El resultado de esa reunión ha sido publicado en inglés el 7 enero 2010 en forma de la  DECLARACION  de NEW HAVEN que inicia un nuevo partenariado entre los grupos que abogan por los derechos humanos y por la transparencia financiera.

Hacemos pública abajo en castellano esta Declaración al mismo tiempo que dedicamos con tristeza un recuerdo a las víctimas inocentes de la desgracia, la miseria y la devastación que asolan Haití, la población más pobre de América.  ¿Devolverá por fin Suiza la fortuna que el clan familiar del dictador Duvalier robó al pueblo haitiano? ¿Habrá dinero pronto para alimentar y recuperar Haití como lo hubo para salvar Wall Street o la City de Londres?

El mensaje de esta DECLARACIÓN es simple y claro: “la integridad financiera y los derechos humanos están intimamente vinculados” y la pobreza aumenta cuando el dinero se escapa ilícitamente de los países en lugar de invertirse en las necesidades básicas de las poblaciones de esos países donde se genera. Aunque aparentemente sin relación entre sí, hay un hilo conductor que une los flujos de dinero generados por el crimen, la corrupción y la evasión y el fraude fiscal con la necesidad de un sistema financiero en la sombra que facilite tales transacciones.

Y ese sistema opaco  ha crecido hasta tener un inmenso alcance con unos 70 paraísos fiscales en el mundo, unas jurisdicciones del secretismo que permiten el establecimiento y la operativa de entidades con titulares beneficiarios desconocidos, corporaciones empresariales encubiertas en cuentas fiduciarias millonarias, falsas fundaciones benéficas, abusivas trasferencias de costes-precios en transaciones comerciales transnacionales, técnicas de lavado de dinero sucio y agujeros en las legislaciones de los paises occidentales que facilitan el flujo del dinero ilicito a través de ese sistema financiero en la sombra para acabar al final en las arcas de los paises occidntales.

Algunos analistas apuntan que la mitad del comercio y los movimientos de capitales globales pasan a través de paraísos fiscales y de jurisdicciones del secretismo, a mediocamino entre el lugar donde se iniciaron y donde se consumaron. El secretismo financiero no es solamente un problema fiscal o de aplicación de la legislación. Aun más importante es el problema de enormes proporciones de los derechos humanos y el desarrollo económico. La ONG con sede en Washington, Global Finance Integrity estima que un billón de dólares ($1 trillion) de dinero ilícito se esfuma desde los países en desarrollo cada año utilizando el sistema financiero global en la sombra.

Este flujo de salida drena las reservas en divisas, agudiza la inflación, disminuye la recaudación tributaria, cancela las inversiones, obstaculiza la ayuda exterior, socava el libre comercio, empeora la pobreza  y mina el crecimiento sostenible de miles de millones de personas. Mientras la ayuda oficial al desarrollo se sitúa recientemente en torno a los 100,000 millones de dólares al año, por cada dólar que les entrega generosamente por encima de la mesa Occidente recupera unos 10 dólares por debajo de la misma mesa. Son enormes los costes humanos de estos flujos financieros que salen de los países en desarrollo.

Se estima que 18 millones de personas mueren al año por las privaciones económicas cuyas causas radican directamente en esas privaciones. De ellos, unos 9 millones son niños menores de cinco años que mueren de enfermedades para las cuales están disponibles vacunas. Aminorar solo en una fracción del billón de dólares al año de los flujos de salida, proporcionaría recursos que podrían salvar millones de vidas. Human Rights Watch ha documentado cómo miles de millones de dólares de flujos de salida han perjudicado, por ejemplo, Angola, Guinea Ecuatorial e Indonesia, desviando al exterior fondos que podrían haber sido utilizados para la educación y los servicios de salud.

El derecho a un sistema financiero global equitativo hay que entenderlo como un componente integral de la defensa de los derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración de los derechos humanos adoptada en 1948, dice que todo el mundo tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su salud y su bienestar. Ninguna otra disposición  de esta declaración ha sido más masivamente ignorada que esa.
Hoy hay más gente viviendo en extrema pobreza que en toda la humanidad en 1948, año de esa Declaración de la ONU. En Haití tenemos un ejemplo terrible.
La Declaración de New Haven, que avala la trayectoria y el prestigio de las organizaciones firmantes relacionadas abajo, apela a  todos aquellas organizaciones y personas que dirigen o influyen en la marcha del mundo.

DECLARACIÓN de NEW HAVEN  sibre  DERECHOS HUMANOS e INTEGRIDAD FINANCIERA

Los derechos humanos y la integridad financiera están íntimamente ligados. Allí donde reina la pobreza se suelen incumplir también los derechos civiles, políticos y económicos. En la actualidad, en muchos países en desarrollo, estas situaciones de pobreza y opresión se ven sumamente agravadas por la existencia de enormes flujos de salida de capital ilícito –que exceden en varias veces el total de la ayuda al desarrollo.

El dinero ilícito sale de los países más pobres a través de un sistema financiero global paralelo compuesto por paraísos fiscales, jurisdicciones con secreto bancario, corporaciones fantasma, cuentas anónimas de inversión, fundaciones falsas, y prácticas como el lavado de dinero o la manipulación de precios para evasión fiscal. Gran parte de este dinero es transferido de modo permanente a las economías occidentales.

La reducción de estos flujos de salida ilícitos exige una mayor transparencia e integridad en el sistema financiero global. Lograr este objetivo es, a su vez, un prerrequisito para crear un marco económico abierto, responsable, justo y beneficioso para todos.

Por ello, exhortamos a las Naciones Unidas, al G8, al G20, a la Organización Mundial del Comercio, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a otros foros internacionales, así como a los gobiernos nacionales, grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil, a reconocer la estrecha relación existente entre los derechos humanos y la transparencia financiera. Asimismo, exhortamos a que se tomen medidas decisivas para asegurar que los países en vías de desarrollo puedan retener sus propios recursos para alcanzar un desarrollo sustentable y luchar contra la pobreza; algo que deben lograr para que se cumplan los derechos humanos de todas las personas.

