Tomemos, por ejemplo, los fondos de alto riesgo (hedge funds). Las autoridades fiscales de los EEUU y del Reino Unido han aceptado una interpretación laxa de las normas de la residencia y de la fuente, al aceptar que estos fondos son residentes y que sus beneficios tienen como fuentes los centros offshore (la mayoría en las Islas Caimán), incluso aunque estén realmente gestionados desde Londres y Nueva York. No solamente son tratadas las ganancias  de estos fondos como obtenidas en las Caimán, y por tanto, no imponibles sino que su distribución no está sujeta a la retención fiscal, para  gran beneficio de sus inversores. El emplazamiento de estos fondos en una jurisdicción con secretismo facilita la evasión  fiscal y es una invitación abierta al fraude.

Para las multinacionales y los inversores ricos  los puntos son los mismos: las rentas de las transacciones financieras tributan al final a un tipo cero o bajo, haciéndolas mucho más rentables que los auténticos esfuerzos empresariales. Esta distorsión del sistema fiscal en gran medida ha alimentado los excesos de liquidez canalizados hacia las transacciones financieras especulativas. El sistema del secretismo offshore ha sido un elemento principal de opacidad que ha socavado la regulación financiera y corporativa
Los remedios radican en reformas fundamentales de la cooperación para la regulación internacional fiscal y financiera y en su coordinación. La cooperación fiscal internacional requiere un sistema multilateral e integral para la obtención y el intercambio de información para todos los fines tributarios, con salvaguardas apropiadas para los contribuyentes. El requerimiento a las multinacionales para que desglosen su información contable por cada país en el que hacen negocios, inyectaría al sistema la tan necesitada transparencia. La reforma debería incluir un giro hacia la tributación unitaria, que la mayoría de los especialistas internacionales en materia fiscal reconocen que debería haber se adoptado ya. Esto sería preferible a las nuevas propuestas de la Administración Obama para retocar las normas estadounidenses sobre pagos diferidos de impuestos.

Estas reformas harían más efectivo y justo al sistema tributario internacional y eliminaría una de las pretendidas justificaciones para los paraísos fiscales. Generarían amplias reducciones de costes e incluso la supresión de los departamentos bancarios que se ingenian planes distorsionadores y despilfarradores con fines fiscales.-

INTRODUCCIÓN.
¿QUÉ ES LA EVASIÓN FISCAL? – ¿POR QUÉ ES BUENO PAGAR IMPUESTOS? -
LA ESCLAVITUD ECONÓMICA – COMO EXPOLIAR A LOS PAÍSES POBRES  -
¿POR QUÉ ES TAN FÁCIL ENGAÑAR A LOS PAÍSES POBRES?   -
BIENVENIDO A LOS PARAÍSOS FISCALES  – ALGUNOS EJEMPLOS DEL EXPOLIO  -
¿QUIÉN TIENE LA CULPA?   – ¿QUÉ PODEMOS HACER?  -
EL PAPEL DE ESPAÑA – ¿QUÉ ES INSPIRACTION?.

Introducción

En un momento de fuertes caídas en las bolsas y temor a una debacle económica global, la economía mundial se encuentra sumida en la incertidumbre y el nerviosismo. ¿Quebrarán más bancos? ¿Se colapsará definitivamente el mercado inmobiliario? ¿Cuánto durará la crisis?

Sin embargo, en los países más pobres la gente no se preocupa de si podrá pagar la hipoteca… sino sobre su supervivencia. ¿Cuál será el impacto de la crisis en las economías en desarrollo? ¿Se seguirá negando a los pobres la esperanza de una vida mejor, o al menos más larga?

Es preciso recordar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aspiran a reducir a la mitad la pobreza mundial en 2015. ¿De dónde saldrá ahora el dinero para lograr este objetivo?

InspirAction ha llegado a la conclusión de que el dinero necesario ya está disponible: sólo hace falta que quienes lo poseen paguen sus impuestos. Este informe expone el escándalo de un sistema fiscal mundial que permite a los más ricos del mundo eludir sus responsabilidades, mientras condena a los más pobres a un desarrollo raquítico, incluso a la muerte prematura.

Esta situación es responsabilidad de las personas más ricas, así como de los gobiernos (incluido el de España) que han permitido que se produzca y se perpetúe este expolio. Pero sobre todo es culpa de las corporaciones multinacionales, que dedican su poder a eludir el pago de impuestos, con efectos devastadores para millones de seres humanos en los países en desarrollo.

La situación es crítica. La evasión fiscal habrá provocado la muerte de 5,6 millones de niños en los países en desarrollo entre 2000 y 2015. Son 1.000 niños al día. La mitad ya han muerto.

Este asunto no es nuevo. Todos hemos oído hablar de famosos y empresas que ocultan sus beneficios en paraísos fiscales. De tramas de corrupción formadas por empresas que falsifican facturas y manipulan sus cuentas para no declarar los beneficios.

Pero apenas hemos arañado la superficie de un colosal negocio internacional creado para maximizar la “eficiencia fiscal” o, más bien, para negar a los gobiernos sus ingresos legítimos. Para las empresas y los países ricos, este sistema es una forma de aumentar sus ingresos y mejorar su competitividad en el mercado global. Para los países en desarrollo, la evasión fiscal supone condenar a la pobreza y a la muerte prematura a millones de seres humanos. Este informe analiza cómo se produce este horrendo crimen.
¿Qué es la evasión fiscal?

Es importante aclarar de qué estamos hablando. En primer lugar, en España y en otros países desarrollados, muchas personas realizan algún tipo de “planificación fiscal” que les permite obtener deducciones en sus impuestos o eludir el pago de determinadas tasas (como el Impuesto de Sucesiones) mediante los mecanismos contemplados por la ley. Esta actividad es legítima, porque se enmarca dentro de las intenciones y el espíritu de la legislación existente.

En segundo lugar, existe una vasta zona gris de “evasión legal de impuestos” que también está dentro de los límites de la ley, aunque tiene una legitimidad dudosa. En el mundo de las grandes empresas, esta evasión fiscal legal incluye a menudo usar paraísos fiscales para esconder y multiplicar los beneficios. Esta práctica se vuelve progresivamente más agresiva a medida que el sector financiero idea instrumentos más ingeniosos y complejos, con el propósito de eludir las regulaciones de los estados. Un indicador de la gran importancia de esta actividad es este asombroso dato: el 50% del comercio mundial se realiza a través de paraísos fiscales.

En tercer lugar, el secretismo que rodea a este sistema más o menos legal también puede encubrir una serie de actividades de individuos y de empresas que son claramente ilegales y que se conocen como “evasión fiscal”. Nuestros datos contemplan sólo dos de las formas más comunes de evasión fiscal por parte de las empresas. La primera es la denominada “alteración de los precios”, en la que diferentes filiales de una multinacional venden bienes o servicios a otras filiales a precios manipulados. Puede intuirse el verdadero alcance de esta práctica al constatar que el 60% del comercio mundial se realiza actualmente entre las corporaciones globales y sus filiales. El otro sistema, conocido como las “facturas falsas”, es cuando se realizan transacciones similares entre empresas que no están relacionadas accionarialmente.

Calculamos que sólo estas dos actividades provocan que los países en desarrollo pierdan cada año cerca de 130.000 millones de euros, en impuestos que dejan de cobrar a las empresas que operan en su territorio. Esta cifra es muy superior al presupuesto global que los países ricos destinan a la ayuda al desarrollo (aproximadamente 83.000 millones de euros en 2007).

Si los países en desarrollo pudieran contar con todo ese dinero que dejan de recaudar a las empresas, podrían transformar las vidas y las expectativas de millones de personas pobres. Por ejemplo, si se hubiera invertido una cantidad similar en los sistemas sanitarios de estos países desde el año 2000, cada año se habrían salvado las vidas de 350.000 niños menores de cinco años. El Banco Mundial estima que alcanzar los Objetivos del Milenio de la ONU costaría entre 30.000 y 50.000 millones de euros, asumiendo que mejoren las políticas y las instituciones de los países en desarrollo. Si se pagaran los impuestos que se evaden, habría dinero de sobras.

Entre el 2000, cuando se establecieron los Objetivos del Milenio, y el 2015, cuando se supone que se habrán alcanzado, la cantidad de dinero escamoteada mediante estos dos sistemas ascenderá a casi 2 billones de euros. Si tenemos en cuenta otras formas agresivas de evasión fiscal y de comercio abusivo, las pérdidas totales multiplicarán varias veces esta cantidad.

¿Por qué es bueno pagar impuestos?

Está claro que a nadie le gusta pagar impuestos. Por lo tanto, es razonable que tanto las empresas como las personas procuren pagar los mínimos impuestos posibles. Lo que no es aceptable es cuando estas prácticas vulneran la ley y sirven para obtener grandes ganancias sin dar ninguna contraprestación a los países y personas que hacen posibles estos beneficios.

Básicamente, el hecho de pagar impuestos genera los siguientes efectos positivos:

•    Redistribución de la riqueza: los impuestos permiten que la riqueza generada en el país beneficie a toda la población, lo cual aumenta la cohesión social.

•    Servicios públicos: el estado necesita los impuestos para financiar los sistemas de salud, educación, seguridad social e infraestructuras, que son básicos en cualquier país.

•    Compensaciones: en ocasiones, los impuestos sirven para contrarrestar los efectos perniciosos que producen algunas actividades económicas.

•    Representación: las personas que pagan impuestos se sienten más comprometidas y son más exigentes con los gobiernos que los recaudan, lo cual mejora la salud democrática.

No es ninguna casualidad que la mayoría de los países que atesoran grandes riquezas minerales o energéticas tengan regímenes corruptos y tiránicos: es más fácil manipular a un país cuando no existe una democracia sólida, un control parlamentario efectivo y una sociedad civil informada y fuerte. Cuando los países que descubren grandes riquezas tienen regimenes políticos avanzados, los efectos de la explotación son radicalmente diferentes a los de los países en desarrollo. Por ejemplo, Noruega financia las pensiones de jubilación de toda su población con los ingresos que obtiene por la extracción de petróleo en el Mar del Norte. Alaska reparte dividendos sobre la explotación de gas y petróleo que sirven para atraer y asentar a la población en grandes áreas despobladas. ¿Por qué los países en desarrollo no pueden hacer lo mismo?

La esclavitud económica

A continuación abordamos los diferentes métodos, lícitos e ilícitos, que las multinacionales utilizan para pagar el mínimo de impuestos posible. La pérdida de recaudación fiscal afecta a los países ricos y pobres; pero los efectos sobre los países en desarrollo son mucho mayores.

En las siguientes páginas examinamos también los paraísos fiscales a los que se canaliza el dinero que se evade, y los atractivos que ofrecen, principalmente la confidencialidad. Nos preguntamos cómo puede ser que los países industrializados, que tanto valoran el imperio de la ley, consientan la existencia de estados pirata que hacen posibles estos graves abusos.

Y analizamos las organizaciones que facilitan estas operaciones fraudulentas, incluidas las grandes firmas de consultoría como KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y Deloitte, especializadas en aprovechar la existencia de los paraísos fiscales para beneficiar a sus clientes, sin atender a las consecuencias sociales. Estas cuatro compañías han tenido que pagar en los últimos años grandes sumas de dinero por vulnerar las regulaciones financieras. Y a pesar de eso, aún conservan su estatus como auditoras del sistema financiero mundial.

Los datos que contiene este informe derivan del trabajo de Raymond Baker, investigador senior del CIP (Centro de Política Internacional de Estados Unidos). Para llegar a estas conclusiones sobre las prácticas de las empresas internacionales, él y sus investigadores mantuvieron 550 entrevistas con directivos de grandes empresas de 11, países con la condición de preservar el anonimato. La conclusión de Baker es que la evasión fiscal corporativa forma parte del proceso global mediante el cual los países más ricos del mundo siguen expoliando a los países en desarrollo. Baker define esta situación de una forma muy contundente: “se trata del capítulo más espantoso de las relaciones económicas globales desde la esclavitud”.

Cómo expoliar a los países pobres

En la última década las materias primas han alcanzado precios récord. Esta subida de los precios debería haber enriquecido a los países en desarrollo, que tienen la mayor parte del cobre, el níquel, el platino y el hierro que consumen las nuevas potencias económicas. Por no hablar de sus reservas de oro, el metal más preciado y que en tiempos de crisis se convierte en el refugio natural del dinero.

Tradicionalmente se ha asegurado que las economías en desarrollo, especialmente en África, prácticamente no crecen (o retroceden) desde los tiempos coloniales porque sólo producen las materias primas, pero los procesos de transformación que generan un verdadero valor añadido se realizan en otros países.

Sin embargo, en los últimos diez años el precio del níquel se ha multiplicado por seis, el del platino por cuatro, y el cobre y el oro han duplicado su valor. ¿No deberían haberse aprovechado de alguna forma los países en desarrollo, aunque fuera en menor medida?

Desafortunadamente, la cruda verdad es que los países en desarrollo siguen siendo igual o más pobres, no se han beneficiado en absoluto de esta bonanza de los precios de las materias primas. Y esto no es porque los dictadores hayan dilapidado esta fortuna mientras la gente se moría de hambre. Es cierto que existe corrupción, pero los principales culpables son las empresas de los países desarrollados que extraen estos minerales: mediante sistemas legales e ilegales, estas compañías han demostrado que su única prioridad es obtener tantas ganancias como puedan en los países en los que operan, pagando el mínimo de impuestos.

Los sistemas legales que usan las empresas para evitar pagar impuestos incluyen:

•    Arquitectura financiera: consiste en utilizar esquemas empresariales y financieros diseñados para evitar el pago de impuestos. Sin embargo, las autoridades fiscales de algunos países han empezado a considerar ilegales algunos de estos entramados, que en muchos casos son comparables a los de actividades ilegales como el blanqueo de dinero.

•    Exenciones de impuestos: algunas empresas solicitan no pagar impuestos durante un periodo determinado, como condición para instalarse o mantenerse en un país. Esto no sólo sucede en los países en desarrollo, también se da en los procesos de deslocalización de las fábricas de algunos estados europeos. Diversas investigaciones muestran que esta práctica es económicamente inviable, dado que a largo plazo los ingresos que se pierden con la exención de impuestos superan los beneficios que supone atraer o retener la inversión.

•    Royalties reducidos: las empresas que explotan los recursos de un país pagan un porcentaje fijo sobre lo que se extrae, que se conoce como derechos de explotación o royalties. Estos royalties pueden ir del 2 al 30 %, aunque en la mayoría de los casos se sitúan entre el 5 y el 10%. Sin embargo, en ocasiones las empresas y las instituciones internacionales presionan para reducir estos royalties hasta niveles absurdamente bajos.

Por su parte, los métodos ilegales que usan las empresas para evadir impuestos son:

•    Falsificar facturas: este sistema consiste en inventar facturas por compras inexistentes o que en realidad tienen una cuantía muy inferior. De esta forma, las empresas pueden declarar unas ganancias inferiores a las que realmente obtienen, y pagar menos impuestos. Este método también puede usarse al revés: una empresa que exporta productos a un país en desarrollo puede declarar que la operación tiene un valor inferior al real, para pagar menos tasas y aranceles. En cualquier caso, el gobierno del país deja de cobrar impuestos que le pertenecen. Es una treta difícil de detectar, pero muy generalizada: se estima que se produce en más del 50% de las transacciones comerciales de Latinoamérica y África.

•    Falsear las transferencias de bienes y servicios: es un sistema similar al anterior, que consiste en alterar los precios de los intercambios de bienes y servicios que se realizan entre las filiales de una multinacional. Dado que el 60% del comercio mundial se lleva a cabo entre filiales de empresas, existe un amplio margen para manipularlas. Y los países en desarrollo están indefensos ante esta práctica, porque carecen de la información suficiente para verificar que los precios de las operaciones que realizan las empresas son correctos.