Los individuos y las organizaciones abajo firmantes se comprometen a trabajar conjuntamente en los próximos meses para avanzar esta agenda y para intentar sumar nuevas voces a esta tarea.

Amnesty International
Human Rights Watch
Oxfam
Basel Institute on Governance
Global Financial Integrity
Center for Applied Philosophy and Public Ethics
Open Society Institute Justice Initiative
Asia Initiatives
Task Force on Financial Integrity and Economic Development
Tax Justice Network
Christian Aid
National Council of Churches
Harrington Investments, Inc.
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Thomas Pogge, Yale University
Robert Hockett, Cornell University
Frank Pasquale, Seton Hall

El análisis de esas medidas y sus efectos negativos en el Sur es el contenido de la ponencia que bajo el título indicado presentó Juan Hdez. Vigueras en el Seminario multidisciplinar sobre el Derecho a no emigrar-El codesarrollo en el mundo global, organizado por la Escuela Judicial del Consejo del Poder Judicial en Madrid los días 26-28 de Mayo de 2008.

Los movimientos migratorios de todo tipo afectan anualmente a casi 200 millones de personas según la OCDE; y estas migraciones tienen una relación estrecha con el empobrecimiento del Sur.

Hoy se reconocen el empobrecimiento y demás consecuencias negativas que ha tenido el modelo del consenso de Washington en gran número de países latinoamericanos y africanos. Sin embargo, se suele omitir la mención del papel jugado por la liberalización de los movimientos internacionales de capitales; que han generado un tremendo desarrollo de los centros financieros extraterritoriales en ciertos países y territorios; calificados luego como paraísos fiscales pero que han tenido un peso enorme en la descapitalización de los países del Sur y en su atraso económico y social.

Ciertamente, conforme al consenso que se logró en la conferencia de Monterrey, compete a cada país la responsabilidad de movilizar sus recursos propios para financiar su propio progreso económico y social. Pero el entorno internacional de descontrol de los movimientos financieros representa serios obstáculos, como se expone en este documento. Por eso, si realmente queremos acabar con las avalanchas migratorias hacia el Norte rico, habría que lograr lo que sugería un cartel expuesto durante la Semana de comercio justo organizada por la Universidad Complutense de Madrid en la primavera de 2004: “Sin modificar las reglas de juego no hay posibilidad de solucionar el problema del actual desequilibrio entre el Norte y el Sur” y “solo un nuevo orden internacional más justo podrá cambiar el desequilibrio entre el Norte y el Sur”.

El documento completo está disponible aquí.

INTRODUCCIÓN.
¿QUÉ ES LA EVASIÓN FISCAL? – ¿POR QUÉ ES BUENO PAGAR IMPUESTOS? -
LA ESCLAVITUD ECONÓMICA – COMO EXPOLIAR A LOS PAÍSES POBRES  -
¿POR QUÉ ES TAN FÁCIL ENGAÑAR A LOS PAÍSES POBRES?   -
BIENVENIDO A LOS PARAÍSOS FISCALES  – ALGUNOS EJEMPLOS DEL EXPOLIO  -
¿QUIÉN TIENE LA CULPA?   – ¿QUÉ PODEMOS HACER?  -
EL PAPEL DE ESPAÑA – ¿QUÉ ES INSPIRACTION?.

Introducción

En un momento de fuertes caídas en las bolsas y temor a una debacle económica global, la economía mundial se encuentra sumida en la incertidumbre y el nerviosismo. ¿Quebrarán más bancos? ¿Se colapsará definitivamente el mercado inmobiliario? ¿Cuánto durará la crisis?

Sin embargo, en los países más pobres la gente no se preocupa de si podrá pagar la hipoteca… sino sobre su supervivencia. ¿Cuál será el impacto de la crisis en las economías en desarrollo? ¿Se seguirá negando a los pobres la esperanza de una vida mejor, o al menos más larga?

Es preciso recordar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aspiran a reducir a la mitad la pobreza mundial en 2015. ¿De dónde saldrá ahora el dinero para lograr este objetivo?

InspirAction ha llegado a la conclusión de que el dinero necesario ya está disponible: sólo hace falta que quienes lo poseen paguen sus impuestos. Este informe expone el escándalo de un sistema fiscal mundial que permite a los más ricos del mundo eludir sus responsabilidades, mientras condena a los más pobres a un desarrollo raquítico, incluso a la muerte prematura.

Esta situación es responsabilidad de las personas más ricas, así como de los gobiernos (incluido el de España) que han permitido que se produzca y se perpetúe este expolio. Pero sobre todo es culpa de las corporaciones multinacionales, que dedican su poder a eludir el pago de impuestos, con efectos devastadores para millones de seres humanos en los países en desarrollo.

La situación es crítica. La evasión fiscal habrá provocado la muerte de 5,6 millones de niños en los países en desarrollo entre 2000 y 2015. Son 1.000 niños al día. La mitad ya han muerto.

Este asunto no es nuevo. Todos hemos oído hablar de famosos y empresas que ocultan sus beneficios en paraísos fiscales. De tramas de corrupción formadas por empresas que falsifican facturas y manipulan sus cuentas para no declarar los beneficios.

Pero apenas hemos arañado la superficie de un colosal negocio internacional creado para maximizar la “eficiencia fiscal” o, más bien, para negar a los gobiernos sus ingresos legítimos. Para las empresas y los países ricos, este sistema es una forma de aumentar sus ingresos y mejorar su competitividad en el mercado global. Para los países en desarrollo, la evasión fiscal supone condenar a la pobreza y a la muerte prematura a millones de seres humanos. Este informe analiza cómo se produce este horrendo crimen.
¿Qué es la evasión fiscal?

Es importante aclarar de qué estamos hablando. En primer lugar, en España y en otros países desarrollados, muchas personas realizan algún tipo de “planificación fiscal” que les permite obtener deducciones en sus impuestos o eludir el pago de determinadas tasas (como el Impuesto de Sucesiones) mediante los mecanismos contemplados por la ley. Esta actividad es legítima, porque se enmarca dentro de las intenciones y el espíritu de la legislación existente.

En segundo lugar, existe una vasta zona gris de “evasión legal de impuestos” que también está dentro de los límites de la ley, aunque tiene una legitimidad dudosa. En el mundo de las grandes empresas, esta evasión fiscal legal incluye a menudo usar paraísos fiscales para esconder y multiplicar los beneficios. Esta práctica se vuelve progresivamente más agresiva a medida que el sector financiero idea instrumentos más ingeniosos y complejos, con el propósito de eludir las regulaciones de los estados. Un indicador de la gran importancia de esta actividad es este asombroso dato: el 50% del comercio mundial se realiza a través de paraísos fiscales.

En tercer lugar, el secretismo que rodea a este sistema más o menos legal también puede encubrir una serie de actividades de individuos y de empresas que son claramente ilegales y que se conocen como “evasión fiscal”. Nuestros datos contemplan sólo dos de las formas más comunes de evasión fiscal por parte de las empresas. La primera es la denominada “alteración de los precios”, en la que diferentes filiales de una multinacional venden bienes o servicios a otras filiales a precios manipulados. Puede intuirse el verdadero alcance de esta práctica al constatar que el 60% del comercio mundial se realiza actualmente entre las corporaciones globales y sus filiales. El otro sistema, conocido como las “facturas falsas”, es cuando se realizan transacciones similares entre empresas que no están relacionadas accionarialmente.

Calculamos que sólo estas dos actividades provocan que los países en desarrollo pierdan cada año cerca de 130.000 millones de euros, en impuestos que dejan de cobrar a las empresas que operan en su territorio. Esta cifra es muy superior al presupuesto global que los países ricos destinan a la ayuda al desarrollo (aproximadamente 83.000 millones de euros en 2007).

Si los países en desarrollo pudieran contar con todo ese dinero que dejan de recaudar a las empresas, podrían transformar las vidas y las expectativas de millones de personas pobres. Por ejemplo, si se hubiera invertido una cantidad similar en los sistemas sanitarios de estos países desde el año 2000, cada año se habrían salvado las vidas de 350.000 niños menores de cinco años. El Banco Mundial estima que alcanzar los Objetivos del Milenio de la ONU costaría entre 30.000 y 50.000 millones de euros, asumiendo que mejoren las políticas y las instituciones de los países en desarrollo. Si se pagaran los impuestos que se evaden, habría dinero de sobras.

Entre el 2000, cuando se establecieron los Objetivos del Milenio, y el 2015, cuando se supone que se habrán alcanzado, la cantidad de dinero escamoteada mediante estos dos sistemas ascenderá a casi 2 billones de euros. Si tenemos en cuenta otras formas agresivas de evasión fiscal y de comercio abusivo, las pérdidas totales multiplicarán varias veces esta cantidad.

¿Por qué es bueno pagar impuestos?

Está claro que a nadie le gusta pagar impuestos. Por lo tanto, es razonable que tanto las empresas como las personas procuren pagar los mínimos impuestos posibles. Lo que no es aceptable es cuando estas prácticas vulneran la ley y sirven para obtener grandes ganancias sin dar ninguna contraprestación a los países y personas que hacen posibles estos beneficios.

Básicamente, el hecho de pagar impuestos genera los siguientes efectos positivos:

•    Redistribución de la riqueza: los impuestos permiten que la riqueza generada en el país beneficie a toda la población, lo cual aumenta la cohesión social.

•    Servicios públicos: el estado necesita los impuestos para financiar los sistemas de salud, educación, seguridad social e infraestructuras, que son básicos en cualquier país.

•    Compensaciones: en ocasiones, los impuestos sirven para contrarrestar los efectos perniciosos que producen algunas actividades económicas.

•    Representación: las personas que pagan impuestos se sienten más comprometidas y son más exigentes con los gobiernos que los recaudan, lo cual mejora la salud democrática.

No es ninguna casualidad que la mayoría de los países que atesoran grandes riquezas minerales o energéticas tengan regímenes corruptos y tiránicos: es más fácil manipular a un país cuando no existe una democracia sólida, un control parlamentario efectivo y una sociedad civil informada y fuerte. Cuando los países que descubren grandes riquezas tienen regimenes políticos avanzados, los efectos de la explotación son radicalmente diferentes a los de los países en desarrollo. Por ejemplo, Noruega financia las pensiones de jubilación de toda su población con los ingresos que obtiene por la extracción de petróleo en el Mar del Norte. Alaska reparte dividendos sobre la explotación de gas y petróleo que sirven para atraer y asentar a la población en grandes áreas despobladas. ¿Por qué los países en desarrollo no pueden hacer lo mismo?

La esclavitud económica

A continuación abordamos los diferentes métodos, lícitos e ilícitos, que las multinacionales utilizan para pagar el mínimo de impuestos posible. La pérdida de recaudación fiscal afecta a los países ricos y pobres; pero los efectos sobre los países en desarrollo son mucho mayores.

En las siguientes páginas examinamos también los paraísos fiscales a los que se canaliza el dinero que se evade, y los atractivos que ofrecen, principalmente la confidencialidad. Nos preguntamos cómo puede ser que los países industrializados, que tanto valoran el imperio de la ley, consientan la existencia de estados pirata que hacen posibles estos graves abusos.

Y analizamos las organizaciones que facilitan estas operaciones fraudulentas, incluidas las grandes firmas de consultoría como KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y Deloitte, especializadas en aprovechar la existencia de los paraísos fiscales para beneficiar a sus clientes, sin atender a las consecuencias sociales. Estas cuatro compañías han tenido que pagar en los últimos años grandes sumas de dinero por vulnerar las regulaciones financieras. Y a pesar de eso, aún conservan su estatus como auditoras del sistema financiero mundial.

Los datos que contiene este informe derivan del trabajo de Raymond Baker, investigador senior del CIP (Centro de Política Internacional de Estados Unidos). Para llegar a estas conclusiones sobre las prácticas de las empresas internacionales, él y sus investigadores mantuvieron 550 entrevistas con directivos de grandes empresas de 11, países con la condición de preservar el anonimato. La conclusión de Baker es que la evasión fiscal corporativa forma parte del proceso global mediante el cual los países más ricos del mundo siguen expoliando a los países en desarrollo. Baker define esta situación de una forma muy contundente: “se trata del capítulo más espantoso de las relaciones económicas globales desde la esclavitud”.