•    Falsear las transferencias financieras: en este caso se trata de exagerar los costes de las operaciones financieras que se hacen entre las filiales de una multinacional. Por ejemplo, una filial hace un préstamo a otra a un interés muy alto, aunque en realidad la otra empresa no pagará los intereses, pero podrá deducir estas cantidades de los resultados que declara.

•    Evadir capital: otra modalidad habitual es sacar dinero en efectivo de un país sin declararlo ni pagar los impuestos pertinentes (los famosos “maletines”), por lo que se convierte en dinero “negro” que luego se blanquea con procedimientos como los citados anteriormente.

•    Falsear inversiones: en muchos países en desarrollo se ofrecen exenciones o reducciones de impuestos a las empresas que realizan inversiones. Algunas multinacionales transfieren a un paraíso fiscal las ganancias que obtienen en un país y luego las vuelven a repatriar en forma de inversiones. De esta forma, además de no pagar impuestos por las ganancias obtenidas, disfrutan de exenciones fiscales.

•    Sobornos: otro sistema menos sutil es sobornar a las autoridades locales para obtener condiciones más favorables, o lograr que hagan la vista gorda ante las actividades de las multinacionales. André Tarallo, ex directivo de Elf, aseguró ante el tribunal que juzgaba las actividades de esta compañía que “todas las petroleras internacionales han usado sobornos desde la primera crisis del petróleo en los 70 para asegurarse el acceso a las explotaciones”.

Sean legales o ilegales, el resultado de estas prácticas siempre es que los ciudadanos de los países pobres acaban recibiendo una compensación insuficiente por la explotación de sus recursos naturales. Por ejemplo la República Democrática del Congo, que acumula las mayores reservas mundiales de minerales como el coltán (de donde se extrae el preciado tantalio que sirve fabricar los chips de los ordenadores, teléfonos móviles, videoconsolas, etc.), obtuvo en 2006 ¡menos de 86.000 dólares! por los derechos de las explotaciones mineras del país.

¿Por qué es tan fácil engañar a los países pobres?

Todos estos métodos de expolio se aprovechan de la necesidad que tienen los países en desarrollo de acelerar su crecimiento. En muchos casos, para atraer a grandes empresas las autoridades de estos países están dispuestas a realizar importantes concesiones. Además, las negociaciones de este tipo de acuerdos generalmente no se realizan en términos de igualdad.

George Soros, financiero y filántropo de fama mundial, ha identificado tres aspectos claves que lastran la capacidad de los países en desarrollo para establecer acuerdos justos:

•    Información asimétrica: cuando las grandes multinacionales llegan a un país para negociar su implantación, traen ejércitos de abogados, contables y expertos. Estos asesores saben más sobre el sector y el valor real de los recursos que los gobiernos de los países con los que negocian. Los países en desarrollo no cuentan con personal con estos conocimientos: los pocos profesionales que destacan son rápidamente contratados por las multinacionales. Otra faceta de la información asimétrica es que los ciudadanos de los países en desarrollo no suelen recibir información sobre los acuerdos que firman sus gobiernos.

•    Negociación asimétrica: otra arma que utilizan las multinacionales al negociar con los gobiernos de los países en desarrollo es amenazar con no instalarse en el país, o retirarse del mismo, si no se aceptan las condiciones que ofrecen. Este método era especialmente habitual antes del boom del precio de las materias primas y resulta especialmente grave en el caso de las empresas que tienen prácticamente el monopolio mundial en la explotación o la transformación de los recursos que se extraen en los países pobres.

•    Representación asimétrica: la propiedad de los recursos naturales es un atributo de la soberanía popular. Sin embargo, los gobiernos de los países en desarrollo que representan a su pueblo no negocian con otros gobiernos, sino con ejecutivos de multinacionales que sólo responden ante sus accionistas. Es fácil que la negociación se rebaje al nivel de los beneficios personales, olvidando los intereses de la población. Esto también sucede cuando las instituciones internacionales que asesoran a los países en desarrollo no defienden adecuadamente los intereses de estos estados, al recibir presiones de las multinacionales.

Estos problemas son habituales en las relaciones entre los países en desarrollo y las multinacionales en todos los sectores, pero especialmente graves en el caso de los minerales y el petróleo. Prácticamente siempre, los países ricos salen más beneficiados del acuerdo.

Bienvenido a los paraísos fiscales

La mayor parte del dinero que las corporaciones multinacionales obtienen ilegalmente de los países en desarrollo acaba en los denominados paraísos fiscales. Se trata de estados que ofrecen unas condiciones fiscales mucho más favorables a las personas y empresas.

Las principales ventajas que ofrecen estos paraísos fiscales son:

•    Impuestos menores o inexistentes: es posible crear empresas que pagan muy pocos impuestos, o ninguno, sobre las ganancias que se les atribuyen.

•    Secreto bancario: se pueden mantener en secreto las identidades de los propietarios reales de las cuentas bancarias y de las empresas.

•    Información restringida: estos paraísos se resisten o se niegan a facilitar a otros países información sobre las cuentas de las personas y empresas que operan en el país.

En este sentido, la OCDE distingue actualmente a los paraísos fiscales entre cooperantes (aportan algún grado de información a la justicia de otros países) y no cooperantes (se niegan a entregar cualquier tipo de información sobre sus clientes).

Los paraísos fiscales están firmemente asentados en el orden financiero mundial. Muchos famosos depositan sus fortunas en paraísos fiscales, como el campeón de la F1 Lewis Hamilton o el cantante Phil Collins. Pero estas fortunas son sólo una pequeña parte de las enormes cantidades de dinero que mueven los paraísos fiscales: según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en estos estados hay depositados entre 5 y 7 trillones de dólares, lo que viene a ser el doble del Producto Interior Bruto de un país como Reino Unido. No todo este dinero tiene un origen legal, por lo que la tendencia actual es forzar la colaboración de estos paraísos fiscales al menos para la persecución de delitos como el terrorismo o el narcotráfico, a cambio de respetar sus privilegios en materia fiscal.

Sin embargo, se habla muy poco sobre el papel que estos paraísos fiscales tienen en un sistema de comercio internacional que empobrece a los países en desarrollo. Resulta muy significativo que las cuatro mayores consultoras financieras del mundo (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte y Ernst & Young) estén presentes en prácticamente todos los paraísos fiscales, junto a las principales firmas de asesoría financiera y de abogados del planeta.

Además de ayudar a sus clientes a evitar el pago de impuestos a través de las sociedades y las cuentas secretas que crean en estos países, estas empresas también colaboran con los gobiernos de los paraísos fiscales para diseñar nuevos productos que atraigan a más clientes y que eludan las limitaciones y controles que imponen los gobiernos de los otros países.

Las multinacionales utilizan estos paraísos fiscales de dos formas diferentes:

•    Holdings: se trata de entramados de empresas registradas en paraísos fiscales a los que las multinacionales transfieren sus ganancias para depositarlas fuera del alcance de las autoridades de sus países. A su vez, estos holdings se encargan de financiar a las filiales de las multinacionales mediante préstamos internos, cuyas condiciones escapan al control de las autoridades fiscales nacionales. En algunos casos, estas transferencias sirven para especular con el cambio de divisas. Los holdings también se utilizan para depositar los derechos de propiedad intelectual de las empresas en condiciones mucho más ventajosas que las de la mayoría de los países. Algunas de las mayores empresas del mundo que trabajan con holdings en paraísos fiscales son BP, Wal-Mart, Ford, Microsoft, Adobe o Virgin.

•    Trusts: un trust es una entidad legal a la que una persona o empresa encarga la gestión de su capital. La mayoría de los paraísos fiscales permiten crear y gestionar trusts sin necesidad de declarar su existencia, publicar las cuentas ni facilitar los nombres de las personas que los administran y de sus beneficiarios. Por lo tanto, son una herramienta ideal para reducir o evitar el pago de impuestos.

Además de permitir actividades poco honestas, o directamente ilegales, que perjudican a los países en desarrollo, los paraísos fiscales suponen una dura competencia también para los países más desarrollados. Muchas de las empresas de estos estados evitan pagar impuestos en sus países de origen mediante los entramados que crean en los paraísos fiscales. Y otras optan directamente por establecer su sede en estos estados, aunque realmente desarrollen sus actividades en otros países. Esto les permite incluso eludir sus responsabilidades legales.

Argentina es un país que conoce muy bien los efectos perniciosos de los paraísos fiscales. En los años 90, muchos militares transfirieron a paraísos fiscales el dinero que habían robado durante los años de la dictadura. En el año 2005, doscientas personas murieron en el incendio de una discoteca de Buenos Aires, cuyas salidas de emergencia estaban cerradas con llave. El caso generó una enorme ira popular, porque la discoteca pertenecía una empresa registrada en Uruguay (un paraíso fiscal) y no se pudo averiguar quién debía pagar las indemnizaciones de los fallecidos. Tras este escándalo, las autoridades argentinas prohibieron operar en el país a ninguna empresa que estuviera registrada en un paraíso fiscal.

Otros países como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o incluso España también sufren la competencia desleal de los paraísos fiscales. Este problema se ha agravado en los últimos años con la eliminación de los controles de cambio de muchos países, la desregulación de los mercados financieros y la generalización de Internet. Esto ha permitido agilizar el movimiento del dinero y ha multiplicado el número de paraísos fiscales. También ha provocado que sea más evidente que nunca la necesidad de una mayor transparencia en su funcionamiento.

Algunos ejemplos del expolio

Los países del continente africano constituyen una de las pruebas más claras del expolio al que algunas multinacionales someten a los más pobres del planeta, mediante los acuerdos injustos, la evasión de impuestos y el uso de paraísos fiscales.

Zambia es uno de los ejemplos más descarados de cómo las empresas y los organismos internacionales se compinchan para saquear un país. A finales de los 90, este estado del centro de África estaba en la bancarrota. Los organismos financieros internacionales obligaron al gobierno a privatizar sus minas de cobre, en una operación diseñada por un banco británico y un bufete de abogados americano. Los acuerdos se negociaron de espaldas a la población y tienen una vigencia de 20 años. El royalty medio de las explotaciones se redujo del 3% al 0,6% y las empresas mineras sólo deben pagar el 12% de los impuestos corporativos. En los últimos años el cobre ha cuadriplicado su valor, pero el 86% de la población de Zambia sigue por debajo del umbral de la pobreza. En 2008, el nuevo gobierno canceló el acuerdo, lo que le ha valido una denuncia de las empresas mineras ante el Banco Mundial.

Pero este no es el caso más escandaloso que se ha producido en África. En Liberia, la empresa acerera Mittal firmó un acuerdo con el gobierno que le permite fijar los precios del mineral de hierro que se extrae en el país, lo que en la práctica supone que decide los royalties que paga al estado. El acuerdo se cerró en secreto tres meses antes de las primeras elecciones tras la guerra civil, y lo primero que hizo el nuevo gobierno fue denunciar las condiciones del contrato.

En Tanzania desde 1998 cada año se abre una nueva mina de oro. El país también produce diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas. Sin embargo, la mitad de sus 39 millones de ciudadanos vive con menos de 1 dólar al día y la esperanza de vida no supera los 51 años. Esta situación resulta muy sorprendente teniendo en cuenta que en los últimos años el oro ha alcanzado precios récord. Aún resulta más chocante que la mayoría de las empresas mineras que operan en el país estén en pérdidas, pese a explotar algunos de los yacimientos más ricos del mundo con royalties bajos y una mano de obra barata. En 2003, el Gobierno de Tanzania contrató a auditores independientes para analizar la situación. Su informe demostró que las cuatro mayores empresas mineras que tienen concesiones en el país inflaron sus pérdidas en más de 500 millones de dólares. De esta forma, evitaban pagar impuestos sobre los beneficios.

Hay decenas de casos similares o peores. Sin embargo, también existen ejemplos que invitan a la esperanza. Malawi, el cuarto país más pobre del mundo, cuenta con una mina de uranio cuyos beneficios podrían significar enorme mejoras para su población. Antes de empezar a negociar, el gobierno del país analizó la situación de sus vecinos y decidió no cometer lo mismos errores: anunció que prefería posponer la explotación antes que firmar un mal acuerdo. Con el debido asesoramiento, lograron fijar un royalty razonable y una participación pública del 15% en la mina. La empresa explotadora paga unos impuestos del 27,5% sobre los beneficios. Incluso algunas organizaciones civiles que denunciaron al gobierno por la afectación ecológica del mayor lago del país acabaron aceptando el acuerdo tras negociar con todas las partes.

Es una muestra de cómo un acuerdo justo puede beneficiar a todos. Por desgracia, no es frecuente: muchos países siguen viendo cómo se expolian sus riquezas sin ser compensados.

¿Quién tiene la culpa?

Ni los paraísos fiscales, ni las estrategias que las multinacionales utilizan para conseguir condiciones comerciales ventajosas en sus acuerdos y evitar pagar impuestos, serían posibles sin la colaboración de miles de profesionales del mundo del derecho, las finanzas y la banca. Y no se trata de oscuras firmas que operan a escondidas en oficinas clandestinas…

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB) es el organismo privado que establece las reglas para la presentación de las cuentas financieras de las empresas. Más de 100 gobiernos de todo el mundo, incluidos la mayoría de los estados europeos, convierten las recomendaciones de este organismo en leyes que regulan las actividades financieras.

No resulta casual que la mayor parte de los componentes de la junta directiva del Consejo sean ex-directivos de las mayores empresas de consultoría financiera: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young y KPMG. Estas cuatro grandes consultoras también financian al Consejo mediante una fundación registrada en Delaware (estado norteamericano que es uno de los primeros paraísos fiscales del mundo y donde tienen su sede las principales empresas de Estados Unidos: Wal-Mart, General Motors, Ford, Boeing, Citigroup, Coca-Cola…)

Las cuatro grandes consultoras que financian y controlan el Consejo han pagado en los últimos años grandes sumas de dinero para cerrar litigios en los que se las acusaba de vulnerar las regulaciones financieras.

En Estados Unidos KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young han abonado multas de hasta 456 millones de dólares por malas prácticas financieras. En Reino Unido Ernst & Young tuvo que pagar 750.000 libras por ocultar información y también estuvo implicada en un fraude del IVA. Las cuatro empresas han sido multadas asimismo en Italia por ponerse de acuerdo para limitar la competencia en el mercado de la auditoría.

Estos escándalos se han producido en países desarrollados que cuentan con autoridades fiscales fuertes. ¿Qué puede estar sucediendo en los países en desarrollo, cuyos controles son más laxos? No queremos decir que las 500.000 personas que trabajan en todo el mundo para estas cuatro grandes firmas, o los centenares de miles de empleados de otras empresas más pequeñas, infrinjan sistemáticamente las leyes. Afortunadamente no es así.

Pero sí sería deseable que estas empresas tuvieran una actitud más responsable respecto a los métodos y estrategias que recomiendan a sus clientes para eludir el pago de impuestos. La fiscalidad no puede ser entendida únicamente como un coste a recortar: es un mecanismo de redistribución de la riqueza.

Si tenemos en cuenta que 50 de las 100 mayores potencias económicas del planeta son empresas, no países, las firmas que asesoran a estos grupos multinacionales también deberían ser conscientes de los efectos que sus argucias financieras pueden tener sobre las vidas de millones de personas.

¿Qué podemos hacer?

A menos que se adopten medidas a nivel internacional para acabar con estas deficiencias del sistema financiero mundial, los países en desarrollo seguirán atrapados en la trampa de la pobreza, sin poder recaudar los impuestos que les corresponden.

Las estrategias que usan algunas multinacionales para conseguir condiciones comerciales más ventajosas, aunque sea a costa de empobrecer a los países donde operan, se ven favorecidas por la permisividad de la ley en cuanto a las transacciones financieras y los paraísos fiscales. Por si fuera, poco, las grandes consultoras que se supone que son responsables de vigilar que no se cometan irregularidades están implicadas en muchas de estas prácticas fraudulentas, con el apoyo de importantes bancos y prestigiosas firmas de abogados.

Es necesario un cambio de mentalidad global en esta materia, que debe ser impulsado y liderado por los gobiernos de los países desarrollados, con medidas como las siguientes:

•    Evaluar la verdadera dimensión del problema: realizar estudios sobre los flujos ilícitos de capital y la evasión de impuestos, especialmente en sus propias jurisdicciones y áreas de influencia, y respecto al papel que tienen sus empresas y organizaciones en este asunto.

•    Impedir la ocultación de beneficios: promover un nuevo estándar contable internacional que obligue a las empresas a informar sobre sus actividades en cada país. Las cuentas publicadas deben detallar sus actividades económicas en cada jurisdicción, sin excepciones.

•    Repatriar la riqueza ilícita: poner en marcha mecanismos que permitan retornar a los países afectados la riqueza que ha sido extraída de forma ilícita. Los países deben revelar la información necesaria y cooperar en la devolución de los fondos obtenidos ilegalmente.

•    Requerir a los bancos que desvelen la propiedad de las entidades extranjeras a las que prestan servicios, para que esta información pueda ser intercambiada entre los países.

•    Promover la adopción de principios para prevenir el abuso creativo del sistema fiscal por parte de los juristas, los contables y los banqueros, a nivel nacional e internacional.

•    Obligar a los empleados de las empresas de importación y exportación a firmar sus facturas, asegurando que los precios son correctos bajo su responsabilidad personal.

•    Presionar para reformar el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, de forma que se acabe con su control privado, adquiera estatus de agencia internacional e incorpore a miembros que no representen exclusivamente los intereses de la comunidad financiera.

•    Apoyar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en sus esfuerzos para regular los paraísos fiscales, mediante el intercambio de información. Los paraísos que no cooperen de forma activa deben recibir sanciones internacionales.

•    Proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo, cuando la requieran, para ayudarles a resolver las desigualdades comerciales y negociar acuerdos justos.

Estas acciones deben ser adoptadas unilateralmente por los países, y multilateralmente a través los organismos en los que participan, como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Sólo la cooperación de la comunidad internacional erradicará este problema.

El papel de España

España, como octava economía mundial y miembro de la Unión Europea, también tiene su parte de responsabilidad en esta situación. El 69% de las empresas que componen el índice selectivo Ibex 35 está presente en paraísos fiscales, según un estudio elaborado del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Numerosas empresas y despachos de abogados ofrecen a sus clientes, con toda naturalidad, formas de eludir el pago de impuestos, que en muchos casos son como mínimo dudosas. Y en la propia Península Ibérica se ubican dos paraísos fiscales (Andorra y Gibraltar) considerados por las autoridades como “no cooperantes”.

Es verdad que España ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo de ayuda al desarrollo, que alcanzará en 2012 el 0,07% de su Producto Interior Bruto. Y que los tribunales españoles se han mostrado en los últimos años muy activos en destapar y perseguir los entramados fiscales vinculados a la corrupción.

Desde InspirAction aplaudimos estos esfuerzos, pero también pedimos al Gobierno español que presione en el seno de la Unión Europea y de los organismos internacionales en los que participa, para que otros países sigan su ejemplo. Así mismo, debe ser pionero en instaurar una tolerancia cero respecto a las empresas que evaden el pago de impuestos e imponen condiciones comerciales desfavorables a los países en desarrollo.

Hay mucho trabajo que hacer para conseguir que el pernicioso sistema fiscal mundial actual se transforme para beneficiar no sólo a los ricos, sino también a las personas más desfavorecidas del planeta. InspirAction pide al Gobierno de España que lidere la reforma de este sistema mediante las medidas que sugerimos en este informe. Por nuestra parte, seguiremos colaborando con la sociedad civil de los países en desarrollo para apoyar sistemas fiscales más efectivos y demandar a los gobiernos y las empresas más responsabilidad y transparencia.

Sabemos que el reto es de una enorme magnitud; pero también lo son los beneficios que reportaría esta transformación. Hoy, 1.000 niños más morirán en los países en desarrollo, principalmente por la falta de recursos sanitarios básicos que sus gobiernos no pueden financiar debido a la merma de ingresos que supone la evasión fiscal. Millones más de personas fallecerán en los próximos años… mientras nos preguntamos cómo salir de nuestra “crisis”.

Ya no podemos alegar que no sabíamos lo que pasaba. Las pruebas que recogen informes como éste son numerosas e incontestables. Así que basta de excusas: es hora de actuar.

¿Qué es InspirAction?

InspirAction es una organización internacional de desarrollo nueva en España, que lucha por erradicar la pobreza global, y la injusticia de los sistemas que la perpetúan.
InspirAction tiene como objetivo ser el portavoz de los olvidados, de aquellos que son, pero no están. Quieren acabar con esta invisibilidad mediante la acción, implementando soluciones reales y prácticas mediante sus contrapartes, organizaciones locales que trabajan en 49 países de todo el mundo. InspirAction quiere que la voz de los olvidados sea un grito contundente: ¡estamos aquí!
Informáte en www.InspirAction.org

Este documento es un extracto actualizado del informe “Death and taxes: the true toll of tax dodging”, publicado por Christian Aid en mayo de 2008. Se actualizó en abril de 2009. Si lo deseas, puedes solicitar la versión completa de este documento (en inglés), escribiendo a informacion@InspirAction.org

Si eres periodista y quieres hablar con nosotros, escribe a prensa@InspirAction.org

1. INTRODUCCION: EL MARCO GLOBAL.

1.1. Vivimos en una etapa muy particular de la evolución humana: la post modernidad y su fenómeno característico, la globalización, son realidades frente a las cuales se puede adoptar cualquier actitud menos la de ignorarlas.

No queremos reiterar conceptos ya expuestos por destacados estudiosos y pensadores; baste a estos fines introductorios recordar como se han superado los límites otrora marcados por las distancias geográficas y las fronteras de los países. Los estados han perdido buena parte de su soberanía y poder de decisión, a la par que la fluidez o liquidez que predomina en nuestro tiempo -tal como la define Bauman- avanzan sobre cada faceta de la vida. (1)

Hace más de 200 años, Kant anticipaba “una unificación perfecta de la especie humana a través de la ciudadanía común” como consecuencia del supremo designio de la naturaleza (2). Esa unificación global es una realidad, aunque mucho dista de ser perfecta e incluso sea por demás dudosa la benevolencia de su condición actual. Lo cierto es que el mundo es uno solo y ello marca a fuego cualquier consideración que se efectúe en cada campo de acción y, por lógica, en cada análisis jurídico.

1.2. Esta comunidad planetaria globalizada afronta el mayor riesgo de su breve historia, apenas una página en el grueso libro que narra la trayectoria de la Tierra desde el origen de la vida. La destrucción definitiva del habitat de las personas -y la consiguiente extinción del género- es una posibilidad concreta y cercana. La huella ecológica del hombre ha acelerado a extremos insoportables el calentamiento global, el efecto invernadero y otros fenómenos ambientales, generando innúmeras catástrofes en constante incremento. La amenaza de convertir el daño en irreversible es grave y el tiempo para atenderla se acorta. Revertirla exigirá un enorme esfuerzo mancomunado que hoy no parece estar en los planes de los gobernantes, a nivel local ni internacional, pese a las advertencias de los más caracterizados científicos y estudiosos. (3)

1.3. En paralelo, el fabuloso desarrollo tecnológico de los siglos recientes, notoriamente acentuado en las últimas décadas, ha producido un doble fenómeno: el crecimiento sostenido de la economía mundial y la multiplicación de las desigualdades entre las naciones y entre las personas, que alcanzaron dimensiones impensables poco tiempo atrás. (4)

La magnitud de la pobreza y la miseria en el mundo actual compromete la vida y la dignidad de más de la mitad de la población, que resulta excluída básicamente en función del lugar de su nacimiento. 2.800 millones de personas -dos de cada cinco habitantes del planeta- sobreviven con menos de dos dólares diarios, mientras que 1.000 millones cuentan con menos de un dólar por dia (5); más de 2.000 millones viven sin electricidad y 6.000.000 de niños mueren de hambre cada año (6), conceptos difíciles de incorporar para quienes formamos parte de la elite privilegiada que disfruta los maravillosos logros de la ciencia y la técnica.

En el plano de las desigualdades, las 500 personas más ricas poseen un ingreso superior al de los 460 millones de habitantes más pobres del planeta, según lo reseñara el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último informe anual. (7) Podríamos seguir aportando datos de esta índole hasta el cansancio, ya que resultan de los registros de Naciones Unidas, información cuya objetividad no da lugar a dudas.

Puede entonces afirmarse que nunca se avanzó tanto en tan poco tiempo y ello comprende todas las facetas científicas y tecnológicas, pero a la vez nunca estuvimos tan cerca del abismo hacia el que nosotros mismos llevamos el carro de la historia. El transcurrir de la globalización es cronológicamente breve, mas alcanzó para producir una depredación en la Tierra largamente superior a la de las diversas etapas que la precedieron durante miles de años. Lo que es más grave, esta etapa amenaza seriamente con ser la última. (8)

1.4. La configuración del mundo como escenario único y la aniquilación de las distancias, abrieron de par en par las puertas al afán de lucro en su más cruda expresión. El denominado “capitalismo salvaje” se ha desplegado en claro perjuicio de los principios que en origen lo justificaron; no se trata de crear riqueza y -en alguna medida- derramarla hacia la comunidad; lejos quedaron las metas vinculadas al desarrollo económico y a la expansión productiva. No existe el largo plazo. El fin de los grandes factores de poder económico -siempre vinculados al poder político- sólo se limita por su conveniencia y ésta se define por períodos cada vez más breves. El cuadro de situación se completa con la pérdida creciente de posibilidad de control de los estados -muchas veces acompañada por la resignación voluntaria de sus facultades-.

1.5. Quizás pueda parecer a algunos exagerada nuestra visión, permitásenos entonces ejemplificar brevemente: Enron, World Com, Parmalat, son emblemas de ese fenómeno de pérdida total de valores en un tiempo trascendentes, de la recurrencia a cualquier metodología -incluyendo la violación de todo parámetro legal, sea fiscal, civil o criminal- para obtener ganancias desmedidas en el menor plazo posible. Hablamos de miles y miles de millones de dólares desfalcados a millones de personas que ahorraron durante años los frutos de su trabajo y los perdieron a manos de la especulación fraudulenta.

Estos fenómenos de “guante blanco” se combinan con la corrupción para llevar adelante sus fines sin tolerar restricciones ni respetar normativa alguna. No nos referimos a la corrupción tal como se la conocía unas décadas atrás, centrada en cúpulas y gobiernos de países subdesarrollados, por lo general con regímenes autoritarios, donde todo era posible. La dimensión de lo corrupto puede darla ahora -entre tantos otros casos- la existencia de fuertes sospechas sobre contratos multimillonarios celebrados por los Estados en las principales economías del mundo, por ejemplo en torno a la guerra y sus negocios conexos o a las reconstrucciones de zonas destruídas por cataclismos naturales.

El protagonismo alcanzado por el terrorismo y la escalada del tráfico de drogas y armas, son otros aspectos cruciales que no deben perderse de vista; se han convertido en negocios multimillonarios, largamente superiores en volumen a la mayoría de las actividades productivas y cada vez mejor organizados.

Cabe entonces hablar de una novedosa concepción de la delincuencia, que ya no se identifica con la criminalidad tradicional -asociada a la marginalidad- sino que aparece caracterizada por las ideas de organización, transnacionalidad y poder económico (9).  Todos esos “emprendimientos” generan la evidente necesidad de blanquear el dinero obtenido mediante los mismos, cuyo origen y fines son, claro, injustificables. Para ello se emplean las estructuras más aptas para el anonimato y el ocultamiento.

1.6. Los derechos y garantías reconocidos por la comunidad planetaria a través de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, las convenciones regionales en la materia y la inmensa mayoría de las constituciones nacionales, se ven gravemente afectados por la realidad descripta. Lo propio sucede con el sistema democrático cuya vigencia en buena parte del globo se restringe en gran medida a lo formal. El fuerte escepticismo que predomina en la población mundial respecto de sus dirigentes y la falta de alternativas futuras, son también “globales” y han sido receptados en diversas encuestas conocidas en los últimos tiempos.

Es que la contradicción entre lo que se afirma como pacto fundamental entre las personas  -lo que en teoría es el orden jurídico vigente- y la realidad, nos coloca ante una notoria paradoja: los derechos y garantías han adquirido un reconocimiento legal ciertamente trascendente, a resultas de una evolución muy destacable. Ello se refleja en los cuerpos normativos internacionales y nacionales pero -en gran medida- no rige en los hechos, tal lo que acreditan las estadísticas, algunas de las cuales reseñamos antes. (10)

1.7. En ese contexto debe plantearse, a nuestro criterio, una problemática jurídica de hondas consecuencias para la sociedad global, cual es la de las sociedades denominadas “off shore”, cuyo campo de acción se extiende a todos los rincones del planeta y a través de las cuales se movilizan, en sigilo y tras las sombras creadas por aceitados mecanismos de presunta legitimidad, fortunas multimillonarias.

Proponemos evaluarla desde el punto de vista del interés general, analizando a partir de las conclusiones obtenidas la razonabilidad y conveniencia de otorgarles status legal. La trayectoria de la modalidad societaria a la que nos referimos, los innumerables casos en que se la emplea como herramienta para los más escandalosos fraudes, el amparo sigiloso de la corrupción, el tráfico de armas, drogas y el terrorismo, justifican este planteo.

No aludimos a hechos novedosos, muy por el contrario son conocidos y han sido materia de amplia difusión pública. Por desgracia, acorde con la velocidad de la información en nuestro tiempo y la escasa profundidad de los análisis, la noticia no trasciende del escándalo momentáneo y rápidamente se pierde su efecto. Son demasiado poderosos los intereses en juego para que el tema se instale en la sociedad y genere soluciones.

Es preciso entonces un sinceramiento, responder sin hipocresía ni segundas intenciones preguntas cruciales y adoptar las decisiones pertinentes en función de las respuestas. Es acaso posible poner límites a los fenómenos delictivos más graves de la época sin encarar con firmeza la cuestión de las sociedades off shore y el status de los paraísos fiscales?  Hay alguna razón jurídica para reconocerles los privilegios de que gozan? Hay algún motivo para no repudiar esa verdadera “tierra de nadie” donde encuentran seguro refugio quienes conciben su vida al margen de la Ley y en desmedro de la comunidad?

2. SOCIEDADES OFF SHORE Y PARAISOS FISCALES.

2.1. Por definición, las sociedades off shore son aquellas que tienen prohibido ejercer su objeto en el estado en que se constituyeron, donde carecen de capacidad para adquirir derechos y de legitimación para obrar. Su objeto es entonces -salvo excepciones de algunos regímenes que les permiten una actuación local restringida- actuar fuera del territorio de su lugar de origen. Así las define en nuestro país, con apropiada terminología, el art. 1 de la Resolución General Nº 2/2005 de la Inspección General de Justicia (I.G.J.). (11)

No abundaremos en información conocida: miles de sociedades de ese tipo son instrumentos formales ficticios sin otro objeto que el de encauzar inmensas sumas de dinero en todos los rincones del orbe, colocadas al margen de cualquier contralor de los estados donde efectivamente se emplean.