Cómo expoliar a los países pobres

En la última década las materias primas han alcanzado precios récord. Esta subida de los precios debería haber enriquecido a los países en desarrollo, que tienen la mayor parte del cobre, el níquel, el platino y el hierro que consumen las nuevas potencias económicas. Por no hablar de sus reservas de oro, el metal más preciado y que en tiempos de crisis se convierte en el refugio natural del dinero.

Tradicionalmente se ha asegurado que las economías en desarrollo, especialmente en África, prácticamente no crecen (o retroceden) desde los tiempos coloniales porque sólo producen las materias primas, pero los procesos de transformación que generan un verdadero valor añadido se realizan en otros países.

Sin embargo, en los últimos diez años el precio del níquel se ha multiplicado por seis, el del platino por cuatro, y el cobre y el oro han duplicado su valor. ¿No deberían haberse aprovechado de alguna forma los países en desarrollo, aunque fuera en menor medida?

Desafortunadamente, la cruda verdad es que los países en desarrollo siguen siendo igual o más pobres, no se han beneficiado en absoluto de esta bonanza de los precios de las materias primas. Y esto no es porque los dictadores hayan dilapidado esta fortuna mientras la gente se moría de hambre. Es cierto que existe corrupción, pero los principales culpables son las empresas de los países desarrollados que extraen estos minerales: mediante sistemas legales e ilegales, estas compañías han demostrado que su única prioridad es obtener tantas ganancias como puedan en los países en los que operan, pagando el mínimo de impuestos.

Los sistemas legales que usan las empresas para evitar pagar impuestos incluyen:

•    Arquitectura financiera: consiste en utilizar esquemas empresariales y financieros diseñados para evitar el pago de impuestos. Sin embargo, las autoridades fiscales de algunos países han empezado a considerar ilegales algunos de estos entramados, que en muchos casos son comparables a los de actividades ilegales como el blanqueo de dinero.

•    Exenciones de impuestos: algunas empresas solicitan no pagar impuestos durante un periodo determinado, como condición para instalarse o mantenerse en un país. Esto no sólo sucede en los países en desarrollo, también se da en los procesos de deslocalización de las fábricas de algunos estados europeos. Diversas investigaciones muestran que esta práctica es económicamente inviable, dado que a largo plazo los ingresos que se pierden con la exención de impuestos superan los beneficios que supone atraer o retener la inversión.

•    Royalties reducidos: las empresas que explotan los recursos de un país pagan un porcentaje fijo sobre lo que se extrae, que se conoce como derechos de explotación o royalties. Estos royalties pueden ir del 2 al 30 %, aunque en la mayoría de los casos se sitúan entre el 5 y el 10%. Sin embargo, en ocasiones las empresas y las instituciones internacionales presionan para reducir estos royalties hasta niveles absurdamente bajos.

Por su parte, los métodos ilegales que usan las empresas para evadir impuestos son:

•    Falsificar facturas: este sistema consiste en inventar facturas por compras inexistentes o que en realidad tienen una cuantía muy inferior. De esta forma, las empresas pueden declarar unas ganancias inferiores a las que realmente obtienen, y pagar menos impuestos. Este método también puede usarse al revés: una empresa que exporta productos a un país en desarrollo puede declarar que la operación tiene un valor inferior al real, para pagar menos tasas y aranceles. En cualquier caso, el gobierno del país deja de cobrar impuestos que le pertenecen. Es una treta difícil de detectar, pero muy generalizada: se estima que se produce en más del 50% de las transacciones comerciales de Latinoamérica y África.

•    Falsear las transferencias de bienes y servicios: es un sistema similar al anterior, que consiste en alterar los precios de los intercambios de bienes y servicios que se realizan entre las filiales de una multinacional. Dado que el 60% del comercio mundial se lleva a cabo entre filiales de empresas, existe un amplio margen para manipularlas. Y los países en desarrollo están indefensos ante esta práctica, porque carecen de la información suficiente para verificar que los precios de las operaciones que realizan las empresas son correctos.

•    Falsear las transferencias financieras: en este caso se trata de exagerar los costes de las operaciones financieras que se hacen entre las filiales de una multinacional. Por ejemplo, una filial hace un préstamo a otra a un interés muy alto, aunque en realidad la otra empresa no pagará los intereses, pero podrá deducir estas cantidades de los resultados que declara.

•    Evadir capital: otra modalidad habitual es sacar dinero en efectivo de un país sin declararlo ni pagar los impuestos pertinentes (los famosos “maletines”), por lo que se convierte en dinero “negro” que luego se blanquea con procedimientos como los citados anteriormente.

•    Falsear inversiones: en muchos países en desarrollo se ofrecen exenciones o reducciones de impuestos a las empresas que realizan inversiones. Algunas multinacionales transfieren a un paraíso fiscal las ganancias que obtienen en un país y luego las vuelven a repatriar en forma de inversiones. De esta forma, además de no pagar impuestos por las ganancias obtenidas, disfrutan de exenciones fiscales.

•    Sobornos: otro sistema menos sutil es sobornar a las autoridades locales para obtener condiciones más favorables, o lograr que hagan la vista gorda ante las actividades de las multinacionales. André Tarallo, ex directivo de Elf, aseguró ante el tribunal que juzgaba las actividades de esta compañía que “todas las petroleras internacionales han usado sobornos desde la primera crisis del petróleo en los 70 para asegurarse el acceso a las explotaciones”.

Sean legales o ilegales, el resultado de estas prácticas siempre es que los ciudadanos de los países pobres acaban recibiendo una compensación insuficiente por la explotación de sus recursos naturales. Por ejemplo la República Democrática del Congo, que acumula las mayores reservas mundiales de minerales como el coltán (de donde se extrae el preciado tantalio que sirve fabricar los chips de los ordenadores, teléfonos móviles, videoconsolas, etc.), obtuvo en 2006 ¡menos de 86.000 dólares! por los derechos de las explotaciones mineras del país.