El caso argentino asume en tal contexto ribetes de sumo interés y aporta a la clarificación del concepto aquí introducido sobre el uso de las sociedades off shore: quince mil valiosos bienes inmuebles ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires están registrados a nombre de sociedades de esa índole, las cuales en un altísimo porcentaje, alegan que se trata de “actos aislados”, para evitar registrarse ante el organismo de contralor societario valiéndose artificiosamente de la excepción establecida en el art. 118 de la Ley de Sociedades. (12)

No se trata, claro, de genuinas inversiones extranjeras concretadas a través de esa formalidad instrumental, sino de propiedades que -en su inmensa mayoría- pertenecen a ciudadanos argentinos que no tienen modo de acreditar el origen de los fondos con los cuales las adquirieron. De modo ostensible, podríamos decir grosero, se simulan supuestos entes societarios al amparo de lo oculto e inaccesible, con fines abiertamente antijurídicos. (13)

2.2. La figura legal que analizamos se asocia a los denominados “paraísos fiscales”, ámbitos geográficos de baja o nula tributación que promueven la “radicación” de entidades de esas características. La regla es la falta de control estatal sobre el funcionamiento societario, librado por entero a la discrecionalidad de cada sociedad. El anonimato es clave para asegurar que nadie conocerá a los socios ni sus participaciones societarias; las obligaciones de presentar balances e informar sobre la actividad son nulas o de gran laxitud y todo transcurre con total “privacidad”, sin más recaudo que algún “representante” lugareño, por lo general un abogado o contador especializado en ese negocio. Los entes así conformados, una vez obtenida la registración -verdadera “patente de corso”-, salen al mundo para actuar como personas jurídicas, amparados por su “pertenencia” al país donde la lograron.

2.3. Algunas reflexiones derivan en forma natural de lo hasta aquí expuesto:

2.3.1. Es por demás evidente que la constitución de una sociedad en un país donde no desarrollará actuación significativa, persigue eludir la aplicación de las leyes del país o países donde si lo hará.

2.3.2. Las ventajas que brindan los ámbitos geográficos conocidos como paraísos fiscales -nula o baja tributación, ausencia de control, garantía de anonimato- permiten canalizar por vía de las sociedades off shore la inversión de fondos cuyo origen no puede declararse, sea porque su dueño no los obtuvo por vías legales o porque de conocerse su titular real el mismo se vería expuesto a la acción de sus acreedores.

2.3.3. De allí en más surgen diversas alternativas para el análisis:

2.3.3.1. Si hablamos de blanqueo de fondos, ellos pueden provenir de la violación de leyes fiscales (omisión del pago de impuestos, que constituye delito en la gran mayoría de los países), del narcotráfico, del terrorismo y de otras fuentes ilegales.

2.3.3.2. Si nos referimos a motivos de los titulares para ocultarse, es dable considerar la defraudación del cónyuge u otros familiares, la de quienes tuvieran contra ellos créditos derivados de contratos o la de otros acreedores por cualquier causa.

2.3.4. Es cierto que técnicamente podrían constituirse sociedades off shore cuyos socios acreditaran fehacientemente el origen de los fondos aportados, declararan en sus países de radicación la existencia del emprendimiento y cumplieran con sus obligaciones fiscales correspondientes. Sin embargo y más allá de la ingenuidad lindante con el absurdo que implica la hipótesis, ella es por completo descartable por la manifiesta inconveniencia de incurrir en los gastos que demanda, salvo cuando lo procurado es obtener ventajas a través de alguna forma de violación del ordenamiento jurídico.

2.3.5. Un caso especial dentro de las sociedades off shore son las denominadas “sociedades vehículo”, aquellas donde los accionistas se encuentran claramente identificados, el origen de los fondos es fácilmente demostrable y la organización societaria es una modalidad elegida básicamente por la ventaja fiscal derivada de la baja o nula tributación. No obstante el ente “vehículo” saldrá luego a interactuar y contratar con terceros en otros países y quedará preservado de los controles legales que debería afrontar de haberse constituído en alguno de los lugares donde efectivamente actuará. Además, la transparencia en cuanto a la integración de su capital no implica -salvo casos de excepción- responsabilidad de sus accionistas, lo que afectará en definitiva las eventuales acciones de quienes resulten acreedores de tal “vehículo”.

2.3.6. La idea misma de paraíso fiscal aparece como contraria a principios fundamentales de la convivencia social y el Estado de Derecho. Toda sociedad democrática -y aún las que no lo son- se sustentan en la contribución de sus ciudadanos para atender a las obligaciones esenciales del estado. El principio de la igualdad es básico para el cálculo de los impuestos y las cargas públicas (en nuestro país, conforme art. 16 de la C.N.) y es de estricta justicia que quienes más tienen contribuyan de un modo proporcionalmente superior, progresivo, lo cual suele estar presente en los ordenamientos tributarios de los países más avanzados y, cuando menos, constituye un objetivo cuyo enunciado no admite controversias.

2.3.7. La conceptualización del contribuyente en los países desarrollados redondea la idea:

2.3.7.1. Contribuir es un deber insoslayable para el ciudadano cuyo incumplimiento se castiga con dureza y lo coloca al margen de la ley y del reconocimiento social –recordemos al célebre Al Capone condenado por evasión fiscal-. Nada puede pues justificar la concesión de prerrogativas en ese campo en desmedro del bien común.

2.3.7.2. Un recordado alegato público del entonces Secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América, Paul O´Neill, invocaba como prioritarios para su país los intereses de los carpinteros y plomeros estadounidenses, clara alusión a los contribuyentes que lo sostienen, simbolizados por la imagen de trabajadores especializados que aportan en proporción a sus modestos ingresos. Es interesante correlacionar ese planteo filosófico con la “libertad” otorgada a las sociedades off shore, miles de ellas formadas por las más caracterizadas empresas norteamericanas, aunque ninguna seguramente por carpinteros o plomeros.

2.3.8. La reducción de cargas fiscales no sólo afecta los principios que sustentan la organización social en la democracia sino que agravia de manera irreparable la competencia leal en los negocios, sin la cual el sistema económico capitalista pierde sentido y el mercado concluye manejado exclusivamente por los monopolios y oligopolios. Los efectos de la globalización, conocidos y destacados unánimemente por los economistas y sociólogos en todo el planeta, agravan y mucho el problema, ya que las ventajas se explotan de inmediato en la misma forma global.

2.3.9. Podrá discutirse a nivel de propuesta política si cabe o no al estado la misión de reducir las desigualdades y contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza, pero sin duda nadie postula -o al menos nadie lo confiesa de manera abierta- que sea su función acentuar las desigualdades y otorgar ventajas a los pocos privilegiados que pueden acceder al uso de tipos societarios sofisticados como los que analizamos. Más cuando los mismos tienen finalidades contrarias al interés general y al ordenamiento jurídico.

2.3.10. Es sabido, por otra parte, que los paraísos fiscales se asientan por lo general en pequeños territorios, algunos de los cuales inclusive se encuentran bajo la jurisdicción directa o indirecta de países del primer mundo. No suelen realizarse en ellos actividades productivas de trascendencia, y las numerosas estructuras bancarias y financieras off shore allí asentadas no pasan de pequeñas oficinas por las que circula la información sobre transferencias millonarias, que no se detienen allí más que las décimas de segundo necesarias para tomar debida nota en el sistema informático. (14)

2.4. Podemos pues concluir que los paraísos fiscales y las sociedades off shore son modalidades de organización de la actividad económica que propician, canalizan o cuando menos posibilitan la realización de actividades ilícitas de diferentes grados y consecuencias. No encontramos motivos de conveniencia para utilizarlas fuera de ese contexto que, en los casos de menor gravedad, involucran supuestos de competencia desleal, evasión fiscal y ocultamientos susceptibles de perjudicar a quienes se relacionen o contraten con los entes allí radicados y, en muchos otros, constituyen la modalidad más apropiada para la comisión de delitos gravísimos que perjudican globalmente al género humano.

3. LA TRANSPARENCIA: UNA NECESIDAD.

3.1. Son múltiples las razones que avalan el requisito de la transparencia en los actos jurídicos en general y en los negocios en particular. En materia de sociedades comerciales, entes a los cuales se concede el beneficio extraordinario de limitar la responsabilidad a su patrimonio, excluyendo la de sus socios, la cuestión adquiere una dimensión obviamente mayor.

Saber con quien se convive o se contrata es una regla elemental para asegurar los derechos de las personas. Por ello las sociedades en casi todo el mundo deben cumplir recaudos en tal sentido, acreditando ante los organismos de contralor la integración de su capital y la asunción por sus socios y directivos de las responsabilidades legales que les caben. Las sociedades off shore en cambio, están al margen de esa pauta; actúan en la nebulosa que las protege, en un lugar distante y -en suma- ficticio al cual tampoco pertenecen.

3.2. Estos conceptos básicos no suscitan controversia alguna. Podemos preguntarnos entonces si hay algún motivo genuino, razonable, merecedor de protección jurídica, para justificar el ocultamiento de personas o empresas tras el difuso velo de una inaccesible sociedad off shore.

Citamos ya conocidos antecedentes internacionales de “delincuencia de guante blanco”, tristemente célebres por la magnitud de los escándalos y el número de sus víctimas. El no menos famoso caso Cromagnon que nos continuará desgarrando por muchos años, es suficiente como ejemplo en la Argentina. Más de un año después de la muerte de casi doscientos jóvenes en la inmensa tragedia de ese establecimiento bailable, no se ha podido desentrañar la real titularidad de los inmuebles involucrados, a nombre por supuesto de sociedades off shore, cuyos testaferros son, por añadidura, insolventes.

3.3. Las dificultades prácticas para ejercer controles ciertos sobre estas sociedades superan la voluntad de quienes quieren concretarlo. Hace varios años que la Inspección General de Justicia, organismo a cargo del contralor de las sociedades en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires -donde se encuentra radicada la gran mayoría de esos entes en nuestro país-, ha desplegado una intensa campaña tendiente a transparentar la actuación de las sociedades extranjeras en general y de las off shore en particular (15). A través de sucesivas Resoluciones Generales -cuyo análisis excede por completo el objeto de este trabajo- se ha ido acotando el margen para ocultarse y actuar en perjuicio de otras personas y del orden jurídico.

Sin embargo los artilugios jurídicos siempre permiten una maniobra más para eludir el cumplimiento de la ley; en especial cuando los reales titulares de los entes off shore son personas de poderosos recursos y no menos poderosas razones para evitar salir a la luz. Un acabado ejemplo lo plantea la identificación de los accionistas y socios de sociedades off shore que exige la Resolución General IGJ Nº3/2005, cuando las mismas deseen obtener su inscripción registral. Pese a los prolijos requisitos establecidos en la norma, es factible evadir su finalidad si la titular de las acciones de la sociedad off shore es … otra sociedad off shore. Esas cadenas de sociedades que sólo existen para ser titulares formales de otros paquetes accionarios, se reproducen  en los gigantescos fraudes internacionales a que antes aludimos.

4. INTERES GENERAL Y SEGURIDAD JURÍDICA.

4.1. En algunas posturas doctrinarias ha sido frecuente la invocación de la seguridad jurídica, como requerimiento fundamental para garantizar el incremento de inversiones, indispensables para el desarrollo económico. Curiosamente se ha asociado ese concepto con la idea de desregular y limitar al mínimo todo control, lo que presuntamente posibilitaría que el mercado establezca por sí las pautas más convenientes para su accionar. Señalamos en un trabajo anterior (16) que esta concepción forma parte de una teoría que sin demasiado fundamento -pero con el énfasis que confiere la reiteración mediática prolongada hasta el cansancio- pretende asociar la democracia con la defensa absoluta del libre mercado.

Expusimos que la impronta dogmática de la postura reseñada se advierte al constatar como se disocia la seguridad jurídica del interés general para apropiarse de la primera en beneficio de determinados intereses y en consiguiente desmedro del conjunto social. Ello mediante el uso de términos de indudable trascendencia -gobernabilidad, seguridad jurídica o previsibilidad- cual si fueran asépticos e imparciales como un número o una fórmula matemática.

4.2. La seguridad jurídica carece de sentido si no se la vincula con la justicia y la equidad (17); de lo contrario se postularía reservarla a algunos sectores privilegiados de la sociedad, ignorando el bien común cuya tutela es incuestionablemente prioritaria. La vigencia real del Estado de Derecho pasa por asegurar al conjunto de los ciudadanos el ejercicio de las garantías y facultades consagradas en los tratados internacionales, las constituciones y las leyes.

En la específica temática de las sociedades off shore, es su existencia la que vulnera la seguridad jurídica de quienes contratan con ellas y de aquellos en cuyo perjuicio directo o indirecto se han conformado. La afectada por la “patente” que con mínimos requisitos, a un módico precio y sin controles anteriores ni posteriores se confiere a los privilegiados que logran acceder a ella, es la sociedad en su conjunto.

4.3. Si lo planteamos desde la óptica de las personas físicas o jurídicas que recurren a la figura off shore, tampoco mejora su suerte ante la carencia de argumentos a favor de una modalidad organizativa que sólo adquiere lógica si se la emplea para el logro de fines reñidos con los principios que fundan el orden jurídico y se asocia en forma reiterada al delito. Resulta un contrasentido, un absurdo notorio a poco que profundicemos el debate, aludir a la seguridad jurídica como fundamento para la tutela de las sociedades off shore.

4.4. El argumento relativo a convocar inversiones que de otro modo no acudirían, empleado con mayor énfasis en paises en vías de desarrollo, tropieza contra la dura realidad y es hora de descartarlo en forma definitiva, por cuanto:

4.4.1. En primer lugar, la violación de principios esenciales del ordenamiento jurídico no puede ser nunca una alternativa para el desarrollo económico. Este no es un simple argumento moral, nada puede construirse a contramano de la Ley.

4.4.2. Por otra parte, la modernidad globalizada se caracteriza por la búsqueda del lucro fácil y veloz y sus instrumentos -tales como las sociedades off shore- procuran incrementar ambos términos de la ecuación, esto es maximizar ganancias y tiempo. Ellos no se asocian ya con objetivos productivos de mediano plazo -el largo plazo parece hoy una pieza de museo- sino con el modo de fugar de todo compromiso y eludir cuanto riesgo sea posible. Son muchas las experiencias que nos ilustran sobre tales conductas.

4.4.3. Los países desarrollados actúan de modo bien distinto en su propio territorio. Es de sumo interés, por ejemplo, analizar las medidas adoptadas por los Estados Unidos a fines de 2002, tras las crisis suscitadas por los casos Enron y WorldCom, que impusieron a las empresas locales -y desde este año lo exigen también a las extranjeras (18)- el cumplimiento de severas normas de auditoría y control de sus balances. Conforme a la ley Sarbanes-Oxley, sección 404, la gerencia y los directivos de la empresa deben asumir la responsabilidad por el adecuado control interno de sus finanzas y contar con dictámenes de auditoría calificados que avalen su manifestación, con graves consecuencias en caso de incumplimiento. El abismo entre esas medidas -también habituales en los principales países de la Unión Europea- y el descontrol que caracteriza a las sociedades off shore es demasiado notorio.

4.5. Pese a que los resultados prácticos no han sido hasta ahora significativos, debe destacarse que diversos organismos internacionales han hecho su aporte al esclarecimiento del tema que tratamos. En particular la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y sobre todo el Grupo de Acción Financiera Internacional (Financial Action Task Force – FATF) con sus detalladas recomendaciones a los países que de él participan, contribuyeron seriamente al establecer el modo en que las operatorias descriptas afectan al crecimiento sustentable y el desarrollo de los países.

4.6. La magnitud de los intereses involucrados es sin embargo tan enorme que no ha sido posible avanzar con seriedad en soluciones al problema. Incluso -como lo comprobamos en la polémica abierta a raíz de las antes citadas medidas de la Inspección General de Justicia en el ámbito local- se persiste en intentar trasladar la discusión a aspectos técnicos, dejando de lado la cuestión de fondo: los fines ilícitos perseguidos con la creación de sociedades off shore. Esto hace imperioso continuar con su esclarecimiento para que la sociedad tome real conciencia de la necesidad de resolverlo.

4.7. Mencionábamos al comienzo los riesgos gravísimos que afronta actualmente la humanidad, derivados en gran medida de la concentración del poder económico y de la falta de límites que ocasiona el progresivo deterioro de los estados, impotentes frente al contexto globalizado que todo lo licúa. Las sociedades off shore son instrumentos esenciales para ocultar gigantescos movimientos de fondos que circulan a través de los paraísos fiscales, fuera de toda posibilidad de contralor fiscal y legal. (19) Ningun país puede por sí solo enfrentar la cuestión, de allí que los acuerdos en el orden regional sean fundamentales para garantizar la equidad entre nuestros países y una respuesta unívoca que apunte a lograr la misma actitud en todo el orbe.

5. CONCLUSIONES.

5.1. La constitución de sociedades off shore, esto es las que tienen prohibido ejercer su objeto en el estado en que se constituyeron, donde carecen de capacidad para adquirir derechos y de legitimación para obrar, sólo encuentra explicación en la búsqueda de beneficios que justifiquen registrar el ente en un lugar donde no podrá desarrollar actividad alguna.

5.2. Las jurisdicciones que posibilitan el registro de sociedades off shore, se caracterizan por la baja o nula tributación -paraísos fiscales- así como por la inexistencia de control sobre la regularidad del funcionamiento societario. Ello permite a las referidas sociedades mantener oculta toda información referente a sus socios y al origen de los fondos por éstos aportados, además de conferirles una importante ventaja en orden a la tributación sobre las utilidades obtenidas, que por lo general ni siquiera requieren ser declaradas.

5.3. Las sociedades off shore se convierten así en vehículos aptos para el blanqueo de sumas de dinero de origen injustificable, que pueden provenir de la evasión fiscal, el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción a nivel estatal o privado. La inmensa mayoría de los grandes escándalos financieros conocidos a nivel internacional y nacional en los últimos años, involucran sociedades de este tipo.

5.4. La operatoria bajo la modalidad de sociedad off shore dificulta en alto grado la efectiva imputación a la sociedad, sus socios, gerentes y directores de los hechos por los cuales les corresponda una responsabilidad personal. Se afecta de esa forma y en un grado notable la transparencia de los negocios en los que aquellas participan.

5.5. La sumatoria de ventajas tributarias extraordinarias, ocultamiento del origen de los fondos y complejidad de las imputaciones de responsabilidad, confieren a las sociedades off shore una posición preeminente en la competencia con las empresas del ramo al que se dedican y desvirtúan de este modo los mecanismos básicos de funcionamiento de los mercados.

5.6. Más allá de la señalada colisión entre los fines perseguidos con la constitución de sociedades off ahore y el orden jurídico, no existe razón alguna que justifique, desde lo económico ni desde lo jurídico, conferirles los privilegios descriptos.

5.7. Consideramos en suma que debe propiciarse a nivel internacional un acuerdo para suprimir la figura de las sociedades off shore y regular la actuación de las sociedades extranjeras en base a los principios de transparencia y responsabilidad, procurando establecer condiciones fiscales equitativas que favorezcan la libre y leal competencia, posibilitando asi la inversión genuina. Ello requerirá que las legislaciones nacionales incluyan la exigencia de que esas sociedades deban inscribirse, como condición previa a la realización de todo acto jurídico, en las jurisdicciones en que deseen actuar, cumpliendo los mismos requisitos que las sociedades locales. A efectos de asegurar la transparencia y prevenir la comisión de ilícitos de todo orden, deben otorgarse a la autoridad de aplicación amplias facultades en orden a establecer la titularidad real de las participaciones societarias y el origen de los fondos involucrados, así como el control interno ajustado a derecho de su contabilidad y una adecuada auditoría.

5.8. En el orden nacional urge superar la polémica sobre aspectos formales y tecnicismos para abocarse con celeridad y eficiencia a la instrumentación de medidas conducentes. En tal sentido, la ley 26047, publicada en el Boletín Oficial el 3 de agosto de 2005, abre el camino para unificar la normativa referida a las sociedades en general y a las sociedades extranjeras en particular, al poner a cargo de la Inspección General de Justicia los Registros Nacionales de Sociedades por Acciones, de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones Civiles y Fundaciones, creados respectivamente por el artículo 8 de la Ley 19550 de sociedades comerciales y el artículo 4 de la ley 22315. Será necesaria la adhesión de las provincias para que los Registros sean operativos, pero una vez logrado ello, se contará con un instrumento regulador apto para sus fines y cuya información se concibe como abierta a la consulta pública de cualquier interesado, lo que sin duda será un paso adelante en materia de transparencia.

5.9. En lo inmediato y en el ámbito de competencia federal, esto es en la Ciudad de Buenos Aires donde se concentra un porcentaje muy significativo de las supuestas “inversiones extranjeras” viabilizadas a través de sociedades off shore, consideramos fundamental apoyar las medidas adoptadas desde la I.G.J.. Adquieren particular relevancia las referidas a actos aislados, ya que bajo esa figura se refugian miles de entes simulados al solo fin de detentar la titularidad dominial de inmuebles cuyos verdaderos dueños necesitan ocultar.

5.10. Más allá de lo instrumental, aspecto que no ha sido el objeto principal de este análisis, nuestro propósito es replantear el debate en términos sinceros y llanos para que, definidas las sociedades off shore como formas de simulación y vulneración del Derecho, perjudiciales para el bien común, asumamos como sociedad que es preciso clausurar las vías que les permiten cumplir ese rol nefasto.

NOTAS:
(1) Bauman Zygmunt, “Modernidad líquida”, Ed., FCE, Buenos Aires, 2002, desarrolla su tesis como se han disuelto las relaciones “sólidas” en que se sustentaba la sociedad hace algunas décadas; desregulación, flexibilización, privatización, son los mecanismos que abrieron paso al brutal predominio del individualismo a ultranza y su “sobrecogedora, inextirpable e inextinguible sed de creación destructiva”.
(2) Bauman Zygmunt, “La sociedad sitiada”, Ed. FCE, Buenos Aires, 2004, p.24 y su cita de Kant “Idea de una historia universal en sentido cosmopolita”.
(3) En nuestro trabajo “El riesgo cierto de la extinción humana”, Revista de Derecho Ambiental, Ed. Lexis-Nexis, Buenos Aires, setiembre de 2005, resumimos parte de esta problemática.
(4) Cohen Daniel, “Riqueza del mundo, pobreza de las naciones”, Ed. FCE, Buenos Aires, 1998, señala que desde el siglo XVIII hasta finales del XIX, el ingreso per cápita de los países industrializados de Europa con relación al de los países más pobres de Asia y Africa pasó de ser un 30% superior a once veces más elevado. De alló a 1995, ese factor se quintuplicó. Stiglitz Joseph, “El malestar en la globalización”, Taurus-Alfaguara, 2002, p.32, citando informes del Banco Mundial: “La creciente división entre los poseedores y los desposeídos ha dejado a una masa creciente en el Tercer Mundo sumida en la más abyecta pobreza y viviendo con menos de un dólar por día.
(5) Renna Carlos (Director Nacional de Población de la R. Argentina), en diario “Clarín”, Buenos Aires, del 8/7/2005, p.33., Cardoso Oscar Raúl, “El mundo unipolar”, diario “Clarín”, del 15/9/2005. “Más de 200 millones de jóvenes en el mundo viven en la extrema pobreza.”, diario “Clarín” del 6/10/2005, cita el “Informe Sobre la Juventud Mundial 2005: los jóvenes hoy y en el 2015″ de las Naciones Unidas: más de 200 millones de jóvenes en todo el mundo viven con menos de un dólar por día; 130 millones son analfabetos; 88 millones están desempleados y 10 millones portan el virus del sida. La pobreza es el principal obstáculo para el desarrollo de la juventud mundial, que entre 1995 y 2005 creció de 1.025 millones a 1.153 millones. .
(6) Informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), citado por diario “Clarín” del 23/11/2005, p. 25.
(7) Citado por Cardoso Oscar Raúl, “El mundo unipolar”, diario del “Clarín”, 15/9/2005.
(8) Rifkin Jeremy, en “A mayor tecnología, mayor vulnerabilidad”, diario Clarin del 5/2/2006, p. 32, tras repasar las siniestras consecuencias colaterales y no demasiado conocidas de una explosión nuclear concluye: “La única verdadera solución a la creciente complejización de la sociedad, producto de los avances tecnológicos, no es de naturaleza técnica sino psicológica y social. Tenemos que empezar a analizar seriamente cómo modificar de manera radical el grado de conciencia de las personas para que el género humano pueda aprender a vivir en un planeta compartido.”
(9) Kent Jorge, “Terrorismo, corrupcion y delincuencia organizada trasnacional”, La Ley, Buenos Aires, diario del 16/11/2005.
(10) Dijo por ejemplo la Declaración de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea, París, octubre de 1972: “La expansión económica, que no es un fin en sí, debe, prioritariamente, permitir atenuar la disparidad de las condiciones de vida. Debe perseguirse con la participación de todos los sectores sociales. Debe traducirse en una mejora de la calidad así como del nivel de vida “. (Citado por Castañón del Valle Manuel, “Algunas reflexiones sobre la legitimación popular ambiental en la protección penal del medio ambiente”, Revista de Derecho Ambiental, Nº 3, julio/setiembre 2005, pág. 78)
(11) Vitolo Daniel Roque, en “Uso y abuso de las estructuras societarias off shore”, La Ley diario del 23/2/2005 p.5, “Constituyen -en cierta forma- una perversa manera de crear sujetos dentro de una jurisdicción para remitirlos como “enviados” a ejercer su actividad “fuera de casa” bajo la promesa de que podrán obtener en el país de destino un reconocimiento para poder realizar allí todo aquello que no les es permitido realizar en su propio país de origen; sin embargo ese país de origen -que no les permite actuar dentro de su territorio- protegerá a los socios de la sociedad off shore con el secreto y el anonimato frente a las preguntas que cualquier tercero o Estado del mundo desee hacer sobre ellos, les dará -en algunos casos- también protección diplomática y -lo que es más importante- en ningún momento les harán preguntas en relación a cómo, dónde, ni cuándo obtiene las ganancias e ingresos que acumulan en cuentas bancarias de instituciones financieras -también off shore-; todo ello, por un módico monto anual de impuestos preacordados, o de un porcentaje mínimo en relación con el volumen de las operaciones.”
(12) Nissen Ricardo (ex-Inspector General de Justicia de la R. Argentina), “Necesarias aclaraciones sobre la labor de la Inspección General de Justicia y la Resolución General IGJ N° 8/2003″, en La Ley diario del 29/12/2004, p.1.
(13) Bien dice el mismo Nissen -”A propósito de ciertas críticas a la labor de la Inspección General de Justicia”, en La Ley diario del 7/4/2005, p.1- refiriéndose a Cromagnon, que “la tragedia del referido establecimiento bailable ha puesto al descubierto una circunstancia que, por frecuente que sea, no es menos cuestionable: que las más importantes propiedades de la ciudad de Buenos Aires, se encuentren en manos de sociedades fantasmas, provenientes de paraísos fiscales, pero cuyas acciones al portador están en manos de argentinos, que han recurrido a esos nefastos instrumentos para eludir su responsabilidad patrimonial, enervar las eventuales acciones judiciales que pudieran intentar sus víctimas y burlar a la justicia.”
(14) Véase el detallado informe de Daniel Roque Vitolo en el trabajo mencionado en nota (10), uno de los extensos aportes de dicho autor a esta temática donde identifica territorios caracterizados como “paraísos fiscales” y los estados del primer mundo bajo cuya órbita actúan. Una nómina completa puede constatarse en el texto del Decreto 1037/2000 del Poder Ejecutivo Nacional Argentino.
(15) Véase el trabajo colectivo “Sociedades ante la I.G.J.”, Editorial La Ley, Buenos Aires, marzo de 2005, y sus diversos aportes referidos al tema, donde también se incluyen varias de las Resoluciones Generales más significativas.
(16) “Seguridad Jurídica e interés general (a propósito de las normas de la I.G.J. en materia de sociedades extranjeras)” trabajo que integra la obra citada en (15).
(17) Gregorini Clusellas Eduardo L., diario “La Ley” del 28/10/2004 p.1)
(18) Diario La Nación, Buenos Aires, del 29/1/2006, Sección Economía, p.8 “Con la aplicación de la ley Sarbanes-Oxley a las firmas que cotizan en los mercados norteamericanos los ecos de Enron llegan a la Argentina”.
(19) Bauman Zigmunt, “Vidas desperdiciadas”, Ed. Paidos, Buenos Aires, 2005, “Una consecuencia sumamente espectacular y potencialmente siniestra de los erráticos procesos globalizadores, incontrolados y desbocados … estriba … en las progresivas “criminalización del globo y globalización del crimen”. Una parte considerable de los miles de millones de dólares, libras y euros que cambian de manos a diario proceden de fuentes criminales. Nunca antes fueron las mafias tan poderosas, bien armadas y prósperas …con demasiada frecuencia disponen de recursos que ninguno de los gobiernos por separado y a veces conjuntamente, pueden igualar.”

Nota de la Santa Sede sobre un nuevo sistema financiero mundial
Ante la próxima conferencia de las Naciones Unidas de Doha

CIUDAD DEL VATICANO, lunes 24 de noviembre de 2008 (ZENIT.org).- Ofrecemos a continuación la traducción al español de la Nota de la Santa Sede sobre finanzas y desarrollo, en la vigilia de la Conferencia promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Doha, elaborada por el Consejo Pontificio “Justicia y Paz” y aprobada por la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

* * *

Un nuevo pacto para refundar el sistema financiero internacional

La presente Nota, elaborada por el Consejo Pontificio “Justicia y Paz”, aprobada por la Secretaría de Estado, quiere ofrecer algunos puntos de reflexión sobre la actual crisis financiera mundial y sobre sus repercusiones en la financiación al desarrollo. La Santa Sede es consciente de que muchas de las cuestiones aquí señaladas son susceptibles de ser afrontadas por medios técnicos muy diversos. El documento, por tanto, quiere sobre todo promover y animar a los Gobiernos y al resto de agentes económicos a buscar soluciones duraderas y solidarias.

Financiación y Desarrollo. Importancia de la Conferencia

1. La próxima conferencia internacional sobre “Financing for Development to review the Implementation of the Monterrey Consensus”, que tendrá lugar en Doha del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2008, representa el punto de llegada de un proceso de revisión, promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la participación de la sociedad civil, de los contenidos y de la actualización del Documento sobre Financiación al Desarrollo, aprobado en 2002 en Monterrey -el llamado “Monterrey Consensus”. Aquel documento incluía seis capítulos sobre las grandes cuestiones esenciales para financiar el desarrollo: la movilización de los recursos internos; los flujos de capitales privados; el comercio internacional; la cuestión de la deuda externa; y última pero no menos importante, la cuestión sistémica sobre los modos de dar fuerza y coherencia al sistema monetario, financiero y comercial global en apoyo del desarrollo.

Según los procedimientos de las Naciones Unidas, los trabajos de revisión han llevado, durante los primeros años del 2008, a la redacción del esbozo de un nuevo documento (el “Doha Draft Outcome Document”), que ha sido poco a poco discutido y enmendado, con el objetivo de poder concluir la Conferencia de Doha con un texto que recoja el consenso de todos los participantes.