¿Por qué es tan fácil engañar a los países pobres?

Todos estos métodos de expolio se aprovechan de la necesidad que tienen los países en desarrollo de acelerar su crecimiento. En muchos casos, para atraer a grandes empresas las autoridades de estos países están dispuestas a realizar importantes concesiones. Además, las negociaciones de este tipo de acuerdos generalmente no se realizan en términos de igualdad.

George Soros, financiero y filántropo de fama mundial, ha identificado tres aspectos claves que lastran la capacidad de los países en desarrollo para establecer acuerdos justos:

•    Información asimétrica: cuando las grandes multinacionales llegan a un país para negociar su implantación, traen ejércitos de abogados, contables y expertos. Estos asesores saben más sobre el sector y el valor real de los recursos que los gobiernos de los países con los que negocian. Los países en desarrollo no cuentan con personal con estos conocimientos: los pocos profesionales que destacan son rápidamente contratados por las multinacionales. Otra faceta de la información asimétrica es que los ciudadanos de los países en desarrollo no suelen recibir información sobre los acuerdos que firman sus gobiernos.

•    Negociación asimétrica: otra arma que utilizan las multinacionales al negociar con los gobiernos de los países en desarrollo es amenazar con no instalarse en el país, o retirarse del mismo, si no se aceptan las condiciones que ofrecen. Este método era especialmente habitual antes del boom del precio de las materias primas y resulta especialmente grave en el caso de las empresas que tienen prácticamente el monopolio mundial en la explotación o la transformación de los recursos que se extraen en los países pobres.

•    Representación asimétrica: la propiedad de los recursos naturales es un atributo de la soberanía popular. Sin embargo, los gobiernos de los países en desarrollo que representan a su pueblo no negocian con otros gobiernos, sino con ejecutivos de multinacionales que sólo responden ante sus accionistas. Es fácil que la negociación se rebaje al nivel de los beneficios personales, olvidando los intereses de la población. Esto también sucede cuando las instituciones internacionales que asesoran a los países en desarrollo no defienden adecuadamente los intereses de estos estados, al recibir presiones de las multinacionales.

Estos problemas son habituales en las relaciones entre los países en desarrollo y las multinacionales en todos los sectores, pero especialmente graves en el caso de los minerales y el petróleo. Prácticamente siempre, los países ricos salen más beneficiados del acuerdo.

Bienvenido a los paraísos fiscales

La mayor parte del dinero que las corporaciones multinacionales obtienen ilegalmente de los países en desarrollo acaba en los denominados paraísos fiscales. Se trata de estados que ofrecen unas condiciones fiscales mucho más favorables a las personas y empresas.

Las principales ventajas que ofrecen estos paraísos fiscales son:

•    Impuestos menores o inexistentes: es posible crear empresas que pagan muy pocos impuestos, o ninguno, sobre las ganancias que se les atribuyen.

•    Secreto bancario: se pueden mantener en secreto las identidades de los propietarios reales de las cuentas bancarias y de las empresas.

•    Información restringida: estos paraísos se resisten o se niegan a facilitar a otros países información sobre las cuentas de las personas y empresas que operan en el país.

En este sentido, la OCDE distingue actualmente a los paraísos fiscales entre cooperantes (aportan algún grado de información a la justicia de otros países) y no cooperantes (se niegan a entregar cualquier tipo de información sobre sus clientes).

Los paraísos fiscales están firmemente asentados en el orden financiero mundial. Muchos famosos depositan sus fortunas en paraísos fiscales, como el campeón de la F1 Lewis Hamilton o el cantante Phil Collins. Pero estas fortunas son sólo una pequeña parte de las enormes cantidades de dinero que mueven los paraísos fiscales: según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en estos estados hay depositados entre 5 y 7 trillones de dólares, lo que viene a ser el doble del Producto Interior Bruto de un país como Reino Unido. No todo este dinero tiene un origen legal, por lo que la tendencia actual es forzar la colaboración de estos paraísos fiscales al menos para la persecución de delitos como el terrorismo o el narcotráfico, a cambio de respetar sus privilegios en materia fiscal.

Sin embargo, se habla muy poco sobre el papel que estos paraísos fiscales tienen en un sistema de comercio internacional que empobrece a los países en desarrollo. Resulta muy significativo que las cuatro mayores consultoras financieras del mundo (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte y Ernst & Young) estén presentes en prácticamente todos los paraísos fiscales, junto a las principales firmas de asesoría financiera y de abogados del planeta.

Además de ayudar a sus clientes a evitar el pago de impuestos a través de las sociedades y las cuentas secretas que crean en estos países, estas empresas también colaboran con los gobiernos de los paraísos fiscales para diseñar nuevos productos que atraigan a más clientes y que eludan las limitaciones y controles que imponen los gobiernos de los otros países.

Las multinacionales utilizan estos paraísos fiscales de dos formas diferentes:

•    Holdings: se trata de entramados de empresas registradas en paraísos fiscales a los que las multinacionales transfieren sus ganancias para depositarlas fuera del alcance de las autoridades de sus países. A su vez, estos holdings se encargan de financiar a las filiales de las multinacionales mediante préstamos internos, cuyas condiciones escapan al control de las autoridades fiscales nacionales. En algunos casos, estas transferencias sirven para especular con el cambio de divisas. Los holdings también se utilizan para depositar los derechos de propiedad intelectual de las empresas en condiciones mucho más ventajosas que las de la mayoría de los países. Algunas de las mayores empresas del mundo que trabajan con holdings en paraísos fiscales son BP, Wal-Mart, Ford, Microsoft, Adobe o Virgin.

•    Trusts: un trust es una entidad legal a la que una persona o empresa encarga la gestión de su capital. La mayoría de los paraísos fiscales permiten crear y gestionar trusts sin necesidad de declarar su existencia, publicar las cuentas ni facilitar los nombres de las personas que los administran y de sus beneficiarios. Por lo tanto, son una herramienta ideal para reducir o evitar el pago de impuestos.