A este laborioso proceso negociador se ha superpuesto, en los últimos meses, la precipitación de la crisis financiera global que se ha originado en el mercado de las hipotecas “subprime” en Estados Unidos. A pesar de su larga gestación, a principios de septiembre la crisis se ha extendido hasta afectar a otros sectores del sistema financiero y a poner en dificultad un número creciente de países, cuya situación financiera, en ausencia del choque externo, no parecía presentar problemas de sostenibilidad.

A la subida de los precios agrícolas y energéticos que tuvo lugar en los primeros meses del 2008, por tanto, se ha añadido una crisis financiera en ciertos aspectos dramática, con consecuencias muy negativas: sobre todo, el tema de la financiación al desarrollo corre el riesgo de ser puesto en segundo lugar.

2. En esta situación, resulta indispensable que los Gobiernos y las instituciones financieras actúen para contrastar la ulterior difusión de la crisis financiera actual: de hecho, muchos países han introducido decisiones radicalmente opuestas a la tendencia, preferida hasta un pasado reciente, de confiar el funcionamiento del mercado financiero a su capacidad de autorregulación. Sustancialmente, los Gobiernos de los países afectados por al crisis han adoptado una variedad de disposiciones que comportan un retorno masivo del sector público en los mismos mercados financieros que, en las últimas décadas, habían sido desregularizados, privatizados y liberalizados.

Dado que una acción política de este género tiene mayores probabilidades de éxito si los países no proceden de forma dispersa, sino que se coordinan sus iniciativas, para el 15 de noviembre se convocó una cumbre de urgencia de los grandes países, el llamado G-20, con la participación de significativos países emergentes. Desde el momento en que el G-20 ha tenido lugar dos semanas antes de la Conferencia de Doha promovida por las Naciones Unidas, los muchísimos países que no han participado en la cumbre temen, no sin cierta razón, que el primer acontecimiento, que ha implicado solo a un número restringido de países, pero que ha atraído la atención de la opinión pública internacional, prive de impacto político a la Conferencia de Doha.

Hay por tanto dos grandes citas mundiales, muy cercanas, con un objeto similar -las finanzas y su crisis, las finanzas y el desarrollo-, aunque caracterizadas por significados políticos y funciones muy distintas. Ambos encuentros tienen importancia.

El deseo de todos es que con todo los países que se han reunido en Washington el 15 de noviembre tengan en debida cuenta la Conferencia de Doha y favorezcan su éxito. Esta tiene, de hecho, no solo el objetivo de llegar a un consenso formal intergubernamental sobre los seis grandes temas ya presentes en el “Monterrey Consensus”, sino también el de madurar progresivamente un sentimiento común, una valoración compartida sobre aquellas que se identifican como cuestiones emergentes en materia de financiación al desarrollo.

Si es indispensable hacer frente, también en el plano político, a las emergencias financieras que se presentan, es también importante mirar con atención al cuadro en su conjunto y a las conexiones entre los problemas, no sólo desde el punto de vista de los países económicamente importantes, sino dentro de una perspectiva tendencialmente global. No siempre lo más urgente es también lo más importante. Al contrario, reordenar las prioridades es más necesario en cuanto la situación se ha hecho difícil.

No hay duda de que se ha llegado a la emergencia financiera de hoy tras un largo periodo en el cual, presionados por el objetivo inmediato de perseguir resultados en breve, se han dejado de lado las dimensiones propias de las finanzas: su “verdadera” naturaleza, en efecto, consiste en favorecer el empleo de los recursos ahorrados allí donde favorecen la economía real, el bienestar, el desarrollo de todo hombre y de todos los hombres (Pablo VI, “Populorum progressio”, 14). La Conferencia de Doha es por tanto una ocasión que la comunidad internacional no debe perder para volver a poner en el centro cuestiones de fondo importantísimas para el bien común de la humanidad: la financiación al desarrollo es una de estas.

Las grandes cuestiones abordadas por el ” borrador de documento (Draft Document)

3. En referencia al “Draft Document”, parece oportuno considerarlo teniendo en cuenta las dos caras de la crisis financiera actual, es decir, la emergencia que se ha originado en los mercados por una parte, y la situación de crónica inadecuación de los recursos destinados a apoyar el desarrollo por otro: ambas ponen de manifiesto una ineludible cuestión moral.

En un momento de crisis, como el actual, es apropiado hacerse preguntas que, cuando las cosas van bien, habrían sido dejadas de lado u obviadas. ¿Cómo se ha llegado a esta desastrosa situación, tras un decenio en que se han multiplicado los discursos sobre la ética de los negocios y de la finanza, y en el que se ha difundido la adopción de códigos éticos? ¿Cómo no se ha dado suficiente peso a la verificación de episodios que deberían haber hecho reflexionar?

La respuesta a estas preguntas no puede no poner en evidencia que la dimensión ética de la economía y la finanza no es algo accesorio, sino esencial y debe ser constantemente tenido en consideración e incidir realmente si se quieren llevar a cabo dinámicas económicas y financieras correctas, a largo plazo y fecundas en progreso.

En esta perspectiva, la doctrina social de la Iglesia, con la rica variedad de sus principios morales, puede y debe dar una contribución de realismo y esperanza tanto a las cuestiones que hoy se discuten, como la crisis financiera, sea a las cuestiones que, aun siendo de importancia vital para gran parte del mundo, no reciben la atención que merecen. Se trata de la necesidad de un nuevo pacto para refundar el sistema financiero internacional; de la cuestión de los centros financieros “offshore” y del nexo entre financiación al desarrollo y fiscalidad; del mercado financiero y de las normas; del papel de la sociedad civil en la financiación al desarrollo.

Un nuevo pacto financiero internacional

3. La actual crisis financiera es esencialmente una crisis de confianza. Hoy se reconocen entre las causas de la crisis tanto el excesivo uso de la “leva” financiera por parte de los operadores, sea la inadecuada consideración de los elementos de riesgo que ésta comporta. Sobre todo, se reconoce la relación entre la necesidad de que las finanzas cumplan su función “real” de puente entre el presente y el futuro, y el horizonte temporal de referencia de los operadores, sustancialmente empequeñecido en el presente. En otras palabras, la crisis financiera global ha hecho urgente la reflexión y la acción sobre el 6 punto del “Draft Document”, es decir, sobre las cuestiones de sistema.

¿Estamos ante la necesidad de una simple revisión, o de una verdadera y propia refundación del sistema de las instituciones económicas y financieras internacionales? Muchos sujetos, públicos y privados, nacionales e internacionales, piden una especie de Bretton Woods. Más allá de la expresión utilizada, la crisis ha traído indudablemente a primer plano la urgencia de encontrar nuevas formas de coordinación internacional en materia monetaria, financiera y comercial.

Hoy parece claro que la soberanía nacional es insuficiente, incluso los grandes países son conscientes del hecho de que no es posible alcanzar los objetivos nacionales contando únicamente con las políticas internas: acuerdos, reglas e instituciones internacionales son absolutamente necesarias. Es necesario evitar que se comience la cadena del proteccionismo recíproco; más bien se deben reforzar las prácticas de cooperación en materia de transparencia y de vigilancia del sistema financiero. Es incluso posible alcanzar soluciones de “soberanía compartida”, como demuestra la historia de la integración europea, a partir de problemas concretos, dentro de una visión de paz y prosperidad, enraizada en los valores compartidos.

También en el rediseño de las políticas y las instituciones internacionales se abre por tanto una cuestión moral de gran relevancia. En particular, es importante que el incluso necesario contraste político entre los países “más ricos” no lleve a soluciones basadas en acuerdos exclusivos, sino que relanza un espacio de cooperación abierto y tendencialmente inclusivo. Este espacio es especialmente relevante en materia de financiación al desarrollo.

Los flujos financieros que conectan a los países desarrollados con los países de renta baja presentan al menos dos elementos paradójicos, el primero lo representa el hecho de que en el sistema global, son los países pobres los que financian a los países ricos, que reciben recursos procedentes sea de las fugas de capital privado, sea de las decisiones gubernamentales de arrinconar reservas financieras bajo la forma de actividades financieras “seguras” colocadas en los mercados financieramente evolucionados o en los mercados “offshore”. La segunda paradoja es que la remesas de los emigrados -es decir, de la componente menos “liberalizada” de los procesos de globalización- comportan una afluencia de recursos que, a nivel macro, superan grandemente los flujos de ayuda públcia al desarrollo. Es como decir que los pobres del Sur financian a los ricos del Norte, y los mismos pobres del Sur tienen que emigrar y trabajar en el Norte para sostener a sus familias en el Sur.

Los centros financieros “offshore”

3.b. Para llevar a cabo este nuevo pacto financiero internacional, un primer paso necesario es el de considerar atentamente el papel, oculto pero crucial, del sistema financiero “offshore” en las dos caras de la problemática financiera global antes descrita: la emergencia de la crisis global y la inadecuación de las finanzas al desarrollo.

Los mercados “offshore” han sido un nudo importante, tanto en la transmisión de la actual crisis financiera, como en haber mantenido una trama de prácticas económicas y financieras alocadas: fugas de capitales de proporciones gigantescas, flujos “legales” motivados por objetivos de evasión fiscal y canalizados también a través de la sobre o infrafacturación de los flujos comerciales internacionales, reciclaje de los procedentes de actividades ilegales. La estimación de la cantidad de riqueza detenida en los centros “offshore” son difícilmente evaluables, pero bastante impresionantes si se confirmaran las informaciones en circulación: se dice que una amplia gama de grupos e individuos detentarían aplicaciones financieras en los centros “offshore” que podrían rendir cerca de 860.000 millones de dólares al año, y que corresponderían a una falta de entrada fiscal de casi 255.000 millones de dólares: más de tres veces el monto entero de la ayuda pública al desarrollo por parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OSCE).

Dado que la financiación pública al desarrollo sólo puede proceder de las detracciones fiscales, esto se convierte como mínimo en crítico en la época de la globalización. De hecho, los procesos de globalización han cambiado el tipo de composición de la tasación, no sólo de directo a indirecto (con la probable consecuencia de una menor “progresividad” d ellos impuestos, es decir, de una menor capacidad de pesar porcentualmente más sobre aquellos que disponen de rentas más elevadas), sino sobre todo han comportado una traslación de la tasación del capital a la tasación del trabajo.

Se erosiona la detracción fiscal sobre las actividades empresariales más grandes y más móviles en el campo internacional, o que pueden fácilmente recurrir a los centros “offshore”. Se tasan en cambio mayormente los factores productivos menos “móviles” y que difícilmente pueden escapar al gravamen fiscal, es decir, a los trabajadores y las pequeñas empresas.

Estos puntos son políticamente muy complejos. Afrontarlos significa incidir directamente en la esfera de la soberanía fiscal nacional. El “Draft Document” habla de ello y, en el punto 10, propone reforzar la cooperación internacional en materia fiscal, sobre todo en vista de una drástica redimensión de las prácticas financieras “offshore”.

Reglamentación del mercado financiero

3.c. La crisis actual ha madurado en un contexto de toma de decisiones en el que el horizonte temporal de los operadores financieros era extremadamente breve y en el que la confianza -ingrediente esencial del crédito- se ponía más en los mecanismos del mercado que en las relaciones entre socios. No por casualidad, la confianza ha descendido en el intercambio que era “seguro” por antonomasia, es decir, las transacciones interbancarias; pero sin esta confianza se bloquea todo, incluida la posibilidad del normal funcionamiento de las empresas productivas. Las crisis financieras y sus consecuencias tiene, de hecho, como componente la expectativa de que el clima financiero empeore. Todo esto induce a los operadores a comportarse de forma que hace más probable el efectivo empeoramiento de la situación con un previsible efecto acumulativo. Con la crisis, ha caído la confianza fideísta puesta en el mercado, entendido como mecanismo capaz de autorregularse y de generar desarrollo para todos.

La situación actual es de emergencia, porque se ha evitado afrontar algunas cuestiones importantes: la trazabilidad de los movimientos financieros, el rendir cuentas adecuadamente de las operaciones en los nuevos instrumentos financieros, la cuidadosa valoración del riesgo. Muchas autoridades, especialmente en los países financieramente más evolucionados, han pospuesto elecciones puntuales, movidos por los beneficios económicos que derivan de hospedar una fuerte industria financiera, beneficios que duran lo que dura la fase de euforia financiera.

Las mismas instituciones financieras internacionales no están dotadas del mandato y de los instrumentos necesarios para afrontar con decisión estas cuestiones. En general se pensaba que el mercado bastaba para dar precio justo al riesgo.

Los mercados financieros no pueden operar sin confianza; y sin transparencia y sin reglas no puede haber confianza. El buen funcionamiento del mercado requiere por tanto un importante papel del Estado y, donde es apropiado, de la comunidad internacional para fijar y hacer respetar reglas de transparencia y de prudencia. Debe recordarse, sin embargo, que ninguna intervención de regulación puede “garantizar” su eficacia prescindiendo de la conciencia moral bien formada y de la responsabilidad cotidiana de los operadores del mercado, especialmente d ellos empresarios y de los grandes operadores financieros.

Las reglas de hoy, diseñadas sobre la experiencia de ayer, no necesariamente preservan de los riesgos del mañana, Así, aunque existan buenas estructuras y buenas reglas que ayuden, es necesario recordar que por sí solas no bastan. El hombre nunca puede ser cambiado o redimido sencillamente desde el exterior.

Es necesario llegar al ser moral más profundo de las personas, es necesaria una educación real en el ejercicio de la responsabilidad hacia el bien de todos, de parte de todos los sujetos, a todos los niveles: operadores financieros, familias, empresas, instituciones financieras, autoridades públicas, sociedad civil.

Esta educación a la responsabilidad puede encontrar un fundamento sólido en algunos principios indicados por la doctrina social, que son patrimonio de todos y base de toda la vida social: el bien común universal, el destino universal de los bienes, la prioridad del trabajo sobre el capital.

En el fondo, la crisis financiera es e resultado de una praxis cotidiana que tenía como punto de referencia la absoluta “prioridad del capital” respecto al trabajo -incluso del trabajo, alienado, de los mismos operadores financieros (horas de trabajo larguísimas y estresantes, horizonte temporal cortísimo de referencia para las decisiones). Es también el resultado de una praxis errónea por la que se presta con más facilidad a quien “es demasiado grande para fallar” que a quien asume el riesgo de crear ocasiones reales de desarrollo.

Papel de la sociedad civil en la financiación al desarrollo

3.d. La financiación al desarrollo requiere poner en discusión sea la ayuda pública al desarrollo, sea el papel de los demás actores: personas, empresas, organizaciones. En particular, la sociedad civil no solo lleva a cabo un importante papel activo en la cooperación al desarrollo, sino que también reviste un papel significativo en la financiación al desarrollo. Lo hace, ante todo, a través de la contribución voluntaria de persona a persona, como las remesas de los inmigrantes, o a través de formas organizativas relativamente sencillas (piénsese en la adopción a distancia). Después están los recursos para el desarrollo puestos en marcha por las empresas, en el ejercicio activo de su propia responsabilidad social; y aquellas a veces demasiados conspicuas, que proporcionan importantes Fundaciones.

También la adopción de comportamientos responsables en materia de consumo y de inversión constituye un importante recurso para el desarrollo. La difusión de estos comportamientos responsables, desde el punto de vista de los efectos materiales, puede dar la diferencia entre el funcionamiento de ciertos mercados particulares; pero su importancia reside sobre todo en el hecho que expresan una participación concreta por parte de las personas -en cuanto consumidoras, en cuanto inversoras del ahorro familiar o en cuanto decisivas para las estrategias empresariales- a la posibilidad de que los más pobres salgan de su condición de pobreza.

Crisis financiera y ayudas públicas al desarrollo

4. La preocupación por la emergencia financiera que se ha originado en los mercados maduros efectivamente puede ofuscar la necesidad de financiar el desarrollo. Es razonable pensar que la ayuda pública al desarrollo, que procede de asignaciones del presupuesto que cada país establece de año en año, sufrirá a causa de los ingentes recursos públicos necesarios para tapar la emergencia de la crisis financiera. Y esto es un mal, indiscutiblemente. Una financiación al desarrollo adecuada requiere un horizonte de largo plazo: es necesario que los recursos afluyan de modo previsible, en condiciones favorables, para financiar obras que quizás requieren mucho tiempo antes de producir beneficios a la población local.

Sin embargo, la emergencia financiera ligada al periodo breve y la “normalidad” de la financiación a largo plazo están estrechamente conectadas, en negativo, pero también en positivo: existe, y debe buscarse tenazmente, la posibilidad de contribuir a una salida sostenible de la crisis financiera, también construyendo las condiciones para que los ahorros que se generan se dediquen verdaderamente al desarrollo, es decir, a la creación de ocasiones de trabajo. Basta pensar en cuantas necesidades insatisfechas existen, especialmente en los países de renta baja: esas necesidades son la otra cara de las ocasiones de trabajo que es posible, y por tanto obligado, crear.

Para dar otros elementos que pueden sostener la razonabilidad de esta vía “real” de salida de la crisis financiera, podemos recordar que las tres crisis del 2008 -la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis financiera- están estrechamente unidas entre sí. La expectativa de precios crecientes de los productos agrícolas y energéticos (expectativa en cierto sentido fisiológica, piénsese en la mayor demanda de alimentos y carburante en países como China e India) ha producido una carrera al aprovisionamiento y a la compra de “futuros”, es decir, de promesas de entrega futura a un precio determinado. Este comportamiento a su vez ha alimentado una subida de los precios que ha atraído no solo a los futuros utilizadores de los productos primarios, sino también a los operadores financieros que, desde una óptica puramente especulativa, han apostado sobre la posibilidad de una subida ulterior de los precios.

Ahora, estos comportamientos arriesgados tienden a florecer sin control cuando en los mercados financieros existe mucha -demasiada- disponibilidad de crédito. No es casual que la crisis financiera actual, que se manifiesta sobre todo en la extrema dificultad de obtener un crédito, haya traído consigo una bajada de los precios de los productos primarios, y sobre todo del petróleo. Se entiende que, si es necesario afrontar los problemas “uno a uno”, es peligroso hacerlo sin mirar con lucidez al cuadro completo y a las conexiones entre los propios problemas. La crisis financiera probablemente “quitará” recursos a la ayuda pública al desarrollo; sin embargo, sólo destinando recursos -públicos pero también privados- al desarrollo “real” se podrá reconstruir un sisteema financiero sano, capaz de rendir de verdad, porque los recursos han sostenido realmente el trabajo y la economía.

Las actuales inversiones directas en los países pobres

5. En general, la gran parte de las inversiones extranjeras directas sigue afectando a los países avanzados, tanto como procedencia como destino, aunque en los últimos años se han observado dos fenómenos decididamente nuevos. El primero es la afirmación de inversiones extranjeras directas surgidas de los países “emergentes”, a menudo motivadas por el objetivo de reforzar la presencia de la empresa investigadora en su misma macrorregión -y por tanto, son inversiones Sur-Sur, destinadas a países de renta media y baja. El segundo tiene que ver con el crecimiento significativo de los flujos de inversión transcontinentales destinados a ciertos países de renta baja, normalmente dotados de importantes recursos mineros o energéticos; algunos de estos se efectúan de los llamados “fondos soberanos”, y por tanto presentan en doble valor de inversión económica y de importante vínculo sociopolítico.

Cómo actuar para incrementar las inversiones extranjeras directas es el objeto del segundo capítulo del “Draft Document”, que muy oportunamente subraya que es necesario considerar atentamente también los aspectos cualitativos de la inversión. Es necesaria de hecho cautela antes de interpretar los flujos de capital hacia los países como una señal inequívocamente positiva, y por tanto incrementar sencillamente la cantidad. En muchos casos, se trata efectivamente de importantes ocasiones de crecimiento económico y de desarrollo social; en otros, no es así. Hay, de hecho, inversiones que comportan la implicación y la formación de los trabajadores locales, la transferencia de tecnología, la difusión de prácticas de management responsable; pero hay también inversiones que se limitan a valorar los recursos mineros en beneficio de pocos -de la élite política o económica local- además, naturalmente, del inversor extranjero.

Cooperación financiera al desarrollo

6. A continuación de la Conferencia de Monterrey, se han dado algunos pasos adelante significativos, en la dirección indicada por el “Monterrey consensus”. En la “Action against Hunger and Poverty”, inicialmente promovida por algunos países desarrollados y países en vías de desarrollo y sucesivamente hecha propia por otros muchos Estados, se han identificado distintas posibles fuentes innovadoras de financiación: un impuesto solidario sobre las tarifas aéreas; la reducción de la evasión fiscal hecha posible por la existencia de paraísos fiscales; la movilización de las remesas de los emigrantes para el desarrollo local de los países de destino con iniciativas, por ejemplo, de microcrédito; la tasación de las transacciones en valor y /o del comercio de armas; la creación de instrumentos innovadores de préstamo como la “International Financial Facility”; la emisión por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de derechos especiales de retiro; la contribución voluntaria asociada al uso de tarjetas de crédito; la inversión financiera en “fondos éticos”; la recogida a través de loterías solidarias.

Algunas de estas propuestas se han llevado a cabo parcialmente. Es el caso del proyecto piloto de la tasa solidaria en las tarifas aéreas, ya en ejecución en algunos Estados y destinada a un fondo para la compra de fármacos contra la malaria, tuberculosis y Hiv/Aids, gestionado directamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También en el 2006, la propuesta de cear una International Financial Facility se tradujo en la activación de la Iffi (Iff for immunization) a la que se ha adherido cierto número de países. Sustancialmente, se trataba de la emisión de títulos públicos internacionales que se han colocado en los mercados financieros y que han permitido recoger recursos privados para la financiación de programas de vacunación. Los países que han emitido los títulos se hacen cargo de los recargos por intereses y para la restitución futura de los fondos recibidos, empeñándose recíprocamente en proporcionar recursos al desarrollo; este empeño es efectivamente creíble, en cuanto que su eventual disminución expondría a los países a una pérdida de reputación en los mercados financieros internacionales de los que dependen para la financiación de sus desequilibrios en las cuentas. Todas estas iniciativas tienen en común el hecho de desvincular la recogida de los recursos financieros al desarrollo mediante impuestos, de las decisiones de presupuesto público de cada país.

7. A pesar de los progresos, sin embargo, la cooperación financiera al desarrollo sigue siendo un problema. Además, muchos otros ámbitos de acción incluidos en el “Monterrey consensus” no han visto progresos; esto vale sobre todo a propósito de las cuestiones de sistema y en particular, de la coherencia de las políticas económicas internacionales. Piénsese por ejemplo en el nexo entre las políticas de ayuda al desarrollo y las políticas comerciales de los países avanzados: las diversas formas de proteccionismo manifiesto o escondido, así como als persistentes limitaciones al acceso de las exportaciones de los países pobres en los mercados de los países ricos, son un obstáculo enorme al desarrollo. Las políticas nacionales siguen siendo fuertemente incoherentes: con una mano se da y con otra se quita.

Una última pero importante cautela: es necesario estar atentos a no confundir los medios (los recursos financieros) y el fin, es decir, el desarrollo. No basta predisponer una cantidad adecuada de financiación para pensar en obtener, de forma mecánica, el desarrollo. Éste no es tanto el “resultado” que se encontrará al final, sino el camino que día a día es trazado por las elecciones concretas de múltiples actores: Gobiernos donadores y receptores, organizaciones no gubernamentales, comunidades locales. Por lo que respecta a la ayuda pública al desarrollo -el objeto principal de la Conferencia de Doha, que implicará en primer lugar a los Estados- se debe recordar que la comunidad internacional ha afrontado recientemente, en la Conferencia de Accra, la cuestión de la eficacia de la ayuda (“aid effectiveness”).

Hoy la tendencia preponderante es la de considerar el canal “de Estado a Estado”, el llamado “budget support”, como la vía más eficaz para hacer llegar los recursos a países de renta baja. Esta tendencia es vista con cierta preocupación, porque lleva consigo el riesgo de una “burocratización” de las políticas nacionales de lucha contra la pobreza y de un redimensionamiento de los recursos disponibles por las diversas formas de iniciativa social local, tanto por parte de las organizaciones de la sociedad civil, como por parte de realidades locales radicadas en el territorio como las “faith based organizations”. Si embargo, estas realidades son las verdaderas protagonistas del desarrollo entendido como recorrido que llevar a cabo día a día.

África y financiación al desarrollo

8. Una atención particular al Continente africano, en el que el mapa del desarrollo registra fuertes disparidades, es necesaria. En áfrica la situación es distinta en cada país; es más, se nota una tendencia a la polarización entre las situaciones de éxito al conseguir recursos y hacerlos fructificar, y situaciones de total marginalidad. Por ejemplo, sólo pocos países africanos atraen inversiones extranjeras directas no interesadas exclusivamente en explotar los recursos minerales o energéticos. Depende mucho de la situación interna de cada país; en los términos del “Monterrey Consensus”: por la capacidad de movilizar recursos internos y de luchar contra las fugas de capitales, evasión fiscal y corrupción.

Además, es evidente que en situaciones de conflicto armado -numerosas, por desgracia, en África- la dimensión económica del desarrollo se convierte sencillamente en improponible.

En cuanto a la condonación de la deuda externa, ha habido progresos; sin embargo, los recursos para la cancelación de la deuda raramente han sido adicionales respecto a los flujos de ayuda y esto ha comportado efectos de recomposición de los presupuestos públicos sin un incremento real de los recursos disponibles para las acciones de lucha contra la pobreza.

Dos puntos deben subrayarse oportunamente. Uno tiene que ver con las elecciones en política internacional de los Gobiernos africanos: debe apoyarse la creciente voluntad de cooperación internacional Sur-Sur, en un continente donde adquirir una cierta costumbre a la cooperación internacional podría contribuir a canalizar preventivamente los conflictos en un espacio de negociación incruento. La segunda tiene que ver con las elecciones en política interna, en materia de lucha contra la pobreza y el desarrollo: es necesario apoyar con convicción la solución subsidiaria, que valore y refuerce las formas de respuesta a las necesidades que nacen “desde dentro” de la sociedad africana, la cual posee un gran patrimonio de cultura solidaria que sabe expresarse con una extraordinaria fuerza testimonial.

La experiencia de cooperación internacional al desarrollo es hoy suficientemente amplia para permitir concluir que las políticas y los recursos “llegados de lo alto” pueden producir efectos benéficos inmediatos, pero por sí solos no proporcionan respuestas adecuadas a cómo salir, de forma sostenible, de la pobreza. Los principios de subsidiariedad y solidaridad, tan queridos a la doctrina social de la Iglesia, pueden inspirar un auténtico desarrollo en el signo de un humanismo integral y solidario.

Vaticano, 18 de noviembre de 2008

[Traducción no oficial del original italiano por Inma Álvarez. ZS08112408 - 24-11-2008]

Por Juan Hdez.Vigueras

Disponemos de mucha información solvente y de documentación para un debate político que apunte las bases de una reforma efectiva del actual sistema financiero globalizado. Diversas investigaciones, en especial de expertos vinculados a Tax Justice Network, confluyen en subrayar en especial la asociación de la crisis financiera con la utilización de las estructuras offshore en los llamados paraísos fiscales; porque garantizan a la gran banca el secretismo, le permiten zafarse de las regulaciones ordinarias sobre solvencia con la ventaja de una escasa o nula fiscalidad.

A modo de conclusiones provisionales anticipadas señalemos cuatro elementos que podrían caracterizar la génesis y desarrollo de la crisis financiera:

a)    La centrifugación del riesgo financiero. El sistema financiero global montado desde Wall Street y Washington tiene como objetivo último la  centralización de las ganancias mediante la centrifugación del riesgo financiero diseminándolo por el planeta merced a la titulización (securitisation) que convierte deudas en activos financieros con la cooperación de los elementos del “sistema bancario en la sombra”.

b)    El sistema bancario en la sombra. En el origen de las burbujas crediticias e inmobiliarias (España, Irlanda y Reino Unido) está la maraña de mecanismos artificiales de banca paralela ligada a los grandes bancos – pero fuera de su contabilidad oficial – para la creación de crédito adicional que ha sido denominada the Shadow Banking System (sociedades offshore y artificios como conduits, SIVs, CDOs, hedge funds, etc.) y que sigue operativa, aun cuando se haya iniciado su desmantelamiento como apuntaba en Septiembre el economista estadounidense Nouriel Roubini. Y aunque en la actualidad tenga reducida su capacidad de generar crédito en los mercados mayoristas (la pretendida superabundancia de crédito).

c)    El “poder estructural” de los EEUU en las finanzas mundiales. Este concepto según lo explica el profesor Leonard Seabrook, ayuda a entender esta globalización de los mercados financieros y su crisis, que se genera en Wall Street a partir de los impagos de las hipotecas “subprimes” sin garantías y que respaldaban activos financieros comercializados en todo el mundo, principalmente en países con mayor predominio de las finanzas como el Reino Unido y Alemania.

d)    El mantenimiento de la opacidad offshore de los bancos rescatados. Abierta la crisis financiera en Agosto 2007, las sucesivas “inyecciones” de liquidez de los Bancos centrales a los bancos privados y los rescates bancarios tanto en los EEUU como en la Unión Europea, incluyendo nacionalizaciones totales o parciales, han mantenido intactos sus mecanismos y sus estructuras offshore opacas, que una vez obtenidos los fondos públicos continúan su operativa eludiendo las regulaciones y la supervisión del país de origen y rentabilizando la evasión fiscal. Hechos que justificarían la inacabable volatilidad bursátil y la pérdida de confianza en  los mercados del dinero con la consiguiente incertidumbre que tiene efectos negativos graves en la economía productiva, según las regiones y los países.

El análisis de los casos de bancos rescatados por los gobiernos de EEUU y de los países de la Unión Europea demuestra la permanencia de los cuatro elementos reseñados y en especial la estrecha vinculación  de la crisis financiera con la operativa opaca basada en los paraísos fiscales offshore o extraterritoriales.

Además de otros análisis críticos disponibles sobre este tema referidos a la Unión Europea, reseñamos aquí algunas primeras aproximaciones genéricas a la crisis financiera que conservan su vigencia:

o    La crisis  bursátil 2007: el socialismo para los ricos y el capitalismo para los pobres
o    Raíces de una crisis bursátil
o    Más allá de la crisis bursátil
o    La ventaja competitiva de la opacidad offshore.
o    Los paraísos fiscales generan turbulencias.
o    Más allá del rescate de Wall Street
o    Crédito superabundante y sistema bancario en la sombra (pendiente)

Y asimismo, entre otras informaciones, se ofrece en esta web de la Red por la Justicia Fiscal/Tax Justice Network, los resultados de una investigación inacabada  en forma de reseñas críticas sobre CASOS documentados relativos a recientes rescates bancarios:

1.    Un fondo buitre  se queda con el IKB  hundido por la Loreley

2.    El rescate del Bear Stearns fue ya el final de la desregulación.

3.    La nacionalización de la American International Group (AIG) y sus paraísos fiscales

4.    La nacionalización del Northern Rock  y su sociedad offshore

5.    La ignorancia de los responsables del Sachsen LB  y de la Comisión  Europea

6.    Cómo especulaba el West LB rescatado con dinero público.

7.    El rescate público de los mecanismos para la evasión fiscal del banco Dexia.

8.    El caso del RBS: “pagamos a los bancos para que dejen de pagar impuestos en el Reino Unido”

La nacionalización del Banco Bradford and Bingley sigue a la nacionalización del Banco Northern Rock hace unos meses, con la cual el gobierno británico también decidió que el contribuyente británico pagara la factura de la opacidad de su maraña societaria domiciliada en la Isla de Jersey instrumentada para negocios financieros especulativos.