Además de permitir actividades poco honestas, o directamente ilegales, que perjudican a los países en desarrollo, los paraísos fiscales suponen una dura competencia también para los países más desarrollados. Muchas de las empresas de estos estados evitan pagar impuestos en sus países de origen mediante los entramados que crean en los paraísos fiscales. Y otras optan directamente por establecer su sede en estos estados, aunque realmente desarrollen sus actividades en otros países. Esto les permite incluso eludir sus responsabilidades legales.

Argentina es un país que conoce muy bien los efectos perniciosos de los paraísos fiscales. En los años 90, muchos militares transfirieron a paraísos fiscales el dinero que habían robado durante los años de la dictadura. En el año 2005, doscientas personas murieron en el incendio de una discoteca de Buenos Aires, cuyas salidas de emergencia estaban cerradas con llave. El caso generó una enorme ira popular, porque la discoteca pertenecía una empresa registrada en Uruguay (un paraíso fiscal) y no se pudo averiguar quién debía pagar las indemnizaciones de los fallecidos. Tras este escándalo, las autoridades argentinas prohibieron operar en el país a ninguna empresa que estuviera registrada en un paraíso fiscal.

Otros países como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o incluso España también sufren la competencia desleal de los paraísos fiscales. Este problema se ha agravado en los últimos años con la eliminación de los controles de cambio de muchos países, la desregulación de los mercados financieros y la generalización de Internet. Esto ha permitido agilizar el movimiento del dinero y ha multiplicado el número de paraísos fiscales. También ha provocado que sea más evidente que nunca la necesidad de una mayor transparencia en su funcionamiento.

Algunos ejemplos del expolio

Los países del continente africano constituyen una de las pruebas más claras del expolio al que algunas multinacionales someten a los más pobres del planeta, mediante los acuerdos injustos, la evasión de impuestos y el uso de paraísos fiscales.

Zambia es uno de los ejemplos más descarados de cómo las empresas y los organismos internacionales se compinchan para saquear un país. A finales de los 90, este estado del centro de África estaba en la bancarrota. Los organismos financieros internacionales obligaron al gobierno a privatizar sus minas de cobre, en una operación diseñada por un banco británico y un bufete de abogados americano. Los acuerdos se negociaron de espaldas a la población y tienen una vigencia de 20 años. El royalty medio de las explotaciones se redujo del 3% al 0,6% y las empresas mineras sólo deben pagar el 12% de los impuestos corporativos. En los últimos años el cobre ha cuadriplicado su valor, pero el 86% de la población de Zambia sigue por debajo del umbral de la pobreza. En 2008, el nuevo gobierno canceló el acuerdo, lo que le ha valido una denuncia de las empresas mineras ante el Banco Mundial.

Pero este no es el caso más escandaloso que se ha producido en África. En Liberia, la empresa acerera Mittal firmó un acuerdo con el gobierno que le permite fijar los precios del mineral de hierro que se extrae en el país, lo que en la práctica supone que decide los royalties que paga al estado. El acuerdo se cerró en secreto tres meses antes de las primeras elecciones tras la guerra civil, y lo primero que hizo el nuevo gobierno fue denunciar las condiciones del contrato.

En Tanzania desde 1998 cada año se abre una nueva mina de oro. El país también produce diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas. Sin embargo, la mitad de sus 39 millones de ciudadanos vive con menos de 1 dólar al día y la esperanza de vida no supera los 51 años. Esta situación resulta muy sorprendente teniendo en cuenta que en los últimos años el oro ha alcanzado precios récord. Aún resulta más chocante que la mayoría de las empresas mineras que operan en el país estén en pérdidas, pese a explotar algunos de los yacimientos más ricos del mundo con royalties bajos y una mano de obra barata. En 2003, el Gobierno de Tanzania contrató a auditores independientes para analizar la situación. Su informe demostró que las cuatro mayores empresas mineras que tienen concesiones en el país inflaron sus pérdidas en más de 500 millones de dólares. De esta forma, evitaban pagar impuestos sobre los beneficios.

Hay decenas de casos similares o peores. Sin embargo, también existen ejemplos que invitan a la esperanza. Malawi, el cuarto país más pobre del mundo, cuenta con una mina de uranio cuyos beneficios podrían significar enorme mejoras para su población. Antes de empezar a negociar, el gobierno del país analizó la situación de sus vecinos y decidió no cometer lo mismos errores: anunció que prefería posponer la explotación antes que firmar un mal acuerdo. Con el debido asesoramiento, lograron fijar un royalty razonable y una participación pública del 15% en la mina. La empresa explotadora paga unos impuestos del 27,5% sobre los beneficios. Incluso algunas organizaciones civiles que denunciaron al gobierno por la afectación ecológica del mayor lago del país acabaron aceptando el acuerdo tras negociar con todas las partes.

Es una muestra de cómo un acuerdo justo puede beneficiar a todos. Por desgracia, no es frecuente: muchos países siguen viendo cómo se expolian sus riquezas sin ser compensados.

¿Quién tiene la culpa?

Ni los paraísos fiscales, ni las estrategias que las multinacionales utilizan para conseguir condiciones comerciales ventajosas en sus acuerdos y evitar pagar impuestos, serían posibles sin la colaboración de miles de profesionales del mundo del derecho, las finanzas y la banca. Y no se trata de oscuras firmas que operan a escondidas en oficinas clandestinas…

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB) es el organismo privado que establece las reglas para la presentación de las cuentas financieras de las empresas. Más de 100 gobiernos de todo el mundo, incluidos la mayoría de los estados europeos, convierten las recomendaciones de este organismo en leyes que regulan las actividades financieras.

No resulta casual que la mayor parte de los componentes de la junta directiva del Consejo sean ex-directivos de las mayores empresas de consultoría financiera: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young y KPMG. Estas cuatro grandes consultoras también financian al Consejo mediante una fundación registrada en Delaware (estado norteamericano que es uno de los primeros paraísos fiscales del mundo y donde tienen su sede las principales empresas de Estados Unidos: Wal-Mart, General Motors, Ford, Boeing, Citigroup, Coca-Cola…)

Las cuatro grandes consultoras que financian y controlan el Consejo han pagado en los últimos años grandes sumas de dinero para cerrar litigios en los que se las acusaba de vulnerar las regulaciones financieras.

En Estados Unidos KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young han abonado multas de hasta 456 millones de dólares por malas prácticas financieras. En Reino Unido Ernst & Young tuvo que pagar 750.000 libras por ocultar información y también estuvo implicada en un fraude del IVA. Las cuatro empresas han sido multadas asimismo en Italia por ponerse de acuerdo para limitar la competencia en el mercado de la auditoría.

Estos escándalos se han producido en países desarrollados que cuentan con autoridades fiscales fuertes. ¿Qué puede estar sucediendo en los países en desarrollo, cuyos controles son más laxos? No queremos decir que las 500.000 personas que trabajan en todo el mundo para estas cuatro grandes firmas, o los centenares de miles de empleados de otras empresas más pequeñas, infrinjan sistemáticamente las leyes. Afortunadamente no es así.

Pero sí sería deseable que estas empresas tuvieran una actitud más responsable respecto a los métodos y estrategias que recomiendan a sus clientes para eludir el pago de impuestos. La fiscalidad no puede ser entendida únicamente como un coste a recortar: es un mecanismo de redistribución de la riqueza.

Si tenemos en cuenta que 50 de las 100 mayores potencias económicas del planeta son empresas, no países, las firmas que asesoran a estos grupos multinacionales también deberían ser conscientes de los efectos que sus argucias financieras pueden tener sobre las vidas de millones de personas.

¿Qué podemos hacer?

A menos que se adopten medidas a nivel internacional para acabar con estas deficiencias del sistema financiero mundial, los países en desarrollo seguirán atrapados en la trampa de la pobreza, sin poder recaudar los impuestos que les corresponden.

Las estrategias que usan algunas multinacionales para conseguir condiciones comerciales más ventajosas, aunque sea a costa de empobrecer a los países donde operan, se ven favorecidas por la permisividad de la ley en cuanto a las transacciones financieras y los paraísos fiscales. Por si fuera, poco, las grandes consultoras que se supone que son responsables de vigilar que no se cometan irregularidades están implicadas en muchas de estas prácticas fraudulentas, con el apoyo de importantes bancos y prestigiosas firmas de abogados.

Es necesario un cambio de mentalidad global en esta materia, que debe ser impulsado y liderado por los gobiernos de los países desarrollados, con medidas como las siguientes:

•    Evaluar la verdadera dimensión del problema: realizar estudios sobre los flujos ilícitos de capital y la evasión de impuestos, especialmente en sus propias jurisdicciones y áreas de influencia, y respecto al papel que tienen sus empresas y organizaciones en este asunto.

•    Impedir la ocultación de beneficios: promover un nuevo estándar contable internacional que obligue a las empresas a informar sobre sus actividades en cada país. Las cuentas publicadas deben detallar sus actividades económicas en cada jurisdicción, sin excepciones.

•    Repatriar la riqueza ilícita: poner en marcha mecanismos que permitan retornar a los países afectados la riqueza que ha sido extraída de forma ilícita. Los países deben revelar la información necesaria y cooperar en la devolución de los fondos obtenidos ilegalmente.

•    Requerir a los bancos que desvelen la propiedad de las entidades extranjeras a las que prestan servicios, para que esta información pueda ser intercambiada entre los países.

•    Promover la adopción de principios para prevenir el abuso creativo del sistema fiscal por parte de los juristas, los contables y los banqueros, a nivel nacional e internacional.

•    Obligar a los empleados de las empresas de importación y exportación a firmar sus facturas, asegurando que los precios son correctos bajo su responsabilidad personal.

•    Presionar para reformar el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, de forma que se acabe con su control privado, adquiera estatus de agencia internacional e incorpore a miembros que no representen exclusivamente los intereses de la comunidad financiera.

•    Apoyar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en sus esfuerzos para regular los paraísos fiscales, mediante el intercambio de información. Los paraísos que no cooperen de forma activa deben recibir sanciones internacionales.

•    Proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo, cuando la requieran, para ayudarles a resolver las desigualdades comerciales y negociar acuerdos justos.

Estas acciones deben ser adoptadas unilateralmente por los países, y multilateralmente a través los organismos en los que participan, como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Sólo la cooperación de la comunidad internacional erradicará este problema.

El papel de España

España, como octava economía mundial y miembro de la Unión Europea, también tiene su parte de responsabilidad en esta situación. El 69% de las empresas que componen el índice selectivo Ibex 35 está presente en paraísos fiscales, según un estudio elaborado del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Numerosas empresas y despachos de abogados ofrecen a sus clientes, con toda naturalidad, formas de eludir el pago de impuestos, que en muchos casos son como mínimo dudosas. Y en la propia Península Ibérica se ubican dos paraísos fiscales (Andorra y Gibraltar) considerados por las autoridades como “no cooperantes”.

Es verdad que España ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo de ayuda al desarrollo, que alcanzará en 2012 el 0,07% de su Producto Interior Bruto. Y que los tribunales españoles se han mostrado en los últimos años muy activos en destapar y perseguir los entramados fiscales vinculados a la corrupción.

Desde InspirAction aplaudimos estos esfuerzos, pero también pedimos al Gobierno español que presione en el seno de la Unión Europea y de los organismos internacionales en los que participa, para que otros países sigan su ejemplo. Así mismo, debe ser pionero en instaurar una tolerancia cero respecto a las empresas que evaden el pago de impuestos e imponen condiciones comerciales desfavorables a los países en desarrollo.

Hay mucho trabajo que hacer para conseguir que el pernicioso sistema fiscal mundial actual se transforme para beneficiar no sólo a los ricos, sino también a las personas más desfavorecidas del planeta. InspirAction pide al Gobierno de España que lidere la reforma de este sistema mediante las medidas que sugerimos en este informe. Por nuestra parte, seguiremos colaborando con la sociedad civil de los países en desarrollo para apoyar sistemas fiscales más efectivos y demandar a los gobiernos y las empresas más responsabilidad y transparencia.