Ante el escándalo de las colas de los pequeños ahorradores delante las puertas del Banco Northern Rock tocado seriamente por la crisis de las hipotecas “subprimes”, en febrero 2008 el Gobierno laborista de Gordon Brown determinó su nacionalización, incluyendo su filial Northern Rock Limited domiciliada en Guernesey y también en la practica la otra “sociedad en la sombra” Granite ligada a Jersey.  Era el último recurso tras el fracaso de los generosos préstamos del Banco de Inglaterra que habían fracasado en su empeño por impedir la situación de insolvencia y el desplome de las acciones de un banco hipotecario importante del Norte de Inglaterra, que formaba parte del índice de la Bolsa de Londres (FTSE 100) hasta su exclusión en Diciembre 2007.

Durante treinta años, la antigua mutua Northern Rock Building Society había crecido incorporando otras sociedades mutuas manteniendo su condición porque se consideraba que el patrimonio pertenecía no solo de los socios actuales a los que prestaba servicio sino a aquellos socios del pasado que  habían acumulado su patrimonio; y que su transformación en sociedad anónima cotizada era traicionar ese pasado.  Sin embargo, en 1997, lo mismo que sucedió con tantas otras cooperativas inmobiliarias similares, optó por su transformación en el Banco Northern Rock plc, repartiendo sus acciones entre los titulares de sus cuentas de ahorro e hipotecas.

Convertido en banco cotizado en Bolsa, Northern Rock  inició su expansión por una vía comercial agresiva, hasta el punto que solamente el 22 % de sus fondos provenían de los depósitos de particulares y al menos un 46 % provenía de la emisión de bonos, según las cuentas auditadas de 2006. Pero esos bonos no eran emitidos por el Banco sino que los emitía una entidad denominada Granite Master Issuers plc., que era propiedad de un fideicomiso benéfico establecido por el propio Banco. Cuando la crisis financiera de las hipotecas subprimes le trajo la quiebra, se supo que ese fideicomiso nunca había dedicado ni una libra a obras de caridad. El verdadero beneficio conseguido era la ignorancia de su existencia, como parte importante de la “ingeniería financiera” que garantizaba a Northern Rock la independencia legal de Granite, que era el único responsable de la deuda emitida.

El caso del Northern Rock es analizado en el Memorandum de los profesores Ronen Palan y Anastasia Nesvetailova de la Universidad Birmingham aportado a la investigación que Abril 2008 abrió el Parlamento británico sobre el papel de  los centros financieros extraterritoriales en la actual crisis financiera

La investigación desencadenada por la nacionalización del Banco Northern Rock demostró que se gestionaba toda la estructura orgánica de modo opaco; aunque  estaba “contabilizada” por el Banco e incluida en sus cuentas consolidadas; algo que no es lo habitual. El Northern Rock había construido toda una pantalla opaca porque los fideicomisarios dueños de Granite estaban en parte domiciliados en St. Helier, la capital de la isla británica de Jersey. Claro que cuando los periodistas intentaron hablar con los empleados de Granite, comprobaron que no existían tales empleados en Jersey, porque como demostró esa investigación esta sociedad no tenía una plantilla aunque sí tenía una deuda de 50,000 libras.

La entidad denominada Granite se utilizaba para la titulización las hipotecas concedidas mediante emisiones de bonos respaldados por paquetes de los créditos hipotecarios, que se vendían en los mercados financieros. Cuando en Agosto  2007 cayó la demanda de esos bonos en los mercados del dinero, quebró el modelo de negocio porque ya no podía refinanciar la deuda y en consecuencia tenía que apoyar a Granite para que hiciera frente a sus obligaciones adquiridas con los tenedores de los bonos, aunque la entidad bancaria fuera en principio independiente.

El Northern Rock  era  “como un elemento de una complicada cadena de técnicas de titulización” que comercializaba globalmente el sector de las hipotecas subprimes estadounidenses, generando en el fondo una crisis de liquidez convertida en insolvencia para este como en tantos otros casos, según revela el análisis de los citados profesores. A medida que la crisis fue desarrollando se hacía evidente que la misma idea de un mercado global de hipotecas subprimes no era mas que un  grandioso plan Ponzi (una estafa mayúscula basada en nuevas recaudaciones que pagaban sucesivamente las obligaciones contraídas) Porque la titulización  convertía los créditos hipotecarios en valores comercializables, escondiendo en realidad los miles de riesgos de impagos, de préstamos malos sin garantías, que se empaquetaban y distribuían  de manera sofisticada bajo una extraña terminología; más que
modos nuevos de gestionar u optimizar los riesgos se trataba simplemente de una manera de ocultarlos.

La  maraña societaria engendrada por el Northern Rock, nacida como en tantos otros casos al amparo de la desregulación financiera, motivó largos debates nocturnos de la Cámara de los Comunes sobre los problemas prácticos planteados por su nacionalización. Una de las cuestiones debatidas era saber si la filial Granite ligada al Banco quedaba nacionalizada como parte del mismo; una cuestión que nunca se resolvió, según se asegura en el citado estudio. Al parecer nadie en el Parlamento británico sabía si quedaba o no bajo el control del Estado una compañía totalmente propiedad del Estado pero conceptualmente propiedad de un fideicomiso benéfico registrado en un paraíso fiscal. A pesar de todas las dudas legales, el gobierno británico no tuvo otra opción que extender su garantía a los tenedores de los bonos de Granite. De modo que el contribuyente británico ha tenido que pagar también la factura y los  costes de la opacidad de las prácticas contables perniciosas y el uso de sociedades instrumentales domiciliadas en  paraísos fiscales por la gran banca para negocios financieros especulativos que no crean riqueza ni empleo para la sociedad.-

“El rescate del Bear Stearns marca los límites de la liberalización” afirmó un prestigioso economista del Financial Times; pero lo cierto es que donde la banca  se ha visto alcanzada por la actual crisis financiera, el poder político ha instrumentó su rescate.

“You screwed us Jimmy” (Nos jodiste, Jimmy), decía la pancarta con una caricatura del presidente ejecutivo del Bear Stearns, que portaban unos empleados en la calle el día de la última junta general de accionistas de este Banco el pasado Mayo. Y la prensa neoyorquina resaltaba que en esa junta general, por primera vez este banquero pedía perdón a los empleados (de una plantilla de 14,000 personas)  y a los accionistas reunidos para aprobar la formalización de su venta forzada al banco de negocios JP Morgan Chase, por 10$ la acción cuando un año antes valía 150$. Y un accionista de New Jersey expresaba públicamente su malestar no solamente por los ahorros perdidos sino por no haber tenido la oportunidad de hacer preguntas y porque un banco tan grande de los EEUU como Bear Stearns pudiera derrumbarse por una mala gestión.

En el aniversario del inicio del derrumbe financiero, buscando chivos expiatorios que ofrecer, los grandes medios estadounidenses han venido relatando el ascenso y caída de Jimmy Caine, uno de tantos pretendidos genios de las finanzas que comenzó su carrera profesional como jugador de bridge y que durante catorce años fue el presidente ejecutivo del banco Bear Stearns.  Un banco que para impedir su quiebra, en Marzo 2008 era rescatado por Wall Street con el apoyo explicito de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, que asumía una garantía de 29,000 millones $ de su cartera de valores. Era el final desencadenado por la quiebra en Agosto 2007 de los dos hedge funds, registrados en las Caimán y propiedad del  Bear Stearns, tras el colapso de los títulos respaldados por las famosas hipotecas subprime.

Pasaba así a la historia el quinto banco de inversiones de los EEUU que abandonaba los titulares de los periódicos, aunque sus consecuencias económicas las siga sufriendo Europa y parte del planeta y sus secuelas jurídicas no hayan finalizado. Pero políticamente ha marcado un hito en la reciente historia de la globalización financiera, algo que muchos expertos neoliberales quieren esconder; y, por tanto, vale la pena desmenuzar.

La carencia de una ética de los negocios

Por un lado, tenemos los efectos tardíos de una gestión financiera de éxito pero carente de  la mínima ética comercial de otros tiempos, cuando no era claramente delictiva. En Agosto 2008, antiguos empleados, accionistas e incluso otros bancos,  presentaban más de veinte demandas civiles y querellas contra Bear Stearns, su consejo de administración y su dirección ejecutiva. Las demandas contra los gestores de los dos fondos de las Caimán les acusan de que, desde marzo 2007, “sabían  que los fondos estaban en grave situación y con riesgo de colapso. Y en vez de informar de su verdadera situación a los inversores y prestatarios, permitiéndoles así una retirada ordenada, se conchabaron para presentar informaciones falseadas con la fútil esperanza última  de que cambiara la oscura perspectiva de los Fondos”

E incluso el Barclays Bank, que perdió  400 millones prestados a uno de los fondos de alto riesgo, alegaba que “desde marzo hasta mediados Junio 2007”,  estos personajes ahora acusados “engañaron a Barclays con una serie de informaciones deliberadamente falseadas” para lograr un préstamo de ese Banco.  Estos solo algunos de los litigios pendientes para los que JP Morgan Chase, el nuevo dueño, intenta llegar a arreglos con los demandantes y querellantes mediante dinero. (CNN.com 4/8/2008)

La maraña de la opacidad offshore

Por otro lado, la conexión con Las Caimán desencadenó unos procesos judiciales, por la quiebra declarada de los dos fondos de inversiones de alto riesgo registrados en esas islas, que han servido para desviar la atención de la ciudadanía sobre la utilización de la opacidad de los paraísos fiscales, que ha sido una de las causas de la crisis financiera y económica. Estos dos fondos eran dos “letterbox companies”, dos compañías materializadas por un simple buzón de correos, que portaban los nombres rimbombantes de Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund Ltd., y Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Enhanced Leverage Master Ltd . Y a estos hedge funds fondos – que algunos expertos traducen por ignorancia o para despistar por “fondos de cobertura” -  se les concedían préstamos apalancados, es decir, un endeudamiento superior a su capital, para que especularan con valores respaldados por hipotecas de alto riesgo.

De ahí que cuando los millones de estadounidenses pobres aumentaron los impagos de esas hipotecas sin garantías, los gestores de esos fondos se encontraran sin los ingresos regulares y simultáneamente no lograban ya  créditos para seguir con el negocio, porque eran insolventes al haberse devaluado sus carteras de valores sobre hipotecas subprime. Cuando el 31 de Julio de 2007 se produjo la declaración de la quiebra de esos fondos especulativos, el Banco Bear Stearns apareció como el primer  fracaso de la crisis financiera de esas hipotecas comercializadas y los altos ejecutivos decidieron liquidar esos dos hedge funds en las mismas Islas Caimán donde estaban domiciliados, en lugar de hacerlo en Nueva York donde realmente estaban sus activos. Al mismo tiempo, el Banco recurría a la Ley de quiebras estadounidenses de 2005 para solicitar al juez de Manhattan en Nueva York, que congelara todas las demandas contra los fondos protegiendo sus activos mientras se sustanciaba el procedimiento en judicial en las Islas caribeñas, donde los jueces tienen un historial con resoluciones de los litigios favorables a los gestores, no a los inversores.

Pero ese comienzo judicial cuestionaba la nueva legislación estadounidense sobre la insolvencia  transnacional.  Porque como administrador de esos dos fondos de las Caimán funcionaba una corporación de Massachussets que también llevaba la gestión cotidiana del registro, la contabilidad, servicios administrativos y actuaba como agente para las transferencias. Aunque las cuentas de los fondos y los archivos se mantenían y almacenaban en Delaware, un Estado conocido porque apenas requiere la identificación de la propiedad de sus sociedades. Otra corporación estadounidense, Bear Stearns Asset Management, actuaba como gestor de los fondos y en Nueva York se localizaban los activos que gestionaba junto con los restantes también localizados en otros lugares de los EEUU, aunque al iniciarse los procedimientos de liquidación  cuantías importantes fueron transferidas a las Caimán, donde se había incoado el procedimiento de quiebra (The Lawyer.com)

Sin embargo, el Gran Tribunal de las Caimán no aceptó el procedimiento de liquidación planteado teniendo presente las consideraciones políticas del contexto de la crisis  que ante todo afectaba a Wall Street, su protector. Y obviamente teniendo en cuenta que la mayoría de los inversores estaban en los EEUU y que la aplicación de la legislación insular habría significado reconocerles menos derechos a los acreedores que los que se les reconocen  en los EEUU. Después de todo, las finanzas offshore del territorio británico de las Caimán están apegadas al dólar y no a la libra británica; es decir, existe porque conviene a los intereses del poderoso vecino del Norte.

Es la hora de regular en serio los mercados financieros

No obstante, por encima de todas esas cuestiones colaterales, aunque haya quedado enterrado para la historia el quinto banco de inversiones de los EEUU, el rescate del Bear Stearns evidencia un sistema diseñado para que el capital financiero esté siempre protegido por la red salvadora del Estado. Ante la imposibilidad de afrontar las pérdidas contables derivadas de la devaluación de los valores respaldados por las hipotecas de alto riesgo, la caída en picado de sus acciones y la insuficiencia de los préstamos de emergencia con dinero público, la intermediación de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro facilitaron su “venta” al banco de negocios JPMorgan Chase.  Washington y Wall Street  tenían que impedir una bancarrota que habría creado un riesgo de efectos incalculables para el propio sistema financiero global, al generarse en el mismo centro del sistema. Quedaban claros los límites de la doctrina neoliberal del fundamentalismo del mercado que no rige frente a los riesgos de la gran banca y las grandes corporaciones, evitándose de este modo que el propio mercado sancionará los errores porque estaba en juego el sistema mismo.

Pero tales decisiones políticas han dejado huella. Josef Ackerman, primer ejecutivo del Deutsche Bank afirmaría que “ya no creía en la capacidad autocurativa del mercado”. Y ante las implicaciones de la decisión de la Reserva Federal de salvar al Bear Stearns, economista principal del Financial Times, Martin Wolf (The rescue of Bear Stearns marks liberalisation limits en Ft, 25/3/2008) lamentaba el evento con frases lapidarias como  “recordemos el 14 de marzo de 2008: el día en que murió el sueño del capitalismo global del libre mercado” y en el  que “la desregulación había alcanzado sus limites”. Porque “durante tres décadas habíamos  avanzado – añadía Wolf – hacia sistemas financieros impulsados por el mercado. Con la decisión de rescatar el Bear Stearns, la Reserva Federal, la institución responsable de la política monetaria en los EEUU, principal protagonista del capitalismo de libre mercado, declaraba el final de esta era”.  Y recordaba las palabras del mismo Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal, a quien se acusa de haber generado la situación actual, que ahora calificaba la crisis como “la más retorcida (wrenching) desde  el final de la segunda guerra mundial”. Y, por tanto, Martin Wolf anunciaba que “mayores regulaciones deben estar en camino”, pensando que se acabó la resistencia de los “lobbies de Wall Street” frente a la regulación seria y frente a los requerimientos de capital o de liquidez para la banca, porque aunque siguieran teniendo éxito, “intelectualmente su posición es ahora insostenible”. No podía prever que la Administración republicana neocon llegara a la magna nacionalización de Fannie y Freddie, las dos grandes entidades financieras garantizadas por el Estado, y pasado más de un año nadie atisba todavía el final de esta crisis del sistema financiero.-