Sabemos que el reto es de una enorme magnitud; pero también lo son los beneficios que reportaría esta transformación. Hoy, 1.000 niños más morirán en los países en desarrollo, principalmente por la falta de recursos sanitarios básicos que sus gobiernos no pueden financiar debido a la merma de ingresos que supone la evasión fiscal. Millones más de personas fallecerán en los próximos años… mientras nos preguntamos cómo salir de nuestra “crisis”.

Ya no podemos alegar que no sabíamos lo que pasaba. Las pruebas que recogen informes como éste son numerosas e incontestables. Así que basta de excusas: es hora de actuar.

¿Qué es InspirAction?

InspirAction es una organización internacional de desarrollo nueva en España, que lucha por erradicar la pobreza global, y la injusticia de los sistemas que la perpetúan.
InspirAction tiene como objetivo ser el portavoz de los olvidados, de aquellos que son, pero no están. Quieren acabar con esta invisibilidad mediante la acción, implementando soluciones reales y prácticas mediante sus contrapartes, organizaciones locales que trabajan en 49 países de todo el mundo. InspirAction quiere que la voz de los olvidados sea un grito contundente: ¡estamos aquí!
Informáte en www.InspirAction.org

Este documento es un extracto actualizado del informe “Death and taxes: the true toll of tax dodging”, publicado por Christian Aid en mayo de 2008. Se actualizó en abril de 2009. Si lo deseas, puedes solicitar la versión completa de este documento (en inglés), escribiendo a informacion@InspirAction.org

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Durante los años en que el capitalismo neoliberal estuvo en auge se transmitió la idea de que el concepto de “clase social” había perdido ya su significado político y, por lo tanto, su capacidad de movilización social y de reglamentación jurídica. Este argumento se basaba en la pérdida de la centralidad social que el trabajo y los derechos a él asociados habían tenido en la anterior fase del capitalismo productivo como medio de estructuración social. Esto condujo, por una parte, a un proceso de fragmentación, desarticulación y pérdida de la conciencia ideo- lógica de la clase trabajadora y, por otra, a la ruptura del sistema institucional de las relaciones sociales de producción.

NADA MÁS lejos de la realidad. La actual crisis del capitalismo financiero está desmintiendo todos estos argumentos. El proceso de la globalización del capitalismo neoliberal que hemos vivido en las tres últimas décadas, lejos de consolidar una pretendida “sociedad de propietarios libres”, ha ido incrementando hasta límites insoportables la desigualdad social, el empobrecimiento económico, social y cultural, la precariedad laboral, la reducción salarial, los despidos masivos y, en definitiva, el descontento social y la insatisfacción económica de las clases bajas, pero también y cada vez en mayor medida de las clases medias asalariadas.
En este contexto y a pesar o, incluso, en contra de las medidas adoptadas por los gobiernos europeos para paliar los efectos de la crisis, esta puede desencadenar una importante ola de conflictividad social que encuentra un caldo de cultivo apropiado, más allá de las tradicionales reivindicaciones sindicales, en los olvidados o los perdedores de la globalización económica y financiera que, aunque tengan un carácter difuso, son muchos frente a las élites ganadoras.

Lo estamos viendo ya en las movilizaciones sociales, las protestas, las huelgas o las revueltas antisistema que se están produciendo en algunos países europeos (y que previsiblemente se extenderán a otros durante los próximos meses) como Grecia, con fuertes disturbios sociales de carácter libertario; Francia, que ha vivido la primera huelga general de los asalariados y parados frente la crisis global del capitalismo; Gran Bretaña, aunque en este caso con un peligroso sesgo de “nacionalismo económico” que se traduce en rechazo a los trabajadores de otros países de la Unión Europea, o los antiguos países del Este, como Bulgaria, Hungría, Letonia y Lituania, donde ha habido fuertes protestas contra la situación social y económica que sufren sus habitantes, protestas que pueden amenazar la estabilidad política de sus gobiernos.

Los ciudadanos de clases bajas y medias, profesionales asalariados, de los países europeos llevan varios años sometidos a diferentes procesos de exclusión social. No es de extrañar que, ahora, con la explosión de la crisis en todas sus dimensiones y con la ola despidos masivos, sientan la necesidad de expresar su malestar por los agravios a los que se ven sometidos en un contexto que frustra cada vez más sus expectativas. Se empieza hablar, incluso, del renacer de la “lucha de clases”.

ASISTIMOS a una mezcla de insatisfacción y temor ante una perspectiva social, laboral, económica, energética y climática cada vez más insegura, y de frustración de las legítimas ambiciones de ascenso social de la población. Esta mezcla no solo se manifiesta en un nuevo tipo de conflictividad social difusa en manos de nuevos movimientos sociales y obreros de base libertaria –junto con los sindicatos clásicos y partidos de izquierda o extrema izquierda que están resurgiendo en algunos países–, sino también en un nuevo tipo de regresión identitaria que pueden ser más fuerte que la vivida en los últimos años o, incluso, en otro tipo de regresiones sociales como el nacionalismo polí- tico y económico o la xenofobia institucional.

El riesgo último está en el peligro de ruptura de la cohesión social y de los vínculos de la integración de consecuencias hasta ahora imprevisibles. Por ello, la solución no está únicamente en más regulación, ni siquiera en preservar los logros de un Estado del bienestar que solo existe en algunos países europeos, sino también en buscar alternativas, en reformas profundas del actual modelo económico y social.

NO SE TRATA tampoco de que el Estado acuda al rescate, como defiende el liberalismo, lo cual no supone ningún triunfo de la tesis socialdemócrata, como dicen algunos, ya que a lo largo de la historia siempre el Estado ha respaldado y rescatado, cuando ha sido preciso, al sistema económico: no en balde fue el liberalismo eco- nómico y político el que fundó el Estado moderno como un “Estado de propietarios libres”, tal y como lo teorizó John Locke.
El retorno de la conflictividad social en los países europeos puede ayudar a constatar una realidad que es preciso cambiar. Ahora que agoniza el neoliberalismo, tenemos el deber ético de transformar el sistema que nos ha conducido al colapso actual.-